Colombia
Paro nacional: Colombia al filo de la muerte y la lucha por la dignidad

Colombia se encuentra atravesando una de las peores crisis: política, económica, ambiental, sanitaria, de paz y de gobernabilidad en su historia y no es a causa, ni es resultado de la pandemia, y esto se evidencia con los ríos de personas movilizadas en cada barrio, vereda, carretera y ciudad de Colombia rechazando con sus vidas una reforma tributaria de hambre. 

Esta crisis se enmarca en un contexto de control de la derecha colombiana, bajo el Gobierno del presidente Iván Duque, integrante del Partido Centro Democrático que es dirigido por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, conocido en varios países por ser representante de un proyecto fascista neoliberal latinoamericano; ser opositor acérrimo al proceso de paz en Colombia; promotor del extractivismo y el monocultivo; por ser investigado judicialmente entre otros por sus vínculos con el paramilitarismo, narcotráfico y crímenes de lesa humanidad; y además por fortalecer al interior del Estado un proyecto de desmonte de derechos sociales acompasado con represión, expresión de su modelo de “seguridad democrática” aún vigente.

Los resultados de la crisis acumulada se expresan en un país con más de 17 millones de pobres, la tasa de desempleo que supera el 20%, más 74 mil fallecidos por COVID y la cifra escalofriante de 1.200 líderes y lideresas sociales y firmantes de la paz asesinadas entre el 2016 y el 2021.

Sin que lo anterior sea suficiente y en medio de la pandemia, el Gobierno de Colombia decide imponer una reforma tributaria denominada “Ley de Solidaridad Sostenible” con la finalidad de recaudar cerca de 23 billones de pesos.

El argumento de la ley es cubrir el déficit fiscal del Estado a través de la creación de impuestos a la clase media y las empobrcidas, siendo los sectores más golpeados económicamente, y que, en palabra del Ministro de Hacienda Carrasquilla, ideólogo de la propuesta “el recaudo vendrá en un 73% de las personas naturales y el resto, de las empresas", dejando por fuera a los grandes capitales nacionales y transnacionales.

Hechos que han generado la indignación y la digna rabia del estallido social en dimensiones que el Presidente y los partidos de Gobierno no esperaban y que se convirtió como su nombre lo dice en un gran y apoteótico Paro Nacional que inició el 28 de abril y que tienen al menos dos momentos que marcan la actual coyuntura.

El primero, es en el mes de marzo, con los anuncios de la reforma tributaria y que el Gobierno colombiano se encontraba negociando con la compañía estadounidense Lockheed Martin la compra de 24 aviones de guerra por un valor de 14 billones de pesos para superar, según fuente de las fuerzas militares, la desventaja estratégica aérea que se tiene con Venezuela. No se puede olvidar que Colombia ocupa el segundo lugar después de Brasil en inversión militar, y que en 2020 gastó más de US$9.216 millones.

El segundo, a mediados de abril, la sociedad colombiana conoce con detalle las implicaciones de la reforma que se denominó #ReformadeHambre, que consiste en:

• Que los y las ciudadanas paguen un impuesto del 19% en los servicios públicos de agua, luz y gas, el servicio de internet, la gasolina y ACPM.
• Se tribute por el uso de insumos agrícolas y los servicios funerarios.
  
• Se congelen salarios de servidores públicos por 5 años, excluido las fuerza militares, generando un efecto cascada en toda la contratación y en los trabajadores y trabajadoras que perciben remuneración del Estado, e influirá negativamente en el aumento anual del salario mínimo de las personas trabajadoras (que este año se incrementó en 1.200 pesos diarios, es decir, el equivalente a US$30 centavos).
  
• Recortes y reformas a los derechos a la salud y educación, fuertemente golpeados por sus desfinanciación y privatización desde los años 90.   
  

Antes estos escenarios, la movilización era inminente y el Gobierno no se hizo esperar buscando impedir cualquier acto de protesta.  

Los anuncios por las redes sociales de los puntos de movilización en varias ciudades del país, buscaron ser saboteados por el Gobierno nacional, que intentó a través de artilugios jurídicos restringir el derecho fundamental a la protesta social ordenando a través de un auto judicial al Presidente y q los alcaldes aplazar las manifestaciones, siendo esta desde el punto de vista jurídico una decisión arbitraria y carente de efectividad por ser la protesta social en Colombia un derecho fundamental y autónomo de libertad, y por lo tanto sus posibles limitaciones deben ser mediante ley. 

A pesar de los temores que se quisieron infundir en la sociedad, el 28 de abril las calles de las ciudades, municipios y vías neurálgicas fueron ocupadas por centenares de jóvenes, personas adultas, abuelos, madres, campesinos, indígenas, afros, desempleados, sectores LGBTIQ, motociclistas, taxistas, camioneros, docentes, sector salud, artistas. En fin, la diversidad y la juntanza se hizo fiesta combativa.   

Movilizaciones multicoloridas, esperanzadoras, bioseguras y con vocación de poder fueron acompañados con pancartas, batucadas, conciertos, performances, bailes vogue y cánticos que al unísono estremecía la tierra y decían “¡A parar para avanzar, viva el paro nacional! ¡Si me quitan el pan de la boca yo peleo, yo peleo…! Y que en la noche desde las casas y edificios con sus cacerolas la ciudadanía apoyó con toda su fuerza mediante golpes rítmicos el rechazo a la reforma tributaria.

Sin embargo, la acción violenta del Gobierno no se hizo esperar, la fuerza pública comenzó con el ataque indiscriminado de los y las que nos encontrábamos ocupando las calles, hechos que dejaron varias personas heridas, detenidas, desaparecidas forzadas, muertas, toques de queda en ciudades, ocupación militar por el ejército en varias zonas del país y un parte del presidente Duque desconociendo el descontento popular, estigmatizando la movilización y diciendo al país que “no retira la reforma tributaria”.

La acción de estigmatización, infiltración y persecución se acompaña con estrategias mediáticas como la promovida por el expresidente Uribe Vélez en su cuenta de Twitter haciendo un llamado a las fuerzas militares a cometer crímenes de lesa humanidad contra los y las manifestantes que señaló como “acción criminal del terrorismo vandálico”, mensajes excesivamente peligrosos en tiempos de crisis y de guerra, y al cuál Twitter bajo.

Las acciones de violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública y los anuncios del Presidente aumentaron el descontento popular, y obligó a que los sectores sociales salieran a marchar también el 29 y 30 de abril y el 1 y 2 de mayo, paralizando el país. El puerto de Buenaventura, el más importante de Colombia, cesó sus actividades. Los y las indígenas desde el Cauca congregados en el CRIC declaran estar en minga y junto con los campesinos y el gremio camionero paralizaron las vías que conectan las regiones. Las calles son espacios de disputa y en varias universidades públicas y privadas sus estudiantes declararon cese de todas sus actividades. 

Los resultados de la disputa contra el Gobierno es el retiro de la reforma tributaria con el anuncio presidencial el 2 de mayo; pero la lucha callejera persiste… no hay nada más que perder sino la dignidad.