Extremadura
El PSOE renuncia al impuesto de patrimonio y gravar viviendas vacías en las negociaciones con el PP

A medida que se aproxima el pleno definitivo para aprobar los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) 2025, previsto para este viernes, las negociaciones entre los principales actores políticos de la región han intensificado el debate público. Mientras PP y PSOE intentan alcanzar un acuerdo que permita destrabar la situación, las críticas de otros grupos parlamentarios, como Unidas por Extremadura, ponen de manifiesto la fragilidad del escenario político actual.

Gobierno en minoría

El gobierno de María Guardiola, encabezado por el PP, se enfrenta a la difícil tarea de gestionar unos presupuestos diseñados en su momento bajo la expectativa de una colaboración fluida con Vox. Sin embargo, la ruptura de esta alianza ha dejado a los populares en una posición de debilidad, con solo 28 diputados en la Asamblea, obligándolos a buscar apoyos externos para evitar el colapso legislativo.

El diputado de Unidas por Extremadura, José Antonio González, fue contundente en su valoración: “El gobierno de la Junta está noqueado. Este presupuesto era para un matrimonio que no funcionó porque Vox dejó al PP plantado en el altar”. González calificó las negociaciones entre PP y Vox como una “disputa infantil” y criticó la “actitud condescendiente” del Ejecutivo hacia los grupos de la oposición. Además, anunció que Unidas mantendrá la totalidad de sus 300 enmiendas para ser votadas en pleno la próxima semana.

Acercamiento entre PP y PSOE: cesiones y condiciones

En este contexto, el PP ha optado por tender puentes con el PSOE, el principal partido de la oposición. Las conversaciones han estado marcadas por concesiones mutuas. El PSOE, que había criticado enérgicamente las rebajas fiscales aprobadas en los primeros meses del gobierno de Guardiola, ha renunciado a exigir la recuperación del impuesto de patrimonio y el tributo sobre viviendas vacías de grandes tenedores, una de sus banderas políticas.

Por su parte, el PP ha dado un paso importante para facilitar el diálogo al presentar una enmienda a la totalidad a la propuesta de Ley de Concordia de Vox, una medida que había generado tensiones significativas. “Esa ley está más centrada en justificar la derogación de la Ley de Memoria Histórica que en promover la concordia real”, afirmó el portavoz popular, José Ángel Sánchez Juliá.

Extremadura enfrenta tensiones políticas por los presupuestos de 2025

Redacción El Salto Extremadura

Extremadura

Ruptura PP-Vox Extremadura enfrenta tensiones políticas por los presupuestos de 2025

Redacción El Salto Extremadura

El futuro de los presupuestos de Extremadura para 2025 queda en el aire tras la ruptura entre PP y Vox, marcada por incompatibilidades y la posibilidad de elecciones anticipadas.

El secretario general del PSOE regional, Miguel Ángel Gallardo, enfatizó que las líneas rojas socialistas incluyen la continuidad de la Ley de Memoria Histórica, la progresividad del IRPF y la ampliación de servicios esenciales como la educación infantil y los comedores escolares gratuitos. Gallardo dejó claro que cualquier acuerdo será para garantizar estabilidad a Extremadura, no para beneficiar políticamente al gobierno de Guardiola.

La perspectiva de la oposición

Desde Unidas por Extremadura, la posición ha sido más crítica. González acusó al PP de carecer de “iniciativa política” y de no asumir su posición de gobierno en minoría. “El Ejecutivo de Guardiola solo está trayendo inseguridad, inestabilidad y caos”, afirmó. Además, lamentó la falta de diálogo real con la oposición, a pesar de la necesidad evidente de consensos para avanzar.

Un momento importante para la región

Con más de 800 enmiendas parciales del PSOE y 300 de Unidas por Extremadura pendientes de debate, el futuro de los presupuestos autonómicos de 2025 depende de las próximas horas de negociación. La región enfrenta un momento crucial, donde las alianzas tradicionales han dado paso a un escenario político fragmentado, marcado por tensiones, concesiones y críticas cruzadas.

Lo que está en juego es el contenido de los presupuestos y la gobernabilidad de Extremadura en un contexto de inestabilidad política que amenaza con prolongarse.