Política
Abolir España

Huelga decir que soy consciente de que la mayor parte de la gente que vive bajo la égida del Estado español no se levanta todos los días con esa pregunta en mente. Difícilmente aparecerá está cuestión en el CIS entre los temas más acuciantes (ojo, tampoco aparece si queremos abolir el trabajo, redistribuir la riqueza, ni que decir tiene de la monarquía). Pero que no se exprese esta necesidad públicamente, que no se organice en torno a un enunciado explícito, no quiere decir que una significativa parte de la población del Estado muestre síntomas de que lo de abolir España tal vez le pudiera interesar. Antes que nada, conviene aclarar una cosa. Por abolir España no me refiero a cancelar la idea de la nación española (cosa que no existe) ni tampoco a plantear como fin último de todas las cosas la desaparición del Estado español (cosa que por otro lado sería un buen comienzo). Abolir España no entraña destruir el castellano ni que dejes de comer croquetas de cocido, tampoco que dejes de visitar a tu abuela en Medina del Campo o de ver un partido del equipo y el deporte que sea.

Por abolir España entiendo el cuestionamiento radical de una estructura de dominación capitalista, racista, colonial y patriarcal concebida para que una banda organizada, primero de nobles y más tarde de burgueses, pudiera explotar, esclavizar, asesinar y dominar a sus anchas a pueblos dentro y fuera de la península sin temor a represalia alguna.

La dominación ha sido la principal función histórica de España, rica tradición que aún hoy pervive como leitmotiv de la Villa y Corte (esto es algo que veremos en un momento). En otras palabras, la idea de abolir España se plantea no contra un territorio, un sentir nacional, o una administración concreta, sino contra una manera de entender el gobierno de los otros, una forma de comprender la política, la economía y la relación entre pueblos y territorios. Parafraseando al sociólogo Ignasi Bernat, el Estado Español es la institución que hoy día representa al imperio y al fascismo, ya que encarna en nuestros territorios el conjunto de saberes represivos acumulados durante siglos de despojo y de violencia organizada contra los pueblos. 

Una pequeña advertencia, España no solo habita las mentes gobernantes de Madrid. Puebla con placidez las mentes de las colonizadas, vascas, gallegas, catalanas, andaluzas, castellanas, así como en muchas de aquellas que durante siglos han sido racializadas. Este proceso, bien conocido por autores anticoloniales como Aimé Cesaire y más recientemente señalado como colonialidad, es decir, la pervivencia de las estructuras coloniales e imperiales más allá de la existencia formal de los imperios y de las colonias, nos debería poner en guardia sobre el sentido que tiene el confiar al Buru Batzar de turno la organización de la(s) república(s) por venir.

Abolir España no implica sólo una ruptura con el Estado español, sino que requiere de la total cancelación de su horizonte ideológico. Al igual que es preciso “acabar con el policía que llevamos dentro” es preciso abolir nuestra propia España interior. 

¿Pero, por qué abolir y no reformar, cambiar o deconstruir? La idea de abolición ha tenido históricamente una fuerte connotación revolucionaria. Pensemos en el significado de frases como abolir la esclavitud, la monarquía o la propiedad privada, ideas claras en tiempos confusos. Cómo dijo Saint-Just en el juicio a Luis XVI, “Un rey debe reinar o morir.”

  Vivimos hoy en la era de la postverdad y de la apología de los fake argumentos maniqueos que navegan no ya la contradicción, sino el absurdo, cómo aquellos que dicen poder conciliar capitalismo y medioambiente, libertad y gestación subrogada o Policía y derechos humanos. Mientras el fascismo camina alegremente reivindicando su pasado de conquista mediante hechos consumados, las mil y una izquierdas buscan soluciones conciliadoras, en la enésima repetición de la infamia de Weimar. Por eso recuperar palabras como abolición o antifascismo no son solo un ejercicio de retórica, son en sí mismas una declaración política de principios y de límites. Seguramente haya mil y un argumentos para abolir a España, centenaria es la historia de la infamia de este sistema organizado de desposesión, pero ahora solo voy a centrarme en tres argumentos, apenas si tres pinceladas. 

 Razones Históricas

 España debe ser abolida por principios de reparación, de memoria y de justicia histórica. España no nace movida por la razón popular que dibuja Maquiavelo, y que sitúa a la forma estado como instrumento de la plebe frente a la aristocracia. Sino como una extraordinaria maquinaria de represión y tortura. España nace como Estado entre los siglos XV y XVI con el fin de 1) someter a los pueblos de la Península Ibérica, llevando a extremo de practicar el genocidio contra poblaciones como la musulmana o la judía y 2) a fin de explotar a las poblaciones de “ultramar a fin de saquear sus recursos o convertir en mercancías sus cuerpos. A lo largo de toda su historia el Estado español no sólo no ha corregido su vocación represiva, sino que la ha multiplicado. Pensemos en el genocidio americano o los campos de concentración en Cuba o en el territorio peninsular. Recordemos la traición del Sahara y las torturas, violaciones y asesinatos del MVLN. Sin olvidar la brutal represión de un referéndum democrático en el 2017, o el asesinato extrajudicial de migrantes como en el tarajal. Por todo ello, por los siglos de historia manchada de sangre y crímenes de Estado, España debe ser abolida.

 Razones Políticas 

Para que los pueblos que hoy permanecen bajo su dominio existan libremente, España debe ser abolida. España impide a los pueblos a los que somete alcanzar algo tan fundamental como la libre determinación. Esto es algo que ha venido haciendo por las armas, desde su acto fundante criminal y conquistador (pensemos en la conquista de Navarra y de Granada), hasta las más recientes fechas del 2017 en Catalunya. Para ello ha diseñado una grotesca arquitectura política que atenta contra los principios más básicos de la democracia burguesa sobre las que dice erigirse, como son el respeto a las decisiones electorales, el Estado de derecho o el imperio de la ley. Este diseño político no solo impide a los pueblos reconocerse como tales frente al resto, sino que cancela la posibilidad de que estos puedan diseñar un horizonte alternativo, ya sea republicano, socialista o feminista. La línea política, económica y social, se gesta en Madrid, desde donde se impone y se defiende desde las altas instituciones del Estado, esto es órganos ausentes de cualquier legitimidad democrática como el Tribunal Constitucional, la Jefatura de Estado o el Consejo General del Poder Judicial. Cuando estas no son suficientes, lanza sus armas legales e ilegales desde órganos pseudojudiciales de excepción como la Audiencia Nacional. 

Razones Económicas

 España es un obstáculo material para el desarrollo económico y científico de los pueblos a los que domina. Tal y como ha destacado el historiador y sindicalista Javier Fernández, España es desde sus orígenes, un proyecto de extracción económica y explotación humana. Hoy día el régimen español mantiene esa misma lógica adaptada a los nuevos tiempos. Por un lado respalda la acción de las grandes corporaciones españolas en el exterior, cuyos megaproyectos energéticos, forestales y de comunicaciones siguen “en guerra contra la vida” en lugares como América Latina. Por otro lado, respalda un régimen neoliberal, rentista, tecnológicamente dependiente, de escaso valor añadido y altamente precarizado en los territorios peninsulares. España, plantea la politóloga Jule Goikoetxea, es un ejemplo de democracia privatizada. Es decir, un régimen neoliberal que busca la desmovilización de los sujetos, la extinción de lo común, y el desempoderamiento de las mujeres. Este proyecto de gubernamentalidad económica construido durante siglos ha encontrado las resistencias continuadas de millones de personas. Pensemos en la huelga de la Canadiense en la Barcelona de la dinamita, la Asturias del 34, la huelga del Granada de 1970, las tomas de tierras del SAT, las expropiaciones de los Comandos Autónomos Anticapitalistas. Todo ello hasta llegar al Sindicato de Inquilinos e Inquilinas o el de Manteros. El franquismo calificó a la disidencia como la anti-españa, tal vez sea buen momento para hacer de esa etiqueta un nuevo lema.

La idea de abolir España no se presenta como un argumentario (que de todas maneras nadie iba a utilizar). Se trata más bien de una apertura, que invita a pensar en la cancelación de lo español, no como un proyecto político diseñado desde “los nacionalismos periféricos” (la peor definición ever) sino como una necesidad compartida de aquellos sujetos que vivimos bajo el reinado de Felipe VI. Pensar en el fin de algo no entraña necesariamente el deseo de algo negativo, sino la aspiración y el anhelo por lo que vendrá después. En tiempos del mindfulness y del presentismo idiota que delega el horizonte revolucionario a las irrelevantes discusiones parlamentarias, se hace necesario de nuevo volver a creer en la utopía. En la posibilidad real de un cambio radical en las condiciones materiales de existencia. España no es un país, tampoco es un Estado. Es el muro que encarcela a los pueblos y a nuestras comunidades fijándoles a la impotencia, a la sujeción y la inmovilidad. Derribar el muro, abolir España.