Energía
La gestión de la energía, un reto que muestra las diferencias y los límites de la izquierda

El pasado viernes 13, el precio mayorista de la luz se disparó alcanzado su quinto récord histórico consecutivo. Agosto lleva ya las ocho mayores cifras de la serie histórica, con un coste medio de 117,29 euros el megavatio hora. Millones de españoles fuera de su hogar, de vacaciones, no lo perciben, mientras que los que necesitan energía para calmar el bochorno de la ola de calor verán el récord reflejado pronto en su factura.

El mismo viernes se conocen las críticas que arrecian contra Iberdrola y los pedidos de investigación por parte de FACUA y los ayuntamientos de Zamora y Cáceres por su presunto aprovechamiento de los embalses (vaciando algunos que gestiona) para producir energía barata y cobrarla más cara, con un gran margen de beneficio fruto del sistema del mercado local.

Los desembalses irregulares de Iberdrola en el Tajo levantan fuertes críticas también en Portugal

Redacción El Salto Extremadura

Medio ambiente

Los desembalses irregulares de Iberdrola en el Tajo levantan fuertes críticas también en Portugal

Redacción El Salto Extremadura

La voracidad de Iberdrola, además de dejar sin agua a varios pueblos extremeños, extiende sus efectos a Portugal en un momento de máximos históricos en el precio de la electricidad.

En medio de este clima económico y social, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera —con competencias en el área energética— afirma que el PSOE abre la puerta a crear una empresa pública para gestionar la energía producida por las hidroeléctricas, algo a lo que se había opuesto en el pasado calificándolo de mala idea. El anuncio ocurría un día después de una suerte de órdago lanzado por el portavoz de Unidas Podemos (UP) en el Congreso, Pablo Echenique.

“Que a nadie le quepa la más mínima duda que, desde Unidas Podemos, daremos la batalla en todos los espacios (gobierno, parlamento, calle) para poner fin a este expolio. Quien quiera seguirnos que nos siga y quien no que se retrate ante la ciudadanía”, aseguró Echenique. Algunas alarmas del establishment y de Moncloa se encendieron al leer la palabra “calle” en esas declaraciones. ¿El socio minoritario del Gobierno apoyaba manifestaciones contra el Gobierno?

Tercer récord consecutivo del precio de la luz en la víspera de la ola de calor

Redacción El Salto

Energía

Energía Tercer récord consecutivo del precio de la luz en la víspera de la ola de calor

Redacción El Salto

El precio medio de la luz en el mercado regulado marca un nuevo pico en las horas previas a la llegada de una nueva ola de calor. La luz es un 190% más cara que el año pasado en este mismo periodo.

El contrapunto

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y por Izquierda Unida (IU), Enrique Santiago, entre otros tantos portavoces morados, se han encargado de destacar mediáticamente que le daban la bienvenida a la idea esbozada por la ministra Ribera y le recordaron que está en el programa electoral de UP, aunque no mencionaron lo de las movilizaciones en la calle.

Básicamente, Echenique insistió en la necesidad de crear una empresa pública que evite “la manipulación de los precios” y “recuperar los saltos hidroeléctricos”, a la vez que aseveró que “mañana mismo” se podría limitar el precio del megavatio/hora “como en Francia” mediante un real decreto ley.

Ribera, seguramente por pedido de Sánchez y sus zares de la comunicación, debió salir a matizar y re-explicar sus declaraciones. Enfatizó que se refería a una idea “para el largo plazo” y le respondió a Echenique con pragmatismo de manual: “El problema no es movilizarse contra las cosas, el problema es encontrar soluciones. Esto no se resuelve con una movilización en la calle”.

Sobre la creación de una empresa pública para gestionar la energía producida por las hidroeléctricas, Ribera matizó que se refería a una idea “para el largo plazo” y aseguró que “esto no se resuelve con una movilización en la calle”

Fuentes de la cúpula de Podemos preguntadas por El Salto Diario respondieron ante la duda de cómo sería la escalada de protestas en la calle por los precios de la luz. Desde el entorno de Echenique fueron claros: “Lo que se dijo no es que UP va a organizar o convocar las protestas sino que estará allí apoyando, como siempre”. Más allá del matiz, los medios de oposición al Gobierno y las derechas ya habían encendido la trituradora acusando a los morados de querer llevar a las calles su disidencia con Sánchez.

Quien también puso paños fríos a la idea expresada por Ribera fue el ministro de Presidencia y responsable máximo del área de comunicación tras la partida de Iván Redondo, Félix Bolaños. No solo alejó en el tiempo la posibilidad de una empresa pública sino que dijo que es una más “de las opciones”. “La seguridad jurídica para el Gobierno es muy importante”, remarcó, y admitió que “el complejo” problema del precio de la luz “no tiene solución de un día para el otro”.

Pero faltaba un último episodio del juego de las diferencias entre los socios y lo vino a dar la vicepresidenta segunda y líder de UP, Yolanda Díaz. En entrevista con revista CTXT, llamó a “intervenir en los precios de la energía y regularlos” porque la luz “es un derecho fundamental”. “Son problemas estructurales y heredados que afectan al día a día de la ciudadanía y este Gobierno tiene la obligación de dar respuesta”, subrayó, tras culpar la escalada del precio al “proceso de privatizaciones del sector eléctrico” que acabó en un “oligopolio con precios multiplicados”.

En un mensaje por elevación al PSOE, afirmó que “es momento de ser valientes” y que medidas como la reducción del IVA en la factura deben quedarse de forma permanente y “caminar hacia los precios regulados”. “Soy tajante: debemos ser valientes y desplegar la agenda social para reducir la desigualdad”, añadió, en lo que pareció ser un aviso de lo que será uno de los temas calientes de la campaña en las generales de dentro de dos años.

De madejas y espejismos

Entender el porqué de los precios récord de la luz y el funcionamiento del sistema energético del Estado es adentrarse en una madeja de hechos históricos, regulaciones, estadísticas y hasta geopolítica. 

En primer lugar, España importa cerca del 70% de la energía que consume, siendo su principal proveedor Argelia (también suministra mucho Francia en la nuclear y desde el año pasado, por el déficit energético, hasta se ha sumado Marruecos). Según el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), el Estado español está en una buena situación en lo que se refiere a energías renovables pero está a la cola en las carboníferas: su dependencia energética en este aspecto todavía se sitúa 20 puntos por encima de la media europea. Un buen momento para recordar el disparate del gobierno de Rajoy (o blindaje a las eléctricas) con su “impuesto al sol” que bloqueaba la generación de particulares de energía fotovoltaica.

En el mercado español hay casi 30 millones de clientes de electricidad, en un negocio partido en dos: para unos 28 millones, que son los pequeños consumidores, es un mercado dual, con una tarifa regulada y tarifa del mercado libre. En la tarifa regulada, denominada oficialmente Precio Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC), hay más de 11 millones de clientes y los del mercado libre suman unos 18 millones (domésticos, pymes e industriales incluidos). La regulada están obligados a ofrecerla las cinco grandes eléctricas: Endesa (la mayor de todas, controla casi la mitad de este mercado), Iberdrola, Naturgy, EDP y Repsol (que compró Viesgo).

Las compañías tratan de llevarse a los usuarios al mercado libre (dominado por Iberdrola) porque les resulta más rentable y es en ese nicho en donde pelean por los precios y las promociones que a menudo son ofrecidas por teléfono. Hay que destacar que las pequeñas comercializadoras de electricidad van ganando terreno y ya suman más de 2,3 millones de clientes, aunque en proporción con el total es una parte muy pequeña aún.

Fue en este contexto cuando el Gobierno aprobó un nuevo régimen para la fijación de precios en la factura de la luz que, básicamente, es un cambio en la estructura de peajes, que son los precios regulados destinados a recuperar los costes de las redes de transporte y distribución, determinados por la CNMC. Según este ente público, la nueva estructura va de la mano de la normativa europea e incentivará el consumo eficiente.

Sin embargo, hasta ahora lo que ha habido es una subida escandalosa de precios y una polémica sobre los tres bloques de horarios con precios diferentes para el consumo que, en la práctica, complica un poco más la vida de las familias al tener que ajustar sus tiempos o pagar un alto importe.

La idea de Ribera, que no es exactamente lo planteado por UP, apuntaba a la gestión de lo producido por las hidroeléctricas. Pero en los hechos es un espejismo: nada de eso podría ocurrir antes de 2031, ya que hasta ese año no se termina la concesión de las 45 principales centrales que hay en España. Según la organización Observatorio de la Sostenibilidad, de las 1.350 centrales, el 95 por ciento son consideradas “minicentrales” sin envergadura. Cabe recordar que la gestión en concesión se inició en torno a 1950, en la época de la dictadura de Franco y se daban contratos por períodos de 75 años.

Incluso llevando a la práctica la idea de Ribera, la capacidad instalada de la energía hidroeléctrica en territorio español supone el 19% del total, superada ampliamente por las de origen carbonífero y eólico

Además, incluso llevando a la práctica la idea de Ribera, la capacidad instalada de la energía hidroeléctrica en territorio español supone el 19% del total, superada ampliamente por las de origen carbonífero y eólico. Por tanto, su impacto en los precios no sería tan potente y, en caso de querer bajar los precios, no quedaría más que la opción de regulación de precios por vía legal o por vía de actuación en el mercado con una gran empresa pública al estilo de la vieja Endesa (o también con nacionalizaciones pero esa opción no la plantea por ahora ninguna fuerza parlamentaria).

En medio de todo esto también entra en juego Europa, que esta semana ha declarado al respecto gracias a la pregunta de la eurodiputada Dolors Montserrat a la comisaria europea de Energía, Kadri Simson. La cuestión de la portavoz del Partido Popular Europeo (PPE) era el margen que tenía el gobierno de España para rebajar la factura. “Para proteger a los clientes en situación de pobreza energética, los Estados miembros pueden aplicar instrumentos de política social o prestar ayuda para mejorar la eficiencia energética con el fin de reducir el consumo y los costes”, respondió Simson, y agregó que los estados miembros “pueden aplicar algunas salvaguardias como intervenciones públicas en la fijación de precios para el suministro a los clientes vulnerables”.

Así planteado el escenario, el Estado tiene poco margen para cambiar la situación de los precios exorbitantes. El año pasado Ribera prometió que para 2023 el precio por megavatio en mercado mayorista convergería con los valores de Francia y Alemania (hoy más económicos, a pesar de la notable diferencia del salario medio español con las dos potencias). La ministra lo decía por la incorporación de renovables al mercado, asegurando que eso acabaría repercutiendo.

Los socialistas parecen poco dispuestos a tomar algunas de las medidas de UP. La intervención en el mercado y regulación de los precios no parece estar en la tabla de opciones. Tampoco la creación de una empresa estatal de envergadura al corto plazo. Menos que menos nacionalizaciones. El premio consuelo podría ser otra bajada del IVA, llevarlo del 10 al 4 por ciento —lo ha pedido Ciudadanos días pasados—, pero es un parche que no resuelve el problema estructural.

En este contexto, hay algunos ejemplos destacables: una de las ciudades más importantes de Europa y del mundo puso en marcha hace tres años una empresa comercializadora que ha permitido ahorrar unos 80 euros anuales a sus clientes y ahora ha prometido congelar sus precios. No es una ciudad ubicada en Dinamarca ni Suecia: la empresa se llama Barcelona Energía y es propiedad y gestión del Ajuntament de la capital catalana. Aunque criticada por los medios de comunicación de la derecha, se alza como la muestra de que todo depende de que la decisión política sea clara.