Gobierno de coalición
Yolanda Díaz: “Nuestro país vive una reforma laboral permanente desde el año 84”

Cuenta que cuando le confirmaron que iba a ser ministra estaba limpiando los baños de su casa. Yolanda Díaz (Fene, Galiza, 1971) admite que su equipo se ha tenido que acostumbrar a seguir su ritmo de trabajo, mucho más alto de lo habitual como consecuencia del covid-19. Desde el comienzo de la crisis, Díaz tuvo claro que la prioridad era evitar la “flexibilización externa”, es decir, los despidos masivos que siguieron al estallido de la burbuja en 2008. Por eso, su Ministerio ha trabajado para garantizar puestos de trabajo por medio de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Al mismo tiempo, Díaz tiene el compromiso de derogar la reforma laboral de 2012 pero lo ha querido hacer sin romper la mesa del diálogo social, con sindicatos y patronal. Por eso responde de manera escueta y con palabras medidas a la cuestión de la reforma laboral, a pesar de o precisamente porque la mañana que El Salto realiza la entrevista ha estallado una crisis en el Gobierno por la indefinición del PSOE respecto a si eliminar o no completamente la norma de 2012. El silencio de Díaz parece motivado: el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos afronta una crisis económica sin precedentes con la base de un mercado laboral fragmentado y precario y en un clima político hostil. La ministra está mucho más cómoda hablando de bases de cotización y del modelo productivo que sobre lo que pasa en el Consejo de Ministros.

¿Cómo se pasa de ser una abogada laboralista puño en alto, a sentarte en la zona noble de Madrid como ministra de Trabajo?
Lo mejor que le puede pasar a una abogada laboralista, que además procede de una familia que ha pisado y conocido las cárceles franquistas, que ha luchado toda su vida por la igualdad y por la defensa de los trabajadores y las trabajadoras es tener la oportunidad de defender a la mayoría social. ¿Cómo se vive? Con una enorme responsabilidad y con la convicción firme de no olvidar nunca a qué hemos venido aquí. Llevábamos un mes antes de la pandemia y ahora estamos gestionando una crisis de una magnitud que es desconcertante. En un mes teníamos avanzado mucho, pero ni siquiera hemos tenido tiempo de comprobar la dinámica ordinaria del Ministerio.

¿Cuál es la cesión que más ha dolido?
Yo entiendo muy bien la dinámica del diálogo social. Este ministerio dialoga no solo con los sindicatos grandes y con las patronales grandes, sino también con los sindicatos pequeños y con las patronales pequeñas. Y dialoga a diario con todos los portavoces parlamentarios. No tendría por qué hacerlo, sin embargo me parece que democráticamente debo de hacerlo. ¿Qué cesiones se hacen? Nuestro programa, como sabéis, decía “alcanzar el 60% del salario mínimo interprofesional en la legislatura”, y hay una discusión técnica entre los economistas de cuánto es el 60% de la media salarial de aquí al año cuatro de la legislatura, pero obviamente a mí me pareció que era más positivo para una familia avanzar en un mínimo de 50 euros. Sé de la importancia de esos 50 euros. A lo mejor hubiera querido 955, o correr un poco más... Bueno, creo que no hay que perder el pulso de lo que la gente ahí fuera necesita.

¿Qué hacer con la reforma laboral? ¿Es posible derogarla por completo (tal y como está pactado)? ¿Hay reticencias dentro del Consejo de Ministros para hacerlo?
La derogación de la reforma laboral sigue su camino. Nada más llegar al Ministerio se puso en marcha la mesa del Diálogo Social para derogarla y esta mesa estuvo trabajando prácticamente hasta que se decretó el estado de alarma. Era un compromiso de Unidas Podemos y del acuerdo de Gobierno en su conjunto.

Hablar de trabajo decente significa que no puede haber pobres, no puede haber jornadas extenuantes. Es redefinir este mundo

En España 13 de cada 100 personas son trabajadores pobres. Estamos en una época en la que parece que la gran disputa es desvincular la obtención de rentas del empleo asalariado. ¿Es ese el modelo social al que tenemos que ir?
Esta pregunta es de una enorme complejidad. Soy una defensora de la redefinición de una sociedad basada en el trabajo, y en el trabajo de calidad. Y el trabajo es todo: el trabajo es escribir poemas, el trabajo es ser música, o maestra, o peluquera o limpiadora. Un debate muy sugerente en la izquierda, y para mí también, es el que tiene que ver con las rentas mínimas, debate en el que por cierto hay coincidencias entre un sector del neoliberalismo radical con un sector de la izquierda. Pero el Ministerio de Trabajo lo que está abordando es poner en valor y en la centralidad el “trabajo decente”, siguiendo los parámetros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Hablar de trabajo decente significa que no puede haber pobres, no puede haber jornadas extenuantes. Es redefinir este mundo y entender que esto es principal, y que no cualquier cosa es trabajo.

¿El Ingreso Mínimo Vital es suficiente para garantizar “que nadie se quede atrás”?
Lo que ahora mismo diseña el Gobierno se basa en la inteligencia de entender que hay que dar protección social dentro de unos parámetros de la sociedad contemporánea que deja fuera del mundo del trabajo a mucha gente. Creo que este es el factor que ahora mismo une al Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, con la Vicepresidencia Segunda. Es evidente que los sistemas ordinarios de trabajo, es decir, el mecanismo de protección, está pensado con parámetros del siglo XX. La Seguridad Social española está ideada, formulada y definida con parámetros del siglo XX, pensada para una sociedad fordista, masculinizada, para un mundo industrializado que hoy ha cambiado radicalmente. Ese mundo se ha visto transmutado. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Donde hay una necesidad surge un derecho. Creo que es evidente que hay miles y miles de personas que necesitan una renta y hay que hacerlo. Pero creo que es importante definir y anclar el valor de la “sociedad del trabajo”, con todo lo que ello supone.

Hace poco las empleadas de hogar valoraban el gesto de haber aprobado una medida específica para ellas, que, sin embargo, decían llegaba tarde y dejaba fuera a 200.000 trabajadoras. Una de ellas nos decía que esperaban medidas más contundentes de este ministerio. ¿Puede ser el Ministerio de Trabajo más contundente con respecto a los derechos de las trabajadoras de hogar?
Me quedo un poco perpleja porque en escasamente cien días el Ministerio de Trabajo ha hecho lo que no ha hecho esta sociedad en cuarenta años. Me sorprenden esas afirmaciones. En primer lugar, estaba pendiente la ratificación del convenio 189 de la OIT, y días antes de la pandemia me comprometí con Guy Ryder, su director general, a ratificarlo. Es una anomalía que tengamos un régimen específico en la Seguridad Social en el que le decimos a las mujeres que les topamos sus cotizaciones, porque ellas no cotizan por lo que realmente perciben. Tener una trabajadora o un trabajador al que le privamos del derecho al desempleo, que es que lo que estamos haciendo, es generar discriminación. En segundo lugar, por primera vez en España hay un subsidio especial para estas trabajadoras. Y en tercer lugar, están esas 200.000 que no cotizan. Sé que hay mucha gente que trabaja en la economía irregular. Lamentablemente en esta crisis hemos visto cómo no podemos ayudarlos, porque no están en el sistema ordinario de protección social. Cuarenta años de democracia y nunca hubo protección social para las trabajadoras y, en escasos días, la tenemos. Además, me consta que están satisfechas con esta medida, y lo que están pidiendo ahora es que esta medida se mantenga, lógicamente.

Se ha dicho también que las medidas sobre alquileres parecen hechas pensando en los arrendadores más que en los arrendatarios. ¿Hay malestar por las críticas que vienen de distintos sectores de la izquierda?
Las críticas no solamente son necesarias. Es que como les digo siempre a los portavoces políticos y les digo a los agentes sociales, nosotros necesitamos gente muy activa. Siempre lo he pensado en la oposición, y más ahora en el Gobierno. Sin ser materia de mi competencia, creo se ha hecho un elenco de medidas y es una evidencia que algunas de las que nosotras defendíamos han quedado fuera. Es conocida nuestra sensibilidad hacia un derecho fundamental como es el derecho a la vivienda. Hemos conseguido cosas, claro que sí: hemos prohibido los desahucios en seis meses, hemos hecho una moratoria en los arrendamientos en seis meses… hemos hecho cosas. Unidas Podemos quería más pero me parece que igualmente tener un parón ahora mismo en los alquileres está ayudando.

La abogada laboralista Pastora Filigrana, que conoce la situación del campo de Huelva, dice que ella se cansa de meter denuncias a la Inspección de Trabajo y que lo único que se está haciendo es llamar por teléfono. Ha habido un enfado de la patronal ante el anuncio de que iba a haber inspecciones en los cultivos. ¿Cuándo van aparecer esas inspecciones?
Pues están siendo, de hecho, tanto como que se están haciendo con la Guardia Civil toda esta semana. Están siendo, por primera vez, con contundencia. Esta campaña ya llevaba tres años, lo que ha ocurrido es que se ha intensificado y se ha desvinculado de una provincia concreta, extendiéndose como una campaña más de la Inspección de Trabajo, con parámetros internacionales y parámetros vinculados al artículo 167 bis del Código Penal. Esta misma semana, en Navarra se han llevado a cabo actuaciones diligentes, como siempre hace la Inspección de Trabajo. Otro debate es si la Inspección de Trabajo está dimensionada para hacer lo que se debe de hacer, no solo en el campo, sino en todas las campañas y en todos los criterios técnicos. Esto también nos ha cogido con cien días de Gobierno.

Interior y Trabajo tienen una cuestión en común que son los trabajadores sin papeles. ¿Hasta qué punto hay tensiones a la hora de hablar de una regularización extraordinaria y amplia?
Yo no llevo competencias en materia de inmigración, las lleva Seguridad Social. Pero, ¿es materia de discusión en el Gobierno? Sí, es conocido. Mi posición es que los derechos fundamentales no se tocan. Soy clara. A mí me preocupa que, por ejemplo, si permitimos trabajar a personas en ciertas condiciones, las estoy excluyendo de subsidios o de protección social a posteriori. Insisto, un protocolo tan cuestionado como el de las inspecciones lo hago de la mano de Interior, no solamente no he tenido ningún problema, sino cooperación, quiero ser franca. Pero obviamente este Gobierno es plural y tiene voces diferentes. Los derechos humanos hay que respetarlos. Aquí lo dejo.

Las Kellys han venido viendo cómo la reforma laboral de 2012 las ha dejado sistemáticamente fuera de las plantillas regulares de los hoteles y en condiciones sensiblemente peores que el resto de trabajadores. ¿Se puede esperar que uno de los puntos de la reforma que se toque sea este para que las camareras de piso vuelvan a ser parte de las plantillas?
La reforma laboral es mucho más compleja que esto. Nuestro país vive una reforma laboral permanente desde el año 84. Somos el único país con 52 reformas laborales, treinta y tantas en materia de contratación, y podría seguir así hasta el infinito. Y con menos eficacia... o con mucha eficacia para permitir relaciones laborales debilitadas. ¿Cuál es el problema que tienen las camareras de piso? Sencillamente, que quedan en tierra de nadie ahora mismo. Esto es así de crudo y de duro: son contratos por obra y servicio determinado en unas condiciones ínfimas. ¿Se arregla con la derogación de la reforma laboral? No. Hay que ir en profundidad y el equipo del Ministerio de Trabajo está trabajando: nos vamos a ver con ellas para ver qué salida encontramos de manera específica.

El ministro de Consumo hizo referencia al turismo y a los empleos de mala calidad que este sector genera, lo que causó otra polémica. Se puede entender por la información que se ha dado a conocer en los últimos meses que es uno de los sectores que más se van a sostener desde las ayudas del Gobierno. ¿Será en las mismas condiciones en las que ha funcionado hasta ahora?
Creo que todo es conciliable. Desde el marxismo se valora el “ser” y el “deber ser”. Estamos en el “ser”, y el “ser” lo que nos dice es que teníamos antes de la pandemia cinco millones de asalariados y asalariadas que trabajan en el turismo. El dato es demoledor. Esto, ahora mismo, hay que preservarlo. Hay que preservar este sector como sea. Son políticas que en términos económicos son defensivas.

El debate es de muchísimo calado, porque es sobre el modelo productivo español. Los alemanes tienen claro que su modelo es la tecnología, la investigación y el conocimiento. Esto es el “deber ser”. Llevo mucho tiempo trabajando en la oposición en el Parlamento defendiendo este modelo pero, mientras estamos aquí, creo que hay que preservar lo que tenemos.

Y, también, reconducir lo que tenemos a parámetros de calidad. La precariedad lo inunda todo, no solo el turismo. Los trabajadores y las trabajadoras del turismo a veces se sienten señalados, pero me atrevería a decir que, en prácticamente todos los sectores, o en una gran parte de los sectores, ya antes de la pandemia la mitad de los trabajadores y las trabajadoras eran precarios. No estigmaticemos un sector. Porque no es un sector, es que el modelo laboral español —fruto de sucesivas reformas que han dirigido hacia ahí la cultura laboral española y empresarial— ha sido el de la precariedad. Ha sido lo que decía Fátima Báñez: “La opción es un mal contrato o el paro, elija usted lo que quiera”. Yo creo que esto no es decente. Es la seña de identidad del turismo, de las trabajadoras de escuelas de 0 a 3 años, de los servicios privatizados, de los médicos y médicas de atención primaria y de urgencias, que tienen contratos por semana. Eso es algo que tiene que ser cambiado. Por eso insisto en el valor de la “sociedad del trabajo”. Y tenemos la necesidad de acomodar el modelo productivo a un modelo productivo no “verde”, sino sostenible.

Igual que se está ayudando a las personas asalariadas con los ERTE se está ayudando a las empresas con la exención de cotizaciones, pero, desde 2008 y sin pandemia mediante, la Seguridad Social ha perdido importantes ingresos. ¿El plan es devolver esas cotizaciones —lo que pagan las empresas— a un estado anterior al de 2008?
Pongo siempre de ejemplo a mi padre: lo normal es que en el siglo XX una persona arrancase en un trabajo y fuera avanzando su desempeño, su carrera profesional, y así sus bases de cotización se fueran ensanchando. Esas personas accedían a diversas prestaciones con una buena base de cotización. ¿Qué ha pasado? Que miras las estadísticas y ves que la característica de los últimos tiempos es la precariedad; de modo que, a medida que un trabajador y una trabajadora va desarrollando su carrera profesional, sus cotizaciones no solamente no han crecido sino que se fueron devaluando. Aquí se ve el impacto de la reforma laboral del PP de manera brutal. No estaba pensada para crear empleo, como decía el PP. Estaba pensada para la devaluación salarial.

Lo que necesitamos es garantizar y consolidar relaciones laborales estables para que tengamos un modelo de protección, que creo que ha de ser redefinido más allá del ingreso vital

El trabajo y la Seguridad Social son dos motores que se van insuflando uno a otro. Lo que necesitamos es garantizar y consolidar relaciones laborales estables para que tengamos un modelo de protección, que creo que ha de ser redefinido más allá del ingreso vital. Funcionar hoy, en el siglo XXI a través de prestaciones no contributivas es extraño. Hay que mantenerlas, porque si no, la alternativa es quitarlas, pero mirad en qué lógica nos estamos moviendo permanentemente. Es necesario elevar las condiciones de trabajo y, como las cotizaciones no van segregadas de las condiciones de trabajo, hay que actuar aquí para que esto mejore.

El Gobierno se ha dicho feminista, ¿el Ministerio de Trabajo es feminista? Y, si lo es, ¿para qué?
El Gobierno es feminista, sí. Creo que este Ministerio no solo es feminista por los elementos simbólicos, sino porque hemos demostrado que se pueden hacer las cosas de otras de otra manera, cosiendo y haciendo cosas pequeñitas. Además, todas las leyes que hemos hecho hasta ahora, han tenido un impacto de género brutal. Todas. Incluso el cómo hemos hecho estas leyes en pandemia: la sensibilidad que se ha tenido con ir al caso concreto, en el momento… creo que parte de una mirada diferente. No solo por poner la vida en el centro, sino en la lectura que he hecho, no solo de la precariedad, sino de género. Eso se demuestra con números.