Pensiones
Los recortes de la reforma de las pensiones marca Sánchez

La segunda pata de la reforma de las pensiones sí contiene recortes. El texto publicado el pasado viernes 17 en el BOE, tras el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos CC OO y UGT, incluye el aumento del periodo de cálculo de la base reguladora de las pensiones, que afectará a todas las personas que hoy tienen menos de 50 años, y prevé un mecanismo automático para tomar medidas adicionales -léase: recortar prestaciones o subir más las cotizaciones- si a partir de 2025 los nuevos ingresos del sistema no cubren el aumento esperado del gasto. La realidad de estas medidas, así como la letra pequeña de la subida en la cuantía de algunas pensiones mínimas, ha llevado a los sindicatos ELA y CGT, o a los diferentes colectivos en defensa del sistema público de pensiones, a definir como “propaganda” las informaciones que desde el ámbito progresista han rodeado al acuerdo negociado con la Comisión Europea.

En el apartado del periodo de cálculo, a partir de 2041 este se irá estableciendo progresivamente en 29 años -frente a los 25 actuales- , a ritmo de seis meses adicionales cada año hasta 2044. Esto quiere decir que el actual periodo de cálculo ya es virtualmente inexistente para las personas menores de 50 años, que empezarán a jubilarse desde la primera mitad de la década de los 40. Estas cohortes podrán descontar los 24 meses en los que menos hayan cotizado dentro de ese periodo de los últimos 29 años.

En los meses anteriores al acuerdo, la posición del ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, era haber aplicado en un plazo mucho más corto un aumento hasta los 30 años, algo que la presión de sus socios de UP en el Gobierno, y de las movilizaciones sociales del movimiento por las pensiones públicas, ha conseguido aplazar. Pero, aunque sea más tarde, el recorte está ahí, inscrito en la disposición adicional cuarta del Real Decreto. La anterior modificación del periodo de cálculo –de 15 a 25 años, acordada en 2011 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con todos los llamados agentes sociales- ha supuesto según el Banco de España un recorte del 5% en la pensión media a partir de 2022, año en que finalizó el periodo de aplicación progresiva de la reforma.

Pero las sorpresas no acaban ahí. A partir de marzo de 2025, y previo informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el Gobierno podrá “corregir, de forma equilibrada, el exceso del gasto en pensiones mediante un aumento de las cotizaciones u otra fórmula alternativa de incrementar los ingresos o una reducción del gasto en pensiones en porcentaje del PIB, o una combinación de ambas medidas”. Lo que se establece en la disposición adicional segunda es, ni más ni menos, una regla de gasto (el decreto no la llama así) para evaluar la necesidad o no de recortes, mecanismo cuya pieza central serán los informes trianuales de evaluación por parte de la AIReF.

La misión del regulador independiente -él mismo, un producto de la era de la austeridad dictada por la Unión Europea- será evaluar el impacto estimado de las medidas de ingresos aprobadas desde 2020, calcular su impacto medio anual entre 2022 y 2050 y sacar la tijera -o subir cotizaciones- si estas medidas de recaudación no superan el 1,7% del PIB. Al tope del 15% del PIB en gasto medio bruto público en pensiones, fijado para todo el periodo y en todos los supuestos, se le restaría la diferencia entre el objetivo del 1,7% y el impacto medio anual de las medidas de ingresos. Si fuera necesario, y tras las consultas con los llamados agentes sociales, “el Gobierno enviará un proyecto de ley al Parlamento que contenga las medidas apropiadas para eliminar el exceso de gasto neto en pensiones antes del 30 de septiembre” del año en curso.

El acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos CC OO y UGT, incluye el aumento del periodo de cálculo de la base reguladora de las pensiones, que afectará a todas las personas que hoy tienen menos de 50 años

Para ahorrarnos elucubraciones, la propia Airef no ha tardado ni una semana una vez publicado el acuerdo en sacar su calculadora. Lo que dijo el viernes esta entidad es que considera que los ingresos por estas nuevas medidas -básicamente, el aumento de las cotizaciones a través del destope de la base reguladora de las pensiones máximas, la subida de cotizaciones hasta el 1,2% para el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional, la tasa de solidaridad para las pensiones altas y la reforma de cotización de autónomos- serán menores en cuatro décimas al objetivo de aumento de ingresos del 1,7% marcado como referencia en el decreto. La autoridad independiente prevé que, para 2050, el gasto en pensiones haya subido un 2,4% y supere de hecho en más de un punto (el 16,3%) el tope marcado en el decreto.

A estos cálculos se les pueden hacer muchas precisiones. Una la señala la propia AIReF: “presenta debilidades de diseño como la falta de justificación de los límites cuantitativos escogidos” (¿por qué un tope del 15% del PIB?) o “la ausencia de coherencia con el marco fiscal”. Otro lo marca el sentido común, o al menos el sentido común de los sindicatos y organizaciones por las pensiones públicas: ante posibles déficits futuros, estos podrían cubrirse con los Presupuestos Generales del Estado -es decir, con impuestos-.

La idea de vincular los ingresos exclusivamente a las cotizaciones, dice Mikel Noval, de ELA, a El Salto, es una “trampa mortal” asumida por el Pacto de Toledo: “o subes mucho las cotizaciones o al final vas a tener que recortar”, señala, “porque las cotizaciones no van a dar para el gasto en pensiones, ni dan ahora ni van a dar para el futuro”. El responsable de estudios del sindicato vasco concluye que el decreto “está poniendo bases para que puedan llegar recortes, pero no en el 2040, sino ya a partir del 2025”, año en que comenzará a aplicarse la regla de gasto.

Pensiones mínimas

Tanto ELA como la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones han considerado “irreales” y “campaña de propaganda” los titulares asociados al aumento en la cuantía de las pensiones mínimas. El Gobierno prevé que en 2027, un tipo muy concreto de pensión mínima -la pensión mínima contributiva de jubilación cuyo titular sea mayor de 65 años y tenga cónyuge a cargo-alcance los 1.200 euros al mes, el umbral de pobreza calculado para un hogar compuesto por dos adultos. Esto “excluye por ejemplo a millones de mujeres viudas y sobre todo en un plazo de tiempo que los hace irrelevante”, señala la coordinadora, que resta importancia a este tipo de anuncios: “otro Gobierno tendrá que gestionarlo”, señalan, lo cual en un escenario inflacionista resta credibilidad a la medida.

Hay "otros muchos tipos de pensiones mínimas, la mayoría, que se quedan entre los 700 y los 800 euros mensuales”, señala ELA

ELA de hecho calculó los aumentos para las pensiones mínimas no incluidas por el decreto en el objetivo del umbral de la pobreza, como las de las personas sin cónyuge a cargo o las pensiones de viudedad, que pasarían en ambos casos de 783 a 828,5 euros mensuales. Además, esta subida no se efectuará de golpe, sino de manera escalonada hasta 2027. “Es decir, unos 10 euros más mensuales cada año. Y hay otros muchos tipos de pensiones mínimas, la mayoría, que se quedan entre los 700 y los 800 euros mensuales” señalaba ELA. La pensión no contributiva, actualmente en 525 euros, irá aumentando también gradualmente hasta 2027 para alcanzar aproximadamente los 595 euros, cantidad que no llega al 75% del umbral de pobreza de un hogar unipersonal.

El camino hasta aquí

Hasta su publicación en el BOE el 17 de marzo, de la reforma se conocían los titulares en prensa a partir de las notas de prensa del ministerio y de dos borradores que, en principio, solo conocían las partes involucradas en las negociaciones: la Comisión Europea, por arriba, los dos socios del Gobierno, por abajo, y las organizaciones presentes en la mesa de diálogo social de las pensiones. Cualquier acceso a estos materiales originales estaba condicionado a los contactos de la persona interesada y a la confianza depositada por la fuente en que la información no matara al relato, centrado en la idea de que las cuentas se cerrarían sin recortes gracias a la subida de cotizaciones, soportada principalmente por los salarios altos y las cuotas empresariales.

Todo ello en medio de unas conversaciones de las que dependía el desembolso del resto de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Por ejemplo, ningún otro sindicato u organización ajena a la Mesa de las Pensiones consultada por El Salto -ELA, Coordinadora Estatal por las pensiones públicas y CGT- ha tenido acceso oficial a los borradores hasta unas horas antes de su plasmación por la vía de urgencia y especial necesidad del Real Decreto. Las partes llegaban al acuerdo después de haberse saltado la fecha de entrega, marcada originalmente por la Comisión para el mes de diciembre. “El denominado diálogo social ha quedado en evidencia”, señala Novoa, el sindicalista de ELA, para quien el maná europeo de los fondos ha supuesto “una condicionalidad inaceptable”.

Diez años después de que entrara en vigor la anterior gran reforma de las pensiones, la jubilación a los 67 está más cerca -en 2027 ya no habrá opción de jubilarse con 65 sin sufrir penalizaciones-, y el periodo de cálculo de los últimos 25 años lleva apenas un año en pleno funcionamiento. Los recortes previstos en la nueva reforma suenan lejanos, como lo sonaban en febrero de 2011 cuando Zapatero anunció su acuerdo con los agentes sociales. Entonces, lo cercano eran otros recortes más inmediatos: sin ir más lejos, la propia congelación en el aumento anual de las pensiones. Sin congelaciones ni recortes en el corto plazo, el Gobierno afronta el año electoral con un nuevo acuerdo -sin la parte empresarial en la foto- y, la frase es de Calviño, “una paz social que contrasta con la de otros países”.