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Huelga general
Diez años de la acusación que conmocionó a La Rioja
Logroño no olvida el 14 de noviembre de 2012. A pesar de que han transcurrido diez años, ese día permanece en la memoria de la ciudad por la histórica movilización que se produjo contra la reforma laboral del Partido Popular. Una de las mayores movilizaciones que se recuerdan y que acabó con cargas policiales y disparos de pelotas de goma, algo que no había vivido esta tranquila ciudad desde el conflicto del sector metalúrgico en los años 70.
Las cargas policiales se produjeron contra una multitud heterogénea que participaba en la manifestación —familias, ancianos, jóvenes y trabajadores y trabajadoras de toda condición— dejaron un saldo de varias personas contusionadas de diversa consideración y dos personas con heridas graves —pérdida de visión parcial permanente en un ojo y otro caso de un fuerte traumatismo en la nuca que que necesitó varios días de ingreso hospitalario—.
Tres personas fueron señaladas por Fiscalía y Policía como responsables de los disturbios. Para el primero de ellos, Iñaki Iribarren, perteneciente al sindicato UGT, se solicitaba una pena de prisión de cinco años, atribuyéndole un delito de desórdenes públicos y otro de atentado con medio peligroso. El segundo sería Pablo Alberdi, sindicalista de CNT: le acusaron de desórdenes públicos, atentado con medio peligroso y lesiones, con una solicitud inicial de condena de cinco años y siete meses de prisión. Un agente lo identificó como el autor de la supuesta pedrada contra la pierna de un policía que supuestamente originó las cargas. En el atestado policial se añadía también su supuesta agresión con un globo de pintura a Fernando Fernández Beneite, responsable del operativo de la Policía Nacional durante la manifestación y meses después ascendido a comisario jefe de la Policía Local de Logroño por el Partido Popular.
Al tercer acusado, Jorge Merino, entonces secretario de Acción Social de CNT Logroño, se le acusó de ser autor material de los delitos de desórdenes públicos, inducción al delito de atentado a agentes de la autoridad, delito de lesiones, de cinco faltas de lesiones y de un delito de daños cualificados. A pesar de recibir la petición de penas más alta —siete años y medio de cárcel—, Merino ni siquiera estaba en la ciudad a la hora en que comenzaban las cargas. Después de la jornada de huelga y tras el discurso que pronunció al final de la manifestación, Merino se trasladó a su puesto de trabajo en Navarra, a más de 50 kilómetros de distancia, para comenzar su turno de noche. Se enteró de todo lo ocurrido cuando volvió a casa por la mañana y le dijeron que la policía le estaba buscando. El entonces secretario de CNT recuerda que, al presentarse en comisaría, la primera pregunta que le hicieron versó sobre su pertenencia al sindicato. En la ficha que estaba en la mesa aparecía su nombre completo, fotografía y, remarcadas en grande, las siglas “CNT”.
Alberdi fue detenido después de la manifestación y Merino cuando se presentó en comisaría el día después tras una llamada del abogado del sindicato diciéndole que le están buscando. De ahí pasó a los calabozos, donde también aún seguía Alberdi. “Se me remueve el estómago al recordar esa fecha. Me gustaría haberme podido quedar con el éxito rotundo de la huelga, pero lo que me viene es aquella noche terrible, el marrón que nos prepararon y todo lo que vino después”, afirma Merino.
“Se me remueve el estómago al recordar esa fecha. Me gustaría haberme podido quedar con el éxito rotundo de la huelga, pero lo que me viene es aquella noche terrible, el marrón que nos prepararon y todo lo que vino después”, afirma Merino
Dos meses después de aquel fatídico día, ocho personas recibieron una carta de la Delegación del Gobierno anunciando la apertura de un expediente sancionador de 2.800 euros para cada una por los hechos sucedidos. Estas personas ni siquiera fueron identificadas en el lugar de los hechos pero tenían en común ser integrantes de organizaciones sindicales o movimientos sociales locales que estaban denunciando la gravedad de la actuación política y policial. Otro aviso a navegantes de todo lo que estaba por llegar.
La creación de Stop Represión
En febrero de 2013 se presentaba públicamente la plataforma Stop Represión La Rioja, integrada por un heterogéneo conjunto de más 30 colectivos, organizaciones y asociaciones, así como personas a título individual. Esta plataforma se creó con el fin de apoyar a las personas heridas, detenidas y encausadas por la huelga general del 14N. Desde el primer día señaló la responsabilidad de los mandos policiales y políticos en aquella jornada, sobre todo del ya citado Fernández Beneite y de Alberto Bretón, el delegado del Gobierno en ese momento.
La plataforma inició una campaña de visibilidad con mesas de información en las calles y una recogida de firmas en apoyo a las personas encausadas que llegó a reunir 16.000 firmas en una Comunidad de trescientos mil habitantes. Otro de sus cometidos fue documentar todos los casos de represión en La Rioja desde la eclosión de las protestas sociales del 15 de mayo de 2011. Este completo dossier sirvió para divulgar los hechos fuera de la región y tejer una red de cooperación con otros colectivos que también estaban sufriendo casos represivos.
“Es una cosa que te supera en muchos momentos”, comenta Merino a El Salto sobre el proceso judicial que ha sufrido. “Me quedo con lo bueno: en ese tiempo sentí un apoyo que no he visto en mi vida con gente que estaba pendiente las 24 horas y que conseguían que me empoderase absolutamente”.
Alberdi también destaca la suerte de contar con su círculo más cercano y con Stop Represión durante todo el proceso. “Hubo gente que lo dio todo y que lo hizo muy bien. Formamos un gran equipo para decir las verdades que dijimos y para contrarrestar el golpe que nos querían dar. Esto ha sido un antes y un después en los movimientos sociales logroñeses”.
Una espera eterna hasta el juicio
El de Jorge Merino y Pablo Alberdi fue el proceso contra sindicalistas de la huelga general de 2012 que más se dilató. Durante todos esos años la desazón y la vulnerabilidad hicieron mella copando el conjunto de relaciones personales, familiares y colectivas. “Todo estaba impregnado por ello. Siempre estaba dándole vueltas y no podía dejar de pensar en eso las 24 horas. Si no era una recogida de firmas, era una acción, una movilización, una charla o la preparación del juicio”, explica Merino.
Esta angustia se acrecienta cuando en el proceso se viven multitud de inconsistencias, como la variación de acusaciones y penas de prisión solicitadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Una serie de virajes que van desde la petición inicial de cinco años y siete meses para Alberdi y siete años y seis meses para Merino, el aumento a siete años y seis meses para el primero y hasta nueve años para el segundo, hasta un tercer escrito de acusaciones que vuelve a reducir la petición de condena a seis años y medio para Alberdi y dos años para Merino.
La defensa solicitó esas grabaciones al considerarlas un material aclaratorio pero la Jefatura Superior de Policía de La Rioja respondió que dichas grabaciones habían sido destruidas por su mala calidad.
Un elemento significativo de este proceso en el que Stop Represión hizo especial hincapié es la destrucción de los vídeos que la policía grabó la noche de los hechos en noviembre del año 2012. El propio Sindicato Unificado de Policía declaraba casi cinco meses después de los hechos que existían “grabaciones íntegras realizadas por funcionarios policiales puestas a disposición de quien tiene que valorarlas y juzgarlas”. La defensa solicitó esas grabaciones al considerarlas un material aclaratorio pero la Jefatura Superior de Policía de La Rioja respondió que dichas grabaciones habían sido destruidas por su mala calidad.
14N
No caso 14N: grabaciones, contradicciones y cintas de vídeo
Alberdi asevera que fue la policía científica quien realizó las grabaciones y que su cámara era de gran calidad. “Esto hace suponer cuál es el contenido de ese vídeo: aparezco yo sin tirar ninguna piedra, aparece la policía haciendo algo ilegal o las dos cosas”, argumenta lamentando la posibilidad perdida, por enterarse posteriormente, de haber llamado a ese agente para testificar.
Con el paso del tiempo se asienta la denominación popular de lo ocurrido como el “no caso 14N” porque pone de manifiesto la suma de acusaciones infundadas, las pruebas eliminadas y las sucesivas variaciones en la solicitud de penas. Tras la criminalización inicial por parte de los medios de comunicación riojanos, la cobertura informativa comenzó a variar. El caso traspasó las fronteras regionales y varios medios nacionales se hicieron eco.
El rechazo del acuerdo
En mayo de 2017, Merino y Alberdi rechazan el acuerdo de conformidad que les proponía la Fiscalía. Aunque les garantizaba eludir la pena de prisión, suponía reconocer su culpabilidad y ambos optan por seguir defendiendo su inocencia. Iribarren, el tercer encausado miembro de la UGT, sí que aceptó posteriormente la propuesta de acuerdo con una condena a seis meses de prisión, inhabilitación para el sufragio pasivo y pago de las costas del proceso judicial.
Un año más tarde, en los días previos al juicio, el Ayuntamiento de Logroño aprobó una moción de solidaridad con los encausados del 14N presentada por Cambia Logroño, que contó con los votos a favor de esta formación, el PSOE y el Partido Riojano, mientras que el Partido Popular votó en contra y Ciudadanos se abstuvo.
Por fin, el juicio
La vista oral tuvo lugar del 9 al 11 de abril de 2018. En ella se pudieron observar las contradicciones en los testimonios de Fernández Beneite y de varios agentes policiales. El globo con pintura que supuestamente había lanzado Alberdi se convertía ahora en una pancarta estampada contra el comisario jefe. Un policía declaró haber visto como un encapuchado lanzó una piedra y, a pesar de ello, identificó que era Alberdi, “por la forma de vestirse y moverse”. Sin embargo, en los diferentes vídeos existentes Alberdi siempre aparece con la cara descubierta.
Tanto Alberdi como Merino coinciden en su parecer sobre las sensaciones durante el juicio. “Fueron casi todas buenas. Ellos hicieron mucho el ridículo pero, sin embargo, vi a una jueza fría que ya indicaba que no le caíamos muy bien”, señala Alberdi. Merino explica cómo durante el juicio pudo expresar todo lo que sentía: “Desgranamos uno por uno todos los argumentos para desmontar una versión que no tenía ni pies ni cabeza. Tuvimos que aguantar sus mentiras a la cara, pero recuerdo salir contento porque, aunque no tenía mucha esperanza en la justicia después de todo lo que había pasado, fue como un desahogo”.
Henar Moreno, abogada de Merino, distingue lo positivo de las sensaciones políticas o sociales por el apoyo recibido de lo que se refiere al terreno jurídico. “Fue algo contradictorio porque se vio en la celebración del juicio que las peticiones estaban fuera de lugar y que no había ninguna prueba de que los hechos ocurrieron según denunciaban, sino que éramos las defensas de Pablo y Jorge las que teníamos que acreditar su inocencia, por lo que el proceso significaba una inversión de la carga de la prueba y se había desvirtuado totalmente el principio de presunción de inocencia”, afirma.
“No se enjuició la violencia de los acusados sino la violencia del Estado, al margen del fallo de la sentencia”, señala Endika Zulueta sobre el juicio
Por su parte, Endika Zulueta, abogado de Alberdi, considera que el componente político estuvo presente en la manifestación, en la represión y también en el juicio: “Los acusados hicieron un papel ejemplar dando la vuelta al juicio. No se enjuició la violencia de los acusados sino la violencia del Estado, al margen del fallo de la sentencia”.
El golpe de la sentencia y la victoria parcial de la resolución del recurso
El momento de mayor conmoción se vivió el 4 de septiembre de 2018 con la llegada de la sentencia. Los acusados resultaban condenados tras seis años luchando por su inocencia y tras no haber aceptado un acuerdo con la Fiscalía porque implicaba asumir su culpabilidad. La condena para Merino fue de un año de prisión por inducción a desórdenes públicos y para Alberdi de cuatro años y nueve meses de cárcel por desórdenes públicos y atentado a la autoridad.
Para Alberdi fue, sin duda, lo más duro. “Esperaba algo más o menos positivo o la total absolución pero la jueza tenía otros planes. En la farragosa sentencia que escribe lo hace para defender a ultranza la credibilidad de los funcionarios policiales y les da el máximo valor probatorio cuando es evidente que había un interés claro por justificar una vergonzante e ilegal actuación”, manifiesta.
“No se nos deben rasgar las vestiduras porque se haya considerado en algunos pasajes la mayor objetividad que ofrece la versión policial”, señalaba la sentencia inicial
En su cabeza se quedó marcada una frase que aparece en la página 98 de la sentencia: “No se nos deben rasgar las vestiduras porque se haya considerado en algunos pasajes la mayor objetividad que ofrece la versión policial”. Para Alberdi, la jueza, María del Mar Fernández, no tuvo en cuenta la única certeza corroborada hasta el momento, “que era que la policía mentía y había ocultado pruebas”.
La sentencia fue contestada con una multitudinaria manifestación bajo una intensa lluvia, a la que también acudieron personas de diferentes partes del país para reclamar la absolución de Merino y Alberdi. Posteriormente, las defensas presentaron un recurso en la Audiencia Provincial de La Rioja contra la sentencia.
Tuvo que pasar más de un año y medio para conocer la resolución final el 4 de mayo de 2020. En ella se absolvía a Jorge Merino y se rebajaba a solo un año la pena a Pablo Alberdi por el único delito de atentado a la autoridad. Esta decisión judicial suponía que ninguno de los acusados entrase en prisión y desmontaba el atestado policial al descartar que Alberdi lanzase piedra alguna o que Merino incitase a la violencia. Con ello se evidenciaba toda la dimensión del “no caso”.
Sí que se mantuvo, sin embargo, la condena por un delito de atentado contra agentes de la autoridad. Por ello Alberdi considera que no se hizo justicia: “Lo que se hizo fue borrar la fe ciega que la primera jueza mostró con la policía y ponerla en duda, pero para ello necesitó de un escrito que demoró todo mucho más y con el cual no se pregunta lo que tenía que preguntarse. Además, tras ocho años de defenderme de una acusación infundada de un policía en la resolución del recurso se tiene la desfachatez de condenarme a un año de cárcel por dar con la pancarta a un tipo que vino a pegarme sin ningún motivo. Me parece una aberración moral”.
Merino coincide en ello con Alberdi. “No hubo justicia porque siguieron manteniendo un año para Pablo. Aunque nos hubieran absuelto a los dos, ¿quién nos devuelve esos años de mierda que pasamos? Mucho menos si a eso se le suma la que nos preparó la primera jueza, la necesidad del recurso y todo lo que supusieron esos años”, afirma.
Moreno, abogada de Merino, señala que era lo esperable en cuanto a su defendido porque, a pesar de ser condenado a una pena menor en el primer proceso, se acreditó que no se había cometido hecho alguno y fue absuelto. Henar Moreno valora la condena de Alberdi como la imposición de una condena menor que tampoco había sido acreditada, pero “lo esperado al no haber ningún cumplimiento de pena de prisión debido a lo complicado que resultaba la absolución de todos los cargos”. Zulueta, abogado de Alberdi, percibe que la sentencia fue cubierta de “una apariencia salomónica” pero que, a su juicio, debía haber sido absolutoria y haber provocado la apertura de diligencias contra la actuación de diversos mandos policiales y políticos.
Merino cuenta que su abogada le planteó denunciar a los responsables pero que estaba agotado para llevarlo a cabo: “Me iba a suponer un esfuerzo tan grande y acabamos tan agotados que no lo vi compatible con seguir mi vida. Si esto hubiera acabado peor, habríamos peleado hasta dejarnos lo que sea, pero, una vez que nos quitamos el peso de la cárcel, no quería pasar por eso otra vez. Me hubiera encantado, pero no tenía la fuerza suficiente”. Moreno suscribe su planteamiento. “Después de tantos años esperando un juicio, para los afectados, las familias y la sociedad, haber conseguido la absolución o que no hubiera penas de cárcel significaba cerrar una etapa de manera positiva y no había la fuerza para hacer la justicia en su totalidad”, comenta.
Endika Zulueta reflexiona sobre la reparación tras lo vivido: “El calvario procesal sufrido por ambos durante muchos años, especialmente por Pablo que es a quien solicitaban altas penas de prisión, junto con la impotencia de ver que la sentencia pareciera estar dictada antes de terminar el juicio, no hay forma de repararlo. Ahora bien, el apoyo popular que tuvieron ambos, antes, durante y después del juicio; el debate político que hubo dentro y fuera de la sala judicial, el fortalecimiento de la solidaridad y de los valores de la lucha sindical, sin duda, son los mejores vendajes para esas heridas”.
Alberdi afirma que las grabaciones supuestamente destruidas siguen en manos de alguno agentes de policía
Quien no pierde la esperanza de que algún día se asuman responsabilidades es Alberdi, que indica que ha podido conocer nuevos hechos como que el vídeo sigue en poder de algunos policías, asegurando que lo retienen en sus discos duros para utilizarlo a favor de su interés por si no es de su gusto un destino próximo o el trato de sus superiores. También agrega que ha podido comprobar por fuentes policiales que Fernández Beneite no era el jefe de los antidisturbios ni consta en ninguna memoria oficial que pudiera desenvolverse como tal. “Él era el jefe de la brigada informativa. Es muy grave que ese día se cambiase el jefe del operativo. ¿Quién lo puso ahí al frente?”, se pregunta señalando al ámbito de la jefatura policial y de la esfera política, concretamente a Alberto Bretón y su gabinete.
“Me he planteado denunciar a los responsables de todo esto, pero actualmente no es algo que esté en mi cabeza. Depende de si sacamos más información y si esto vuelve a la palestra. Ahora estamos muy cansados. Igual hoy no es el momento, pero el día de mañana sí”, concluye Alberdi.
Vivir después de la incertidumbre
“El tiempo pondrá a cada uno en su lugar”. Fueron las palabras pronunciadas por Bretón, entonces delegado del Gobierno de La Rioja, en noviembre de 2012. Diez años después, el propio Bretón no ha querido contestar al mensaje enviado desde este medio para responder a las preguntas relacionadas con el reportaje, Fernández Beneite fue cesado como comisario jefe de la Policía Local con el cambio de Gobierno en el Ayuntamiento de Logroño y Alberdi y Merino disfrutan de una nueva vida tras todo lo sufrido.
Merino trata de observar lo ocurrido desde la perspectiva presente: “Tienes que buscarte la vida para escapar de aquello y dejarlo en un rincón para que no lo ocupe absolutamente todo. Por suerte, no tuvo un final catastrófico como pensamos durante muchísimo tiempo. Hay que recordar que al principio pedían siete años de cárcel a Pablo y a mí nueve. Ha sido todo un cúmulo de despropósitos. Ni aunque nos indemnizaran, que no va a pasar porque bien que se cubrieron las espaldas condenando a Pablo por un año para que no quedara que habían mentido en absolutamente todo, por lo menos se revocó la barbaridad de la jueza anterior. Esas cosas ahí se quedan, pero en el olvido jamás”.
Mientras, Alberdi intenta aprovechar esta etapa para hacer cosas que no pudo entonces en el terreno personal y laboral, asumiendo que “eso fue un apartado en el tiempo en el cual yo iba a emplear todas mis fuerzas para defenderme y que ahora me toca enfocarme en lo que me gusta y tratar de tirar hacia adelante como se pueda”, afirma.
Alberdi destaca la suerte de haber compartido causa “con un gran tipo como Jorge, que siempre demostró ser un tío fuerte, que era lo que yo necesitaba y que estuvo a mi lado. Después de todo, tengo la sensación de haber ganado”, concluye. Mientras, Merino lamenta no haber podido celebrar la resolución del recurso de la sentencia por estar en plena pandemia y expresa que no tiene palabras para dar las gracias a una gran cantidad de gente, incluso a quienes son de otros lugares y han estado cerca durante años: “Si a alguien le pasa una desgracia en la vida, lo que sea, ojalá que tenga un apoyo como el que hemos tenido Pablo y yo. Eso es lo máximo. Ahora la vida sigue y la lucha continúa”.