Leyes Mordaza
Diez jóvenes serán juzgados por pintar murales políticos en Sopela

Cerca de cincuenta personas denunciaron frente al Ayuntamiento de Sopela la aplicación de la Ley Mordaza contra diez personas por organizar un encuentro de murales políticos. La concentración reivindicó la libertad de expresión y criticó la voluntad del ayuntamiento de silenciar los mensajes de los movimientos populares. Además, el pleno celebrado esa tarde aprobó una moción presentada por el grupo EH Bildu para solicitar al ayuntamiento que no aplique la Ley Mordaza y deje de intentar censurar a los movimientos sociales.

El 5 de mayo se celebró Mural Topaketak, un encuentro en el que varios colectivos de la zona intercalan el arte y las reivindicaciones políticas, encuentros que se han celebrado en años anteriores sin que hubiera ningún incidente. En esta ocasión, la Ertzaintza se presentó durante el acto e identificó a nueve personas. Siete de ellas se encontraban allí cuando llegaron los agentes mientras que otras dos, que llegaron más tarde, fueron identificadas también bajo el pretexto de haber sido vistas participando por unos agentes vestidos de paisano. 

“Hasta ahora, cuando han identificado a alguien, han identificado a un responsable y hemos continuado con los murales”, explicaba Asier, uno de los jóvenes multados. Esta vez, sin embargo, detuvieron la actividad y les identificaron con un despliegue policial desproporcionado. A raíz de ello les aplicaron las sanciones previstas por la Ley Mordaza, que decidieron pagar pese a considerar que su actividad no es motivo de castigo. 

Para su sorpresa, mes y medio después de los hechos recibieron una citación para el juzgado. El ayuntamiento les reclama los gastos de limpieza de los murales en un juicio que tendrá lugar el próximo 15 de enero. Entonces, organizaron otras jornadas contra la censura junto con colectivos sociales con el objetivo de pintar de nuevo los murales para “intercalar el arte y la reivindicación”, en palabras de Andrea, una de las jóvenes multada. 

La segunda acción se desarrolló tranquilamente, pero una vez terminada la policía municipal identificó a una persona a pesar de no haber participado. En esta ocasión la multa impuesta fue de 500 euros. Además, esta persona también ha sido citada para un juicio con fecha el 5 de enero. Los jóvenes se concentrarán en esas fechas en los juzgados de Getxo y llaman a las diferentes personas y colectivos a defender la libertad de expresión y denunciar la censura. 

Los jóvenes critican la insistencia del Ayuntamiento de Sopela de tapar los mensajes con contenido político. Los murales dibujados en el primer encuentro fueron borrados en pocos días mientras que otras pintadas anteriores sin reivindicaciones siguen en esas paredes. También los murales de las jornadas contra la censura fueron eliminadas a los pocos días. 

“Desde el ayuntamiento dicen que es porque conocen a los responsables y pueden exigir el pago”, explica Asier, que añade que “si fuera una cuestión de dinero esperarían a que terminase el juicio para ver si efectivamente nos corresponde pagarlo”. “Es una excusa para tapar que lo único que intentan es silenciar los mensajes políticos y la reivindicación social”, denuncia Andrea.

1,2 millones de euros en multas

El Gobierno Vasco ha recaudado más de 1,2 millones de euros en multas desde que la reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana entrara en vigor en julio de 2015. Los datos ofrecidos por el Departamento de Seguridad indican que 2017 fue el año en que la recaudación alcanzó su máximo: 470.923 euros procedentes de 5.695 infracciones. Hasta un 30% de los expedientes tramitados por el departamento proceden de informes de policías locales. Este año, la cuantía de las multas procedentes de la aplicación de la Ley Mordaza en la CAV es de 397.109 euros hasta octubre.

La Plataforma Contra la Criminalización Social denuncian que el Parlamento Vasco aprobó en 2016 una resolución de rechazo a la ley por ser una norma que “vulnera derechos fundamentales y convierte en delito el trabajo periodístico y la libertad de expresión” adoptando el compromiso de no aplicarla en el País Vasco. También consideran que “las actuaciones de la Ertzaintza y del Gobierno Vasco constituyen un intento más de reprimir la libertad de expresión y de protesta social, que deja a la ciudadanía en una situación de desamparo ante la discrecionalidad que supone que los agentes sean juez y parte en el proceso sancionador”. 

En 2017 las infracciones más repetidas fueron consumo o tenencia de drogas (2.574), falta de respeto a la autoridad (1.103), desobediencia o resistencia (638), desórdenes graves (204) y daños o deslucimiento de bienes (87). Por territorios, Gipuzkoa es el más afectado (2.692 infracciones) seguido de Bizkaia (2.393) y Araba (610).

Según informa Amnistía Internacional, en el estado se interponen cada día 80 multas por la aplicación de estos dos artículos, gracias a las cuales han recaudado a día de hoy más de 25 millones de euros (excluidas de estas cifras las relativas a las sanciones impuestas por las policías autonómicas de Cataluña, País Vasco y Navarra).