Granada
Llenar las calles para hacer de cada casa una trinchera

A estas alturas no puede sorprender a nadie que el Movimiento por la Vivienda de Granada haya decidido convocar una manifestación el próximo sábado 30 de noviembre. Bueno, quizás haya pillado por sorpresa a algún pequeño casero despistado, pero no así al resto de agentes con interés en el tema: los medios de comunicación generalistas que han dado con un tema jugoso con el que rellenar contenidos y dar pie a enconadas tertulias; ni a los partidos progresistas, a la caza de un movimiento organizado a partir del cual auparse y recuperar cierta capacidad de iniciativa política; tampoco a los bancos, que llevan años tratando de dar salida o rentabilizar aún más su amplia cartera de propiedades inmobiliarias sin hacer demasiado ruido.

Y desde luego no es una sorpresa para la clase trabajadora. Miles de granadinas que cada mes tenemos que sufrir toda una larga lista de situaciones relacionadas con acceder y habitar una vivienda que nos recuerdan que no contamos con un mínimo de garantías y que nos agarramos a cualquier salvavidas que encontramos. Pero también miles de granadinas que nos hemos visto reflejadas en las masivas movilizaciones que se han dado desde la primavera en grandes capitales como Madrid, Barcelona o Valencia, pero también en territorios periféricos como Canarias, Gijón, Baleares… generando un eco que ha empezado a reimpulsar el tejido vecinal autoorganizado en barrios como el Albaicín, el Realejo o el Zaidín.

Lo que tal vez haya podido generar sobresalto a quien se ha parado a pensar lo que realmente significa, es el lema bajo el que se convoca la manifestación: “No al negocio de la vivienda”. Un lema sencillo, pero con bastante trasfondo.

Hay quienes plantean que es un problema esencialista o de voluntad ética, resultado de la avaricia de algunos pequeños propietarios particulares o la maldad intrínseca de bancos y fondos de inversión. Por contra, decir no al negocio de la vivienda nos sitúa en un terreno real. La dinámica económica asentada desde hace décadas es la concentración de la propiedad de la vivienda y un escenario de desmembramiento de las clases medias. Puesto que los salarios resultan insuficientes para garantizar la posición social y económica, estas clases medias, en un último intento por aferrarse a su estatus, recurren a la extracción de rentas procedentes de la vivienda para mantener o incrementar sus ingresos. Es por eso que hablamos de rentismo popular.

También se insiste en que es un problema técnico, de gestión, de falta de intervención y desregulación del mercado por parte de las instituciones del Estado, derivado de su falta de voluntad política. Un problema que se manifestaría al no aplicar la ley de vivienda, no poner en marcha tasas turísticas o subvenciones al alquiler. Sin embargo, una mirada en profundidad a esas medidas (o a cualquiera que se haya tomado en cualquier momento del último siglo) nos conduce a una conclusión evidente: lo que queda protegido y sin cuestionar es, en un sentido amplio, la propiedad privada, y más concretamente la legitimidad para negociar con la vivienda. Es más, el Estado y sus gestores alientan y favorecen que esta situación continúe, interviniendo el mercado con dinero público para mantener los márgenes de beneficio de los propietarios de vivienda. Valga como muestra el cómico titular de El Mundo Today: “Los caseros preguntan al Gobierno cómo se solicita el bono de alquiler para jóvenes”. Por eso, otra vez, decimos no al negocio de la vivienda.

Por otra parte se intenta explicar el aumento de los precios como un desequilibrio entre oferta y demanda que se resuelve con más vivienda en el mercado. La fuerza de los hechos nos reitera en el No al negocio de la vivienda. No por gusto o dogmatismo, sino porque basta una rápida mirada a nuestro alrededor para saber que, per se, ampliar la oferta no es una solución, sino que retroalimenta el problema. Las 12.000 viviendas vacías de la ciudad, o la constatación de que ampliar la oferta de viviendas indirectamente a través de llevar el metro a Churriana y las Gabias hace subir allí los precios sin bajarlos en el resto de sitios son muestra de ello. Se hace evidente una conclusión: reducir la oferta hace subir los precios, y ampliarla no los baja, sino que agrava la tendencia de acumulación de la propiedad de las viviendas y se pretende ocultar que el verdadero problema de fondo es el acceso a la vivienda. Por no hablar de las evidentes limitaciones ambientales que tiene seguir construyendo.

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Frente a quienes, por la urgencia, sólo señalan una perspectiva del problema (ahora los precios de los alquileres, antes los desahucios hipotecarios) el lema “No al negocio de la vivienda” nos permite ampliar miras. Porque aunque las situaciones que afronta la clase trabajadora son complejas y divergen entre sí, carece de sentido parcelar la lucha entre inquilinas, okupas, hipotecadas o personas sin hogar. Compartimos el problema común de que acceder y habitar una vivienda está mediado por el dinero, y por esta razón es una cuestión de clase, que se manifiesta en cada momento o contexto de una forma particular. Por tanto no podemos poner límites a que la vivienda sea algo universal. Y recordamos que la unidad se construye desde abajo y empezando por quién peor está.

En resumen, no al negocio de la vivienda es un lema que condensa y señala con total transparencia las ideas que queremos dejar claras y el objetivo con el que salimos a la calle: nuestros problemas para acceder y habitar una vivienda son consecuencia de que una minoría social las acumule para hacer un negocio cada vez mayor con la colaboración de todas las instituciones del Estado. Y nos oponemos a eso. Ni más, ni menos.

No nos hacemos ilusiones, sabemos que no es solo cuestión de hacer calar entre mucha gente ese rechazo en abstracto. Para empezar porque ese rechazo ya existe en forma de malestar cotidiano, y limitarnos a visibilizarlo y quejarnos solo nos paraliza y nos hace naturalizar este estado de las cosas. Ahora de lo que se trata es de pasar de un deseo a una posibilidad de transformación real, de poner en práctica las palabras que Bertolt Bretch puso en boca de Galileo Galilei: “Se impone tanta verdad en la medida en que nosotros la impongamos. La victoria de la razón sólo puede ser la victoria de los que razonan”. En definitiva, pasar del sufrimiento individual al conflicto y la lucha organizada. Construir poder. Poder propio, poder de clase.

Para ello el primer paso es distinguir con quiénes contamos y con quiénes no. Evidentemente, quien es parte beneficiada del problema no puede ser parte de la solución, lo de destruir la casa del amo con las herramientas del amo de toda la vida, vaya. Con este razonamiento en mente, cae por su propio peso que no podemos contar con los partidos progresistas; ni con los que forman parte del Gobierno, ni con los que están en la oposición. En definitiva con todos aquellos oportunistas esperando una ola a la que subirse y surfear.

Y con el mismo razonamiento que antes, tampoco se trata de juntar siglas y logos pensando que eso en sí mismo nos hace aumentar nuestra fuerza. Es cierto que ninguna organización por sí sola tiene capacidad suficiente para arrancar victorias. Y precisamente por esto apelamos a la clase trabajadora organizada como la única fuerza capaz de hacerlo por sí misma, construyendo unidad a partir de sus necesidades e intereses.

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El 9 de noviembre más de 50.000 personas se han manifestado en las convocatorias de Sevilla, Málaga y Cádiz.

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Y es en esa dirección en la que van las reivindicaciones de mínimos que ha lanzado el Movimiento por la Vivienda granadino para dar inicio a un nuevo ciclo de lucha en la ciudad: bajar los alquileres; poner fin a la compra con uso especulativo; prohibición de los desahucios; poner a disposición de la clase trabajadora las viviendas vacías de fondos buitres, SAREB y bancos; despenalizar la ocupación y desarticular las empresas de desocupación; poner fin a la criminalización de la lucha por la vivienda; acabar con el sinhogarismo; recuperar recursos y espacios de la ciudad para quienes la habitan; eliminar los alojamientos turísticos y limitar las plazas hoteleras; conseguir una vivienda universal.

Por eso vamos a salir a la calle el próximo sábado. Igual que se ha hecho masivamente en Jerez, en Sevilla o en Málaga. Para que no nos roben nuestra vida. Para construir una fuerza social que nos dé certezas, garantías y victorias. Para decir no al negocio de la vivienda. Para hacer de cada casa una trinchera.