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Hay imágenes que valen más que mil palabras. El pasado 9 de febrero, Pedro Sánchez regaló una de ellas. El presidente y candidato a la reelección por el PSOE entró al gigantesco Bilbao Exhibition Centre (BEC, situado paradójicamente en Barakaldo) por una de sus numerosas puertas, esquivando así a los trabajadores del astillero La Naval de Sestao que se encontraban frente a la entrada principal. Los empleados querían verle, saludarle, hablar con él. Sánchez no tuvo tiempo para ellos.
Los ninguneados por el presidente han ofrecido este martes otra imagen para la posteridad. Frente a las cámaras, quemaron las cartas de despido que habían llegado el día anterior. 173 cartas, para ser más exactos. 173 despedidos en el municipio de Sestao, el que más parados tiene de toda Euskal Herria. 173 despidos que en realidad se llevarán por delante a cerca de 4.000 personas que de manera directa o subcontratada vivían de esta fábrica de barcos.
Lo de La Naval era la crónica de una muerte anunciada. Corrección: anunciada pero no evitada por quienes podían hacerlo. Ni Sánchez, ni su gobierno realizaron el más mínimo movimiento concreto y práctico que evitara el cierre de este mítico astillero vasco, privatizado precisamente por otro Ejecutivo del PSOE en 2006. Por entonces el presidente se llamaba José Luis Rodríguez Zapatero.
En esta historia, la crueldad de la hemeroteca se cruza con la desfachatez de las agendas. Un gobierno del PSOE les privatizó y un Gobierno del PSOE es testigo (en el astillero lo llaman “cómplice”) del cierre. Pero hay más: la ministra de Industria y futura candidata a diputada por el PSOE, Reyes Maroto, prometió hace ya varios días a miembros del Comité de Empresa que se reuniría con ellos. La confirmación del encuentro se conoció este lunes, después de que los empleados recibieran las cartas de despido. En cualquier caso, no parece algo urgente para Maroto: trabajadores y ministra se verán el día 15. O lo que es lo mismo, 11 días después de las cartas de despido.
Tampoco llegan soluciones desde Vitoria, ciudad en la que vive y duerme el lehendakari, Iñigo Urkullu. De nada valieron los gritos de las manifestaciones ni las llamadas de los representantes de los trabajadores, que buscaban por todos los medios una intervención de los Gobiernos de Sánchez y Urkullu que permitiese evitar la muerte anunciada de La Naval, ahogada por millonarias deudas fruto de una gestión que los trabajadores tachan, por citar las palabras más amables, como “deficiente”.
Este martes volvió a amanecer soleado en Bizkaia. Fuera del astillero se repetía otra imagen: la de la plantilla con sus cascos, sus buzos y sus desesperanzas. Primero se reunieron en asamblea. “Tristes y derrumbados”, fueron algunas de las definiciones transmitidas por los representantes de los trabajadores a los medios que les preguntaban, como otras tantas veces, por el estado de ánimo que imperaba entre los operarios.
Salvación
Luego marcharon a Bilbao, donde protagonizaron una movilización hasta la sede de la SPRI, la Agencia de Desarrollo Empresarial del Gobierno Vasco. “Creo en un plan de salvación del astillero”, decía desde la manifestación Juanjo Llorden, presidente del Comité de Empresa de La Naval, ante los micrófonos de Euskal Telebista. “Si no se produce ningún gesto por parte de los Gobiernos o del posible inversor —continuó— vamos a judicializar el ERE”.
Esta semana habrá más movilizaciones. Protestarán este miércoles, coincidiendo con otra visita del presidente Sánchez —ya en modo de campaña electoral— a Euskadi. Lo volverán a hacer el jueves, cuando realizarán una manifestación que recorrerá las calles del destrozado Sestao. Los trabajadores de los buzos azules y cascos blancos no pierden la esperanza. Tampoco la rabia.
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