Ley Trans
Colectivos LGTBI reclaman al Poder Judicial que dicte el informe que permita reanudar el proceso de la Ley Trans y LGTBI

Han pasado más de dos meses desde que se cumplí el plazo para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), emitiera su informe sobre las leyes Trans y LGTBI, por el llamado gobierno de los jueces sigue callado y el proceso para que estas leyes se convierten en una realidad, paralizado.

“En este momento de incertidumbre y de ascenso del odio, necesitamos que las instituciones cumplan sus funciones y nos protejan”, señala Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+). Esta mañana, Sangil ha acudido al registro del CGPJ para presentar un escrito en nombre de la fundación que preside, de la Fundación Triángulo, de Chrysallis y de la Asociación de Familias de Infancia y Juventud Trans, para reclamar al órgano que cumpla con sus funciones constitucionales y emita necesario para que el Anteproyecto de Ley Trans y LGTBI pueda volver al Consejo de Ministros para seguir su proceso legislativo.

“Este retraso tiene consecuencias materiales en nuestras vidas, pues prorroga y dilata la desprotección actual de grandes partes del colectivo LGTBI”

“Este retraso tiene consecuencias materiales en nuestras vidas, pues prorroga y dilata la desprotección actual de grandes partes del colectivo LGTBI+, que necesita con urgencia que se reconozcan sus derechos, especialmente los de las personas trans”, señala el escrito entregado al CGPJ. “Vivimos momentos de aumento del odio contra nuestro colectivo, gran parte del mismo, como sabrán, alimentado y financiado con dinero de Vladimir Putin. No es posible la inacción y la parálisis por parte de las instituciones en cumplir sus obligaciones constitucionales para garantizar nuestros derechos y nuestra protección en este momento tan incierto. Es de vital importancia cumplir los plazos de tramitación de la ley para poder garantizar la dignidad y la seguridad de miles de ciudadanos españoles”, continúa el escrito.

Tras su aprobación por el Consejo de Ministros el 29 de junio, el Anteproyecto de Ley Trans y LGTBI fue enviado al Consejo Fiscal, al Consejo Económico y Social y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el 15 de diciembre. Inicialmente, el dictamen del CGPJ debía haber sido remitido el 16 de enero, pero el organismo todavía no lo ha trasladado al Ministerio de Igualdad, a pesar de la previsión de que la propuesta de informe podría llegar al pleno a finales de marzo. El dictamen del CGPJ, que tiene función consultiva, antes de su remisión debe ser sometido a análisis y votación en el pleno del CGPJ, que se reúne de forma ordinaria el último jueves de cada mes. 

“Las personas trans, especialmente las menores, y las personas LGBTI hemos demostrado una paciencia enorme en relación a la defensa de nuestros derechos, y un compromiso ciudadano claro. No es de recibo ninguna demora más en el proceso de esta ley, ampliamente debatida por otra parte, y cuya aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados es necesaria y urgente”, afirma, por su parte, José María Núñez Blanco, presidente de Fundación Triángulo. El CGPJ “tiene que ser consciente de que no llevar a cabo sus responsabilidades se traduce en la grave discriminación, acoso y agresión que sufren las infancias y adolescencias trans, que ven como día a día y ‘gracias’ a los discursos transexcluyentes, crece, poniendo en grave riesgo su integridad física y psicológica”, concluye Ana Valenzuela, presidenta de Chrysallis.