Huelga feminista
Siete participantes de la huelga feminista del 2018 son condenadas a un año y medio

El 8 de marzo de 2018, en el marco de la huelga general feminista, un grupo de activistas del colectivo “8 mil motius” (ocho mil motivos), realizó una protesta ocupando las vías del tren en la bifurcación entre Barcelona, Terrassa y Sabadell. Las activistas, mediante esta acción pacífica y recurrente en el repertorio de una huelga, pararon la circulación durante cerca de dos horas. Siete de ellas fueron identificadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, y se han enfrentado a un juicio en el que se les ha impuesto “la condena más grave de los últimos años al movimiento feminista”, según explica su grupo de apoyo.

La pena por desórdenes les condena a un año y medio de prisión, así como les obliga a hacer frente a más de 26.000 euros de indemnización que les reclama la empresa ferroviaria. La sentencia establece esta cantidad por los “perjuicios económicos” que supuestamente habrían provocado con su acción. La condena establece además el pago de las costas judiciales y también les inhabilita un año y seis meses para ejercer el derecho de sufragio pasivo, es decir, que no podrían concurrir como candidatas en procesos electorales.

Su grupo de apoyo califica la sentencia como la “condena más grave al movimiento feminista de los últimos años”. “Es un ataque al derecho a huelga de las trabajadoras y al derecho a la protesta”

La sentencia tiene en cuenta una atenuante por dilación indebida del proceso judicial, abierto hace seis años. No obstante, el grupo de apoyo critica que reconocer la tardanza no reduce los costes económicos asociados al hecho de ser un largo proceso. Su grupo de apoyo califica la sentencia como la “condena más grave al movimiento feminista de los últimos años”. “Es un ataque al derecho a huelga de las trabajadoras y al derecho a la protesta, dentro de la oleada represiva que vivimos y por eso animamos a dar una respuesta solidaria, unitaria, del movimiento popular”, exponen desde el grupo de apoyo a las feministas encausadas.

El Centro por la Defensa de los Derechos Humanos Irídia se ha referido a la condena como desproporcionada. A través de sus redes sociales, ha expresado preocupación por lo que considera una muestra de las “prácticas abusivas” contra movimientos sociales, que Irídia advierte que “limitan el espacio de la sociedad civil para ejercer el derecho en la protesta”.

Una de las abogadas de la defensa, Laia Serra, valora que el juez de instrucción hizo resoluciones “absolutamente desproporcionadas, otro juez habría archivado el caso”

La decisión del Juzgado Penal número 3 de Terrassa llega cuatro meses después de celebrarse el juicio, que fue el pasado mayo. Una de las abogadas de la defensa, Laia Serra, valora que el juez de instrucción, que pertenece al Juzgado de Instrucción número 5 de Rubí, hizo resoluciones “absolutamente desproporcionadas, otro juez habría archivado el caso”.

La Fiscalía pedía tres años de prisión por desórdenes públicos y sabotaje en infraestructuras ferroviarias. Posteriormente, Ferrocarrils de la Generalitat Catalana (FGC) se presentó como acusación, con un informe técnico que calculaba una pérdida económica asociada a la acción. La cifra en 26.100,34  euros, la cantidad que se los reclama como responsabilidad civil.

Feministas de Valencia piden la acumulación de los nueve procesos pendientes por el 8M

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Feminismos

Represión Feministas de Valencia piden la acumulación de los nueve procesos pendientes por el 8M

Patricia Reguero Ríos

Activistas de la Assemblea Feminista de València volvieron a concentrarse en apoyo a sus compañeras el lunes, cuando se celebraba el décimo juicio por uno de los 21 procesos abiertos. El juicio señalado para el jueves ha sido aplazado mientras la abogada de las feministas pide que se acumulen los nueve que están pendientes.