Minería
Iberpotash y la industria de la sal en Catalunya: más allá de un conflicto ambiental

Si hablamos de un río lleno de sal, este es el Llobregat. Bien lo sabía el periodista Avel·lí Artís, más conocido por su seudónimo Tísner, que en 1935 dibujaba en el semanario satírico Esquella de la Torratxa, a un agricultor pescando, en medio de este río, una sardina. La causa principal de la elevada salinización del Llobregat ha sido —y es— la explotación de las minas de potasa en la comarca del Bages (Barcelona), convirtiéndose hasta día de hoy en uno de los conflictos ambientales históricos de Catalunya.

La empresa ICL Iberia, conocida popularmente por su antiguo nombre Iberpotash, filial de la multinacional israelí ICL Group, es quien hoy gestiona las minas de potasa de Sallent, Súria y Balsareny tras la compra de la empresa pública Potasas del Llobregat y Súria K, en 1998. Desde que ICL es propietaria, “la salinización creció exponencialmente”, asegura Jep Ribera, miembro del colectivo ecologista Prou Sal. Por su parte, el director de Medio Ambiente de la empresa, Lluís Fàbrega, reconoce “impactos históricos”, aunque asegura a El Salto que “desde hace años implementan un continuo de medidas preventivas y correctivas para minimizar el posible impacto”.

En 2015 llegó el primer varapalo judicial. Un tribunal penal de Manresa sentenciaba que la gestión de la mina de Sallent y de los residuos salinos por parte de ICL había provocado la salinización de ríos, pozos, fuentes, torrentes y acuíferos de toda la comarca. Llegando, en su momento, al desalojo de todos los vecinos del Barri de L’Estació de Sallent. Sin dejar de lado lo ambiental, los últimos días el foco se ha puesto en lo laboral.

DOS ACCIDENTES MORTALES EN  UN MES

Un conflicto laboral ha estallado este mes de junio en las minas de Iberpotash, en concreto en la de Vilafruns, en Balsareny. En menos de un mes, dos trabajadores han perdido la vida en dos accidentes laborales dentro de la mina. Ambos eran operarios subcontratados por el grupo ICL a la empresa Montajes Rus, la empresa con la que la multinacional israelí tiene más personal subcontratado, casi 400 personas, según el comité de empresa de Iberpotash Sallent.

Tras el primer accidente mortal, los comités de empresa de Iberpotash y Montajes Rus decidieron convocar una jornada de huelga prevista para este 30 de junio. Sin embargo, el paro se desconvocaba debido a un “compromiso de negociación de mejora de las condiciones de seguridad entre los sindicatos de Montajes Rus y su dirección”, señala Joan Manel Garrido, secretario del comité de empresa de Iberpotash Sallent, a El Salto. Días después, tras el segundo accidente mortal, se decidió reactivar la jornada de huelga bajo el lema “Por la seguridad de la mina”, a la que están llamados los trabajadores de Sallent y Balsareny, tanto de ICL como de la empresa Montajes Rus.

Por su parte, la sección sindical de la CGT en Montajes Rus denuncia en un comunicado “el degradado estado de conservación de la mina” y asegura que obliga a los centenares de operarios a “trabajar en unas condiciones de seguridad insuficientes”. Meses atrás, el comité de empresa de Ibeportash Sallent ya señaló, y así lo repite en un último comunicado, que el personal que estaba subcontratando se encontraba “poco experimentado” para unas tareas de seguridad que requieren de “mucha experiencia”, recalca Garrido. “Hay que apuntar que estos compañeros tienen un grado de profesionalidad altísimo y que la única razón por la cual no conocían a fondo estas tareas es porque no las han hecho, ya que sus ocupaciones en el interior de la mina son otras”, señala el secretario del comité.

Ahora, empresa y Generalitat han activado un grupo de auditores internacionales con tal de “evaluar juntamente con el equipo de Iberpotash las medidas de seguridad y acordar acciones futuras”. Como recogía l’Agencia Catalana de Noticias, la consejera de Empresa y Conocimiento, Àngels Chacón, reconocía que “no es normal que haya dos accidentes en tan poco tiempo” y anunciaba el cierre indefinido de la mina de Balsareny mientras se investigan las causas de ambos siniestros.

Empresa y Generalitat han activado un grupo de auditores internacionales para “evaluar juntamente con el equipo de Iberpotash las medidas de seguridad y acordar acciones futuras”

Sin embargo, si se ha llegado a este punto es debido, justamente, a los “diferentes retrasos y cambios de planes sufridos alrededor de la actividad en Súria”, según el comunicado del comité de empresa de Iberpotash Sallent. Es decir, alrededor de la capacidad de la empresa de hacer efectivo el traslado de todos los trabajadores de Balsareny y Sallent en esa mina, algo que dependía sobre todo de la construcción de una rampa para acceder a más profundidad y, por ende, producir más. El comunicado señala que esta situación ha resultado en una “precariedad laboral que ahora muestra su cara más dura”.

De por sí, tras los varapalos judiciales y ambientales, sobre todo el que prohibió la actividad en Sallent y marcó el fin del vertido de los residuos, la tensión ha sido una constante entre empresa y trabajadores, y más teniendo en cuenta que esta es la principal actividad económica de la comarca, con 1.100 trabajadores directos y 4.000 indirectos, según datos de la empresa.

Décadas de vertidos

En la mina de Sallent, “por cada tonelada de potasa obtenida, se generaban dos toneladas de sal que la empresa no comercializaba”, asegura Ribera. Lo que la empresa no utiliza son residuos salinos. Durante años los ha vertido y acumulado en el exterior, como se hacía históricamente, dando lugar a varios depósitos, o escombreras, entre ellos el de El Cogulló, en Sallent. Se trata de una “montaña artificial” de 48 millones de toneladas de sal, a una altura de 500 metros sobre el nivel del mar, que se ha convertido en la montaña más alta de toda la comarca. Hace justo un año, el 30 de junio de 2019, la empresa debía poner punto final a la acumulación de desechos en ella.

Aunque ICL no agotó el plazo, la paralización llegó tras un largo proceso judicial que empezó en 2011 a través de una denuncia de la Asociación de Vecinos del Barrio La Rampinya, de Sallent, pidiendo que no se dejara ampliar más la escombrera. El periplo judicial terminó con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que daba la razón a la parte demandante y anulaba la autorización ambiental otorgada por la Generalitat en 2008 por quien en ese momento era conseller de Medi Ambient, Francesc Baltasar, de ICV. La sentencia prohibía a la empresa seguir vertiendo los desechos en El Cogulló, algo que consiguió alargar hasta 2019, tras dos años de moratoria. También obligaba a Iberpotash a desmontar la escombrera y anulaba la actividad minera en Sallent declarándola ilegal, ya que carecía de evaluación ambiental.

ASFIXIA AMBIENTAL

Los residuos acumulados son principalmente cloruro sódico, lo que “genera un impacto muy bestia”, asegura Miguel Cañedo, biólogo e investigador del grupo FEHM-Lab de la Universidad de Barcelona (UB), a El Salto. Durante años, el río ha recibido de forma diluida estas sales debido, sobre todo, a las lluvias y a la humedad, lo que a pesar de algunas mejoras hacía crecer los índices de salubridad del agua. “Hay zonas en donde llega el agua directamente de los residuos. Es como si estuviéramos en Marte”, añade Cañedo, “un paisaje completamente desprovisto de vida, con costras de sal en el suelo y árboles quemados”, detalla el investigador.

La zona era históricamente un mar interior, lo que hace que el río circule por “unos estratos geológicos que muchas veces son ricos en sal ya de manera natural”, comenta Cañedo. Que sea un río de por sí salado ha llevado a excusar, en varias ocasiones, la responsabilidad de la empresa de esa salinización, algo que para el investigador carece de sentido. “Primero, que las sales que tiene el río de manera natural son mucho menores y luego que no son las mismas sales que las que tú le estás poniendo, y eso es una diferencia muy importante”, detalla el biólogo.

Esto impacta directamente en la biodiversidad del río. A más cantidad de sal, los organismos que viven en el agua gastan más energía debido a la necesidad de regular su concentración de sal óptima, lo que “les implica no poder utilizar la energía para hacer otras cosas como crecer, alimentarse o reproducirse”, explica el investigador, quien asegura que “termina afectando al funcionamiento de todo el ecosistema”.

La escombrera del Cogulló es una “montaña artificial” de 48 millones de toneladas de sal, a una altura de 500 metros sobre el nivel del mar, que se ha convertido en la montaña más alta de toda la comarca

Al riesgo ambiental, Cañedo le suma el “riesgo económico”. El río Llobregat abastece de agua la ciudad de Barcelona y su conurbación. La salinización es tan elevada que, para que no exista un riesgo para la salud y el agua tenga un sabor aceptable, hay que tratarla con ósmosis inversa, un proceso que “cuesta millones de euros al año mantenerlo por la cantidad de energía que consume; es un gasto que tiene la empresa que suministra el agua y que al final nos repercute en la factura”, señala el investigador.

Además, se construyó una planta desalinizadora en Sant Joan Despí (Barcelona) que lleva a que el agua pública de la ciudad tenga un sobrecoste de unos tres millones de euros. Con todo, según un informe del Observatori de Drets Humans i Empreses al Mediterrani (ODHE), la salinización del río Llobregat “ha provocado una deuda de más de 300 millones de euros a la Administración pública catalana”.

48 millones de toneladas

La empresa, de la mano de la Generalitat, acordó un Plan de Restauración para reparar medioambientalmente la zona. Este plan, sin embargo, no fue celebrado por igual y entidades ecologistas como Prou Sal o Montsalat, ambas de la zona, se mostraron descontentas desde el principio.

El plan prevé desmontar El Cogulló y otro depósito más pequeño, el de la Botjosa, también en Sallent, en un plazo de, al menos, 50 años. Una de las opciones para hacerlo es a través de nuevo colector de salmueras, más amplio que el actual y que de por sí ha sufrido, y sigue sufriendo, varias roturas, lo que ha impactado directamente en el entorno. Se trata de un canal subterráneo que empieza en las minas y sigue hasta desembocar en el mar, donde terminarían vertidos los residuos.

Otra opción es la venta de sal acumulada en El Cogulló a través de su purificación. Se trata de una técnica de restauración que “consiste en un rentado de la sal acumulada en la montaña”, explican desde la empresa a El Salto. Una opción que al mismo tiempo necesita del colector, ya que de esa purificación siguen sobrando residuos, es decir, salmuera que debe ser retirada a través de esta infraestructura.

Sin embargo, todo ello destapa varias dudas por parte de los ecologistas: una, el calendario de finalización y puesta en marcha del nuevo colector, que, aunque se estableció para 2022, por ahora es incierto. Otra, la financiación del colector, que asciende a 100 millones de euros —de los cuales un 10% salen de las arcas públicas— a la espera de conocer la aportación de todas las empresas que lo utilizarían, ya que ICL no es la única. También un mercado de la sal que no está en su mejor momento debido al bajo precio de la potasa, lo que pone en evidencia, según Ribera, el poco control de la empresa en el mercado.

A todo ello, entre los colectivos ecologistas se añade también la preocupación alrededor del origen del agua que se necesita para diluir los residuos. Si bien no es captada directamente del Llobregat, asegura la empresa, Jep Ribera matiza que a pesar de que salga de otros lugares como la depuradora de Manresa o los acuíferos, como también reconocen desde ICL, esta proviene del río y será agua que, en todo caso, no volverá al caudal. Esto preocupa al integrante de Prou Sal, quien asegura que “podría suponer un riesgo importante para el Llobregat”.

El Plan también prevé restaurar zonas afectadas, algo que la empresa estima poder hacer a partir del año que viene. Ante la posibilidad de que no se consiga restaurar la zona o desmontar el escombro, la compañía se vio obligada a pagar una fianza de siete millones de euros, “irrisoria” para Ribera. El activista de Prou Sal asegura que “en Europa se estipulaba que esta debería ser de 70 millones” y defiende que “es un pacto al que han llegado los poderes, no quiere decir que sea una opción de futuro para la minería y menos para un desarrollo sostenible”.

En menos de un mes, dos trabajadores han perdido la vida en dos accidentes laborales dentro de la mina. Ambos eran operarios subcontratados por el grupo ICL a Montajes Rus

Todo ello se desarrolla, además, en el marco del proyecto industrial Phoenix. Este “proyecto estratégico” supone el desarrollo de infraestructuras para la continuidad y crecimiento de la actividad minera solo en Súria, a través de una inversión de más de 100 millones de euros por parte de la empresa, y con el traslado, y por ende paralización, de la actividad de Sallent y Balsareny, algo a lo que la empresa ya se comprometió en 2011. Con este plan, la empresa israelí se propuso la construcción de una rampa para alcanzar más profundidad en la mina de Súria, y producir más. También la construcción de una planta de sal vaccum de alta calidad, así como una nueva terminal en el puerto de Barcelona para exportar la sal.

De todo ello, la obra principal es la rampa de Súria. Varios problemas han conllevado que el proceso de construcción se dilatara en el tiempo, de hecho aún hoy se encuentra en su “fase final”, reconoce la empresa, cuando en su momento se anunció su puesta en marcha para 2017. Esto ha conllevado que el traslado de la actividad de Sallent a Súria también se dilatara en el tiempo.

CONFLICTO HISTÓRICO Y FUTURO INCIERTO

La comarca del Bages es conocida, entre otras cosas, por su industria minera de la sal y, al mismo tiempo, por el conflicto ambiental alrededor de esta. Ya en los años 20 la salinización del Llobregat era una preocupación para la población de la zona, cuenta Roger Llobet, autor del libro Ríos de sal, donde se narra la historia del Llobregat. “La primera persona que hizo las denuncias fue una mujer, la señora Burés, propietaria de una industria textil ubicada a pocos kilómetros de Súria”, recuerda Llobet. El conflicto estalló cuando una de las turbinas de la fábrica desapareció debido a la erosión de la sal. Desde entonces, distintas empresas y vecinos de la zona se sumaron a esas denuncias hasta el punto de que durante la República se hizo una Comisión de Estudios de la Generalitat de las aguas del Llobregat para saber de dónde venía la sal.

A pesar de ser un “caso paradigmático de río que ha sido castigado por la acción humana”, asegura Miguel Cañedo al referirse al Llobregat, reconoce que es difícil entender cómo a veces se ha llegado hasta cierto punto. El investigador piensa que “hay una desconexión con los recursos que utilizamos y que no acabamos de saber exactamente qué procesos han ocurrido para que nosotros tengamos estos recursos”. En la misma línea, Jep Ribera lo relaciona con el hecho de que el río esté lejos del imaginario de la población. Por ello, apunta también a la necesidad de “volver a una visión integradora del agua”, aunque reconoce que “es muy difícil y exige muchos pasos y aquí hemos hecho unos cuantos mal”.

El informe elaborado por el ODHE recoge que los tentáculos de la empresa matriz, ICL Group, llegan a la industria armamentística y “esconden complicidades con graves violaciones de derechos humanos”

“Lo que queremos es una minería sostenible y hacer las cosas bien, y hasta ahora hemos puesto parches”, asegura Ribera, quien tampoco huye de señalar la “debilidad de todos los partidos y gobiernos a la hora de poner medidas serias a ICL”. De echo, el único partido que ha denunciado la actuación de Iberpotash en sede parlamentaria ha sido la CUP.

Con todo, hay dos incógnitas que dan vueltas desde hace años alrededor de la actividad minera y su impacto. Una, si es demasiado tarde para desmontar un depósito salino como El Cogulló y restaurar su impacto. Otra, cuál es el futuro de la minería. Miguel Cañedo, que quiere alejarse de un “discurso catastrofista”, asegura que todas las soluciones “tienen un elevado coste económico y tendrán un resultado a largo plazo”. Añade que ahora, a nivel ambiental, pasaría por “una labor de contención”, es decir: “Reducir las fugas de sales al río y reparar e indemnizar a las zonas y población afectadas”.

TENTÁCULOS EN LA INDUSTRIA ARMAMENTÍSTICA

Con los años, ICL Iberia “ha tejido una gran red empresarial, de inversión, hasta de apoyo por parte del tejido social, deportivo y cultural que le ha proporcionado más capacidad de lobby ante las instituciones”, recoge el ODHE. De hecho, la actividad de Iberpotash fue declarada de “interés público” en 2015 por parte del Govern de Artur Mas, a pesar de tener dos expedientes abiertos en Europa.

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El primero, resuelto en febrero, versa sobre la adquisición de forma ilegal de ayudas públicas por parte del Estado y la Generalitat, así como de recibir un “trato de favor frente a sus competidores”. El Tribunal General de la Unión Europea ratificaba que “la empresa no asumió los gastos de protección medioambiental que otros competidores del sector minero asumen en la UE” y ha obligado a ICL a devolver más de 5,8 millones de euros. El otro se encuentra en stand by, señala Jep Ribera, y tiene que ver con un expediente medioambiental abierto al Estado español en 2015 por la contaminación de Iberpotash con el objetivo de investigar si el Estado no hizo suficiente para evitarlo.

Sin embargo, más allá del impacto ambiental y la deuda con Catalunya, en el informe elaborado por el ODHE también recoge que los tentáculos de la empresa matriz, ICL Group, con sede en Tel Aviv, llegan a la industria armamentística y “esconden complicidades con graves violaciones de derechos humanos”.

La investigación del Observatorio demuestra que la empresa israelí ICL Group “fue el único proveedor durante los años 2008 y 2013 de fósforo blanco para proyectiles a los Estados Unidos, proveedor del Ejercito israelí y cómplice del uso de este tipo de proyectiles en zonas de Gaza”. Además, recoge que la multinacional israelí no solo ha contribuido al negocio de las “armas incendiarias”, sino también al financiamiento directo de diversas actividades y unidades del Ejército israelí. El informe concluye que “la empresa es cómplice de la militarización del conflicto en Oriente Medio, lo aprovecha para el beneficio empresarial y contribuye negativamente a encontrar una solución pacífica y justa”.