Gobierno de coalición
El Gobierno toma nota de la presión social y cambia su discurso sobre vivienda

Los dirigentes del sindicato de la construcción de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) de Barcelona estaban preocupados. Veían ante sus ojos cómo una alarmante ola de desahucios corroía el tejido social de la pujante metrópoli catalana. Entonces decidieron poner en marcha un estudio barrio a barrio para hacer el cálculo de cuánto pagaban las familias por el alquiler y cuánto tendrían que bajar estos para que pudieran subsistir.

Aquel cálculo, llevado a la práctica por el Comité de Defensa Económica, acabó en una reclamación masiva para que las rentas bajaran un 40%. Eran tiempos difíciles y eclécticos: se venía del clima de algarabía generado por la Expo Universal de 1929 y también del sufrimiento por el crac financiero, que devastaba a las economías europea y estadounidense. No había prestaciones sociales pero había ebullición civil, en los albores de la Segunda República española.

Las cinco huelgas de alquileres que cambiaron las reglas del juego

Dominique Hua

Derecho a la vivienda

Las cinco huelgas de alquileres que cambiaron las reglas del juego

Dominique Hua

Examinamos algunos hitos en la historia de los inquilinos que se han organizado para exigir mejores viviendas y un futuro prometedor.

Todo esto lo cuenta en detalle Manel Aisa en La huelga de alquileres y el Comité de Defensa Económica (El Lokal, 2014), una radiografía de aquel período y de la impactante medida que llevaron a cabo los inquilinos y que significó un hito en la organización popular de la clase trabajadora que no podía ser propietaria y dependía del alquiler.

Casi un siglo después, y con una situación también acuciante, el Sindicato de Inquilinos de Madrid y el Sindicat de Llogateres de Catalunya, así como decenas de asambleas y colectivos de vivienda, anunciaron esta semana la convocatoria de una movilización estatal por el derecho a la vivienda el próximo 5 de abril en decenas de ciudades del Estado, un paso más en la ruta de su plan estratégico de lucha.

El Gobierno, atento

La hemeroteca nos recuerda que allí por el otoño de 2022, la negociación a cara de perro entre Ione Belarra y Félix Bolaños tuvo como resultado el acuerdo por una ley de Vivienda a la cual el PSOE se oponía. “El Partido Socialista nunca va a aceptar la regulación de los precios del alquiler”, se le escuchó decir al ‘superministro’ de Sánchez. Finalmente acabaron aceptándolo a cambio de obtener los Presupuestos (sí, los mismos que siguen rigiendo las cuentas actualmente, a pesar de haber cambiado la mayoría parlamentaria).

Lo mismo con los indultos, igual que con la amnistía, coincidente con la actitud con la ley Trans. Son incontables los casos en que empezaron con un ‘no’ que acabó con un ‘vale, sí’ rodeado de mil ‘peros’. Las leyes progresistas de las que Sánchez se vanagloria muchas, o casi todas, fueron conseguidas por la aguerrida presión de la izquierda transformadora española y plurinacional.

Antes opuesta a regular la oferta, ahora Isabel Rodríguez lo defiende hasta que haga efecto en la demanda el incremento del parque público

En este marco irrumpe la crisis de la vivienda, que existe hace tiempo y que, como dice el especialista y exalto cargo de Zapatero, Alejandro Inurrieta, “es el pilar del Estado de bienestar que España no desarrolló, a diferencia del resto de los países de su entorno”. Eso también lo suele repetir la ministra Isabel Rodríguez, tanto como el nuevo mantra de los integrantes socialistas del Consejo de Ministros: “Hay que hacer pedagogía”.

Este jueves, 20 de febrero, Rodríguez ha participado de un desayuno organizado por una agencia de noticias en un hotel del madrileño Paseo de la Castellana. Ha dicho que “desde la pedagogía, la conciliación y el acompañamiento” a las organizaciones sociales también se pueden conseguir avances, y que “no todo es la obligatoriedad y la ley”. El discurso de la ministra oscila entre estos llamamientos a la conciliación de intereses con una retórica más punzante. La presión social y de los aliados progresistas del Gobierno se hace notar y quien escuchaba a la ministra hace año y medio y la oye ahora puede ver las diferencias.

Antes opuesta a regular la oferta, ahora lo defiende hasta que haga efecto en la demanda el incremento del parque público. Antes matizando las prohibiciones, ahora reclamando que no haya más pisos turísticos en los centros de las ciudades. Y siempre anunciando nuevas viviendas sociales por cuentagotas: ese día anunció 1.600 nuevas viviendas públicas en diferentes comunidades autónomas.

Otra novedad: ha confirmado que la semana próxima la Mesa del Congreso, dominada por el PSOE y Sumar, llevarán al hemiciclo la toma en consideración de la nueva ley de suelo, impulsada por los socialistas y el PNV. “Para quien tenga alergia a votar proyectos del PSOE, recuerdo que esta vez el proyecto lleva el sello del PNV”, recalcó. Por ahora nadie se arriesga en decir si están los votos para su aprobación, la cual rechazaban el año pasado Sumar, ERC, Junts y Podemos.

Sumar, Podemos y sindicatos de inquilinos presionan para convertir en indefinidos los contratos de alquiler

Martín Cúneo

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Madrid

La burbuja del alquiler Sumar, Podemos y sindicatos de inquilinos presionan para convertir en indefinidos los contratos de alquiler

Martín Cúneo

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Sumar lanza una propuesta legislativa para transformar en indefinidos los contratos de alquiler, una de las principales demandas de la manifestación por la vivienda del 5 de abril. Una moción de Podemos, rechazada en el Congreso, pedía lo mismo.

Pero hay más novedades, ya que el Gobierno toma nota de la presión social y mediática, una derivada de un elemento clave: los sindicatos de inquilinos se han adelantado al PSOE y han hecho la mentada pedagogía bastante antes. El tema irrumpe desde abajo, desde las bases, y el Ejecutivo está obligado a actuar.

Fuentes del Ministerio de Vivienda han informado a El Salto otras dos cuestiones clave: la primera es que la cartera admite estar abierta a repensar su negativa —antes tajante— a la propuesta de Yolanda Díaz de retacear fondos a los gobiernos autonómicos que se nieguen a aplicar la ley de vivienda y que será algo que puede estar contemplado en el Plan Estatal de Vivienda que se presentará formalmente en la segunda mitad del año.

“No decimos ni que sí ni que no, pero lo que sea sobre ese tema, estará en el plan estatal”, han señalado. No hace falta ser abogado del diablo para visualizar que Sánchez puede ver una buena oportunidad de polarizar en el eje izquierda-derecha con los barones del PP si intenta, aunque sea en baja intensidad, poner en duda los fondos destinados a vivienda para quienes no apliquen la ley.

En segundo término, fuentes de la cúpula del Ministerio han avanzado que en la primavera tienen previsto lanzar oficialmente la nueva empresa pública de vivienda y construcción, cuya “arquitectura jurídica” está siendo actualmente refinada. Mientras tanto aseguran que se avanza con las competencias que se tienen en las otras directivas desde el SEPES, a cargo de Leire Iglesias Santiago (quien también estará a cargo de la futura empresa).

El de la vivienda es un tema que Sánchez ha elegido para combatir al eje PP-Vox y el 2025 parece ser el año en el que si no se avanza será una oportunidad perdida difícil de recuperar

Rodríguez ha dicho que aplaude a los alcaldes que reclaman la aplicación de la ley, que según ella ha demostrado su éxito en Catalunya “con una bajada de los precios de entre el 3% y el 5%”. Esa misma declaración chocaría con la que dijo un rato antes: contaba en modo de anécdota que conoce por gente de su equipo que venía a trabajar a Madrid que tenían que gastar “el 50%, 60% o hasta 70%” de su salario en pagar esa renta al propietario. La ley de vivienda es un buen instrumento, como señala Inurrieta, pero insuficiente debido a que no llega a resolver la asfixiante realidad de la relación salario-alquiler, especialmente en Madrid, Málaga, Barcelona, Illes Balears y Canarias.

“Gobernar es regular”, recalcó Rodríguez y dijo que impulsarán medidas para que los fondos buitre no compren viviendas para alquiler turístico. La regulación que antes denostaban ahora es aplaudida y hasta exhibida allí donde los socios la ven a regañadientes, como en Euskadi y Navarra. De hecho, en aquel desayuno estaba presente el consejero vasco de Vivienda, el ascendente Denis Itxaso, quien recordaba que en la autonomía que gobierna el PNV (que recurrió la ley) ya son varias las ciudades que piden la aplicación. Comenzó Errenteria pero ahora le han seguido las tercera y cuarta ciudades más densamente pobladas: Donosti y Barakaldo (además de Irun, Zumaia y Astigarraga).

Rodríguez pide una “tregua de Estado” a Feijóo y comentó que los consejeros de vivienda conservadores muestran buena actitud en las reuniones interterritoriales pero luego “buscan la confrontación con el Gobierno”. Dejó caer que “luego todo cortocircuita en Génova”. También volvió a mostrar las limitaciones de la audacia: rechazó de plano impulsar la ilegalización del grupo Desokupa, como pide Podemos. “Si nos ocupamos de eso no nos ocupamos del verdadero problema, que es el acceso a la vivienda”, respondió sin mucho esfuerzo.

En el mismo evento estaba el también ministro y virtual candidato del PSOE a presidente de la comunidad de Madrid, Óscar López, que aprovechó los micrófonos disponibles para embestir contra Ayuso. El de la vivienda es un tema que Sánchez ha elegido para combatir al eje PP-Vox y el 2025 parece ser el año en el que si no se avanza será una oportunidad perdida difícil de recuperar.

Los sindicatos de inquilinos lo saben. Desde su interior comentan que ya están inmersos en los preparativos para la huelga de alquileres que seguramente convocarán para junio o julio de este año y se están pensando actividades de cara a concienciar a la sociedad y que la foto del 5A con la gente en la calle por la vivienda dé la vuelta al mundo.