Empleo juvenil
El cuento del eterno aprendiz

“Oye, ¿tú cuánto llevas aquí de becario?”, le dice un empleado de la empresa a un compañero con aspecto de estar más cerca de la jubilación que de dar sus primeros pasos en el mundo laboral. “No puedo responder a vuesamerced: lo he olvidado”, le contesta. Pocos como Forges han reflejado la realidad de los aprendices en este país.

Sobre cuándo deja uno de ser becario, las estadísticas responden que cada vez más tarde. En 2017, el 43% de los contratos de Formación y Prácticas se hicieron a jóvenes de 20 a 24 años. Una década atrás, ese mismo porcentaje correspondía a los comprendidos en edades entre 16 y 19 años, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

La evolución es mucho más evidente en un tipo de contrato concreto: el de Formación. La última reforma laboral permitió firmarlos a los mayores de 25 años, hasta los 30. Mientras que los jóvenes de 16 a 19 años eran 7 de cada 10 en 2007, han pasado a ser minoría en 2017, cediendo el testigo a los más mayores. Los de más de 25 años son ya casi la mitad del colectivo, mientras que en 2007 representaban sólo el 17%.

Contratados en Formación y Prácticas cada vez más mayores, ¿será que son más torpes? Estos contratos tienen una “doble alma”, dice Joaquín Pérez Rey, profesor de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Castilla-La Mancha. Son la formativa y la de inserción laboral. “Esta finalidad de inserción, en la mayor parte de las ocasiones, se ha buscado mediante el deterioro de las condiciones de trabajo y protección social”, añade. Además, esa vertiente “ha ganado la partida”, así que, en la práctica, estos contratos “han funcionado como mera excusa para empeorar las condiciones con las que los jóvenes logran acceder al trabajo”.

Al 45% de los estudiantes en prácticas no se les ofrece ni contrato ni la renovación de su beca cuando termina

Porque, efectivamente, los contratos de prácticas y formación son un acceso al mundo laboral. Otra cosa son las prácticas y los periodos de formación etiquetados habitualmente como “becas”, una especie de limbo muy poco regulado por el que se puede proveer de mano de obra gratuita a las empresas e incentiva la “huida de los contratos formativos tradicionales”, comenta Pérez Rey.

Las once etapas del becario

Matar al león de Nemea, matar a la hidra de Lema, capturar la cierva de Cerina, capturar el jabalí de Erimanto, limpiar los establos de Augías en un día, y así hasta 12 tareas. Las que tuvo que completar Heracles para cumplir con su penitencia, según la mitología griega. Es sólo una menos que las etapas por las que puede pasar un becario.

Existen seis modalidades de prácticas no laborales. Cuatro son parte de la formación y las otras dos la pueden complementar. Al otro lado, entre las prácticas laborales (las que implican firmar un contrato de trabajo), hay otros cinco modos de hacer las cosas. Pero antes, es casi obligatorio transitar la senda de las becas.

El proyecto Internstage, una red europea de investigadores que se centró entre 2013 y 2015 en estas cuestiones, revela los frutos de las prácticas. Las más habituales son aquellas en las que el aprendiz no recibe una formación vinculada con sus estudios, es decir, “están sustituyendo tareas que no les aportan nada”, comenta Arturo Lahera, profesor de Ergonomía y Sociología del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid y uno de los miembros del equipo del proyecto. Hay un segundo modelo bastante común por el que los estudiantes en prácticas sí consiguen sumar habilidades, pero porque lo piden.

“Los estudiantes o graduados son conscientes de que la práctica no les va a aportar mucho, que no van a aprender nada relevante, pero se resignan porque consideran que les aporta mayor empleabilidad”, dice Lahera. O sea, es lo que hay.

Lo que hay se resume en dos grandes tipos de prácticas: las curriculares, aquellas que están reguladas e insertadas en los planes de estudios de Formación Profesional o de las grados universitarios; y las extracurriculares, que son “la verdadera puerta hacia el encubrimiento de puestos de trabajo”, dice Miguel Rodríguez, de Oficina Precaria, una organización que lucha contra estas cuestiones bajo el lema “No más becas por trabajo”.

Uno de los problemas es la escasa regulación en este ámbito. Nadie obliga a pagar nada a los estudiantes o graduados en prácticas. Sólo si hay compensación económica se debe dar de alta al becario en la Seguridad Social.

En España hay algo más de 1,4 millones de aprendices que no cobran ni un euro. Son cálculos de CC OO, que suma a los universitarios y a los que estudian o han completado un título de Formación Profesional. “Hay personas utilizadas como mano de obra a coste cero por empresarios que se aprovechan del talento de los jóvenes y de la situación económica”, dijo Lola Santillana, la secretaria de Empleo y Cualificación, durante la presentación de la guía Aprendices, becarias/os y trabajo precario que hizo el sindicato el pasado mes de febrero.

Según la misma fuente, sólo hay unos 70.000 becarios dados de alta en la Seguridad Social, lo que equivale a tener remuneración, aunque el detalle se desconoce. Esa cotización además no da derecho a paro, aunque sí valdrá en un futuro para el cómputo de la pensión de jubilación.

El estudio Interns revealed, realizado en varios países de la Unión Europea en 2011 por el Foro Europeo de la Juventud, habla de que poco más de la mitad de los encuestados en prácticas recibió alguna compensación económica. De estos, el 49% consideró que lo que recibía era suficiente para cubrir sus costes, el 6% opinaba que sólo podían pagar algunos gastos y el 45% afirmaban que no les daba para su día a día. Otro estudio, The experience of traineeships in the EU, de la Comisión Europea, indica que el 61% de los graduados o estudiantes en prácticas en España no cobra nada.

Estas cifras revelan un diseño en el que no caben todos. El hecho de que la regulación no lleve aparejada una compensación económica, “prioriza a aquellos estudiantes que proceden de clases medias o medias-altas y que se pueden permitir trabajar sin cobrar”, dice Lahera, quién además señala un caso muy concreto: las prácticas en instituciones internacionales como Naciones Unidas o la Comisión Europea. No se remuneran, “por lo que sólo aquellas familias con recursos se pueden permitir que el estudiante viva seis meses o un año en una ciudad extranjera sin ingresos”.

En todo caso, ¿vale la pena el esfuerzo? Según los datos que maneja Oficina Precaria, al 45% de los estudiantes en prácticas no se les ofrece ni contrato ni la renovación de su beca. La cuestión es parecida en el entorno. Según la encuesta del Foro Europeo de la Juventud, sólo el 16% de los becarios recibió una oferta de empleo. Además un 18% cree que su experiencia le ayudó a encontrar trabajo en otro sitio.

Desde Oficina Precaria abogan por la eliminación de un tipo concreto de prácticas: las extracurriculares, aquellas que escapan al control de las universidades y centros de estudio. Así lo reflejaron en su Estatuto del Estudiante en Prácticas y que a día de hoy se tramita en el Congreso de los Diputados como proposición de ley del grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En la actualidad el texto duerme amontonado con muchos otros gracias a que semanalmente la Mesa alarga el periodo de presentación de enmiendas, una práctica constante durante esta legislatura.

De momento, lo que se sabe de la negociación parlamentaria es que probablemente no prospere la idea de prohibir las prácticas al margen de los centros universitarios. “Fue algo muy ambicioso”, comentan desde Oficina Precaria. “A día de hoy, la permisividad con estas prácticas irá ligada con una remuneración mínima obligatoria y un límite de horas”, dice Miguel Rodríguez. ¿Qué remuneración? “Peleamos porque sea al menos el Salario Mínimo Interprofesional”.

Mientras, campan empresas que hacen negocio de la situación actual. El modelo es el siguiente: formación muy escasa y complementaria que sirve para proveer a otras compañías de mano de obra barata o gratuita.

Rodríguez señala dos ejemplos. Uno es el de Escuela de Empresa, una academia que presume en su web de llevar “19 años estrechando lazos entre estudiantes y el mundo empresarial”, cuestión que consigue gracias a la “combinación de nuestro amplio catálogo de cursos y convenios con más de 4.000 empresas (entre las que se incluyen el 70% de las pertenecientes al IBEX35)”.

Pero lo que hay detrás es un grupo de alumnos que se matriculan y “realizan cursos que consisten en rellenar algunos exámenes online cada cierto tiempo. A cambio están ocho meses trabajando en una empresa” sin cobrar. “Algunas de manera magnánima te pagan el curso”, dice Rodríguez tirando de ironía.

Otra señalada es la Universidad de Alcalá, un centro público que tiene un convenio con la Fundación Universidad Empresa. “Una puerta abierta al fraude en estudios de postgrado”, dicen en Oficina Precaria, con un modelo similar al explicado.

Las universidades se encargan de vigilar y evaluar lo que ocurre en las prácticas curriculares, cuestión que no se da en las extracurriculares. Aun así, no están exentas de fraude. Los centros están “entre la espada y la pared”, dice Lahera, obligados a ofertar prácticas porque los alumnos es lo que más demandan. “La clave está en que la universidad evalúe que las competencias que debería adquirir un alumno se cumplen. Lo que no está claro es que todas tengan la capacidad de hacer eso”, añade Lahera.

Los contratos formativos

“Por el mero hecho de ser un contrato, se convierte en un lujo”, dice Rodríguez sobre los contratos de Prácticas y Formación. “Existe una forma más bestia de precarización, que es siendo becario”. Para muchos supone un alivio alcanzar un contrato laboral con su sueldo, sus vacaciones pagadas o su derecho a desempleo.

Y eso que los contratos formativos hacen pagar la inexperiencia. Por ejemplo, el sueldo de un contratado en Prácticas puede ser el 60% del de un trabajador que ocupe un puesto equivalente durante el primer año y de un 75% durante el segundo. El suelo que no se puede perforar es el salario mínimo interprofesional. Sólo la negociación colectiva puede mejorar estas condiciones.

Los de Prácticas son contratos destinados a recién licenciados o graduados. Sin embargo, a pesar de la rebaja de las condiciones, el uso es escaso. En 2017, representaron el 0,07% del total de contratos firmados, una proporción que se ha mantenido más o menos constante durante la última década.

El de Formación y Aprendizaje es un contrato para “la cualificación profesional de los trabajadores”, según especifica el SEPE. Combina formación y trabajo para jóvenes de 16 a 25 años, o incluso de hasta 30 mientras la tasa de paro no baje del 15%. La duración máxima es de tres años; el salario, no menos del mínimo, y además es bonificable al 100% para pymes y al 75% para las grandes.

Las sucesivas reformas laborales han ido precarizando estos contratos. La última se produjo en 2012 y fue “de una intensidad sin precedentes”, dice Joaquín Pérez Rey. Con los contratos formativos “se volvió a primar el fomento del empleo por encima de la dimensión formativa”.

La prueba del algodón se ha dado en 2017. Ese año la eficacia de los contratos de Formación medida en el porcentaje de los que se transforman en indefinidos se multiplicó. Es una cuestión que ha pasado desapercibida a pesar de que el aumento es espectacular. Casi el 30% de los contratos de formación convertidos en indefinidos en 2017 puede parecer poco, pero el año anterior la cifra alcanzó el 6%, y eso que era la más alta de los últimos años.

¿Por qué nadie ha destacado esta cuestión? Quienes han hecho los cálculos, los miembros del gabinete de estudios de CC OO, señalan en su informe que la buena noticia se debe a que el Gobierno redujo estímulos para este tipo de contratos, principalmente los que subvencionaban cursos de formación llamada “no acreditable”. “Por eso mejoran sus resultados en términos de inserción laboral de jóvenes, pues las empresas no tienen incentivos para utilizarlos como contrato precario y sólo lo hacen para mejorar la cualificación”, señala el documento.

Es un efecto que se ha notado también en el número de contratos. Con fuertes incrementos desde 2013, en 2016 se redujeron las firmas casi un 300%. El año pasado volvió a tasas positivas, aunque tímidas, del 7%.

Otra prueba que confirma que lo que más atrae de estos contratos son sus condiciones a la baja está en los sectores que más los usan. Los empleados con contratos formativos podrán ser ingenieros, pero trabajan de camareros. El sector servicios se llevó en 2017, 9 de cada 10 contrataciones de este tipo. De ahí que CC OO indique una “sobreutilización” en este ámbito.

El profesor Pérez Rey insiste en promocionar la pata formativa de este tipo de contratos. “Un uso racional de la formación haría pensar que, una vez que esta ha sido proporcionada por la empresa, será del máximo interés para la misma retener al trabajador y disfrutar del retorno formativo”. Sin embargo, “la bacanal de temporalidad en la que se ha acostumbrado a vivir el mercado de trabajo español, impide cualquier apuesta cualitativa, y la formativa sería una de ellas”.

La negociación colectiva eternamente encallada vuelve recurrentemente sobre este tema, pero no da frutos. Uno de los agentes principales de la mesa, la patronal CEOE, filtró a los medios recientemente una propuesta en este ámbito: contratos de formación para parados mayores de 45 años. Además, se sugiere eliminar las restricciones para realizar turnos de noche y horas extra que hoy contempla la ley para los contratos de Formación y Aprendizaje.

Becarios de 45 años trabajando en festivos y rotando turnos, incluido el nocturno. Recuerda de nuevo a Forges y una viñeta en la que aparecen dos patronos sentados frente a una mesa en un restaurante. Uno de ellos pregunta “¿cómo sirven al becario?”. El camarero responde: “asado en su jugo de 12 horas de jornada, con una guarnición de 280 euros al mes y una espuma deconstruida de 'esto es lo que hay”.