Pensiones
Cinco razones por las que la reforma de las pensiones no gusta a quienes las defienden

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha sobrevivido junto con Nadia Calviño y María Jesús Montero a una remodelación de Gobierno donde muchos de los pesos pesados y más expuestos del Gabinete han caído. 

El pacto para la reforma de las pensiones, firmado el 1 de julio entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los representantes de los dos grandes sindicatos y las dos grandes patronales, ha dado oxígeno a Escrivá, que ha conseguido aplazar a 2022 las principales y más polémicas cuestiones que atañen al futuro de las pensiones públicas en España.

El contraste entre las declaraciones del Gobierno y de los líderes de CC OO y UGT y las valoraciones de las plataformas de pensionistas no puede ser mayor. Para los primeros, la reforma supone un “paso crucial” para asegurar el futuro del sistema público y el poder adquisitivo de los pensionistas. Para las organizaciones de pensionistas y los sindicatos alternativos, la reforma es un “pacto de mínimos que no resuelve las amenazas” que acechan las pensiones públicas y supone un paso más en la estrategia de privatización del principal tesoro que todavía guarda el Estado: la previsión social de casi diez millones de personas, un multimillonario recurso que, según la doctrina neoliberal, debería estar en manos del mercado. 

Una de las principales razones por las que las plataformas de pensionistas no aplauden este pacto es porque no se las tuvo en cuenta: “Llama la atención que en este proceso no hayamos participado, ni tan siquiera hayamos sido consultados como movimiento pensionista, portavoz de las reivindicaciones de los pensionistas de nuestro país y protagonista desde la calle de los cambios obtenidos. Un movimiento que nació para contrarrestar las reformas y recortes del 2011 y 2013, que inicialmente se impusieron sin resistencia”, denunciaban desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe). 

En una rueda de prensa realizada el 12 de julio, la Coespe y las coordinadoras de movimientos pensionistas de Euskal Herria, Galiza, Andalucía y otras plataformas reclamaban  una “interlocución directa y urgente” con el Gobierno para participar en los debates sobre el futuro de las pensiones avalada por las “manifestaciones multitudinarias y permanentes realizadas en los últimos años”. Estos colectivos insisten en que no van a reconocer como “legítima” ningún tipo de reforma que no cuente con ellos y anuncian que “redoblarán” sus movilizaciones hasta conseguir sus objetivos. La primera gran convocatoria estatal ya tiene fecha: el 13 de noviembre de 2021.

Un pacto sobre pensiones que no ha escuchado a los pensionistas no podía salir bien. Estas son algunas de las principales razones por las que la reforma de la pensiones públicas no ha convencido a quienes las defienden.

Los mayores logros del pacto ya se habían conseguido en las calles

En la época de los grandes rescates bancarios, de las reformas laborales que redujeron las cotizaciones, de los recortes en educación y sanidad, en los años en los que el PP de Mariano Rajoy rompió la hucha de las pensiones y comenzó el vaciado de la reserva de la Seguridad Social, la reforma de las pensiones de 2013 supuso el peor ataque al sistema público de pensiones del que se tiene memoria. 

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero había congelado las pensiones en 2011. Con el argumento de que ningún gobierno podría volver a congelarlas, la reforma de Rajoy introdujo un nuevo Índice de Revalorización de las pensiones. Se trataba de una fórmula matemática basada en el estado de las cuentas de la Seguridad Social, unas cuentas que el mismo gobierno de Rajoy se había encargado de vaciar. 

En la práctica, la revalorización de las pensiones dejó de estar sujeta al IPC y se vinculó a un índice que ponía un techo —por arriba y por abajo— al crecimiento de las pensiones, algo que hizo que durante largos años la pensión de millones de personas apenas creciera un 0,25%. Aun cuando la economía española estaba en recuperación, los pensionistas perdían poder adquisitivo, año tras año.

En 2018, en medio de la crisis de Gobierno del PP, quedó claro que ningún partido, independientemente de su ideología, podía gobernar o aspirar a ser elegido sin atender a las demandas de los pensionistas

A partir de enero de 2018, un enorme movimiento de pensionistas se enfrentó en las calles a la subida del 0,25%. En febrero de ese año, pensionistas de toda España mostraron su rechazo al Gobierno de Rajoy. En marzo de 2018, 115.000 personas se manifestaron en Bilbao contra la política de pensiones. En medio de la crisis de Gobierno del PP, quedó claro que ningún partido, independientemente de su ideología, podía gobernar o aspirar a ser elegido sin atender a las demandas de los pensionistas. En abril de 2018, el PP pactaba con el PNV una subida generalizada de las pensiones de un 1,6%, dejando de facto en suspenso el Índice de Revalorización de 2013. Ningún gobierno posterior se ha animado a volver a aplicar esta fórmula y desde entonces cada partido ha ido anunciado las subidas de las pensiones que correspondían para el siguiente curso como un regalo de fin de año.

Pese a estar derogada de facto, el movimiento pensionista siguió movilizándose para que la revalorización “no dependa del gobierno de turno” y haya una ley que garantice que las pensiones crecen con el IPC. Esto es exactamente lo que han conseguido con esta nueva reforma de las pensiones. No es extraño que no lo hayan celebrado más: ya lo habían conseguido de facto en 2018 y el acuerdo deja abierta su modificación en cinco años.

Adiós Factor de Sostenibilidad, hola Factor Intergeneracional

La otra gran victoria del movimiento por las pensiones dignas fue enterrar la otra pieza clave de la reforma de 2013, el Factor de Sostenibilidad. Este Factor tenía que empezar a aplicarse el 1 de enero de 2019, pero la presión de los pensionistas en la calle consiguió que nunca llegara a utilizarse. 

En 2013, el Gobierno de Rajoy fichó a 12 “expertos en pensiones” para diseñar este Factor de Sostenibilidad, encargado, según su discurso, de asegurar la viabilidad del sistema público en el futuro frente a los cambios demográficos, sobre todo la jubilación de la generación del baby boom y una mayor esperanza de vida. Estos ‘sabios’ eran en realidad en su mayoría lobbistas de los grandes bancos y aseguradoras privadas. El presidente de esta comisión era Víctor Pérez-Díaz, vinculado con FAES, la Fundación Caixa Galicia y Unespa, la patronal de las aseguradoras. Otro de los sabios era Rafael Domenech, actual responsable de Análisis Económico del BBVA, líder en el negocio de las pensiones privadas en España y América Latina.  

La filosofía del Factor de Sostenibilidad la resumía una de las web de pensiones de este mismo banco: “Se cobrará menos al mes pero durante más años”. En la práctica, este factor suponía recortes en las pensiones en función de la esperanza de vida media en el momento de llegar a los 67 años. Cuanto mayor esperanza de vida, menor pensión. La presión del movimiento pensionista hizo inaplicable esta medida, pero hasta la actual reforma esa derogación de facto no se había convertido en ley, otra de las grandes demandas del movimiento y de Unidas Podemos, que recogió este compromiso en su acuerdo de Gobierno con el PSOE.

Para las plataformas de pensionistas, hablar de solidaridad intergeneracional es una estrategia para “debilitar” y “dividir”, enfrentando a unos sectores contra otros, distrayendo de una de las principales causas de los problemas de la Seguridad Social y de las pensiones públicas: las reformas laborales que avalan la precariedad laboral

Tal como figura esta derogación en el pacto firmado el 1 de julio, tampoco hay mucho margen para la celebración. Según la letra del acuerdo, el Factor de Sostenibilidad será reemplazado por un nuevo coeficiente, el llamado Factor de Equidad Intergeneracional, una fórmula que deberá acordarse por la Mesa de Diálogo Social en el próximo año y ya ha dado elementos para la polémica. Sobre todo, cuando después de “un mal día”, Escrivá soltó una “reflexión en voz alta” sobre lo que significa el Factor Intergeneracional: las personas nacidas entre 1950 y 1970 deberán trabajar más si no quieren ver recortada su pensión: “Los baby boomers podrán elegir entre un ajuste pequeño en su pensión o podrán trabajar algo más”, dijo. Tuvo que retirar sus palabras después de las protestas de los sindicatos de concertación, incluso de la patronal.

Para las plataformas de pensionistas, situar la sostenibilidad del sistema de pensiones en la solidaridad intergeneracional es una estrategia para “debilitar” y “dividir”, enfrentando a unos sectores contra otros, distrayendo de una de las principales causas de los problemas de la Seguridad Social y de las pensiones públicas: los bajos salarios y una temporalidad récord avalada por las reformas laborales de la última década que hacen que la precariedad de las personas en su vida laboral se traslade por el funcionamiento mismo del sistema de forma directa a los pensionistas.

“Este acuerdo respeta básicamente el contenido de la reforma del 2011, la cual supuso el penúltimo embate contra el SistemaPúblico de Pensiones. De hecho, los avances ahora legislados ya habían sido conquistados de facto por el movimiento pensionista que fue determinante en la caída del gobierno Rajoy y que ha conseguido desde entonces revalorizar las pensiones y paralizar la aplicación del factor de sostenibilidad”, resumen desde la Coespe.

La apuesta de Escrivá que lleva a la privatización de las pensiones públicas

Martín Cúneo

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Planes de pensiones de empleo La apuesta de Escrivá que lleva a la privatización de las pensiones públicas

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El Gobierno prepara una ley para promover los planes de pensiones de empleo, un modelo que solo puede crecer a costa de un debilitamiento de las pensiones públicas.

Se mantienen las amenazas de privatización

Otra conquista del movimiento pensionista, según la Coespe, es que el Gobierno “no se ha atrevido a concretar la privatización de las cotizaciones sociales hacia sistemas privados de pensiones”. Esta era una de las recomendaciones del resucitado Pacto de Toledo y una de las principales apuestas del ministro Escrivá: la creación de un sistema paralelo y privado, aunque de promoción pública, de planes de pensiones de empresa, producto de la negociación colectiva con los grandes sindicatos y gestionado por los grandes bancos y aseguradoras. 

Según el plan de Escrivá, el objetivo es que en 2030 el 80% de la población activa, unos 13 millones de personas, tengan un plan complementario de empresa, un modelo que combina la promoción del Estado, la participación de las empresas y los sindicatos y la transferencia de 500.000 millones de euros a los grandes gestores de fondos. “Las pensiones son un bocado exquisito para el mercado financiero”, decía a El Salto Miren Etxezarreta, autora de La mochila austriaca. 

“Los avances ahora legislados ya habían sido conquistados de facto por el movimiento pensionista que fue determinante en la caída del gobierno Rajoy y que ha conseguido desde entonces revalorizar las pensiones y paralizar la aplicación del factor de sostenibilidad”, dicen desde la Coespe

Y el plan, una de las propuestas que España trasladó a Bruselas para destrabar las millonarias ayudas del plan de recuperación, no es un plan abstracto: los Presupuestos de 2021 ya incluyeron rebajas fiscales para los planes de empresa, mientras penalizaban con menos deducciones a los planes privados individuales. En el acuerdo con los sindicatos y la patronal no se avanza en estos planes de privatización, pero eso no quiere decir que se hayan paralizado. El plan de Escrivá sigue en pie sin necesidad de acuerdos y sin oposición aparente de los grandes sindicatos. 

Dos días después de la firma del acuerdo de pensiones, la prensa económica señalaba que el Ministerio prepara ya el concurso para gestionar el gigantesco fondo de planes de empresa. La creación de este fondo, en principio público, pero gestionado por entes privados, se lanzaría en el primer semestre de 2022 y la ley que rige el funcionamiento se debería aprobar este mismo año. La presión de los lobbies de los fondos de inversión, la banca y las aseguradoras es enorme: el megafondo Blackrock domina el mundo financiero gracias a los activos de millones de pensionistas de Estados Unidos. Según su visión, compartida por Bruselas y el Gobierno español, el dinero en manos del Estado es un desperdicio, tiene que salir a jugar.

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Con la ayuda de los gobiernos y los bancos centrales, los grandes fondos de inversión se han lanzado a la conquista del mundo. Hoy ya controlan casi todos los sectores de la economía.

El jefe de todo esto

Fondos buitre Deuda y fondos de inversión: el mundo no es suficiente

Lo que pase con esta iniciativa se decidirá en los siguientes meses. Con este plan, el Gobierno quiere dar una respuesta al fracaso de los planes privados en España, que apenas representan el 2,8% del PIB en el caso de los planes de empresa —cuando es del 127,4% en Suiza—, y solo suponen el 10% del PIB en el caso de los planes privados individuales —cuando es del 180% del PIB en los Países Bajos—. El principal obstáculo que se encuentran estos modelos de ahorro complementario es que las pensiones públicas, según decía Etxezarreta, siguen siendo “decentitas”. Para que triunfen los planes privados, se necesita un empujón: la degradación del sistema público.

Continúa la degradación de las pensiones públicas

La reforma de 2013 del PP fue un gran golpe al sistema público de pensiones. Pero la de 2011 de Rodríguez Zapatero no se quedó muy lejos. Al igual que en la reforma actual, la de 2011 fue rubricada por los grandes sindicatos y las patronales. La ley, todavía vigente, amplía progresivamente la edad de jubilación de los 65 a 67 años y es el marco en el que se inserta el reciente plan.

Las penalizaciones a la jubilación anticipada y las bonificaciones a quienes tarden más en jubilarse serán los dos métodos utilizados por el Gobierno para intentar elevar la “jubilación real”, situada en 64,5 años, a la “deseada”, los 66,5 años. La reducción de la pensión para quien decida jubilarse antes de lo que le corresponde podría llegar a ser del 21% en el caso de las personas que tengan cotizados menos de 38 años y seis meses y adelanten su jubilación dos años. 

Los pensionistas denuncian que el Gobierno sigue en la línea de la reforma de 2011 de “alargar la vida laboral y recortar las pensiones públicas” precisamente cuando las dificultades de la población joven para encontrar trabajos, especialmente bien remunerados, aumentan cada año

Con esta medida, las organizaciones de pensionistas denuncian que el Gobierno sigue en la línea de la reforma de 2011 de “alargar la vida laboral y recortar las pensiones públicas” precisamente cuando las dificultades de la población joven para encontrar trabajos, especialmente bien remunerados, aumentan cada año. Una de las principales exigencias del movimiento pensionista ha sido ignorada por el pacto: poder jubilarte de forma anticipada sin penalizaciones si has cotizado más de 40 años.

El aumento de los requisitos de los años cotizados, denuncian desde de la Coespe, incrementará la brecha de género de las pensiones, perjudicando especialmente a las mujeres, “una discriminación que además va a implicar para las mujeres la prolongación de la su vida laboral, al no alcanzar los años de cotización necesarios para jubilarse a los 65 años”.

En cuanto al sistema de incentivos, creen que “influirá en el mercado de trabajo de los jóvenes y estimulará un excedente artificial de mano de obra, que presionará salarios y condiciones de trabajo a la baja y beneficiará exclusivamente a los trabajadores más cualificados y de rentas altas”. Según denuncian, el plan de penalizaciones e incentivos es “especialmente discriminatorio para las personas con trabajos más penosos” y con mayores grados de precariedad.

El megafondo público de planes de empresa con gestión privada no merece ni una mención en el texto del acuerdo. Sin embargo, su puesta en marcha ya ha comenzado y el Gobierno ha redoblado los esfuerzos para crear en 2022 un sistema paralelo y privado

En esa misma línea se sitúa la decisión de no tocar las pensiones mínimas contributivas y no contributivas, dejándolas “muy por debajo del nivel de pobreza”, sostienen desde la Coespe, y muy lejos de su exigencia de equiparlas con el Salario Mínimo Interprofesional, unos 1.084 euros mensuales, según recomendación de la Carta Social Europea. 

Se condena a la Seguridad Social a una imagen de “perpetuo déficit”

Otra de las históricas demandas del movimiento pensionista se ha visto incluida en el pacto de las pensiones, pero descafeinada y desvirtuada. Durante años, las cuentas de las Seguridad Social se han visto atacadas no solo por el retiro periódico de miles de millones de euros para cubrir el déficit del Estado, sino que la tesorería de este Instituto ha estado pagando regularmente una serie de partidas también mil millonarias que son “impropias”, es decir, que tendría que pagar el Estado a través de los Presupuestos Generales y no a través de las cotizaciones sociales que alimentan las cuentas del Seguridad Social. Estos gastos “impropios” suponen unos 14.000 millones anuales, el equivalente al 80% del déficit de la Seguridad Social registrado antes del comienzo de la pandemia. Este saqueo de las cuentas de la Seguridad Social ha justificado durante más de una década una constante campaña de los lobbies de la banca y las aseguradoras sobre la supuesta insostenibilidad del sistema público.

Cómo acabar de una vez por todas con las pensiones públicas

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Cómo acabar de una vez por todas con las pensiones públicas

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Bancos y aseguradoras trabajan para transferir los ingentes ahorros de la población española al sector privado.

El pacto reconoce estos gastos “impropios”, y el dinero transferido ya no será un préstamo como hasta ahora, sino una transferencia a cargo de los Presupuestos. Sin embargo, esos gastos no salen de las cuentas de la Seguridad Social, que seguirá pagándolos con la ayuda de esos 14.000 millones de euros transferidos. Esta solución “condena a la Seguridad Social a un aparente déficit perpetuo y se aleja de nuestra exigencia de auditoría y reducción de gastos impropios”, señalan desde la Coespe. 

Lo que el acuerdo no dice, lo que no se negocia

El megafondo público de planes de empresa con gestión privada no merece ni una mención en el texto del acuerdo. Sin embargo, su puesta en marcha ya ha comenzado y el Gobierno ha redoblado los esfuerzos para crear en 2022 un sistema paralelo y privado que debilitará a las pensiones públicas, según denuncia la Coespe. Si el plan funciona tal como prevé Escrivá cambiará por completo el modelo actual de pensiones, rescatando unos planes privados que nunca han terminado de cuajar en España. 

La privatización de una parte del sistema público no entra en las negociaciones y se pospone. Tampoco ha entrado en la negociación uno de los temas más conflictivos: qué es ese Factor Intergeneracional que reemplazará al Factor de Sostenibilidad. Tampoco entró en terreno de debate la demanda de las plataformas de pensionistas que exigen que la edad de jubilación vuelva a los 65 años. Según denuncian, el texto acepta tácitamente la reforma de 2011 que fija la edad de jubilación en 67 años.

Las plataformas de pensionistas consideran que en este pacto el poder financiero ha cedido “temporalmente en algunas de sus exigencias y proyectos”. Pero eso no significa que hayan renunciado a ellos, “solo lo retarda hacia el futuro a la espera de que España se endeude con los Fondos de Recuperación y que la situación política y social sea más adecuada a sus propósitos”. Lo más importante se decidirá en 2022. El movimiento pensionista advierte que estará preparado para defender las pensiones públicas, “gobierne quien gobierne”.