Pobreza energética
María Campuzano: “Queremos una protección real y una garantía de suministros más allá de esta pandemia”

En invierno y con pandemia los cortes de suministro siguen afectando a miles de familias vulnerables. Algunas porque no pueden afrontar el pago de la factura eléctrica, del agua o del gas y no cumplen los requisitos de la moratoria aprobada por el Gobierno en diciembre. Otras porque están sufriendo caídas de la red eléctrica por la falta de mantenimiento e inversión de las empresas. Pero esa es la cara más visible de esta problemática, que en la mayoría de los casos se sufre en silencio: más del 10% de la población española es víctima de alguna forma de pobreza energética.

Este 17 de febrero, inicio de la Semana Europea de Lucha contra la Pobreza Energética, barrios de todo el Estado, en especial en Catalunya y Andalucía, mostrarán su rechazo a los cortes diarios que sufren por la falta de inversión de las grandes distribuidoras. “A Endesa y otras empresas se les está pagando miles de millones de euros en nuestra factura de la luz para que hagan un mantenimiento y unas inversiones en la red de distribución que se está demostrando que no están haciendo”, denuncia María Campuzano, integrante de Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y de Enginyeria Sense Fronteres. En casos como La Cañada, pero también en otros barrios de Madrid, Barcelona, Badalona, Sevilla, Granada, Almería, Santander, Oviedo o Gijón, las eléctricas intentan vincular estas caídas de suministro con conexiones irregulares y con el fraude eléctrico, señala Campuzano a El Salto, “cuando la realidad es que no están cumpliendo con sus obligaciones”.

La APE fue, junto con la PAH y el Observatorio DESC, una de las impulsoras de la ley catalana 24/2015, una normativa que consiguió prohibir los cortes de suministro de agua, luz y gas y supuso, según Campuzano, un “cambio de paradigma” al obligar a las grandes empresas a “asumir sus responsabilidades”. Esta organización también fue clave para conseguir las moratorias de cortes de suministro durante la pandemia, unas medidas que Campuzano considera “insuficiente”. Ahora luchan, junto con otros colectivos y organizaciones sociales, para que la protección de los hogares más vulnerables frente a la pobreza energética sea una derecho real y se convierta en permanente.

Todos los inviernos se habla de pobreza energética y luego parece que, al menos en los medios, el problema desaparece. ¿Este año va a ser diferente? 
Esperemos que sí. La pobreza energética se suele asociar a la necesidad de poner la calefacción en invierno, cuando en realidad necesitas energía o agua en casa todo el año para mantener cosas tan básicas como la nevera, para cocinar o realizar casi todas las necesidades básicas. Lo cierto es que más allá de las familias que tienen problemas para hacer frente al pago de sus facturas, lo que sí está pasando este año es que por fin ha saltado a la opinión pública la situación de los barrios que desde años —y muchas veces a diario— están sufriendo cortes de manera regular durante horas por culpa del mal mantenimiento de las redes de distribución, y eso parece que va ser un tema que no se va a acabar en invierno. 

¿Cómo afecta actualmente la pobreza energética en España?
Las últimas cifras hablan de que el 10% de la población española puede estar sufriendo pobreza energética, pero la realidad es que a raíz de la pandemia esta cifra puede crecer mucho. La situación de pobreza energética se genera porque los hogares tienen bajos ingresos, una circunstancia que la pandemia ha agravado, ya que mucha gente está en ERTE, ha perdido sus trabajos, hay muchos autónomos que han dejado de facturar, y todo esto aumenta las situaciones de vulnerabilidad. Pero no es solo eso. Al mismo tiempo, otro de los factores que generan pobreza energética son los precios de estos servicios básicos, que en el Estado español se disparan cuando hay condiciones meteorológicas extremas como ha pasado este mes de enero. Cuando estas situaciones se dan a la vez, se multiplican las situaciones de pobreza energética. 

En la moratoria de cortes de suministro no se tenía previsto qué pasaba con la gente que no podía hacer frente a esas facturas, es decir, no les iban a cortar, pero esa deuda se iba acumulando. Eso es una angustia para las familias que han ido arrastrando todos estos meses

¿Cómo han afectado los confinamientos a los hogares con pobreza energética?
Cuando estábamos en confinamiento total y las familias tenían que estar 24 horas encerradas en casa, los consumos de energía y agua aumentaron, al mismo tiempo que los ingresos se redujeron drásticamente. Gracias a la presión que se hizo desde las diferentes organizaciones sociales, en abril se impuso una moratoria de cortes de agua, luz y gas a todos los consumidores domésticos, independientemente de si eran vulnerables o no, algo que nos pareció un paso muy importante porque por primera vez se entendía desde el Gobierno que los suministros eran esenciales. El problema fue que no se tenía previsto qué pasaba con la gente que no podía hacer frente a esas facturas. Es decir, no les iban a cortar el suministro, pero esa deuda se iba acumulando. Eso es una angustia para las familias que han ido arrastrando todos estos meses.

El debate se suelen centrar en los cortes de suministro, pero ¿qué ocurre antes de llegar a eso?
El corte de suministro es la expresión más dramática de la pobreza energética, cuando las familias han llegado al extremo de no poder pagar las facturas. Al final, ese corte de suministro es la herramienta que tienen las empresas para amenazar a las familias para conseguir que paguen, para que saquen el dinero de debajo de las piedras, porque estas grandes empresas saben que la gente no puede vivir sin estos suministros. 

Pero antes de llegar ahí hay muchos pasos. La mayoría de la gente no quiere llegar al extremo de dejar de pagar una factura, antes prefieren no poner la calefacción en invierno a pesar de tenerla. Hay muchísima gente que se ha quitado el gas natural y usa bombonas de butano, que a la larga es más caro, pero puedes controlar el gasto: si se acaba la bombona se acaba el calor en casa y ya está. 

También hay otras situaciones extremas que la gente elige antes de dejar de pagar la factura, como suprimir las necesidades básicas de alimentación. Este es uno de los mensajes con el que nosotros siempre empezamos nuestras asambleas con afectados: primero hay que comer y después, si se puede, pagar los suministros, y si no ya buscaremos vías para que haya una protección. Lo primero es garantizar esas necesidades básicas.

El corte de suministro es la herramienta que tienen las empresas para amenazar a las familias para conseguir que paguen, para que saquen el dinero de debajo de las piedras, porque estas grandes empresas saben que la gente no puede vivir sin estos suministros

Siempre se identifica la pobreza energética con el invierno.
La pobreza energética no es solo en invierno, es durante todo el año. Los hogares necesitan confort térmico tanto en invierno como en verano y más con el cambio climático. Muchas muertes prematuras asociadas a las olas de calor tienen mucho que ver con la pobreza energética. Y no estamos hablando de aires acondicionados, estamos hablando de poder enchufar un ventilador, algo que tiene que estar garantizado. Otro de los factores que también tiene que ver con la pobreza energética es el aislamiento de los edificios, tanto para el frío como para el calor, algo que la mayoría no tiene.

El Gobierno anunció en diciembre que se prohibían los cortes de suministros a familias vulnerables. ¿Está funcionando esta moratoria?
De abril a finales de septiembre las empresas tenían prohibidos los cortes de suministro a todo el mundo, aunque hubiera impagos. El problema fue que a partir del 31 de septiembre, el Gobierno decidió, pese a que estábamos entrando en la segunda ola, que esa medida ya no era necesaria y la eliminó. Ahí iniciamos otra campaña muy fuerte con diferentes movimientos sociales para exigir que se recupere esta moratoria y se implementen cambios legislativos que vinieran para quedarse más allá de la pandemia. Pedíamos que se aplique el principio de precaución, que no es más que la obligación de las empresas de preguntar al ayuntamiento si esa persona que no está pagando su factura es vulnerable o no antes de cortarle el suministro. Ahora si tú no pagas la factura se presupone que es porque no quieres, por tanto la legislación permite el corte de suministro para poder cobrar. Nosotros pedimos que sea al revés: la legislación tiene que presumir que si no pagas es porque no puedes y quien tiene que demostrar que no es así es la empresa. Mientras se llega a ese cambio legislativo —que ya está funcionando en Catalunya desde 2015— nosotros pedíamos recuperar esa moratoria o un periodo de carencia. Al final, después de mucha presión, el Gobierno puso en diciembre una nueva moratoria, pero esta vez solo cubría a los hogares considerados vulnerables. Esto de primeras suena bien, pero el problema es que la definición de vulnerabilidad que hay en el Estado español, sobre todo en temas energéticos, deja a muchísima gente fuera.

Ahora si tú no pagas la factura se presupone que es porque no quieres, por tanto la legislación permite el corte de suministro para poder cobrar. Nosotros pedimos que sea al revés: la legislación tiene que presumir que si no pagas es porque no puedes y quien tiene que demostrar que no es así es la empresa

¿Qué pasa con las deudas contraídas en las moratorias?
El Gobierno impuso esta moratoria de cortes de suministros a todos los consumidores de abril a septiembre, pero no dijo qué pasaba con esas facturas que no se podían pagar. La gente que había llegado a ese extremo de dejar de pagar su factura había ido acumulando una deuda y en muchos casos, no podía pagarla porque cuando terminó la moratoria la situación de crisis seguía presente. Mientras el modelo siga siendo el que tenemos ahora, es decir, grandes trasnacionales que hacen negocio con la gestión de algo que la gente necesita para vivir, nosotros reclamamos que las eléctricas asuman esa parte que las familias no pueden pagar. Con una parte muy pequeña de sus beneficios pueden asumir esas facturas. Lo que no tiene ningún sentido es que eso lo termine pagando el Estado, los ayuntamientos o las comunidades autónomas.

También denunciáis que en ocasiones estas empresas venden esas deudas a terceros.
Exactamente. Aquí en Catalunya, este principio de precaución ya está funcionando gracias a la ley 24/2015. Esta ley autonómica no es una ley cualquiera, la impulsamos desde la ciudadanía a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con propuestas que salen desde la experiencia de la calle… Según este principio de precaución, la empresa no puede cortar sin comprobar si esa persona es vulnerable, pero el tema de qué pasa con esas facturas todavía hoy, seis años después, está sin resolver. Porque Catalunya, con las competencias que tiene, no puede obligar a las empresas a asumir estas deudas.

La ley establece que la Generalitat debe llegar a un acuerdo con las empresas para ver quién asume esa deuda. Ese acuerdo todavía no se ha firmado, las familias han ido acumulando deuda, pero las empresas no les pueden cortar el suministro. Entonces, lo que han hecho las eléctricas es derivar la gestión de esas deudas, la reclamación, a despachos de abogados, a empresas de recobro, que amenazan a las familias. Incluso hemos llegado a ver cómo Naturgy envía supuestas demandas judiciales que realmente no ha presentado y la gente piensa erróneamente que la han llevado a juicio. Son estrategias para asustar a las familias y forzarlas a que paguen. Como en Catalunya ahora no pueden utilizar el corte de suministro, utilizan la amenaza y el acoso.

Mientras el modelo siga siendo el que tenemos ahora, es decir, grandes trasnacionales que hacen negocio con la gestión de algo que la gente necesita para vivir, nosotros reclamamos que las eléctricas asuman esa parte que las familias no pueden pagar

¿Qué supuso la ley 24/2015 en la lucha contra la pobreza energética?
Ha significado un cambio de paradigma al trasladar la responsabilidad principalmente a las empresas que gestionan estos servicios y que se enriquecen con ellos, porque las obliga a comprobar la situación de las familias y porque intenta que sean las empresas las que asuman esa parte que las familias no pueden pagar. Para las familias ha significado, sobre todo, la tranquilidad de que no van a sufrir cortes si no tienen suficiente recursos para hacer frente al pago de esas facturas. También ha puesto en el centro de la responsabilidad a esas grandes empresas, algo que hasta ese momento no existía. Lo que dice esta ley es que las empresas que se lucran con la gestión de estos servicios básicos tienen que asumir su parte del problema.

¿Por qué precisamente ha sido en Catalunya donde ha surgido una ley como esta?
Por la fuerza de los movimientos sociales, que hemos conseguido meter esta ley en el Parlamento y convencer a todos los partidos políticos de los diferentes colores e ideologías que aprueben la ley. El hecho de que fuese una ILP que también iba contra los desahucios, que tuviéramos que conseguir más de 50.000 firmas —que al final fueron 150.000—, el ir por las plazas de las diferentes ciudades y pueblos de toda Catalunya explicando qué es lo que proponíamos en esta ley hizo que contara con mucho apoyo social. Los partidos políticos no se podían posicionar en contra. 

Otro de los factores que ha hecho que este año se hablara de pobreza energética han sido los incendios. ¿Qué efectos tiene la pobreza energética en la salud?
Los incendios son la cara más dramática de la pobreza energética. De hecho, aquí en Catalunya, el caso de una mujer en Reus que murió en noviembre de 2016 por alumbrarse con una vela marcó un punto de inflexión, sobre todo en el cumplimiento de la ley 24/2015. Hasta ese momento todas las eléctricas —no solo Gas Natural, que fue quien había cortado la luz a Rosa hacía dos meses— se saltaban la ley catalana y no la cumplían de ninguna de las maneras, también porque la Generalitat no estaba haciendo su papel para exigir a estas empresas que la cumpliesen. 

Hay que hacer leyes que eviten que puedan suceder este tipo de situaciones”, dice María Campuzano en referencia a Rosa, una mujer de Reus que falleció en 2016 por un incendio provocado por una vela. Gas Natural se saltó la ley catalana y no consultó con Servicios Sociales si estaba en situación de vulnerabilidad antes de cortarle la luz

El caso de Rosa sirvió para mostrar claramente por qué era necesaria esta ley: si Gas Natural hubiese aplicado ese principio de precaución que recogía la ley catalana, si hubiera preguntado a los Servicios Sociales de Reus le hubieran respondido que Rosa estaba en situación de vulnerabilidad y que hacía un mes había pedido ayuda para pagar la factura del agua, aunque no la había pedido para pagar la luz, no sabemos por qué. Precisamente hay que hacer leyes que eviten que puedan suceder este tipo de situaciones. Se trata de un caso paradigmático en Catalunya, porque a partir de este momento la Generalitat se puso las pilas para exigir a las empresas que cumpliesen con la ley, haciendo inspecciones de oficio, que es lo que desde las entidades promotoras de esta ley llevábamos exigiendo desde que se había aprobado. Este caso puso sobre la mesa una frase que luego se ha hecho muy famosa: “La pobreza energética mata”. 

Y no se trata de un caso aislado. Ha habido muchos más incendios asociados a la pobreza energética, de gente que se alumbra en sus casas con velas o que ha intentado hacer fuego con cualquier cosa en sus viviendas para calentarse o gente que tiene la luz pinchada y eso ha provocado un cortocircuito y ha acabado con un incendio, como pasó en Badalona hace un par de años. 

Más allá de las muertes, si no puedes mantener tu casa a una temperatura adecuada tienes mucho más riesgo de sufrir enfermedades respiratorias o cardiovasculares, y también una mayor incidencia de enfermedades mentales. El hecho de estar sufriendo porque en cualquier momento te van a venir a cortar la luz o porque eres víctima de ese acoso diario para que pagues las deudas que tienes con las empresas eléctricas tiene impactos muy fuertes sobre la salud mental.

Después de la reunión que tuvisteis el 10 de febrero con el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ¿cuáles son los siguientes pasos?
Esperamos que sea el principio de un trabajo mucho más profundo. Nuestras demandas competen a muchos Ministerios, no solo el de Consumo. A partir de aquí, se debería iniciar un trabajo interministerial para plantear una legislación a nivel del Estado español que garantice de verdad el acceso a estos suministros básicos y que exija la responsabilidad de las empresas que gestionan estos servicios. Y esto implica incluir el principio de precaución, ampliar esa definición de consumidor vulnerable —donde Consumo sí tiene competencias—, y establecer una tarifa social progresiva en función de los ingresos de cada familia. Y es algo que se tiene que manejar con cierta urgencia porque esta moratoria de cortes a los consumidores vulnerables acaba el 9 de mayo. Nosotros queremos que haya una protección real y una garantía de suministros más allá de esta pandemia y no lo que tenemos ahora que son parches.