Memoria histórica
El Gobierno rechaza ampliar los derechos de las víctimas de la dictadura

El Gobierno ha rechazado la toma en consideración de la Proposición de Ley para la reforma de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

La Mesa de la Cámara del Congreso de los Diputados ha contestado hoy, 9 de marzo, que “no procede la toma en consideración por el Pleno de la citada Proposición de Ley” que los socialistas registraron el 26 de diciembre.

El objetivo de la propuesta, que ni siquiera se va a discutir, era, según su propio texto, ampliar el efecto de la ley aprobada en 2007 por el gobierno de Zapatero, la conocida como Ley de Memoria Histórica.

Los socialistas consideran que la Ley 52/2007 “sigue siendo un texto plenamente válido pero quedan cuestiones pendientes en este ámbito de la protección de las víctimas de la guerra civil y el franquismo a los que esta nueva norma pretende dar respuesta”.

Para los socialistas, el “esfuerzo reparador a favor de quienes comprometieron su vida en la lucha por la democracia y las libertades” que supuso esta normativa quedó “abrupta e injustificadamente interrumpido” durante las legislaturas de gobierno de Rajoy.

Su propuesta recordaba que se dejó de dotar presupuestariamente las medidas que recogía la ley, en especial las relativas a la localización de fosas; que se suprimió la Oficina de Víctimas de la guerra civil y la dictadura; y que se frenaron los procedimientos para certificar las declaraciones individuales de reparación.

“El Gobierno del Partido Popular —recogía el texto de la Proposición socialista— acabó eliminando la partida presupuestaria para darle efectividad con el increíble argumento de que, en situación de crisis económica, se suspendía la aplicación de la ley; una partida que en el último presupuesto con un Gobierno socialista fue dotada con 6,25 millones de euros y que desapareció en el Presupuesto de 2013”.

Por ello, con la Proposición pretendían “dar cumplimiento a los reiterados requerimientos y recomendaciones de los organismos internacionales de derecho humanitario efectuadas al Estado Español, como el informe del relator especial de Naciones Unidas del Consejo de Derechos Humanos del 22 de julio de 2014, en relación con la reparación integral de las víctimas de la guerra civil española y el franquismo; y estar a la altura de las legítimas demandas de un ingente conjunto de víctimas y organizaciones cívicas que en estos años han reclamado insistentemente que la Ley 52/2007 necesitaba ampliar su marco de actuación hacia políticas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que dieran respuesta a esta demanda social”.

Entre los motivos, su redactado incluía una frase reveladora: “Ni el espíritu de reconciliación que presidió la transición a la democracia ni esta Ley han cerrado todas las heridas provocadas por la Guerra Civil Española y el franquismo en la sociedad española”.