Especulación inmobiliaria
El PSOE retira la Ley del Suelo ante la oposición de sus socios y del PP

Ante una votación complicada, con la oposición de sus socios de investidura y la relación viciada con el PP, el único grupo parlamentario que podría apoyar la iniciativa, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido retirar la reforma de la Ley del Suelo, cuya votación estaba prevista para la mañana de este jueves. De esta forma, el Gobierno se ahorra una segunda derrota en menos de 48 horas, después de que su propuesta para aumentar las penas por proxenetismo fuera tumbada en el Congreso.

La reforma de la Ley del Suelo promovida por el PSOE en abril se encontró con las enmiendas a la totalidad presentadas por Junts, ERC y Podemos. Según la enmienda firmada por la diputada Ione Belarra, de Podemos, el proyecto de reforma “implica una eliminación injustificada de trámites y garantías urbanísticas que solo colabora a potenciar la especulación urbanística”. 

Para la líder de Podemos la reforma limita el derecho de los ciudadanos a impugnar proyectos urbanísticos que vulneren la ley y limita también las posibilidades de intervención de las administraciones en talas masivas en proyectos urbanísticos. Además, el texto de la enmienda al Gobierno de realizar un articulado “ad hoc para solucionar problemas concretos de un concreto proyecto urbanístico, Madrid Nuevo Norte”. 

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El mayor proyecto urbanístico de Europa lleva estancado desde 1994. Esta semana el Ayuntamiento de Madrid ha desbloqueado Madrid Nuevo Norte. La Operación Chamartín ha echado andar a la espera de que la Fiscalía anuncie si admite a trámite una denuncia por corrupción y de que el Tribunal Superior de Justicia Madrileño estudie el recurso contencioso planteado por organizaciones vecinales y ecologistas.

La oposición de Junts se centra en que la reforma de la Ley del Suelo invade competencias autonómicas en materia de urbanismo y ERC en la falta de negociación y de transparencia en la elaboración de la norma para pedir, al igual que Podemos, la enmienda a la totalidad y la devolución del texto legal.

El socio principal del PSOE, Sumar, también se posicionó en contra de esta reforma. El portavoz de esta formación, Íñigo Errejón, declaró que votarían en contra de una “mala propuesta” que favorece “el modelo del pelotazo de José María Aznar”. Según sus palabras, la reforma no solo permite que los promotores puedan “saltarse a la torera el pacto medioambiental” sino que hace que las asociaciones vecinales y ecologistas “tengan más dificultades a la hora de denunciar irregularidades”. En sus declaraciones, Errejón aseguró que, si la ley salía, sería gracias a los votos del PP, algo que en la mañana de este jueves no estaba asegurado, pese a que medidas similares han sido aprobadas en comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Madrid, Andalucía o Galicia.

Críticas ecologistas

La crítica a la reforma de la Ley del Suelo ha sido liderada por las organizaciones ecologistas. Según el análisis de María Ángeles Nieto, experta en urbanismo de Ecologistas en Acción, la modificación de esta norma “recorta el derecho ciudadano a ejercer la acción pública y limita los supuestos en los que se podrán declarar nulos los planes urbanísticos”.

Tal como relata Nieto, la reforma de la RD 7/2015 estaba en la agenda desde los últimos años de Mariano Rajoy y lo estuvo en los diferentes Gobierno de Sánchez con distintos proyectos, con distintos nombres pero con un “mismo objetivo”: cambiar la naturaleza normativa de los planes urbanísticos para hacer más difícil la anulación de estos planes y “recortar el derecho ciudadano a la acción pública”, al responsabilizar a quienes recurren contra los pelotazos urbanísticos de “inseguridad jurídica”. 

Según esta federación ecologista, el nuevo texto pretende poner freno a las sentencias que declaran nulos de pleno derecho planeamiento urbanísticos por su ilegalidad. Uno de los principales objetivos de esta norma, acusa Ecologistas, es “desbloquear” el macroproyecto urbanístico Chamartín o Madrid Nuevo Norte. El mayor proyecto urbanístico del Estado español se encuentra con un problema burocrático, explican: buena parte del suelo expropiado, actualmente propiedad de Adif, no puede traspasarse a los promotores —una sociedad formada por BBVA, la constructora San José y Merlin— “por los problemas de inscripción registral, derivados de los derechos de reversión, todavía inscritos, a nombre de los propietarios originales de los terrenos”. Con la nueva legislación de la mano, el Madrid Nuevo Norte tendría el horizonte despejado. Sin embargo, tras la retirada de la norma, la Operación Chamartin y otros pelotazos urbanísticos tendrán que seguir esperando.