País Vasco
Empieza el pulso entre sindicatos y Gobierno vasco: primera jornada de huelga en el sector público

150.000 trabajadores están llamados a la huelga del sector público que arranca hoy y continuará el 19 de diciembre, además de la huelga feminista general del 30 de noviembre.
Manifestación 25 de febrero 2023 contra el desmantelamiento de Osakidetza
Manifestantes el pasado 25 de febrero frente a las oficinas de la Delegación Territorial de Salud y Consumo de Bizkaia. Gessamí Forner

No es solo una sensación, los datos corroboran el desmantelamiento llevado a cabo por el PNV y PSE de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) desde la anterior crisis económica. Sanidad, educación, residencias, tercer sector, administración. Todo servicio público que ha estado en huelga sectorial recientemente, lo estará hoy conjuntamente. La huelga la convocan casi todos los sindicatos: ELA, LAB, CC OO, Steilas, Satse, ESK y CNT, a excepción de UGT, “cadena transmisora del PSE”, matiza Endika Alabort, de la central anarcosindicalista. El pulso entre sindicatos y Gobierno vasco empezó ayer con el 55% del personal de la educación pública no universitaria secundando su huelga sectorial, según los convocantes —LAB se desentendió de la movilización en la educación pública—. La radio televisión vasca, EITB, anunciaba ayer una programación reducida para hoy. 

Hay expectación sobre el grado de seguimiento de la primera jornada de huelga. De una parte, debido a la proliferación de las movilizaciones en este otoño —la segunda jornada es el 19 de diciembre, antes está convocada el 30 de noviembre la huelga feminista general—. De otra, los servicios mínimos impuestos por el Gobierno vasco. Cada vez más máximos, denuncia especialmente el sindicato de enfermeras Satse. Pero también porque a primera hora de la tarde de ayer, el Gobierno vasco aceleró su maquinaria para crear opinión pública: el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, anunció el acuerdo entre PNV y PSE para los presupuestos generales de 2024. Enfatizó que, en el capítulo de gastos, el del personal aumentará en más de 300 millones respecto a 2023, hasta los 5.891 millones. Un aumento del 6,1% que recoge el incremento salarial del 2% entre el funcionariado determinado por el Gobierno español. No detalló cuánto aumenta el presupuesto destinado a privatizaciones —limpieza, residencias, centros de menores, etc.— ni cuánto aumenta el de las tres universidades privadas —Euneiz, Deusto, Mondragon— y la educación concertada.

El presupuesto del PIB en el País Vasco destinado a los servicios públicos ha descendido más de un punto: del 15,61% de 2009 a un 14,43% en 2023
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150.000 trabajadores

Entre trabajadores públicos y subcontratados, alrededor de 150.000 personas están llamadas a la huelga. “Si todos los empleos fueran públicos, seríamos casi Suecia”, ironiza el responsable de empleo público del sindicato mayoritario, ELA, Igor Eizagirre.

El sindicalista atiende a El Salto con tres páginas plagadas de datos: el 49% de los trabajadores formalmente públicos son temporales —24.600 en Salud, 15.300 en Educación—. El presupuesto del PIB destinado a los servicios públicos ha descendido más de un punto desde la última gran crisis: pasando del 15,61% de 2009 a un 14,43% en 2023. Los datos en Salud determinan que el oasis vasco está seco: en Europa se destina de media el 8% del PIB, el Estado español, el 7,6%. El Gobierno vasco solo el 5,19%.

Los empleos públicos de la CAV apenas superan el 14%, mientras que la media europea sobrepasa el 20%

Educación sigue la misma estela: Europa gasta una media del 5% del PIB en formación, el Estado español el 4,6% y la CAV, solo el 3,82%, según datos del Eurostat y del Eustat. Esas fuentes estadísticas señalan que, mientras en la UE más del 20% de los trabajadores son empleados públicos, en la CAV apenas superan el 14%. Suecia tiene el 29,2%, una cifra semejante a los estados nórdicos que históricamente han blindado los servicios públicos —Noruega alcanza el 32%, Dinamarca se sitúa en el 29,6%, Finlandia el 25% y estados como Francia y Bélgica, rondan el 22%—. Eizagirre desea que la CAV fuera como uno de esos países. “Que se publifiquen las privatizaciones, con una subrogación real de las trabajadoras”, sostiene.

Cuidados
Trabajo de cuidados Cuidar mirando el Excel
La precariedad y la mercantilización del sector de los cuidados y la intervención social son la regla en Euskal Herria, un territorio donde fondos de inversión y grandes empresas se han hecho con el control de un lucrativo negocio.

Recuerda que, “hasta 2010”, las comunidades decidían el refuerzo de los servicios públicos —la tasa de reposición y el aumento salarial—, pero esta autonomía se la llevó por delante la crisis de 2008 y ELA reclama al PNV y EH Bildu, “partidos que defienden el autogobierno y el soberanismo”, que presionen a Madrid cuando negocien la legislatura y los presupuestos generales. “Queremos tener esta capacidad de decisión y que los partidos no hagan dejación en las competencias”, añade. 

“Ante la debacle de los servicios públicos, se impone la necesidad de reforzarlos y recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2008, que alcanza al 20%” (LAB)

Desde LAB —segunda fuerza sindical—, Xabier Ugartamendia apunta a dos razones para secundar la movilización de hoy y las del 19 de diciembre: “Ante la debacle de los servicios públicos, se impone la necesidad de reforzarlos y recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2008, que alcanza al 20%”. Comparte con sus compañeros la imposición de unos servicios mínimos elevados, algo que preocupa especialmente al Satse. Su portavoz en Bizkaia, Amaia Mayor, recuerda que en los PAC y en las urgencias son del 100%, “cuando en otras épocas del año, curiosamente, Osakidetza no asegura el servicio”. “Nos parece, como poco, llamativo”, agrega. Considera que el objetivo es bajar las cifras de seguimiento y minimizar el impacto de la huelga. En verano, la falta de personal sanitario ha sido una constante en casi todas las comarcas del territorio.

“El Gobierno vasco no ha aprovechado la oportunidad de estabilizar el empleo y bajar la temporalidad al 8% que permitían los PPGG de 2023” (Satse)

Mayor advierte también de una pérdida histórica: “Debido al mandato europeo y la Ley Iceta, los presupuestos generales de 2023 posibilitaban una tasa excepcional de reposición para poder bajar la temporalidad al 8%. Gobierno vasco ha dicho que no a esta oportunidad, que su intención es sacar las dos OPE en marcha y que luego ya hablaremos. Cuando se puede, tampoco se quiere estabilizar el empleo”.

Para Steilas, el sindicato mayoritario en la educación no universitaria, “es indispensable salir todas y todos hoy a la calle para luchar por unos servicios públicos fuertes, porque lo que no se pelea, no se obtiene”, alerta su portavoz, Nagore Iturrioz.

Desde ESK, Sarai Arce destaca que “la pandemia ha activado el ciclo movilizador” y ha puesto al descubierto la elevada tasa de temporalidad y de privatizaciones de la CAV. Desde CNT, Endika Alabort insiste en la necesidad de implicar a los trabajadores y trabajadoras a través de asambleas y poner encima de la mesa para quiénes están los servicios públicos. “Cuando hablamos de servicios públicos, no solo hablamos de las condiciones de los trabajadores, sino del funcionamiento del sector, a quién se dirige, para quién está. Perspectiva de clase. Y nos están dando mucha caña desde la gran recesión de 2008, tanto a las currelas como a las perceptoras”, concluye.

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