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Han pasado ya ocho meses desde que, a finales de junio de 2021, el Consejo de Ministros aprobó iniciar el trámite de la Ley Trans, y el proceso continúa bloqueado, a la espera del informe sobre la ley del Consejo General del Poder Judicial.
“Ya nos quejamos en diciembre, cuando habían pasado seis meses, y vemos que si no hubiéramos protestado, el Ministerio de Justicia ni siquiera habría pedido los informes, lo hizo ese mismo mes”, explica a El Salto Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans, quien denunciará hoy en el Congreso lo que considera un “retraso injustificado”. Lo hará en una convocatoria impulsada por la federación que preside, la asociación Euforia Familias Trans-Aliadas y No Binaries España, y arropada por representantes de los partidos Unidas Podemos, Más País, las CUP, Compromís, ERC, JuntsXCat, EH Bildu, Nueva Canaria y PdCat.
Según denuncia Cambrollé, desde que en diciembre el Ministerio de Justicia pidió los informes sobre la Ley Trans, el CGPJ tenía un plazo de 15 días para contestar. “Ahora dicen que contestarán en marzo”, apunta Cambrollé sobre el anunció realizado a mediados de este mes por el gobierno de los jueces, institución que lleva tres años con el mandato caducado y para el que aún no se ha conseguido acuerdo para la renovación de sus miembros. “Han incumplido ya dos veces la ley en la tramitación de la Ley Trans, eso crea inseguridad jurídica para la ciudadanía”, denuncia Cambrollé. “Esto redunda de manera negativa en las personas beneficiarias de esta ley, que llega 42 años tarde y en un contexto de extrema violencia hacia el colectivo LGTBI”, continúa.
“Esto redunda de manera negativa en las personas beneficiarias de esta ley, que llega 42 años tarde y en un contexto de extrema violencia hacia el colectivo LGTBI”
Cambrollé resalta como las últimas de estas amenazas el avance de la ultraderecha en algunas comunidades, como Castilla y León, donde la posibilidad de que Vox forme gobierno con el PP se adivina como un peligro para los avances conseguidos en el ámbito LGTBI, o el anuncio de recorte de derechos para este colectivo en la Comunidad de Madrid, cuyo parlamento rechazó en diciembre la derogación de las leyes LGTBI que pedía Vox pero donde aún acecha la amenaza de una reforma de estas legislaciones que las deje como un texto vacío de contenido.
Pero la presidenta de la Federación Plataforma Trans destaca también cosas positivas, como que el Eurobarómetro sitúa a España como el tercer país en el que más proporción de población está a favor que las personas LGTBI tengan los mismos derechos que las personas heterosexuales en un informe de 2019, un 91%, solo por detrás de Suecia y Países Bajos, o que una reciente encuesta impulsada por el periódico El País y la Ser que muestra un apoyo mayoritario a la tramitación de la Ley Trans —un 56% de los encuestados sumando a los que contestaron que les parece “muy bien” y “bien” frente al 21,7% que se oponen a la ley— y que, además, viendo los resultados por géneros, señala que el apoyo es mayoritario entre las mujeres —59,3%— y incluso más que entre los hombres —52,56%—. “Es un matiz muy importante que desmonta el bulo de que las mujeres no apoyan esta ley, y las mujeres en general, las de la calle, las madres, abuelas, vecinas, compañeras de militancia… Su inmensa mayoría está a favor de la Ley Trans”, destaca Cambrollé.
También resalta que, con La Rioja desde el pasado viernes, ya son 14 las comunidades autónomas que han legislado para garantizar la autodeterminación de género. “Pero tienen un techo competencial que solo se puede romper con una ley estatal”, añade. Y es que, para reclamaciones históricas del colectivo trans como poder cambiarse el nombre, como apoyan las directivas europeas, se necesita de un marco jurídico estatal. “Y esta ley deberá recoger lo que ordena el Tribunal Constitucional”, apunta en relación a la sentencia que reconocía el derecho de Patrick, de 12 años, a decidir su género en los documentos oficiales. “Excluir a los menores del derecho al cambio de nombre es inconstitucional”, destaca Cambrollé.
“Prolongar esto a pesar del mandato de la mayoría de las comunidades autónomas han legislado, no escuchar a la sociedad civil y no cumplir con la demanda histórica que tienen con la comunidad trans es muy grave, más cuando tenemos enfrente la amenaza de la ultraderecha”
La Rioja
La Rioja saca adelante su Ley Trans con los votos de PSOE, IU y Podemos
“Prolongar esto a pesar del mandato de la mayoría de las comunidades autónomas han legislado, no escuchar a la sociedad civil y no cumplir con la demanda histórica que tienen con la comunidad trans es muy grave, más cuando tenemos enfrente la amenaza de la ultraderecha”, afirma. Desde la Federación Plataforma Trans exigen que se tramite urgentemente la Ley Trans para que los partidos en el Congreso puedan comenzar el trámite de presentar enmiendas a un texto que, ahora, es insuficiente. Cambrollé recuerda que, para su aprobación en junio pasado los socios de gobierno acordaron fusionar el texto de la Ley Trans con la de los derechos LGTBI, “y se quedaron fuera cosas importantes”. De las 50 páginas del texto original sobre derechos de las personas trans la parte del proyecto de ley dedicado a este colectivo se quedó en tres páginas
“Es una irresponsabilidad política que el socio mayoritario siga imposibilitando el trámite de esta ley, no queremos volver a vivir lo que pasó en la anterior legislatura”, concluye Cambrollé.