Infancia
Las organizaciones por los derechos de la infancia demandan una vez más prestaciones universales

El pasado 6 de octubre, tras las largas negociaciones en el Consejo de Ministros que llegaron a la aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado y su presentación a trámite ante el Congreso, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, explicaba en rueda de prensa una de las novedades de unas cuentas del Estado caracterizadas por un incremento del gasto social: la ampliación de la deducción por maternidad del IRPF de 100 euros para las madres trabajadoras de menores de 0 a 3 años, a aquellas que se encuentren desempleadas o en búsqueda de trabajo. Se trata de “una mejora sensible que recoge parcialmente algunas de las peticiones que teníamos en nuestra propuesta de nueva prestación de ayuda a la crianza”, explica a El Salto Alexander Elu, responsable de pobreza infantil de Save the Children, una de las entidades que, junto a UNICEF y Plataforma de Infancia presentaron en diciembre de 2021, una propuesta para universalizar las ayudas.

De hecho, desde la Plataforma de Infancia, su director, Ricardo Ibarra, pone el foco en los límites de la mejora, una falta de ambición que ha frustrado las expectativas de unas organizaciones que esperaban ver reflejados en los presupuestos, compromisos que ya se habían puesto sobre la mesa con el Gobierno. “En principio se ha hablado siempre de una prestación universal, que es algo que nosotros compartimos y que además creemos que es necesario”. Frente al objetivo de universalidad, las organizaciones consideran insuficiente considerar solo a aquellas madres cuyos hijos tengan entre 0 y 3 años. “Creemos que las mejoras podrían haber sido mucho más ambiciosas, sobre todo teniendo en cuenta el coste de la crianza en nuestro país y la falta de apoyo a la crianza en general”, lamenta Ibarra. 

La inactividad en las madres tiene mucho que ver con las dificultades para conciliar, y la imposibilidad de acceder a servicios de cuidados. “No entendemos que el estatus laboral de las madres pueda hacer que niños y niñas no se beneficien de ayudas como las deducciones para su crianza”

Entre quienes sí tienen hijos menores de tres años, según recordaban las entidades en un comunicado valorativo lanzado el pasado viernes 7 de octubre, remitiendo a estadísticas elaboradas por la Plataforma de Infancia, basándose en la  Encuesta de Condiciones de Vida 2021 del INE, “más de 200.000 niños y niñas quedarían fuera de esta prestación por crianza, de los cuales, el 59,6% estaría en riesgo de pobreza”. De hecho, y siguiendo los datos de la Plataforma, los menores que se han beneficiado de la deducción hasta ahora, tienen una tasa de pobreza de solo el 11,4%. Con la ampliación a las madres desempleadas, el incremento será notable: la tasa de pobreza entre los nuevos beneficiarios es de 42,5%. A las organizaciones les preocupa que se haya dejado fuera a los hijos e hijas de quienes no están en el mercado laboral, una inclusión que, según sus cálculos, habría costado solo 246 millones de euros a las arcas públicas.

“Las estimaciones que hacemos para aquellas madres que están inactivas, es que las tasas de pobreza son especialmente altas en ese colectivo”, explica Ibarra. Aunque estas mujeres inactivas podrían estar cobrando el ingreso mínimo vital u otras prestaciones, los datos no son públicos, recuerda. “En cualquier caso, creo que el monto de haber hecho esta prestación universal es mínimo para unos presupuestos que podrían perfectamente haberse alineado con lo que además había prometido la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 en su momento”, incide el director de la Plataforma de Infancia. 

La inactividad en las madres tiene mucho que ver con las dificultades para conciliar, y la imposibilidad de acceder a servicios de cuidados, explica Elu, una situación muy frecuente entre las familias de especial vulnerabilidad. “No entendemos que el estatus laboral de las madres, en este caso, pueda hacer que niños y niñas no se beneficien de esta ayuda para su crianza”. De hecho, las organizaciones proponían otra vía para apoyar a las familias distinta a la deducción para madres trabajadoras. “Apuntábamos al mínimo por descendientes, que es otra deducción existente en nuestra declaración de la renta”, un instrumento que encuentran más pertinente al centrarse en la ayuda al niño o niña, y no en la situación laboral de los progenitores, la propuesta apuntaba a ampliar el alcance de esta deducción —que solo llega a quienes hacen la declaración de la renta— también a quienes no ingresan los suficiente para tener que presentar la declaración.

Las organizaciones miran a Europa, donde la mayoría de los Estados aplican prestaciones para la infancia universales y hasta la mayoría de edad, o al menos hasta edades más avanzadas, para presionar al gobierno hacia este tipo de modelo. Un modelo que pensaban, habría calado en los presupuestos, pero del que, en espera de una Ley de Familias que avance en esa dirección, aún se está lejos.

Con el actual modelo, advierten,  hay una parte importante de la población que queda desprotegida: son aquellas franjas que quedan descubiertas, entre quienes pueden beneficiarse de las deducciones y quienes por estar en situación de pobreza, o percibir bajos recursos, pueden optar a las complementos de crianza presentados el pasado diciembre en el marco de la Ley del IMV. Y es que, aunque se carezca de datos de cuántas personas están efectivamente cobrando estos complementos, son conocidas las altas barreras de acceso que están limitando la llegada del IMV que deja fuera a una parte importante de potenciales beneficiarias, “nos constan, por parte de las organizaciones sociales que pertenecen a la Plataforma, las dificultades que se generan para el acceso a este tipo de ayudas, aparte del desconocimiento de muchas familias en cuanto a prestaciones tan focalizadas”, advierte Ibarra.

“Los niños después de los tres años siguen comiendo”

Los complementos por hijo a cargo asociados al IMV, aportan una ayuda por tramos que va decreciendo a medida que el o la menor cumplen años. Así desde los 100 euros para la franja de 0 a 3, la ayuda disminuye a 70 euros hasta los 6 años, reduciéndose a 50% hasta los 18. Si bien esta ayuda tendría un alcance más amplio, su reducción progresiva es criticada por las organizaciones de derechos de la infancia, algo aún más acentuado en el caso de las deducciones: “Vemos necesario que se llegue a los 17 años. Los niños comen después de los tres años. En el informe sobre el coste de la crianza que publicamos el pasado mes de junio, demostrábamos precisamente que los costes de la crianza aumentan con la edad”, apunta Elu.

“España invierte un 1,3% de su producto bruto en ayudas a familias e infancia frente al 2,4 de la media europea. Estamos muy por debajo de lo que deberíamos invertir en apoyar a las familias. Y la Ley de Familias tiene que ser esa palanca que genere el cambio”

En el informe mencionado se señalaba, además, que la crianza no suponía solo un coste económico difícil de abordar para los sectores más empobrecidos,  recuerda el responsable de pobreza infantil de Save the Children. Incluso en familias de estratos más intermedios, el coste de la crianza podría absorber hasta el 50% de los ingresos. Que tener hijos e hijas a cargo es oneroso, junto a la conciencia de un escaso acompañamiento público a las familias, sería un factor disuasor a nivel demográfico en un país que tiene la tasa más baja de natalidad de Europa después de Malta, y una de las más bajas del mundo. En este marco, Elu considera que se dan las condiciones para avanzar en la cobertura de la infancia: “Existe esta percepción acerca de la necesidad de mayor niveles públicos de apoyo y de universalización de esa ayuda a la crianza”, valora.

Se espera que la Ley de Familias incorpore esta percepción, ampliando la protección social a la infancia, desde Save the Children se muestran optimistas al menos ante el hecho de que la ley se vaya a tramitar de urgencia. “Pensábamos que la legislatura podía terminar antes de que eso fuera realidad. Esta Ley de Familias es un compromiso que tienen que ver con Europa, como reforma dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia”. De la Ley, en la organización, se espera una ampliación tanto hacia la universalidad, en cuanto a las familias a las que se apoya, como en cuanto a las edades de las y los menores cubiertos: “Como mínimo que establezca una hoja de ruta muy clara acerca de incrementos anuales en la cobertura, de manera que, en 14 años, podamos hablar de una ayuda a la crianza que sí alcance de los 0 a los 17”.

Desde la Plataforma de Infancia se muestran más escépticos: “Se trata de una ley de bastante calado y  la tramitación parlamentaria es compleja, no sabemos si nos dará tiempo”. Ibarra recuerda que lo que se pide es simplemente acercarse a la realidad europea: “España invierte un 1,3% de su producto bruto en ayudas a familias e infancia frente al 2,4 de la media europea. Estamos muy por debajo de lo que deberíamos invertir en apoyar a las familias. Y la ley tiene que ser esa palanca que genere el cambio”.