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Medio ambiente
La Junta de Extremadura pretende recortes drásticos en sus espacios naturales protegidos
En la reforma contemplada en el proyecto de decreto que acaba de publicar, y cuya exposición pública para recibir alegaciones y sugerencias concluye el 15 de abril, también se incluye la alteración de los límites de 12 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). Ante la magnitud de la medida, desde El Salto Extremadura se ha requerido la opinión de Marcelino Cardalliaguet, de SEO Birdlife, de Montaña Chaves, conocida activista y asesora medioambiental, y de Ricardo Sosa, portavoz de Ecologistas en Acción Extremadura. Esta es su valoración de un decreto que se anuncia polémico. Sus análisis abarcan el aspecto meramente formal, consideraciones relacionadas con el papel de la actual Ley del Suelo en relación a la protección del entorno o lo que, desde diferentes fuentes, no se duda en señalar como una “legalización encubierta de distintos pelotazos urbanísticos”.
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Marcelino Cardalliaguet, SEO Birdlife
“Se trata de una propuesta de modificación muy grande, incluye muchos cambios pequeños que requieren un estudio detallado para el que disponemos de 15 días. Ha visto la luz, además, justo antes de Semana Santa, lo que nos obliga, ahora mismo, a una mera valoración inicial, sin perjuicio de que inicialmente estemos detectando aspectos que entendemos que ya podemos señalarle a la Junta de Extremadura y a la opinión pública.
Lo primero que llama la atención es que la Junta apruebe vía decreto unas modificaciones de Red Natura 2000 que todavía no han sido aceptadas por la Comisión Europea, cuando lo lógico sería que, en primer lugar, las enviaran a la Comisión con la justificación científica suficiente, asegurándose de cuáles de ellas son aceptadas para introducirlas en un futuro decreto legislativo autonómico.
Lo primero que llama la atención es que la Junta apruebe vía decreto unas modificaciones de Red Natura 2000 que todavía no han sido aceptadas por la Comisión Europea
Se está haciendo al revés, a no ser que ya se haya enviado la propuesta a la Comisión —algo que no sabemos y sobre lo que nadie nos ha informado—. Lo correcto sería que se notificara primero la propuesta de modificación de límites debidamente justificada, con criterios científicos, de manera que se ajuste a uno de los dos tipos de cambios de reducción de los límites de Red Natura que admite la Comisión. Estos son, el primero, la pérdida de valores naturales por evolución natural —que no tenga que ver con el efecto de la acción humana o de los usos etc.— y, el segundo, que hubiera un error inicial en la delimitación de la ZEPA.
Desde otro punto de vista, estamos viendo que la mayor parte (prácticamente todas las propuestas de modificación) están relacionadas con problemas de urbanismo en la Red Natura 2000, en el entorno de los municipios que están dentro o en sus límites. Constituyen prácticamente el 90% de las propuestas y, sobre todo, de las más grandes.
Desde SEO Birdlife entendemos que esto no es un problema “natural”, sino derivado de que la Ley del Suelo en España prohíbe cualquier tipo de urbanización en Red Natura 2000. Esto solo ocurre aquí y esta prohibición genérica no es realmente un requisito indispensable para garantizar los objetivos de Red Natura, ni mucho menos. Estos no tienen que ver con ese planteamiento de la citada ley.
Todo esto es un brindis al sol porque, realmente, en el decreto deberían incluirse solo aquellas que superen el filtro de la Comisión Europea
En realidad, cualquier proyecto que se proponga dentro de Natura ha de tener un informe de afección y someterse a los requerimientos de los objetivos de conservación de ese espacio. Por tanto, en aquellos casos en los que un municipio desee construir una piscina o una residencia de ancianos en sus alrededores, probablemente el 90% de los mismos serían autorizados ambientalmente, convenientemente acompañados de algunas medidas correctoras compensatorias.
La Comisión Europea, probablemente, al recibir esta solicitud y vea que el problema es con la normativa urbanística española conteste que los pueblos de España no tienen que estar fuera de Red Natura, que no hace falta; que lo que ha de hacerse es adecuar bien la normativa urbanística, la Ley del Suelo, para que no sea un conflicto constante con la Red.
Sabemos, por otra parte, que la Junta no es competente para cambiar una ley estatal pero en este sentido es lo único que cabría.
No hay ningún sitio, por otra parte, donde se explique la justificación científica de cada uno de esos recortes o añadidos. No sabemos muy bien a qué obedecen y en ningún sitio disponemos de esa información
Esto ha sido un poco una “carta a los Reyes Magos”, y podemos observar algunas propuestas de recorte de ZEPAs en el entorno de algún pueblo que no se encuentra íntegramente dentro de Red Natura, sino que esta incluye bastante de su territorio. Alguno de estos municipios, aún así, solicitan recortar una superficie que dobla o triplica la del casco urbano actual. Eso, desde el punto de vista urbanístico, no tiene sentido.
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No hay ningún sitio, por otra parte, donde se explique la justificación científica de cada uno de esos recortes o añadidos. No sabemos muy bien a qué obedecen y en ningún sitio disponemos de esa información. Y la vamos a demandar porque, al final, entre lo que se recorta y añade el balance es negativo. ¿Por qué hay que recortar 3.000 hectáreas de una Red Natura que ha quedado demostrado que ni es más grande ni más extensa que en el resto de comunidades autónomas? Porcentualmente hay bastantes comunidades autónomas que tienen mucho más porcentaje de territorio dentro...
La verdad es que el número de zonas que se alteran o se pretenden alterar individualmente en el mapa, que cambian o bien a negativo o a positivo, es enorme, siendo la mayoría de ellas muy pequeñitas y no pareciendo obedecer a ningún criterio explicable. Estamos hablando de cientos de modificaciones, algo un poco absurdo. En cualquier caso, todo esto es un brindis al sol porque, realmente, en el decreto deberían incluirse solo aquellas que superen el filtro de la Comisión Europea”.
Montaña Chaves, activista y asesora medioambiental
“Lo más importante de este decreto es que los cambios en las ZEPA que pertenecen a la Red Natura 2000, y que fueron aprobadas por la Comisión Europea, tienen que ser ratificados también, otra vez, desde Europa. Si no, no tienen validez, porque esas normas están por encima de nuestra propia normativa, de ese decreto que ha probado concretamente la Asamblea de Extremadura.
La directiva europea indica que solamente se pueden modificar las áreas protegidas por la Red Natura 2000 cuando existan cambios y se pruebe que cualidades que existían previamente, y por las cuales se protegieron, han desaparecido y lo hayan hecho de manera natural no por la mano del hombre. Si de la avutarda, el sisón y otras especies —que han sido las que se están protegiendo en los llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes— su población desapareciera totalmente (y de manera natural, no porque se haya urbanizado o deteriorado su hábitat), entonces y solo entonces podría modificarse y aprobarse esa modificación o cambio. Pero, recordemos, imperativamente desde la Comisión Europea.
Este decreto, alumbrado y aprobado por la mayoría absoluta socialista de la Asamblea de Extremadura se hace con una intencionalidad clara y meridiana, relacionada con varios proyectos especulativos
Esto se conoce como el principio de no regresión medioambiental. No se puede volver para atrás, salvo probando que los valores naturales que hicieron que un área se protegiera hayan desaparecido de la misma de manera natural. No es posible que, porque alguien haya provocado un incendio y se haya quemado todo —vamos a poner un ejemplo— el Parque Nacional de Monfragüe, o la ZEPA de la Sierra de San Pedro, se pueda revertir su protección o las figuras de ZEPA de ZEC o LIC otorgadas por por la Red.
Está claro que este decreto, alumbrado y aprobado por la mayoría absoluta socialista de la Asamblea de Extremadura se hace con una intencionalidad clara y meridiana, relacionada con varios proyectos especulativos... Entre ellos, en primer lugar, la legalización del complejo Marina Isla de Valdecañas y, por otro lado, la instalación en el cerro Arropez —que se encuentra dentro de la ZEPA de los Llanos de Cáceres Sierra de Fuentes— del complejo budista, que no es otra cosa que, por un lado, un proyecto turístico y, por otro, un pelotazo urbanístico en un área que está protegida”.
Ricardo Sosa, de Ecologistas en Acción Extremadura
“La Junta, en nuestra opinión, sigue sin entender profundamente lo que es la ecología y, mucho menos, lo que es la ecología social. No es, para ella, un fundamento para una economía y una vida distintas, sino, en todo caso, un adorno, un embellecedor añadido para una política que es seriamente antiecológica y que se subordina a los intereses de las grandes corporaciones y, muy en segundo lugar, de los empresarios regionales y comarcales. Esto es especialmente notorio en épocas preelectorales, cuando se pretende pescar votos a todas las bandas.
Da entonces una de cal y muchas de arena. La de cal, la aparentemente ecologista, está compuesta de promesas, gestos, congresos, planes… en los que intenta apropiarse de un lenguaje que no es suyo. En buena medida, humo. La de arena, la subordinación a los intereses de corporaciones y, en mucha menor medida, de empresarios regionales, apoyo decidido, incluso conculcando o bordeando la legalidad, poniendo los recursos públicos al servicio de sus proyectos, por muy mala pinta que tengan y por muy agresivos que sean, arremetiendo contra las resistencias y desoyendo a las poblaciones afectadas.
En esta película, se reserva a las y los ecologistas el papel de villanos. Somos exigentes, perseguidores, denunciantes, reclamantes… y ella, la Junta, hace de muro de contención frente a nuestro supuesto fanatismo que tiende a impedir cualquier proyecto. Esto es tan radicalmente falso, tan manipulador, que no podemos resignarnos a jugar este papel y no nos vamos a resignar. Si los poderes públicos no agredieran hasta extremos peligrosos nuestra vida en armonía con la naturaleza, como parte de ella y no en un imposible “al margen y por encima”, si los poderes públicos fueran además realmente responsables de hacer cumplir sus propias medidas, Ecologistas en Acción de Extremadura no se vería obligada a dedicar tanto tiempo y esfuerzo a presentar alegaciones, a denunciar, a llevar reclamaciones ante los tribunales, etc. Nuestro objetivo único y esencial no es sino apoyar la consecución de una vida buena, digna y en armonía con la naturaleza y con toda la vida, para la inmensa mayoría del pueblo extremeño y a eso queremos dedicar nuestro esfuerzo, a luchar contra la emergencia climática, la emergencia energética, la emergencia ecológica y la emergencia social en las que el sistema nos va hundiendo.
Cada recorte requiere un estudio científico, que no se ha presentado. Creemos que en este sentido no se puede jugar con la legislación europea, que es muy clara y exigente
Por eso, ante las nuevas medidas de recorte de las Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA), queremos hacer al menos tres apuntes.
1) Los recortes en los entornos de las poblaciones, que en algunos casos contados pueden estar justificados, abren la puerta a la normalización de posibles agresiones medioambientales, especialmente de las industrias sucias que van a venir, suponen, en tropel a “industrializar” Extremadura.
2) Lo de la megaestatua de Buda en el centro de una zona ZEPA no se justifica sino por el delirio de una “Extremadura reclamo del turismo mundial” en los tiempos del agotamiento y encarecimiento de los combustibles fósiles. Poner a Buda a destrozar protección de la naturaleza es como poner al Cristo a patrocinar guerras.
3) Cada recorte requiere un estudio científico, que no se ha presentado. Creemos que en este sentido no se puede jugar con la legislación europea, que es muy clara y exigente.
Por todo lo anterior, no sólo presentaremos alegaciones a estas disposiciones, dedicando tiempo y esfuerzos gratuitos que nos gustaría dedicar a otras cosas, sino que estamos dispuesto a acudir a la Unión Europea si no se rectifica”.