Ley de Extranjería
35 años con leyes de extranjería

Fue el 1 de julio de 1985 cuando el Estado español sancionaba su primera Ley de Extranjería. En aquellas fechas firmaba el Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea y pasaba a ser la frontera sur de ese espacio común. La nueva legislación parecía una imposición para formar parte de él.

La Ley tuvo un carácter puramente restrictivo y su primer efecto fue condenar a la irregularidad a miles de personas migrantes que vivían en el país. Para quienes tenían residencia y pretendían obtener un permiso de trabajo o la renovación del mismo, se fijaban dos requisitos clave: que no existieran “trabajadores españoles en paro en la actividad que se proponga desempeñar” y “la insuficiencia o escasez de mano de obra española en la actividad o profesión y zona geográfica”.

Por primera vez en democracia se establecía “la detención del extranjero con carácter preventivo o cautelar”, con un límite máximo de 40 días de internamiento. Nacían los Centros de Internamiento de Extranjeros.

El primer efecto de la Ley fue condenar a la irregularidad a miles de personas migrantes que vivían en el país. Establecía “la detención del extranjero con carácter preventivo”

Los derechos quedaban reservados en exclusividad para las personas que se hallaran “legalmente en territorio español”. Al resto se le negaba el derecho a reunión, a formar parte de una asociación, a afiliarse a un sindicato u organización profesional, a huelga y ni siquiera se reconocía el derecho “a la educación y la libertad de enseñanza”.

Pese a que en 1987 el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de varios de estos puntos, en el año 2000 el Partido Popular sancionó una nueva Ley que recuperaba las viejas proscripciones. Reunirse, manifestarse, afiliarse a un sindicato o tomar parte de una huelga volvieron a estar prohibidos a las personas en situación irregular. Recién en 2007 el TC restituyó los derechos fundamentales robados y su trasposición a la Ley se concretó en la modificación de 2009.

La irrupción de la pandemia ha puesto sobre la mesa la importancia que tiene en nuestra sociedad la presencia de la población migrante con independencia de su situación administrativa. La negativa del Gobierno por reconocer ese aporte ha encontrado como respuesta un movimiento social y político que exige #RegularizacionYa para más de 600.000 personas que residen en situación irregular.

Sin embargo, solo se atisba una posible modificación a la Ley de Extranjería vigente a partir de las propuestas que diferentes organizaciones sociales han acercado a la denominada mesa por la reconstrucción. Muy poco, para la emergencia social imperante.

“No debería haber dos categorías de ciudadanos”

Peio Aierbe, de la Federación de SOS Racismo, cree que es “perfectamente posible” pensar una sociedad sin Ley de Extranjería. A su entender “son imaginables otras formas de regular la llegada de personas, de regular a partir del derecho que tienen a buscarse la vida en cualquier parte”.

No obstante, admite que sería imaginable “con un potente movimiento reivindicativo” que exija “unas políticas radicalmente diferentes a las actuales”, condiciones que no parecen existir. “Hay muchos intereses en juego para que tal cosa no ocurra y poder seguir explotando una mano de obra fragilizada. Las migraciones son un chivo expiatorio que han demostrado calar muy hondo en sectores amplios de la población, no solo como bandera de la extrema derecha sino porque se ha asumido como discurso desde el conjunto de fuerzas políticas parlamentarias”, lamenta.

“No debería existir una legislación que crea dos categorías de ciudadanos”, afirma, y en todo caso, a petición de El Salto propone algunas reformas en la legislación actual: “otorgar permisos de búsqueda de empleo, de forma que durante un período de 6 meses o 1 un año se pudiera acceder al país con la posibilidad de encontrar un trabajo que regularizara, de forma estable, la situación de la persona; posibilitar la reagrupación familiar sin los obstáculos que se han ido imponiendo y otorgar permisos indefinidos, de estancia y de trabajo, a quienes provienen de la tutela de las administraciones al llegar a la mayoría de edad”. También eliminar “la escandalosa diferencia de plazos para poder acceder a la nacionalidad española”.

Por otra parte, pregona “la igualdad de derechos” para todas las personas. “Es el fundamento básico, incluso los derechos políticos ligados al voto” enfatiza, y pide porque ese reconocimiento y la regularización se vincule “a la residencia y no a la nacionalidad”. “En todo caso, la exigencia de contrato de un año hace complicadísimo que pueda conseguirse, de forma que habría de ajustarse la exigencia, en términos de temporalidad, a lo que es factible en ese mercado laboral”, reclama.

Por último, exige el cierre de los CIE porque “es una violación de derechos y un tratamiento desigual más” con la población autóctona. “Está suficientemente documentada la violación de derechos y maltrato que se practican, de forma sistemática, en esos centros”, concluye.

“Se debe reconocer el derecho a migrar”

Para la catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Margarita Martínez Escamilla, la Ley “es instrumento de una política migratoria de la UE y de España que concibe los movimientos migratorios como una amenaza y ha declarado la guerra a los migrantes y refugiados sin papeles”.

Sobre aspectos que modificaría de la Ley, recomienda la quita de “la disposición adicional décima”, a través de la cual se intentó dotar de cobertura legal a las denominadas devoluciones en caliente. “Es una actuación que por definición no puede ser respetuosa con los derechos humanos, por mucho que pueda decir la Gran Sala del TEDH”, enfatiza.

También considera que debería regularizarse “a las personas que el Estado ha intentado expulsar y no ha podido. No es aceptable perpetuar la situación de exclusión legal y social de personas que van a quedarse entre nosotros”, explica.

“Los millones de personas en movimiento son la prueba fehaciente de que existe un derecho a migrar, con independencia de su reconocimiento jurídico”

En esa línea, considera que “sobre todo” debe reconocerse el derecho a migrar. “Los millones de personas en movimiento son la prueba fehaciente de que existe un derecho a migrar, con independencia de su reconocimiento jurídico. Este derecho —como recuerda el filósofo del Derecho Luigi Ferrajoli— era un derecho básico defendido con pasión por la tradición filosófica occidental, cuando nos servía a nosotros para expandirnos por nuevos territorios. Un derecho que ahora reprimimos ferozmente”, recrimina.

“Cuando en marzo de 2018 murió en Madrid Mame Mbaye, que trabajaba en el top manta, una de las cuestiones a destacar fue que después de estar 12 años en España no había conseguido obtener la ansiada regularización” recuerda Martínez Escamilla como ejemplo de las situaciones a las que la Ley somete. Y pide un proceso de regularización que incluya a las solicitantes de asilo cuyos expedientes están siendo denegados.

“Como habéis informado vosotros, en breve quedarán en la irregularidad miles de solicitantes de asilo. Es obvio que, aunque el Ministerio del Interior se lo propusiera, no podría expulsar a un número relevante. El Gobierno español no puede sin más dejarles en la irregularidad, excluirles del sistema, ¿cómo van a sobrevivir estas familias? Sería muy razonable regularizarlas, que no nos digan que no se puede, que Italia o Portugal lo han hecho”, enfatiza, y propone que los CIE no vuelvan a abrirse.

“La pandemia nos va a brindar la oportunidad de comprobar que sin los CIE no se derrumba el modelo migratorio. Cuantitativamente no son tan importantes y, por contra, son un símbolo que pone de manifiesto la gran dureza de nuestra legislación de extranjería. Dentro de algunos años miraremos cómo los países ricos tratamos a las personas migrantes y refugiadas y nos parecerá inconcebible, tan inconcebible como hoy nos parece que en un autobús una persona negra no pudiera sentarse al lado de una blanca, o que las mujeres necesitaran autorización de su marido para cualquier cosa. La cuestión es cuánto sufrimiento se causará hasta que aceptemos esa evidencia”, finaliza.

“Es necesaria una migración cíclica”

Desde Málaga el doctor en Derecho y abogado José Luis Rodríguez Candela opina que “alguna regulación debe haber”, aunque no la llamaría Ley de Extranjería. “Una regulación sobre migraciones, sobre migración y emigración, que regule los derechos y las libertades de las personas que están en nuestro país y de las que salen”, explica y agrega que en ella “aboliría los CIE y todas las medidas represivas, sobre las expulsiones fundamentalmente. Por mucho que el Tribunal Constitucional declarase que el internamiento en CIE es constitucional, yo sigo pensando que no lo es, porque nadie puede ser privado de libertad directa o indirectamente por una infracción administrativa”.

“Por mucho que se declarase que el internamiento en CIE es constitucional, yo sigo pensando que no lo es, porque nadie puede ser privado de libertad directa o indirectamente por una infracción administrativa”

En la actualidad, si una persona migrante sale de España durante un determinado tiempo (seis meses o un año según el permiso que tenga), pierde sus derechos y no puede volver a ingresar. Al respecto, Rodríguez Candela señala que debería regularse “una inmigración cíclica” donde las personas migrantes pudiesen entrar y salir del país sin mayores dificultades.

“Que la persona no esté vinculada a un permiso de trabajo y no esté anclada necesariamente en nuestro país, eso facilitaría, sobre todo en momentos de crisis que puedan regresar con absoluta tranquilidad a su país sabiendo que pueden volver cuando ellos deseen. De la otra manera las anclamos aquí en contra de su voluntad” enfatiza.

Sobre el ejercicio de los derechos considera que es urgente “la necesidad de reconocer el derecho a la educación en Melilla, donde con el argumento de que es una ciudad fronteriza se violan derechos fundamentales”, denuncia.

“En general lo que me gustaría es poner el acento en que se mantengan los derechos que se especifican en la Ley, pero que se cumplan en todo el territorio nacional, que no haya zonas oscuras o de incumplimiento como son las ciudades de Ceuta y Melilla. Ahora Ceuta y Melilla no son ciudades españolas, funcionan como una colonia donde se niegan derechos fundamentales y eso no puede ser en pleno siglo XXI. Hay que terminar con las colonias”, concluye.