Política
La amnistía pasa al congelador por las elecciones gallegas y la guerra táctica entre PSOE y Junts

La amnistía es un laberinto jurídico, procedimental y político. El primero porque tiene unos vericuetos legales complicados de sortear. Lo segundo, porque la forma en la que se avanza es clave también para que ostente constitucionalidad y legitimidad política. Lo político es porque las partes que deben quedar satisfechas son muchas y diversas y encima son observadas por sus votantes como si todo  fuera un reality show de goteo diario, de sabor amargo o dulce según el prisma mediático que cada empresa periodística le quiera dar.

Se acercan las dos semanas desde que el dictamen de la comisión de Justicia fue rechazado por el pleno del Congreso, con los votos del PP, Vox, UPN, Coalición Canaria y el otro extremo y la parte beneficiada, Junts per Catalunya. Todavía no hay avances sustanciales, aunque una de las partes involucradas en la negociación admite ante la pregunta de El Salto que “seguramente” hay conversaciones informales porque sino sería “una irresponsabilidad”.

Félix Bolaños es quien está concentrando, para bien y para mal, las negociaciones y la letra chica (lamentablemente, en opinión de varios integrantes de Junts)

De forma indirecta y sin dar precisiones, este jueves la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, respondía que “lo que hay es contactos y diferentes exploraciones”. No se refería a la búsqueda de petróleo sino a un proyecto que acercara posiciones y que subsanara las brechas aún existentes, todas hijas del miedo: el grupo de Carles Puigdemont bascula entre dos grandes temores, uno a la traición del Partido Socialista y otro a los jueces vindicativos.

Uno de los elementos, además del “estilo Bolaños”, que estarían perjudicando las negociaciones, o que al menos no fluyan tan bien, es que en su amplia mayoría los contactos son virtuales. “No hay reuniones presenciales, solo muy pocas y al máximo nivel y eso obstruye un poco, o al menos no lo hace más fácil”, señala uno de los funcionarios que participa de ellas.

El tiempo apremia

Lo de la “irresponsabilidad” si no mueve ficha que se cita de un jurista de una de las partes de la negociación tiene que ver con que los tiempos son finitos: el período para debatir y enmendar el proyecto en la comisión de Justicia es hasta el miércoles 21 de febrero y se puede ampliar hasta el 7 de marzo, según el reglamento.

En el Congreso nadie presupone que se volverá a debatir en la comisión si no hay un acuerdo consolidado al menos de buena parte de los flecos pendientes, por tanto las negociaciones, bajo estricta discreción, deben estar avanzando. La nueva ofrenda que se ha puesto sobre la mesa es el cambio legal en la Lecrim (ley de enjuiciamiento criminal).

Un dirigente de Esquerra Republicana reflexionaba al ser preguntado por El Salto sobre esta última oferta, sobre todo observando las fugas periodísticas que hubo al respecto: “El Gobierno le ofrece esto a Junts para que Junts lo pueda vender como que es algo nuevo que consiguen ellos, pero todo pinta a que es una idea del PSOE”. Y en este tema, cuando se dice PSOE en realidad se habla de Pedro Sánchez y Félix Bolaños. El superministro es quien está concentrando, para bien y para mal, las negociaciones y la letra chica (lamentablemente, en opinión de varios integrantes de Junts).

¿Pero de qué se trata lo de la LECrim y por qué le importa a los soberanistas? Cada jurisdicción tiene una ley procesal y una ley principal. Lo que remite a los plazos de instrucción de las causas tiene que ver con la órbita procesal y por eso en estos días el apócope LECrim ocupó cabeceras periodísticas durante unos días.

Un cálculo de Vilaweb estima que son 115 las personas susceptibles de ser imputadas por los delitos fuera de la Ley de Amnistía, basándose en las diligencias, pesquisas e interrogatorios hechos por la Guardia Civil

El beneficio que encuentra el equipo de Puigdemont en el cambio de los plazos es que los jueces conservadores con ganas de reventar la amnistía no puedan continuar inventando grietas posibles de investigación eternamente. “De esa forma se evita un proceso indeterminado y que con la amnistía aprobada se continúe investigando por otro delito de la misma causa y que se mantenga una instrucción abierta por años. Nos parece razonable pero poco relevante”, opina la misma fuente republicana.

Sánchez necesita también acortar los tiempos de instrucción para dejar de pagar coste político tras la aprobación de la amnistía. Los jueces pueden aguar la investidura si Junts no puede tener a Puigdemont en Barcelona. Además, algunos sectores del independentismo, con una visión más pesimista, creen que las causas que manejan los jueces García-Castellón (juzgado 6 de la Audiencia Nacional) y Joaquín Aguirre (el juzgado 1 de Barcelona a cargo de las pesquisas por los contactos con Vladimir Putin) podrían afectar a 115 personas.

En un artículo publicado por Vilaweb, un medio cercano a Junts, informaba de esto días pasados: a los 24 investigados que El Salto mencionaba hace semanas en base a los juristas de Junts, el nuevo reporte de Vilaweb citando fuentes de juristas vinculados a las causas abiertas por el ‘procés’ y sus derivados posteriores señala que son 115 las personas susceptibles de ser imputadas, basándose en las diligencias, pesquisas e interrogatorios hechos por la Guardia Civil. Como se ve, el problema puede ir a más.

Por eso las ansias de Junts de resolver lo de las enmiendas por los delitos de terrorismo y alta traición. Este último, gracias a la mano nada benevolente del Partido Popular, ha llegado al Parlamento Europeo, que este jueves ha votado una resolución en la que se pide que sea investigada “de forma efectiva” la presunta vinculación del gobierno ruso con el independentismo catalán. Con todos los problemas que aquejan a Europa parece burlesco que se dediquen horas y energía a algo así.

Pero la derecha española lo ha logrado colar en Bruselas y contó con el apoyo del grupo socialdemócrata, incluyendo el PSOE. Puigdemont, europarlamentario, ha dado en el clavo: “Si mi partido hubiera permitido la investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, o hubiera impedido la de Pedro Sánchez, estos espectáculos se habrían ahorrado”. Pero show es precisamente lo que Génova necesita.

Testigos de un culebrón

En esa misma sintonía va lo ocurrido los últimos dos días de la semana, que en medio de las protestas de los agricultores, la campaña gallega y otras cuestiones del día a día a pasado bastante desapercibido: la llegada a España de la comisión de Venecia.

Este grupo consultivo tiene siete integrantes y depende del Consejo de Europa, y aunque sus dictámenes no son de cumplimiento obligatorio, su influencia en las esferas europeas es innegable. Fue creado en 1990, brinda asesoramiento constitucional y su nombre formal real es Comisión Europea para la Democracia por el Derecho.

La internacionalización del conflicto es un objetivo denodado no solo del PP sino de la derecha española en su conjunto

Gracias a la mayoría absoluta del PP en la cámara alta, el Senado había solicitado a la mencionada comisión su intervención con “preocupaciones” con respecto a la tramitación de la amnistía, por tanto todas las preguntas de los expertos iban en ese sentido y muy sesgadas (“¿por qué se ha tramitado de urgencia?”, fue una de las dudas planteadas, por ejemplo). La curiosidad es que eran sólo sobre el trámite y procedimiento porque la ley no está aprobada.

“La reunión (que duró dos horas y media) era como esos encuentros de familia en Navidades que se llevan fatal y reciben una visita. Se respiraba la tensión todo el tiempo”, comenta uno de los asesores de los senadores que estuvieron presentes en el encuentro del jueves. La Comisión de Venecia también se reunió entre ese día y el viernes con autoridades del CGPJ, del Ministerio de Justicia, con el fiscal general y con otros expertos. Su informe se publicará a mediados de marzo.

Desde el PSOE se ve con optimismo: "La Xunta de Galicia a tiro de la izquierda, y Feijóo en la cuerda floja”. No habrá otro tema al que quieran destinar energía de aquí al 18F

La internacionalización del conflicto es un objetivo denodado no solo del PP sino de la derecha española en su conjunto, que en esto juega mucho más que una batalla política sino cultural. Pero la estrategia va más lejos: crear un clima de tormenta perfecta, de estallido y enfado callejero que desgaste al Gobierno y lo obligue a convocar elecciones generales anticipadas. No es interpretación: Núñez Feijóo y Ayuso lo han dicho en más de una oportunidad cuando piden que los españoles voten el presunto “cambio de régimen” no anunciado en la campaña.

Ese bando tampoco puede descansar de cara a las gallegas. Las encuestas muestran que el PP podría perder la mayoría absoluta y en La Moncloa se está gozando con poder ir a la campaña en Galicia seduciendo a su electorado más de centro con el freno a los deseos maximalistas de Puigdemont.

En Ferraz la orden es discreción máxima. Uno de los responsables de comunicación cuando se le pregunta por las negociaciones con Junts respondía: “Nada. La Xunta de Galicia a tiro de la izquierda, y Feijóo en la cuerda floja”. No habrá otro tema al que quieran destinar energía de aquí al 18 de febrero.

“Habrá acuerdo porque no puede no haberlo. Si no lo firman, Puigdemont no vuelve a España en dos décadas”, responde uno de los que participan de la negociación. Es la baza clave de Sánchez para poder mantener la cuerda tensa con el extremo de Waterloo.