Energías renovables
La subestación eléctrica de Baza, en Granada, un megaproyecto de colonialismo energético

El pasado martes 8 de Noviembre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, inauguraba junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el primer tramo de la línea de alta tensión entre Caparacena (Atarfe), Baza y La Ribina (Vera, Almería) y la nueva subestación eléctrica de Baza, una línea con 400kV. El presidente del gobierno hizo hincapié en la inauguración sobre la importancia del proyecto eléctrico que promete llevar “creación de riqueza y de empleo” a los municipios por los que pasa la línea. “No solo inauguramos una infraestructura energética, sino que ponemos fin a un agravio histórico”, reafirma Sánchez.

A pesar de la visión oficial positiva del proyecto, distintas asociaciones vecinales y colectivos ecologistas han mostrado su rechazo al proyecto, entre otras cosas, debido a “la ausencia de la declaración de impacto ambiental de la subestación Baza 400 kV y la caducidad de la declaración de impacto ambiental de toda la línea eléctrica Baza-Caparacena 400 kV y, por consiguiente, la ilegalidad del proyecto“, según recoge la convocatoria de protesta que se citó en las inmediaciones de la inauguración. 

Los colectivos, Ecologistas en Acción, Asociación Buxus, Plataforma Di no a las Torres, Arde Granada, plataforma Salvar las Montañas del Valle de Lecrín, Guájares y Vélez; Sierra Bermeja Parque Nacional, Avial Almería, asociación de vecinos La Voz de Taberno, Amayt y Por una Soberanía Popular-Alianza contra la Corrupción, denuncian que durante la convocatoria las autoridades “invisibilizaron a conciencia la protesta ciudadana”, según comenta Luis Villodres, portavoz de la plataforma ‘No a las torres Valle de Lecrín’. Las fuerzas de seguridad desplazaron a los manifestantes alejándoles del lugar de la inauguración donde tenían el permiso para concentrarse y situándoles en un terraplén a un metro y medio por debajo del nivel del suelo, “creando frustración entre  las personas concentradas, muchas de ellas personas mayores vecinos de los terrenos afectados”, afirma Villodres a El Salto Andalucía.

Iniciativas andaluzas contra los macroproyectos energéticos de renovables

Susana Sarrión

Energías renovables

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A pesar de que según Sánchez, el proyecto busque dotar de las infraestructuras eléctricas a las localidades por las que pasa la línea, que se encuentran en una situación de despoblamiento y también de falta de inversión, desde los colectivos insisten en que eso no es del todo cierto “Una instalación de esa magnitud no es para llevar la energía a la provincia de Granada, es una parte sustancial del negocio de la burbuja energética que están construyendo los fondos de inversión” comenta Villodres.

La empresa promotora de este proyecto es la Red Eléctrica Española (REE), un grupo empresarial multinacional que lleva desde su fundación en 1985 con el monopolio de las actividades eléctricas en el territorio nacional y colaborando con las instituciones públicas. Desde 2015 la empresa cuenta con una inversión extranjera que supone el 80% de su accionariado, frente al 20% de participación con el que cuenta Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Entre las empresas que participan en ese 80% de su accionariado se encuentran, entre otras, la compañía de gestión de inversiones BlackRock, el banco alemán Deutsche Bank o el estadounidense JP Morgan Chase.

Los colectivos afirman que el proyecto, “Se trata de un desarrollo en terrenos de sacrificio en el suroeste español, claramente para transportarla porque nadie hace una línea de 400 kV de tensión para consumo en los territorios de la provincia de Granada, es claramente una línea para llevarla muy lejos, para eso se eleva tanto la potencia”, comenta el portavoz de la plataforma ‘No a las torres del Valle de Lecrín’. El proyecto eléctrico tiene como objetivo una producción eléctrica que va a superar en 1200 kV “el consumo máximo registrado históricamente en toda la zona”, insiste Villodres. Una realidad que choca con los compromisos que tiene el estado con Europa en cuanto al nivel de descarbonización, según recoge el Plan Integrado de Energía y Clima, en el que se ha establecido un máximo de 89 GW, como potencia máxima para la producción de energía con fuentes solares fotovoltaicas y eólicas, en 2030. Límite que en el año 2022 España supera en un 240% y de la que Andalucía aporta un 40%.  El propio Pedro Sánchez confirmó en su intervención en la inauguración de la subestación que el objetivo es el de “convertir a España en una potencia energética en Europa en torno a la generación de energías renovables”.

“Una instalación de esa magnitud no es para llevar la energía a la provincia de Granada, es una parte sustancial del negocio de la burbuja energética que están construyendo los fondos de inversión”, Luis Villodres.

Los activistas denuncian además la falta de un estudio del impacto ecológico que el proyecto supone en la zona. Un estudio obligatorio para poder realizar este tipo de proyectos, por lo que los activistas han denunciado a la subestación al considerarla ilegal. Desde las plataformas ciudadanas informan que la línea eléctrica va a tener un impacto negativo en las actividades agrícolas “se van a sacrificar 15.000 hectáreas de suelo de valor agrícola, entre estas, por ejemplo, 2.000 hectáreas de olivares en producción”. Además, insisten en el perjuicio que va a sufrir la fauna y la flora del territorio “más del 50% de la zona afecta a áreas de especial importancia en la conservación de aves, sin decir que de esas 15.000 hectáreas, 10.000 están dentro del Geoparque de Granada, declarado en 2020 como Geoparque mundial por la UNESCO”. Los colectivos contrarios a la puesta en marcha de este proyecto, aprovecharon esta ocasión para advertir al gobierno y las empresa promotoras a la hora de utilizar terreno calcinado por los incendios en la zona de los Guájares: “Reivindicamos que no se aproveche cualquier devastación natural para seguir aumentando el destrozo de biodiversidad”.

Colonialismo energético

La línea de alta tensión entre Caparacena y la Ribina es uno de los 100 megaproyectos eléctricos planificados en la provincia de Granada, según el estudio publicado recientemente por un grupo de investigación de la Universidad de Granada: ‘Colonialismo energético en los territorios de sacrificio del sudeste español’.

En el estudio se recoge “el sacrificio” que realizan los territorios del sureste andaluz para ofrecer energía a otros países, a través de una superproducción de electricidad “destinada a cubrir las necesidades crecientes de consumo en el Norte y el Centro de Europa, incluyendo sus estrategias de electrificación y utilización del hidrógeno. La energía sería enviada a través de las líneas de alta tensión que se acaban de construir en la Provincia de Granada, a pesar de que las pérdidas pueden llegar a ser del 40%”, comenta una de las autoras de este estudio, Celia Jiménez Martín.

Unas políticas de colonialismo energético hacia los sures globales que se repiten en distintos puntos del planeta. “En lugar de reducir el consumo y generar energía de manera distribuida, los estados y las grandes empresas están apostando por la centralización, los megaproyectos y el colonialismo energético”, comenta el autor, Alberto Matarán, Profesor de Urbanismo y Ordenación del Territorio en la UGR. Un modelo que sacrifica a las periferias para abastecer a las zonas más ricas del mundo.

En el estudio, enmarcado en el proyecto internacional “Understanding Green Extractivism”, financiado por el European Environmental Bureau, confirman las reticencias de los colectivos ecologistas con datos, “de las 15.234,30 ha afectadas por los megaproyectos estudiados, unas 7.789,79 ha, un 51,13%, están incluidas dentro de algún área importante para la conservación de aves; 1.014,80 ha, un 6,66 %, afectan a territorios de especial protección, y 52 ha afectan a  Bienes de Interés Cultural (BIC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)”. También advierten que “del total de territorios afectados, 10.319,83 ha (67,74 %) están dentro del paisaje de UNESCO “Geoparque de Granada” declarado Geoparque Mundial por la UNESCO el 10 de julio de 2020 que se localiza en los Territorios de Sacrificio de Baza y Huéneja – Guadix afectados por los megaproyectos eólicos y fotovoltaicos así como por el trazado de la línea LAT 400 kV Baza - Caparacena”, son datos recogidos en los resultados del estudio al que ha tenido acceso este medio. 

Josefa Sánchez Contreras, investigadora del estudio de la Universidad de Granada, apunta que “el despliegue de las infraestructuras renovables ha despertado reacciones de las poblaciones afectadas que han propuesto alternativas al despliegue de renovables, como producir en áreas ya degradadas como invernaderos y terrenos de olivares súper intensivos, comunidades energéticas, placas solares en los tejados, autoconsumo y sobre todo planificación, transparencia y participación”. Argumentos que coinciden con la postura de los colectivos que apoyan una transición energética sostenible y democrática que dicen no estar en contra de las renovables pero “sí en contra del monopolio del sol por multinacionales y grandes corporaciones eléctricas fotovoltaicas en detrimento del ciudadano y de pequeñas comunidades”.