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Energías renovables
Iniciativas andaluzas contra los macroproyectos energéticos de renovables
Después de 9 intensos meses de trabajo de voluntarios y voluntarias andaluces, se registró en el Parlamento andaluz, en abril de este año, una propuesta legislativa municipal que representaba la voluntad de 70 ayuntamientos y más de 420.000 electores de la comunidad, para ordenar, planificar y participar en el proceso de instalación de megaparques de renovables en Andalucía.
La Iniciativa Legislativa Municipal (ILM) para regular los megaproyectos de energías renovables que superen los 5 MW y no estén asociados a comunidades energéticas en Andalucí, acaba de ser admitida a trámite en el Parlamento de Andalucía, después que sus impulsores lograran reunir la documentación necesaria requerida en agosto por el Legislativo andaluz para poder continuar con el proceso.
La ILM viene avalada con la aprobación de la misma en los plenos de cada municipio por mayoría absoluta o unanimidad, como requiere el proceso legal de elaboración. “Después de enviarla a los 785 municipios de toda Andalucía, logramos su aprobación en 72 municipios andaluces, con gobiernos locales de todos los colores políticos: tenemos ocho ayuntamientos del PP, muchos del PSOE, de IU, Adelante Andalucía y de partidos municipalistas. Entre todos llevan esa iniciativa al Parlamento Andaluz en un hecho histórico sin precedentes”, explica orgullosa Marisa Casal, de la asociación Valle Natural Río Grande en Málaga, una de las agrupaciones impulsoras. El reto será superar la votación en un parlamento con mayoría del Partido Popular que prometió abrir una mesa de negociación sobre este tema con las organizaciones interesadas y, hasta ahora, “no la ha convocado”, apunta Marisa.
“Es muy importante que pidamos apoyo a nuestros parlamentarios, porque el futuro inmediato energético y territorial de todos los andaluces y andaluzas está en juego”, Marisa Casal sobre la ILM que se votará en el Parlamento Andaluz próximamente.
La asociación Valle Natural Río Grande forma parte de una larga lista de colectivos que, junto a empresas, sindicatos, partidos políticos y UNESCO Andalucía, apoyan esta iniciativa refrendada en municipios de las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Sevilla. Ahora que han logrado subsanar la documentación requerida por el Parlamento en verano, este enviará el texto de ley a los 785 ayuntamientos andaluces, que tendrán dos meses para presentar cualquier escrito o alegación a la ILM y después se votará en el pleno del Parlamento andaluz. “El proceso ya es cuestión de meses. Es muy importante que pidamos apoyo a nuestros parlamentarios, porque el futuro inmediato energético y territorial de todos los andaluces y andaluzas está en juego”, puntualiza Marisa.
Paralizar los megaproyectos hasta lograr una transición energética sostenible
La iniciativa legislativa ha sido redactada por el equipo jurídico de la Alianza Energía y Territorio Aliente y pretende lograr una moratoria hasta la aprobación del Plan de Transición Energética en Andalucía. Las organizaciones impulsoras entienden que es necesaria una transición energética en nuestra comunidad, pero no a cualquier coste. “Para lograr la energía que es capaz de producir seis megaparques, necesitan construir diez, porque saben que la producción de cuatro se pierde por el camino. El transporte de energía es muy ineficiente, por eso decimos que la verdadera energía verde es la energía de cercanía, la de comunidades energéticas”, afirma Marisa.
La aprobación de la ILM en el pleno autonómico andaluz supondría la suspensión de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, incluyendo sus infraestructuras de evacuación, que se estén tramitando, excepto las pequeñas instalaciones renovables de menos de 5 MW vinculadas al autoconsumo y a proyectos de energía comunitaria, hasta que se implante el Plan de Transición Energética en Andalucía, figura en el texto legal al que ha tenido acceso este medio.
Este Plan de Transición sería el que regularía la implantación territorial de los proyectos de energías renovables, con áreas de exclusión donde no se podrían instalar proyectos de renovables a gran escala, “teniendo en cuenta la biodiversidad, la calidad paisajística, los suelos de alto valor agrícola, y los territorios con gran valor patrimonial, cultural y etnográfico, así como las consecuencias sociales para los ciudadanos de estos territorios”, y contando con un proceso de participación pública, “que asegure una participación plena y efectiva de la ciudadanía en la toma de decisiones y, en especial, en la ubicación territorial de los proyectos de energías renovables”, dice la Ley.
Energías renovables
Manifestación en Almería contra de las megaplantas de renovables
Las organizaciones que respaldan la aprobación de la ley dicen no estar en contra de la transición energética de energías renovables sino que ofrecen alternativas, como utilizar suelos degradados y tejados, a los megaproyectos que se están ejecutando en Andalucía actualmente. “Nos están vendiendo a cachitos con proyectos extensos que producen mucha energía para exportar fuera, desperdiciándola por el camino a costa de nuestra riqueza natural. Esto no va de renovables ni transición, va de quedarse con la tierra, el agua y los recursos naturales”, insiste Marisa.
La UGR investiga el impacto de los megaproyectos energéticos en Granada y Almería
El tema de las renovables en Andalucía promete un otoño repleto de noticias y nuevos datos. Además de la votación de la ILM en el Parlamento, un equipo de investigación de la Universidad de Granada está cuantificando y estudiando el impacto de los megaproyectos de energías renovables en las provincias de Granada y Almería para la Oficina Europea del Medio Ambiente (EEB), una red de 150 organizaciones medioambientales ciudadanas de más de 30 países con sede en Bruselas. La EEB participa en los procesos relacionados con el medio ambiente en la Unión Europea y tiene estatus consultivo en el Consejo de Europa, la Comisión Europea, la Eurocámara, el Comité Económico y Social de la Unión Europea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible.
El proyecto en el que trabaja la UGR forma parte de un estudio internacional más amplio, con otros puntos de investigación relacionados con el impacto de la minería verde, la que extrae recursos naturales empleados en la industria de las renovables, y los megaproyectos energéticos en Kenia, México y Laponia. Los informes de estos territorios incluyen el estado de la cuestión general de la transición energética en los mismos, análisis de propuestas y estudios de posibilidades normativas alternativas a los megaproyectos energéticos.
El estudio de Granada-Almería está centrado en los municipios afectados por la Línea 400 Caparacena-Baza-La Ribina y se encuentra terminado en fase de revisión. Su resultado todavía no es público pero su coordinador, el profesor de Urbanismo y Ordenación del Territorio en la UGR, Alberto Matarán, ha adelantado a El Salto Andalucía que los resultados, “son demoledores”.
“El estudio de la Universidad de Granada está detectando y analizando lo que llamamos territorios de sacrificio donde la producción de energía es mucho más alta que el consumo”, Alberto Matarán, profesor de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la UGR.
Matarán nos explica que el estudio está enmarcado en dos partes: la investigación que analiza la producción y el consumo de energía en las provincias de Granada y Almería, en revisión, y un proceso participativo todavía en marcha, actividad requerida por la EEB, “para que la gente que vive en estos territorios cuente lo que les está pasando con la instalación de estos proyectos, cómo les está afectando”. El equipo ha llamado a estos territorios “de sacrificio” porque “los resultados obtenidos hasta ahora, arrojan datos de que la producción de energía es mucho más alta que el consumo”.
La investigación ha encontrado en este proceso participativo, según el profesor, elementos comunes a otros casos similares, como las expropiaciones que declaran los suelos de utilidad pública aplicando una Ley de 16 de diciembre de 1954 de expropiación forzosa. Pone el ejemplo de un caso en Zújar, de un agricultor al que le quieren expropiar un olivar ecológico de 30 años por 1.200 € la Ha. “Con ese olivar bien trabajado más la parte del almendral, vivía una familia y ahora les van a expropiar con una ley franquista para instalar una megaplanta, un acto que consideramos mecanismo de burorrepresión porque a la gente le están despojando de su tierra y de su actividad económica”, acusa Matarán.
Energías renovables
Granada Protestas en Granada contra los megaproyectos de energías renovables
El estudio, según el equipo, va a demostrar que hay un modus operandi común, no sólo en España, sino a nivel internacional, en el que empresas similares con procesos similares, más agresivos en unos territorios que en otros, despojan a la ciudadanía del territorio, alguno con un gran valor económico y ambiental, con el objetivo de “una transición energética ante la que nadie se puede negar, pero que para las personas que habitan este territorio apenas va a suponer un paso positivo y sí la pérdida de recursos naturales”, explica Alberto.
“Queremos demostrar que hay alternativas y si es necesario plantearse alguna súper producción energética, no hace falta consumir nuestro suelo agrario, ni destruir nuestro paisaje”, Alberto Matarán, profesor de la UGR.
Matarán también ha adelantado a El Salto Andalucía que la Alianza Energía y Territorio Aliente publicarán en breve un informe del Observatorio de Sostenibilidad de España que estudia la posibilidad productiva de la instalación de placas fotovoltaicas y parques eólicos en suelos degradados y tejados de edificios que, según él, demostrará que, “hay alternativas, y si es necesario plantearse alguna súper producción energética, no hace falta consumir nuestro suelo agrario, ni destruir nuestro paisaje”.