PNV
Un alto cargo del Gobierno Vasco ficha por una inmobiliaria ligada a un caso coladero de fraude fiscal

Mucho se ha escrito en los últimos años sobre las polémicas puertas giratorias de diversos altos cargos del PNV. Los saltos entre lo público y lo privado de los jeltzales alcanzan desde el sector energético hasta el sanitario, pasando por las grandes consultoras, la construcción, la ciberseguridad… Mientras la mayor parte de la oposición política y sindicatos denuncian que el Gobierno Vasco lleva varias décadas ofreciendo una aureola de impunidad al fenómeno, la política caciquista del PNV bloquea cualquier iniciativa para poner coto a esta actividad donde existen altos conflictos de intereses, operando así en favor del clientelismo jeltzale y en contra del interés común. 

El último ejemplo es el caso de Jon Redondo, Director de Actividad Física y Deporte en el Gobierno Vasco hasta el 7 de septiembre de 2022, y que pasó de inmediato a ser director de Desarrollo Corporativo de la Inmobiliaria Grupo Eibar, una firma ligada al “coladero” de fraude fiscal en la Hacienda de Gipuzkoa. Algunas fuentes sostienen que llueve sobre mojado, pues Redondo habría fichado por la adminitración pública tras ostentar el cargo de consejero en una inmobiliaria relacionada, en este caso, con episodios de corrupción y recalificaciones fraudulentas.

Meses después de fichar al ex cargo del Gobierno Vasco, la inmobiliaria Grupo Eibar inyectó 15.000 euros a la jeltzale Fundación Sabino Arana.

Cabe señalar que cuando estalló el fraude fiscal del “caso Bravo” en la Hacienda de Gipuzkoa, con ramificaciones en la corrupción de la operación Malaya en Marbella, Jon Redondo era consejero de Inverlur, la inmobiliaria de Kutxa relacionada con un caso de corrupción en Andalucía y recalificaciones fraudulentas en Murcia. También que, meses después de fichar a Redondo, el Grupo Eibar inyectó 15.000 euros a la jeltzale Fundación Sabino Arana. Ambas entidades firmaron un convenio donde Grupo Eibar subraya que parte de sus beneficios son destinados a iniciativas relacionadas con el deporte, impulsando el desarrollo de deportistas en el ámbito juvenil.

Jon Redondo, exdirector de Actividad Física y Deporte y exdirector de Juventud del Gobierno Vasco, saltó al Grupo Eibar el 14 de octubre de 2022, “sin pedir el permiso de compatibilidad” en el Servicio de Registro de Personal de la Dirección de Función Pública del Departamento de Gobernanza del Gobierno Vasco. La promotora inmobiliaria en la que ahora trabaja como director de desarrollo corporativo Jon Redondo, exalcalde de Orio, publicta su “compromiso con el deporte” como colaborador de distintos eventos, patrocinador de los clubes de fútbol de Eibar y Barakaldo, así como de la trainera de Orio.

El detonante “caso Bravo”

Tras el estallido en 2010 del caso de fraude en la Hacienda de Gipuzkoa protagonizado por el exsenador del PNV Víctor Bravo, las Juntas Generales de Gipuzkoa pusieron “en tela de juicio” la herramienta fiscal denominada Sociedad de Promoción de Empresas, SPE, utilizada como “coladero” para el fraude y la morosidad. Coincidiendo con algunas sentencias judiciales en este sentido, hace seis años, el medio Gananzia publicó “varios ejemplos de fraude a la Hacienda de Gipuzkoa vía SPE”. Entre las empresas mencionadas figuraba el Grupo Eibar, promotora inmobiliaria en la que un mes más tarde de dejar el Gobierno Vasco trabajaba Redondo como directivo en la promotora inmobiliaria.

Gananzia se refería a Eraikin 2002 y Sustapen XXI, “dos SPEs creadas para reducir beneficios de las diversas firmas inmobiliarias que controlan en torno al Grupo Eibar”. Acogidas a la herramienta de tributación fiscal Sociedad de Promoción de Empresas, estas mercantiles pagaban, en palabras del citado medio, “el 1% en el Impuesto de Sociedades, frente al 25% habitual, ya que no tenían que pagar nada por todas las rentas que recibieran por los préstamos a sus participadas”.

Según Gananzia, las sociedades mercantiles de la inmobiliaria que ha fichado a un ex cargo del Gobierno Vasco pagan “el 1% en el Impuesto de Sociedades, frente al 25% habitual”.

Además, según documentación judicial a la que ha tenido acceso Hordago-El Salto, una Orden Foral de la Diputada Foral de Hacienda de Gipuzkoa, fechada en 2014, revocó la calificación de régimen especial de tributación como Sociedad de Promoción de Empresas aplicada a estas sociedades del Grupo Eibar. Si bien en sus alegaciones esta firma quiso desligarse de Eraikin 2002 y Sustapen XXI, un informe de la Hacienda foral recogido en esta documentación judicial señala que “la cifra de intereses variables pagados por los préstamos participativos llegaban a superar no ya el 100 por 100, sino el 300, 400 o hasta el 600 por ciento, convirtiéndolos en totalmente abusivos, fuera de cualquier medida en este tipo de préstamos entre partes independientes”.

El informe añade también que de esta manera se “detrajo del beneficio, y por ende, de la tesorería de esas sociedades, hasta 13 millones de euros” solo en el año 2004. Según la Hacienda foral, Eraikin 2002 y Sustapen XXI no habían “tenido la organización y medios necesarios para prestar directamente servicios a las sociedades participadas”, sino que se trataba de entidades adscritas al Grupo Eibar que utilizaron “los préstamos participativos para justificar el disfrute de los beneficios fiscales del régimen de promoción de empresa”.

Para el sindicato ELA, “las puertas giratorias y la fiscalidad son dos caras de la misma moneda”. No iba desencaminado en torno a las puertas giratorias para cargos del PNV en el marco de las citadas Sociedad de Promoción de Empresas (SPE) como “coladero” para el fraude fiscal. En este contexto operaba Glass Costa, una SPE creada por empresarios inmobiliarios catalanes que consiguieron trasladar su domicilio fiscal a Gipuzkoa con la mediación del entonces diputado de Hacienda Víctor Bravo, condenado en 2020 a siete años de prisión y 3,1 millones de multa por su participación en esta trama.