Minería
Entidades y comunidades indígenas destapan la amenaza minera de una empresa española en el Amazonas colombiano

Los resguardos indígenas de Timbó de Betania, Bogotá Cachivera y Murutinga, en Colombia, afrontan la posibilidad de que una empresa controlada por el holding español ISAM explote recursos mineros en áreas protegidas. Las zonas cuentan con la consideración de reserva forestal y de resguardo indígena, una figura de protección legal que da capacidad decisoria a la comunidad sobre el uso y explotación del territorio, pero que deja a manos del estado Colombiano la decisión sobre explotación de recursos que se encuentran en el subsuelo, como los recursos mineros. 

En 2014 se concedió por parte de la Autoridad Nacional Minera (ANM) de Colombia un título de concesión minera de dos mil hectáreas que se solapan con el resguardo del Gran Vaupés para la extracción de minerales como el niobio, tantalio, vanadio y circonio por un periodo de 30 años. Se especula, además, que pueda también haber coltán en la zona, mineral necesario para la producción de baterías eléctricas, y considerado mineral estratégico. Esta concesión pone en riesgo no solo a las comunidades indígenas, sino también a la selva aún virgen, a las fuentes hídricas y a los grandes cerros que las rodean, y que se consideran lugares sagrados por parte de las comunidades afectadas.

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Por el momento, no se ha empezado la extracción de estos recursos, en parte debido a la oposición de las comunidades indígenas y de entidades sociales que las acompañan, como la Pastoral Social. Aun así, se está ante un escenario de grave riesgo para las personas y de los seres vivos que allí habitan debido a intereses económicos. Las zonas afectadas, además de gozar de la protección legal de reserva forestal y de resguardo indígena, son consideradas sagradas por las comunidades cercanas. Bajo estas figuras, existe la obligación de realizar consulta previa a los grupos indígenas afectados cuando se realizan proyectos como este, pero esta no se llegó a realizar.

El título minero “fue otorgado en un periodo de auge de concesiones mineras promovidas por el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, a través de una estrategia bastante común promovida por empresas extranjeras”

Aunque las poblaciones de los resguardos indígenas afectados que han tenido cambios culturales importantes en las últimas décadas, como la pérdida de valores religiosos ancestrales reemplazados por el catolicismo, la adaptación y uso a tecnologías de comunicación o el cada vez menor uso de sus idiomas originarios, hay fuertes costumbres y cosmovisiones que aún tienen presente en su día a día.  Luis Octavio González, líder del Timbo y miembro de la etnia Siriano, afirma que el resguardo es un sitio que permite vivir en equilibrio con la naturaleza y donde se deben respetar los sitios sagrados, en la medida que la naturaleza también los protege a ellos. 

L. A. Giraldo, abogada de Pastoral Social, señala que el título minero en cuestión “fue otorgado en un periodo de auge de concesiones mineras promovidas por el segundo gobierno de Juan Manuel Santos, a través de una estrategia bastante común promovida por empresas extranjeras”. La concesión fue solicitada por una persona física colombiana que hoy en día sigue siendo la única titular de la concesión, pero que ya ha intentado transferir los derechos de explotación de minerales a la empresa Tantalum Tech Mining S.A.S. Las comunidades sospechan que esta empresa ha sido la verdadera interesada en los últimos diez años en la extracción de recursos de la zona, promoviendo la solicitud de la concesión y usando a la persona física como testaferro. 

Tantalum Tech Mining S.A.S., la filial colombiana, intentó en 2016 que se le transfirieran los derechos de explotación, hecha a favor de Claudia Patricia Gómez González. Sin embargo, la ANM denegó en el año 2019 esta cesión a favor de la empresa, filial del holding minero español ISAM, quienes a través de la empresa ISAM Europa S.L. quienes ya hacen explotación de oro y esmeraldas en Colombia.

El vínculo con el holding español no ha sido siempre claro para las comunidades afectadas. En las entrevistas realizadas por el Observatori DESCA a las comunidades afectadas, las personas entrevistadas tenían la certeza de que era una empresa canadiense quien estaba liderando la explotación. A través de investigaciones y de consultas a medios periodísticos y registros mercantiles, se comprobó el vínculo de Tantalum con ISAM, y, por lo tanto, los intereses de la española en la explotación minera de la zona. Estas investigaciones se han hecho en el marco del informe “Mecanismos contra la impunidad corporativa” del Observatori DESCA, donde se sintetizan procesos por los que se evita o contribuya a que las empresas transnacionales se responsabilicen por vulneración de derechos humanos y ambientales.

Los colectivos exigen que Tantalum Minigh Tech SAS, empresa colombiana controlada por ISAM Holding, cese sus tentativas de explotación en tierras protegidas. Adicionalmente, se reivindica en el informe que es necesario establecer mecanismos efectivos de identificación de los intereses corporativos detrás de las tentativas extractivas para una correcta rendición de cuentas, dado que para las comunidades afectadas no ha sido claro qué empresa extranjera está realmente promoviendo la extracción. 

Las empresas transnacionales deben tener la obligación de publicar el nombre de las entidades que la componen, su dirección y el país donde se ubica. En este sentido, estas obligaciones deben introducirse en las normativas vinculantes en caso de vulneración de derechos humanos y ambientales por parte de actores corporativos, como en las normativas de Diligencia Debida que se están desarrollando a nivel europeo.