Sáhara Occidental
“El Aaiún es una gran cárcel, no se puede ni entrar ni salir”

“Escuchamos nuestros nombres por megafonía, ni Laura ni yo podíamos salir del avión”. La que habla es Andrea Sáez, joven de Euskadi que, junto a la catalana Laura Moreno, viajaba al Sáhara Occidental ocupado por Marruecos para ejercer como observadoras internacionales y reunirse con colectivos saharauis de defensa de los Derechos Humanos. Fuera, en el aeropuerto de El Aaiún, varias furgonas de la Gendarmería marroquí custodiaban el avión que 50 minutos antes había salido de Las Palmas. Eran las 21.45 horas del pasado lunes 3 de julio.

“Esperamos en nuestros asientos a que se vaciara al avión, muchos saharauis se acercaban a nosotras y nos deseaban ánimos, pues ya sabían la que se nos venía encima”, prosigue la joven activista, que recuerda: “Nos quitaron nuestros pasaportes y una persona, que se negó a identificarse, nos anunció que no podíamos bajar del avión porque sabían que íbamos a apoyar la causa saharaui”. Andrea y Laura no solo no podrían pisar suelo del Sáhara Occidental ocupado, tampoco de todo el territorio marroquí. Permanecieron, obligadas, en el avión que seguía viaje rumbo a Casablanca. “El Aaiún es como una gran cárcel de la que no se puede entrar ni salir”, dice Andrea.

Tras las ventanas del avión, el Sáhara Occidental, uno de los pocos territorios no autónomos reconocidos por Naciones Unidas pendientes de que se cierre su proceso de descolonización. Un proceso de descolonización truncado allá por el año 1975, cuando el régimen franquista entregara la hasta entonces provincia española al Reino Marroquí y a Mauritania a través de los Acuerdos Tripartitos de Madrid. Unos acuerdos ilegales según el Derecho Internacional, lo que convierte todavía al Estado español, en palabras de numerosos juristas de reconocido prestigio en el Derecho Constitucional e Internacional, en la potencia administradora encargada de velar por ese proceso de descolonización, que concluirá a través de un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui.

Tras las ventanas del avión, una de las zonas de más complicado acceso a los observadores, activistas y periodistas internacionales. Hassanna Aalia, refugiado político en el Estado español por estar condenado por un tribunal militar marroquí a cadena perpetua por participar en un campamento de protesta, recuerda cómo era su niñez en los territorios ocupados: “Desde pequeño sabes que vives en un país ocupado, te haces muchas preguntas que no tienen respuesta”, explica. “¿Por qué viven nuestros familiares en los campamentos de población refugiada separados del resto? ¿Por qué nos tratan de forma diferente? ¿Por qué nuestros padres tienen mucho miedo? ¿Por qué están las calles llenas de policías?”, enumera Hassanna, recordando que los derechos más elementales, también los sociales y culturales, brillan por su ausencia para los saharauis. “Llenan el Sáhara de colonos marroquíes mientras vacían nuestro país de sus recursos naturales”, condena.

Por eso, a Hassanna no le sorprende que Andrea y Laura fueran expulsadas el pasado lunes. “En las zonas ocupadas Marruecos está maltratando, torturando, haciendo desaparecer, violando o asesinando a saharauis y no quieren que eso se conozca en el resto del mundo”, describe este activista. En los últimos años, Marruecos ha expulsado a cerca de 100 observadores internacionales que pretendían reunirse con asociaciones y colectivos saharauis para conocer, de primera mano, la situación en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. “Es una gran cárcel para los saharauis de dentro, pero también para los activistas que no pueden entrar a ver lo que está pasando”, califica también Hassanna.

Actitud hostil

Andrea y Laura volaron hasta Casablanca, su pasaporte seguía retenido. A la ciudad marroquí llegaron entorno a las 12 de la noche. “Al llegar allí tampoco podíamos salir del aeropuerto, fuera del avión la policía nos esperaba con coches, nos llevaron a una sala y nos requisaron el pasaporte y el teléfono, no podíamos llamar a casa para contar lo que nos estaba ocurriendo”, relata Andrea, que denuncia la actitud hostil con la que les trataron los agentes marroquíes en todo momento: “Nos gritaban y amenazaban, pedíamos explicaciones y nos respondían que nosotras ya sabíamos lo que habíamos hecho”, recuerda. “Nos vigilaban en todo momento, no nos dejaban solas ni para ir al baño”, añade.

A las 9.40 horas de la mañana del martes salía un avión hacia Barcelona. “Nos obligaron a pagar el billete de ese avión, nos decían que, si no lo hacíamos, nos quedaríamos en aquella sala todo el tiempo que hiciera falta”, prosigue con su relato Andrea. Pocas horas después, llegaban a Barcelona. “Nos habían dado un papel con un código para recoger las maletas, en Barcelona nos dijeron que aquel código era falso”, se queja, recordando la “impotencia y rabia” que sintieron tras la expulsión: “Queríamos informar de lo que pasaba dentro del Sáhara Occidental y no pudimos hacerlo”. “También queríamos visitar Marrakech y Rabat, donde se están celebrando juicios sin garantías a presos políticos saharauis, para observar y denunciar las irregularidades”, continúa. 

El día 6 de julio se iniciaba en Marrakech un juicio a 14 estudiantes universitarios saharauis que llevan un año encarcelados sin audiencia. “Es un secuestro encubierto por parte de las autoridades marroquíes, tanto tiempo en la cárcel sin haber sido juzgados va en contra de su propia ley”, asegura Hassanna. “Quiero recordar que este grupo de presos ha llevado a cabo varias huelgas de hambre para exigir un juicio justo y el respeto de las condiciones básicas para los presos, en contra de la tortura y los malos tratos de los que han sido objeto desde su detención arbitraria”, explica este activista saharaui. Muchos jóvenes saharauis se desplazan a estudiar a Agadir (Marruecos), la política marroquí de amputar los derechos culturales de los saharauis hace que en los territorios ocupados no haya universidades. Una vez allí, los estudiantes suelen llevar a cabo protestas por los derechos de su pueblo.

24 de Gdéim Izik

Por otra parte, el día 11 se reanudará el juicio a los 24 presos de Gdéim Izik, el campamento que en el 2010 organizaron miles de saharauis a las afueras de El Aaiún protestando por sus derechos sociales que fue brutalmente aplastado por las fuerzas de ocupación marroquí. Por participar en este campamento, fue condenado Hassanna a cadena perpetua. Este juicio se ha aplazado en sucesivas ocasiones desde el año pasado y los 24 activistas ya fueron condenados por un tribunal militar previamente, como Hassanna, que viajó al Estado español donde hoy, tras varios años de negaciones, es refugiado político.

Durante las anteriores sesiones del juicio, numerosos observadores internacionales han denunciado falta de garantías. Entre ellas, las abogadas francesas que actuaban como defensa de los saharauis, Ouled y Metton, las cuales fueron expulsadas por la fuerza en mayo de los juzgados. “Es un juicio político, un teatro para lavarse la cara Marruecos tras las presión internacional porque fuéramos juzgados por un tribunal militar, no han presentado ninguna prueba contra ellos, solo indicios”, asegura Hassanna, quien añade: “Tampoco se presentó ninguna investigación independiente sobre las denuncias de los activistas, que han sido violados, torturados y maltratados por las autoridades carcelarias marroquíes”.

Por todo esto, Hassanna reclama a la sociedad civil que se involucre, que siga intentando viajar a los territorios ocupados y a observar los juicios a presos políticos saharauis. “En las zonas ocupadas cada vez hay más resistencia organizada saharaui, pero sin la presencia internacional poco se puede hacer, hay que romper el bloqueo de Marruecos”, asegura este activista. “Seguiremos enviando delegaciones de observadores internacionales, abogados, periodistas, activistas, sindicalistas…”, promete. Por su parte, Andrea y Laura lo tienen claro: “El Sáhara es una cárcel enorme, hay que romper las rejas, la solidaridad internacional es muy importante para ello”. “Lo volveremos a intentar, volveremos a viajar a El Aaiún”, concluyen.