Especulación inmobiliaria
La propuesta del PSOE de congelar los “precios abusivos” de los alquileres no convence al movimiento de vivienda

Los sindicatos de inquilinos han recibido con frialdad y escepticismo la propuesta del PSOE para destrabar una Ley de Vivienda que hace meses tendría que haber estado debatiéndose en el Congreso. La congelación de los precios en las zonas tensionadas resulta insuficiente, “condena” a la población a pagar “precios completamente hinchados” y no ampara la ley catalana de alquileres, que sí permite bajar los precios. “Si el Gobierno PSOE-UP no la reconoce y extiende, nos tendrá enfrente”, dice Jaime Palomera, portavoz del Sindicat de Llogaters (sindicato de inquilinos) de Catalunya en redes sociales.

Para este sindicato, “congelar el precio del alquiler durante tres años, en vez de regularlo y bajarlo”, tal como ya se está haciendo en Catalunya cuando la renta supera el índice de referencia, “es incumplir el compromiso del Gobierno e ignorar la realidad de millones de personas”. 

La congelación de los precios en las zonas tensionadas resulta insuficiente, “condena” a la población a pagar “precios completamente hinchados” y no ampara la ley catalana de alquileres

En un contexto en el que los alquileres han subido un 52% de media en los últimos años, con picos del 68% en el País Valencià, el 60% en Catalunya y el 57% en la Comunidad de Madrid, “congelar alquileres abusivos no sirve de nada”, denuncia Javier Gil, del Sindicato de Inquilinos de Madrid, especialmente cuando la población se ve obligada a destinar un 40% de sus ingresos al alquiler y los jóvenes más del 100% en ciudades como Madrid o Barcelona.

“Necesitamos una ley que baje los precios y los vincule a los ingresos de los hogares y a la economía del país”, dice este activista en redes sociales. 

A las críticas a esta propuesta se ha sumado la organización de consumidores Facua, que deja claro que el PSOE “prefiere defender los intereses de los especuladores frente a los de las familias”. Para esta entidad, la solución no puede pasar por “congelar unos precios que ya de por sí son excesivamente altos y que han provocado en los últimos años la expulsión de muchas familias de los barrios”, sino que deben permitir la bajada de los precios a “niveles razonables que acaben con la especulación”. 

La idea del PSOE tampoco ha convencido, al menos por ahora, a Unidas Podemos, que sigue negociando para incluir en la Ley de Vivienda una solución que permita la bajada de precios y un encaje a la ley catalana. 

En un contexto en el que los alquileres han subido un 52% de media en los últimos años, con picos del 68% en el País Valencià, el 60% en Catalunya y el 57% en la Comunidad de Madrid, “congelar alquileres abusivos no sirve de nada”

La iniciativa se produce al final de una semana marcada por los debates sobre la Ley de Vivienda y especialmente por el futuro de la ley catalana que regula el precio de los alquileres, vigente desde septiembre 2020 y que ha conseguido reducir el precio de los alquileres en las localidades donde se aplica mientras las rentas han subido en el resto.

El intento de impugnar la ley catalana en el Consejo de Ministros del 15 de junio —algo que hubiera supuesto su suspensión inmediata— fue frustrada tras intensas negociaciones y movilizaciones de los sindicatos de inquilinos y la presión de algunos socios de gobierno. Eso no impidió que el Gobierno presentara un recurso ante el Tribunal Constitucional —como ya hizo el PP en enero de 2021—, aunque sin pedir la suspensión de la ley. Mientras el PSOE presentaba este recurso, un hombre se quitaba la vida en Barcelona en el mismo momento en el que iba a ser desahuciado por no poder pagar la renta. Al día siguiente, el 16 de junio, ante la inacción del Gobierno, el movimiento de vivienda presentaba una iniciativa para generar un borrador propio de la Ley de Vivienda con la intención de registrarla antes de verano en el Congreso, un texto que recogerá las principales demandas del movimiento contra los desahucios, de los sindicatos de inquilinos y de las organizaciones que luchan contra la pobreza energética. 

“Para el Gobierno, garantizar el derecho a la vivienda ha dejado de ser prioritario. Insensible a las lagunas de las medidas de protección que han permitido que, incluso en pandemia, siga habiendo desahucios”, denuncian las organizaciones sociales de la Iniciativa Ley Vivienda. “No podemos esperar más”, concluyen.