Extrema derecha
Milei cumple medio año de gobierno ultraliberal con una economía en ruinas

Al cumplirse seis meses de Gobierno de La Libertad Avanza (LLA), el partido creado por el líder de ultraderecha Javier Milei, la economía argentina se encuentra sumida en la mayor crisis de las dos últimas décadas. El ajuste “más grande y abrupto de la historia humana”, en palabras del propio mandatario, ha paralizado la actividad económica en casi todos los sectores y las protestas se multiplican a lo largo y ancho del país.

Además de las dos huelgas generales convocadas por los sindicatos y de la multitudinaria marcha por la educación pública que reunió a más de 800.000 personas solo en Buenos Aires, los conflictos se extienden en varias regiones y pusieron al borde del estallido social a la provincia de Misiones —mientras Milei viajaba por cuarta vez a Estados Unidos—, donde la policía provincial se acuarteló por sus propias reivindicaciones de recomposición salarial y participó en marchas junto a los docentes, médicos y personal de salud, junto a otros trabajadores del sector público.

El triple lesbicidio en Argentina evidencia el impacto de los discursos de odio

Ana Delicado Palacios

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Lesbofobia El triple lesbicidio en Argentina evidencia el impacto de los discursos de odio

Ana Delicado Palacios

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La escasa repercusión mediática de un brutal feminicidio de tres mujeres lesbianas en una pensión de Buenos Aires alerta sobre la normalización de los discursos estigmatizantes.

Después de algunos enfrentamientos con las fuerzas nacionales enviadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la policía local alcanzó un acuerdo con el Gobierno tras dos semanas de huelga. Pero a fines de mayo continúa el acampada de docentes y sanitarios en la capital provincial, Posadas, acompañado de cortes de rutas en todo el territorio provincial, una red viaria que es un corredor estratégico de la economía del Mercosur.

Idas y vueltas de la Ley Bases

En sus primeros seis meses de ejercicio del poder, el Gobierno de Milei no ha conseguido la aprobación definitiva de ninguno de sus proyectos legislativos. El DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) 70/2023, mega-decreto con el que el presidente ultraderechista intentó transformar por completo al país sin debate parlamentario, fue impugnado primero por la Justicia en algunos de sus puntos más conflictivos, tales como la reforma laboral, y el Senado lo rechazó a mediados de marzo por 42 votos en contra y 25 a favor. Sin embargo, el decreto sigue vigente mientras no lo rechace también la Cámara de Diputados, que desde ese momento ha esquivado pronunciarse. No obstante, esta situación genera una considerable inseguridad jurídica, ya que cuestiones tales como la derogación de la ley de alquileres pueden quedar en el limbo hasta que se defina si este cambio es o no definitivo.

La nueva versión descafeinada de la Ley Bases, o ley Ómnibus, rechazada en febrero pasado por el Congreso, fue aprobada el 30 de abril por la Cámara de Diputados con un total de 142 votos a favor y 106 votos en contra. La ley omnicomprensiva reciclada por el Gobierno solo contiene 223 artículos, una tercera parte de los que incluía en la propuesta anterior, pero entre ellos figuran temas cruciales como la delegación de facultades al presidente para actuar sin la venia del Congreso. Además del reducido grupo de 38 legisladores de la coalición gubernamental LLA, votaron a favor todos los diputados del PRO —que dirige el ex presidente Macri—, así como 30 diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) y otros 18 de Hacemos Coalición Federal —peronismo de derecha liderado por Miguel Ángel Pichetto—. Votaron en contra los diputados de Unión por la Patria (UP, peronistas), así como los cuatro representantes del Frente de Izquierda (FIT, izquierda trotskista).

Las razones de la segunda huelga general contra Javier Milei

Santiago Mayor

Argentina

Argentina Las razones de la segunda huelga general contra Javier Milei

Santiago Mayor

Las centrales obreras argentinas protestan este 9 de mayo contra la media sanción del Congreso al proyecto de la llamada “Ley Bases” que impulsa el presidente. El texto busca eliminar una enorme cantidad de derechos para la clase trabajadora.

Conjuntamente con la ley Bases, el Gobierno obtuvo en abril media sanción en Diputados del llamado “paquete fiscal”, una ley titulada “Medidas fiscales paliativas y relevantes” que consta de 102 artículos e incluye, además de la reforma laboral que el Gobierno intentó introducir por DNU y quedó invalidada por la Justicia, un Régimen de Regularización de Activos, que “permitirá el blanqueo de hasta 100.000 dólares sin penalidades, con una alícuota del 0% por encima de esa cifra bajo ciertas condiciones”. 

La aprobación de ambas leyes en el Senado dependía de los acuerdos entre el Gobierno y los gobernadores que no comulgan con ciertos aspectos de la ley. El Gobierno de Milei convocó a los gobernadores a reunirse en una fecha cargada de simbolismo, el 25 de Mayo, pero no hubo acuerdos previos que permitieran sellar el llamado Pacto de Mayo.

La urgencia del Gobierno en emprender estos procesos privatizadores que permitiría la aprobación final de la Ley Bases es consecuencia de su avidez por obtener divisas

En medio de esta negociación política a varias bandas, el presidente pidió la renuncia de su jefe de gabinete, Nicolás Posse, entre acusaciones de espionaje al presidente y  a su hermana Karina, secretaria de la Presidencia. Posse fue reemplazado por el ministro del Interior, Guillermo Francos, conocedor de las mañas de los distintos gobernadores, a fin de facilitar los acuerdos en el Senado para obtener dictamen de la ley con el apoyo de aquellos que la aceptaban globalmente pero mantenían algunas objeciones. Finalmente, tras realizar concesiones a los senadores de algunas provincias para obtener los votos necesarios, el 29 de mayo la ley Bases tuvo el dictamen del Senado. Lo cual no implica su aprobación definitiva, ya que el nuevo texto debe volver a someterse a la Cámara de Diputados.

Dos cuestiones fundamentales y muy conflictivas que aborda la Ley Bases son las privatizaciones de empresas públicas y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

La ley reformulada implica la privatización de nueve compañías públicas, cuatro de ellas de forma total: Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina (Enarsa), Radio y Televisión Argentina e Intercargo. Otra cinco podrían ser privatizadas de forma parcial: Agua (AYSA), Correo Argentino, dos compañías de ferrocarriles y la red viaria nacional. La urgencia del Gobierno en emprender estos procesos privatizadores es consecuencia de su avidez por obtener divisas.

Un millón de argentinos sale a la calle para defender la educación pública frente a la motosierra de Milei

Norman Flores

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Educación pública

Argentina Un millón de argentinos sale a la calle para defender la educación pública frente a la motosierra de Milei

Norman Flores

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Más de un millón de personas se movilizaron en todo el país para defender una de las principales conquistas argentinas: la universidad pública, gratuita y laica.

El otro aspecto fundamental de la Ley Bases que el Gobierno quiere activar cuanto antes es el RIGI, que supone conceder beneficios impositivos y cambiarios desmesurados para las grandes empresas que inviertan más de 200 millones de dólares en el país. Los privilegios impositivos para los grandes inversores son desproporcionados y dejan a las empresas nacionales en una enorme desventaja competitiva. Aunque representantes de algunas provincias mineras, como es el caso de Catamarca, que celebraron la implantación de este régimen “como elemento facilitador para atraer inversiones”, en palabras del senador Flavio Fama, para escalar la extracción de cobre y litio entre otros minerales, o el apoyo sin reparos al RIGI del presidente de la petrolera estatal YPF, otros poderosos sectores económicos, como la agroindustria, como la Cámara de la Industria Aceitera, se oponen a la “competencia desleal” que tendría para su sector.

El Gobierno de Milei pretende aprobar con la Ley Bases una serie de privilegios impositivos para los grandes inversores extranjeros que dejan a las empresas nacionales en una enorme desventaja competitiva

Pero las principales críticas a este régimen proceden del lado sindical. Héctor Laplace, secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), aseguró por su parte que el RIGI “es competencia desleal, pero es también un saqueo de los recursos naturales de la Argentina”. Para ejemplificarlo comparó las exenciones de impuestos a las grandes multinacionales con la carga tributario que soporta la industria nacional. En el proyecto original, las compañías que inviertan más de 200 millones de dólares quedarán exentas de pagar IVA (21%), Impuesto PAIS (17,5%), Ingresos Brutos (6%), derechos de exportación (16%), y derechos de importación (13%), además de reducciones en Ganancias (del 35% al 25%).

Recesión, desempleo y caída del poder adquisitivo

La economía real sigue moribunda como consecuencia del tratamiento de shock aplicado por el Gobierno ultraliberal. La inflación sigue muy alta, aunque en abril fue del 8,8% y por primera vez no llegó a los dos dígitos, pero la cifra acumulada durante los primeros cinco meses de Gobierno de Milei es del 107%. El presidente celebra como un éxito estos datos frente a una hipotética hiperinflación en marcha del orden del 15.000% con la que especuló al asumir, atribuyéndola a sus antecesores. Ante ese panorama fantasioso, cualquier esfuerzo por controlar la situación vale la pena, incluso a costa de una brutal recesión. El Gobierno habla de descenso de la inflación, aunque los precios siguen aumentando en un entorno de acentuada estanflación.

Según datos oficiales, la caída de la actividad en marzo fue del 8,4%, en términos interanuales. En abril las ventas minoristas acusaron un descenso interanual del 7,3% y una caída acumulada del 18,4% en el primer cuatrimestre del año, según los datos del Índice de Ventas Minoristas de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). La caída de la industria en marzo alcanzó un 17,2% interanual, con una crisis más marcada en el sector automotor y en la construcción, que acusó una caída superior al 40%.

Los productores nacionales se ven perjudicados por el intento del Gobierno de reducir la inflación a través de importaciones de alimentos, lo cual supone un desafío para la producción nacional

Además, los productores nacionales se ven perjudicados por el intento del Gobierno de reducir la inflación a través de importaciones de alimentos, lo cual supone un desafío para la producción nacional, que en cualquier caso está mayoritariamente hiperconcentrada en oligopolios de capital transnacional. La recesión se traduce ya en una pérdida de empleo formal de 240.000 personas a finales de marzo, con principal impacto en industria y servicios.

La intensidad del ajuste se nota especialmente entre los jubilados, que perdieron un 37% de poder adquisitivo si cobran la mínima. También repercute decisivamente en los salarios, que según datos de consultoras privadas citadas por el diario La Nación, habrían retrocedido un 17% respecto a octubre de 2023. Y ello a pesar del aumento del salario mínimo, vital y móvil del 15,53% que anunció el Gobierno, ya que el salario medio alcanzó un incremento interanual de 194% en marzo, mientras que la inflación fue del 288%. Hasta los analistas más conservadores confirman que no habrá una recomposición salarial significativa mientras la inflación no se reduzca a cifras del 1% o 2% mensual.

Rechazo social a las políticas de ajuste

Mientras el presidente Javier Milei sigue reflejando una imagen favorable en las encuestas, con más del 45% de valoración positiva, se han escalado las protestas de muchos sectores sociales perjudicados por las políticas de su Gobierno. Un mes después de la multitudinaria marcha del día nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se conmemora cada año el 24 de marzo, fecha del último golpe militar, tuvo lugar la marcha universitaria del 23 de abril contra las políticas del Gobierno de Milei de desfinanciamiento de la educación pública. La concurrida marcha a favor de la Universidad pública congregó a más de 800.000 personas solo en la ciudad de Buenos Aires, y contó con asistencia masiva en todo el país. Se trató de un evento intergeneracional en defensa de la universidad “pública, gratuita y de calidad” que desbordó las previsiones de concurrencia del Gobierno y de los propios organizadores, constituyendo un punto de inflexión en el ánimo colectivo respecto de la amplitud del rechazo social que cosechan las políticas ultraliberales de Milei. 

El siguiente movimiento de protesta se produjo el 1 de Mayo, día del trabajador, con una importante marcha contra la reducción de los derechos laborales y demás medidas incluidas en el DNU y la Ley Bases que impactan directamente sobre los trabajadores del Estado, como los despidos y el desmantelamiento general del sector público. Los sindicatos convocantes —la CGT, las dos CTA y la UTEP— iniciaron también una campaña para juntar firmas por la derogación del DNU.

La intensidad del ajuste se nota especialmente entre los jubilados, que perdieron un 37% de poder adquisitivo si cobran la mínima. También repercute decisivamente en los salarios

El 9 de mayo se realizó un segundo paro general convocado por los principales sindicatos contra las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei, en particular contra la Ley Bases. Este paro fue precedido por otro de media jornada el 22 de enero, convocado también por la CGT y otros sindicatos, que supuso una llamada de atención temprana al Gobierno a los 40 días del comienzo de su gestión. El respaldo a la huelga general del 9 de mayo fue muy amplio, con interrupción completa de todos los medios de transporte, y afectó de lleno a la industria y los servicios, así como a los gremios de educación y salud, especialmente en el sector público. Aunque el Gobierno negase el alcance real de la protesta, las calles de ciudades como Buenos Aires quedaron absolutamente desiertas.

La intensidad del conflicto en la provincia de Misiones y el desinterés del Gobierno para darle una solución política podría significar el comienzo de la erosión de la figura de Milei entre muchos de sus apoyos directos e indirectos. Misiones es una provincia con importantes recursos —agrícolas, forestales, turísticos— concentrados en muy pocas manos, con una enorme desigualdad social, y por tanto muy dependiente de las transferencias del Estado. También fue la más castigada por el ajuste en las transferencias nacionales a pesar de que su gobernador influyó a favor de la ley Bases.

La Argentina ultraliberal: burbuja financiera y derrumbe de la economía real

Eduardo Giordano

Argentina

América Latina La Argentina ultraliberal: burbuja financiera y derrumbe de la economía real

Eduardo Giordano

El fracaso político del presidente Javier Milei, que no ha conseguido apoyos para sus principales reformas, se ve acompañado con una economía en caída libre, con consecuencias devastadoras para el conjunto de la población.

Y los conflictos por recortes presupuestarios se extendieron a otras provincias. En Mendoza los empleados judiciales iniciaron una huelga exigiendo la recomposición de su salario. En el sur, varias provincias patagónicas presentaron un amparo colectivo para frenar los aumentos de las tarifas de gas, que para algunos usuarios residenciales y comerciales fueron mayores al 1.000% en el mes de abril, según declaró el gobernador de Santa Cruz, el ex sindicalista Claudio Vidal, que llevó el caso a la Corte Suprema.

Mientras el presidente Javier Milei sigue reflejando una imagen favorable en las encuestas, con más del 45% de valoración positiva, se han escalado las protestas de muchos sectores sociales

En este contexto de confrontación entre las provincias y el Gobierno estatal, la fallida intención de Milei de sellar un pacto con los gobernadores el 25 de mayo fue una nueva señal de su falta de cintura política y su distanciamiento de la realidad. No sólo no consiguió este objetivo, sino que además, ese día, tuvo que escuchar las reprimendas del arzobispo José García Cuerva en el Tedeum celebrado como cada año por la fecha patria en la Catedral metropolitana.

En presencia de la plana mayor del Gobierno, la vicepresidenta y todos los ministros, el prelado se refirió en su homilía a la situación extrema que vive el país, y no escatimó críticas contra los incrementos salariales que se autoasignaron los funcionarios del nuevo Gobierno y los miembros del Congreso. Como ya lo hizo el Papa en varias ocasiones, el arzobispo porteño instó a los argentinos a evitar los discursos de odio y a superar la grieta política.

Pocos días antes, una investigación de la UCA indicaba que durante todo el primer trimestre la pobreza había alcanzado al 55% de la población —con un pico máximo del 58% en febrero— y que un 18% de los argentinos estaba en situación de indigencia. En este delicado contexto favorecido por el ajuste, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, fue denunciado por no entregar alimentos a los comedores sociales y un juez federal dictó una medida cautelar exigiéndole un calendario de entregas, tras haberse comprobado la existencia de 5.900 toneladas de comida almacenadas en dos galpones y adquiridas por el Gobierno anterior, alimentos que en muchos casos estaban a punto de caducar.  El escándalo de los alimentos inmovilizados, tras ser denunciado judicialmente por el dirigente social Juan Grabois, derivó en la destitución fulminante del número dos del Ministerio, Pablo De la Torre, Secretario de Niñez y Familia, y destapó un mecanismo de corrupción por el que este y otros funcionarios del Gobierno se enriquecían con un circuito ilegal de recaudación a través de un sistema de asignación de pagos de salarios a personal ficticio, mediante contratos con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). 

Durante todo el primer trimestre la pobreza ha alcanzado al 55% de la población (con un pico máximo del 58% en febrero). Un 18% de los argentinos estaba en situación de indigencia

La denuncia de falta de alimentos en los comedores populares, que sirven gratuitamente a la gente en situación de indigencia o con necesidades no cubiertas, es una constante desde los primeros días de un Gobierno que ha preferido perseguir y estigmatizar a dirigentes sociales que median con las penurias de la población más pobre, antes que atender el hambre cada vez más palpable. La insensibilidad de Milei al respecto en manifiesta. Interpelado por un periodista sobre el alza de precios y la falta de alimentos en los comedores, el presidente aseguró que “si la gente no llegara a fin de mes, estaría muriéndose en la calle”.

Parecida insensibilidad demostró más tarde ante un auditorio de la Universidad de Stanford: “¿Ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir? Va a llegar un momento en que se va a morir de hambre, con lo cual va a decidir de alguna manera para no morirse. Entonces no necesito que alguien intervenga para resolverme la externalidad del consumo, porque, a la postre, alguien lo va a resolver”.

En esos días, con la provincia de Misiones al borde del estallido social, Milei presentaba exultante su último libro en el Luna Park de Buenos Aires con un espectacular show, en el que cantó una canción que augura la proximidad de un estallido social y disertó sobre economía desde su realidad paralela.

Una economía resquebrajada

Milei lleva medio año de improvisación financiera en su ambición de acaparar dólares, repitiendo viejas recetas económicas del ministro de Economía, Luis Caputo, que ya fracasaron durante la gestión macrista y que derivaron en una deuda descomunal que hipotecó el futuro del país. Diversos analistas fiables coinciden en que el Gobierno de Milei ya se endeudó por una cifra superior a los 30.000 millones de dólares, y se empieza a cuestionar públicamente a Caputo por su fracaso en atraer inversiones y obtener más dólares de los estrictamente necesarios para atender los pagos de la deuda previa con el FMI.

Tal vez para disimular la situación deudora, el Gobierno traspasó las emisiones de deuda desde el Banco Central al Tesoro, y al mismo tiempo fue recortando las tasas de interés de los bonos que acumulaban los bancos —Pases a un día— desde el 80% hasta situarla en el 40%. Este último recorte supuso el desenlace fatal de la bicicleta financiera que intentó poner en marcha sin demasiado éxito el ministro de Economía, Luis Caputo, durante los meses anteriores, basada en la estabilidad cambiaria.

En las tres primeras semanas de mayo el dólar paralelo se disparó hasta alcanzar los 1.300 pesos por unidad, un 30% más alto, quedando a final de mayo por encima de los 1.200 pesos. Antes de que se produjera esta corrida cambiaria contra un peso que sin duda estaba sobrevaluado, Milei había asegurado que no iba a devaluar, pero la brecha entre el valor del dólar oficial y el paralelo trepó a más del doble y es probable que deba reconsiderar esta posibilidad, al menos si se propone levantar el cepo y liberar de una vez el tipo de cambio. Como es habitual, la corrida del dólar ilegal fue acompañada de un importante incremento del ‘riesgo país’ y de una caída generalizada del valor de los bonos de la deuda argentina. A su vez, una nueva devaluación del peso daría lugar a otra ronda inflacionaria.

La viabilidad del programa económico de Javier Milei se pone cada vez más en entredicho. El Gobierno alega que las inversiones del exterior llegarán cuando se haya aprobado el marco jurídico

Al mismo tiempo, se redujo la compra de dólares por parte del Banco Central, y la liquidación de divisas del sector agroexportador se encuentra en mínimos históricos, ya que sus patrones están a la espera de conseguir mayores ingresos tras una hipotética devaluación. De este modo, y a falta de inversores externos y de nuevos créditos, la acumulación de reservas que busca el Gobierno parece detenida e incluso podría retroceder, a pesar del ajuste inicial que llevó la economía al actual estado vegetativo.

La viabilidad del programa económico ultraliberal ensayado durante los primeros seis meses de Gobierno de Javier Milei se pone cada vez más en entredicho. El Gobierno alega que las inversiones del exterior llegarán cuando se haya aprobado el marco jurídico que las favorezca, principalmente la ley Bases. Y la reducción de las tasas de interés, seguida de la revalorización del dólar, puso freno al mecanismo de “bicicleta financiera” con el que Caputo intentó ganar tiempo atrayendo capitales golondrina con altas remuneraciones a cargo del Estado, por cierto sin demasiado éxito. La última corrida le ha recordado lo fácil que sería que todo el castillo de naipes financiero que construye el Gobierno emitiendo deuda en dólares se derrumbase a golpe de corridas cambiarias.

La protesta se acrecienta entre los sectores populares y los empleados estatales, los estudiantes y el personal sanitario, y en amplias capas de la clase media que se ven perjudicadas de una u otra forma. En su afán de acumular divisas, al Gobierno se le abren nuevos conflictos con poderosos sectores económicos, como es el caso de las empresas energéticas, en pago de la deuda estatal contraída en los últimos meses ofreció un bono (en dólares) con vencimiento en 2038. La decisión de cancelar con bonos una parte de la deuda estatal, por un total de 1.200 millones de dólares, generó tensiones entre el Gobierno y las empresas gasíferas y transportadoras de energía, en particular con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y sus abastecedores. Estos grandes actores del mercado energético —interconectados con las compañías petroleras— acusaron al Gobierno ultraliberal de violar principios básicos de la libertad de mercado, interpretando este cambio en la forma de pago como una confiscación. Y al mismo tiempo, estas empresas serían las principales beneficiarias de las políticas desreguladoras y privatizadoras del sector de hidrocarburos que implementa el Gobierno con su nueva legislación de inversiones.

A fines de mayo, con la llegada de las bajas temperaturas de un invierno anticipado, se declaró una situación de “pre-emergencia” y se interrumpió el suministro de gas a las cien mayores empresas industriales, para asegurar la dotación a los hogares y “el funcionamiento del sistema eléctrico nacional”, según declaró el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). El 29 de mayo, mientras Milei viajaba por cuarta vez a Estados Unidos, su Gobierno ordenó interrumpir la venta de gas natural comprimido (GNC) para transporte automotor, lo que ocasionó interminables colas de usuarios en las estaciones expendedoras, principalmente taxistas que usan este combustible de manera intensiva y que debieron paralizar su actividad. 

La protesta se acrecienta entre los sectores populares y los empleados estatales, los estudiantes y el personal sanitario, y en amplias capas de la clase media que se ven perjudicadas de una u otra forma por los recortes de Milei

Esta situación de escasez de gas encierra una doble paradoja. Por una parte, Argentina ha proclamando en los últimos años su capacidad de convertirse en uno de los mayores productores y exportadores de gas, con lo que ello implica en cuanto ingreso de divisas, y por otro, el precio del gas ha escalado a cifras siderales desde que el Gobierno ultraliberal retiró los anteriores subsidios al consumo interno y permitió la liberalización de tarifas

El origen del problema se atribuye a la decisión presidencial de haber frenado la obra pública, dejando desfinanciada la terminación de dos plantas compresoras del gasoducto Néstor Kirchner que transporta gas desde el yacimiento de Vaca Muerta. Estas dos plantas compresoras hubieran permitido, según los técnicos, duplicar la capacidad del gasoducto desde 11 millones hasta 22 millones de metros cúbicos de gas. Una vez más, la obsesión por el superávit fiscal y por reducir el gasto público puso al país en una situación límite. Según varias fuentes periodísticas, el ahorro de 40 millones de dólares que hubiera costado duplicar la capacidad del gasoducto condujo a un gasto de 400 millones en importaciones de gas licuado. En lo inmediato, para aliviar la situación, se pidió con urgencia a la compañía brasileña Petrobras un cargamento de GNL, que la empresa trasladó a un puerto argentino pero se negó a desembarcar hasta que pudo acreditarse el pago por anticipado de la operación. Muchos periodistas registraron que esta demora de aprovisionamiento en una situación límite es una consecuencia de la frialdad de las relaciones entre Brasil y Argentina, después de los insultos que Milei propinó al presidente Lula da Silva durante la campaña electoral.

Milei comparte un gran bagaje ideológico con otros dirigentes ultraderechistas como Donald Trump o Jair Bolsonaro. Pero existe una distancia abismal entre el nacionalismo económico de estos dos ex presidentes, que nunca fomentaron la sumisión de sus países al arbitrio del capital transnacional, y el anarco-capitalismo apátrida de Milei —dicho esto sin tintes peyorativos, como una mera descripción de su ideario explícito—. 

El respaldo entre los jóvenes que lo votaron sigue siendo muy alto, realimentado en gran parte por su hiper presencia en las redes sociales y por su discurso siempre transgresor y disruptivo

A pesar de todo, la imagen pública de Javier Milei no ha sufrido hasta ahora un deterioro  proporcional al desastre socioeconómico en el que está sumiendo al país. Es evidente que muchos de sus simpatizantes aceptan con resignación, y a veces con un entusiasmo masoquista, las penalidades que causa su política económica. Muchos conservan la esperanza de estar aportando con su esfuerzo a la consecución de una nueva era de prosperidad, no tanto colectiva como individual, que sin embargo aparece como muy remota en el tiempo.

El respaldo entre los jóvenes que lo votaron sigue siendo muy alto, realimentado en gran parte por su hiper presencia en las redes sociales y por su discurso siempre transgresor y disruptivo, políticamente incorrecto. Guste o no guste, buena parte de la población argentina sigue rendida a los pies del autoproclamado león de la motosierra, que ha venido a demoler el Estado y desbaratar todas las normas y vínculos sociales preestablecidos, y en su lugar conduce la política y la economía argentinas desde el escenario de su interpretación estelar: Panic Show.