Elecciones generales del 28 de abril
De derogar la Ley de Memoria Histórica a permitir el uso de armas: promesas electorales que amenazan por la derecha

De volver a la situación anterior a 2015 y sustituir la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el Gobierno Rajoy, a ilegalizar partidos políticos independentistas, ampliar los supuestos a los que aplicar la prisión permanente revisable o derogar la Ley de Memoria Histórica —además de la Ley de Violencia de Género—.

En estas elecciones, las medidas relacionadas con el sistema penal y la seguridad son protagonistas, pero sobre todo por las amenazas lanzadas desde los tres partidos de la derecha. Nos sumergimos en los programas electorales de los partidos de ámbito estatal Unidas Podemos, PACMA, PSOE, Partido Popular, Ciudadanos y Vox.

Ley Mordaza y Código Penal

Desde que entró en vigor en julio de 2015, la promesa lanzada por todos los partidos políticos —excepto el Partido Popular, el casi inexistente UPyD e, inicialmente, CiU— ha sido la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el Gobierno de Rajoy y que limitaba el ejercicio de derechos fundamentales, como el de manifestación. Han pasado cuatro años y dos propuestas de ley para sustituir a la Ley Mordaza, y la derogación ha quedado pendiente.

Su derogación, es de nuevo, parte del programa que presentan tanto Podemos y PSOE como PACMA a las elecciones. Aunque no salga referenciado, Ciudadanos ya se posicionó el pasado año a favor de su derogación. Previsiblemente, el texto que sustituirá a la Ley de Seguridad Ciudadana popular será el presentado por el PNV al Congreso, sobre el que ya se presentaron cerca de 200 enmiendas.

En cuanto al Código Penal, las propuestas se disparan y no hay un solo partido que lo deje quieto. Podemos propone la eliminación del artículo 525, que castiga las ofensas religiosas; un tipo de delito que ha supuesto, entre otras, causas penales como la llevada a cabo contra el actor Willy Toledo por cagarse en dios y en la virgen del Pilar, contra activistas de Femen por protestar enseñando los senos en una capilla o contra las mujeres que sacaron a procesionar vaginas gigantes en Málaga y Sevilla. Todas impulsadas por la Asociación Española de Abogados Cristianos.

El partido morado también incluye en su programa la derogación de los artículos 490.3 y 491, sobre injurias y calumnias a la corona, delitos actualmente penados con hasta dos años de prisión y por el que actualmente está imputado Óscar Reina, portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), que llamó “miserable a Felipe VI”. También es uno de los delitos por los que fue condenado el rapero Valtonyc.

El PSOE promete también la derogación del artículo 315.3, que recoge una forma agravada del delito de coacciones en el ámbito del derecho de huelga. “No supone más que un intento por parte de la derecha de disuadir a los ciudadanos de ejercer su derecho a la huelga y, en consecuencia, su libertad sindical”, valora en su programa. Este tipo penal ha sido usado como acusación contra al menos 300 sindicalistas desde el 2000 hasta 2014 y fue por el que fueron condenados a tres años de cárcel Carmen Bajo y Carlos Cano, recientemente indultados de forma parcial para evitar su entrada en prisión, rebajando la condena de tres a dos años.

En cuanto al cannabis, Podemos incluye en su programa la despenalización de su cultivo y tenencia a nivel personal y colectivo, así como regular la actividad de los clubs sociales de cannabis. Por su parte, Ciudadanos propone regular el cannabis de uso terapéutico.

Los derechos de los animales también están recogidos, en mayor o menor medida, en los programas de varios partidos políticos. Frente a la batería de propuestas de PACMA, que incluye ampliar el supuesto de hecho para los delitos de maltrato animal y el aumento de penas —actualmente hasta 18 meses— para que se contemple la entrada en prisión del culpable, Podemos propone tipificar como delito el maltrato de animales salvajes y también el aumento de penas al abandono de animales. Ciudadanos también apuesta por aumentar las penas por abandono y maltrato de animales. Por su parte, el Partido Popular incluye en su programa que trabajarán “para la defensa y la protección de los animales de compañía y mascotas” y promoverán “reformas legales que luchen contra su abandono y maltrato”, sin dar más detalle.

Contra los musulmanes y más prisión permanente revisable

A la libertad de expresión, pero en su vertiente xenófoba, también han hecho referencia desde Vox. Su número dos, Javier Ortega Smith —el mismo que ejerce la acusación popular en el juicio contra el Procés—, está siendo actualmente investigado por la Fiscalía en relación por generar odio contra los musulmanes en un vídeo en YouTube en el que acusaba a todo aquel que profesara la religión musulmana de “enemigo”. “Nosotros no nos vamos a callar. No solo eso: el día que gobernemos vamos a acabar con esas leyes que nos quieren amordazar e intentaremos que haya otras leyes para perseguir a los cómplices de la invasión islamista en España”, afirmaba Santiago Abascal en relación con el proceso judicial seguido contra su número dos.

La primera parte del anuncio se traduciría en la derogación del artículo 510.1 del Código Penal, sobre delitos de odio, que contempla condenas de uno a cuatro años de cárcel a aquellos que lancen mensajes que menosprecien o generen odio contra personas por motivos racistas, por sus creencias religiosas o su orientación sexual, entre otros. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Interior sobre delitos de odio, referentes a 2017, contaba hasta 1.419 delitos de odio cometidos en ese año, un 11,6% más que en el año anterior. 323 estos actos delictivos se cometieron por motivos racistas. La segunda parte del anuncio de Abascal sí está incluido en su programa electoral, y es el “endurecimiento de penas para combatir a las mafias de la inmigración ilegal, así como para quienes colaboren con ellas, ya sea ONGs, empresas o particulares”, señala literalmente el programa de Vox, en referencia a organizaciones como Proactiva Open Arms o la Red Acoge, que dan asistencia humanitaria a personas refugiadas. También cargan contra las que llaman “mafias de comercio callejero”, para las que prometen persecución efectiva, en referencia a los vendedores ambulantes, que denuncian cómo ya sufren aún más persecución y criminalización tras la muerte de Mame Mbaye el pasado año en Madrid.

La prisión permanente revisable, introducida en la reforma del Código Penal impulsada en 2015 por el Partido Popular, es otra de las derogaciones que han quedado pendiente en el Congreso con la convocatoria de elecciones, y también aparece, pero para su ampliación, en los programas de Partido Popular y Vox. El partido de Casado propone que los supuestos a los que se aplican la prisión permanente revisable —actualmente crímenes de lesa humanidad, el asesinato del rey de España o de un jefe de Estado extranjero a su paso por España, el asesinato cometido por una organización criminal o terrorista, el cometido tras la comisión de un delito contra la libertad sexual o el de una persona menor de 16 años— se amplíen para incluir también a los violadores reincidentes, los asesinatos con cargos de violencia de género, aquellos en los que el autor impida u obstruya la recuperación del cuerpo de la víctima, el asesinato tras el secuestro de una persona, y también las muertes causadas por incendios, estragos —en referencia a la destrucción de grandes infraestructuras— o por liberación de productos químicos, biológicos, energía nuclear o elementos radiactivos. Por su parte, Vox simplemente incluye la restauración de “todo el rigor penal para el terrorismo y los delitos graves, incluyendo la cadena perpetua”, sin dar más detalle en el programa. En un mitin electoral en Palma de Mallorca, Abascal hacía de nuevo referencia a la cadena perpetua, afirmando que su formación apuesta porque “los que cometen crímenes contra las mujeres no salgan nunca de prisión”.

Otras de las propuestas de Vox —aunque sin dar más explicaciones sobre cómo llevarlas a cabo— son “recuperar la soberanía nacional en la aplicación de las sentencias de nuestros tribunales” para que “terroristas, violadores y asesinos en serie” no vuelvan a “beneficiarse del amparo de organismos europeos”, proponiendo así que España de la espalda a las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o —esta no incluida en su programa electoral— que los españoles sin antecedentes penales puedan tener un arma en su casa —actualmente ya es legal la posesión de armas, ya sean deportivas, para caza o vigilancia, acreditando su necesidad ante la Guardia Civil, que es la entidad responsable de otorgar las licencias—.

Seremos de nuevo un imperio

El Procés catalán ha sido el tema estrella político desde 2017, y también mantiene su protagonismo en los programas electorales, sobre todo de la derecha, que tiene la defensa de ‘lo español’ como uno de sus principales frentes de combate, desde los toros hasta el 12 de octubre como día a ensalzar.

Desde el PP de Casado contemplan introducir de nuevo la convocatoria de un referéndum ilegal como delito. Este delito ya estuvo contemplado, durante un breve espacio de tiempo que no llegó a los dos años, en el Código Penal. Fue durante el segundo gobierno de José María Aznar, con la Ley Orgánica 20/2003, de 23 de diciembre, que contemplaba para las consultas ilegales penas de hasta cinco años de cárcel a raíz del Plan Ibarretxe. Los nuevos artículos introducidos por la ley de Aznar fueron eliminados con la Ley Orgánica 2/2005, aprobada en la primera legislatura de Zapatero, en cuya exposición de motivos se explicaba que los hechos no tenían entidad suficiente para considerarse como delictivos.

Pero, además de recuperar la criminalización de las consultas ya lanzada por Aznar, Casado da un paso más y promete también reforzar la Ley de Partidos para que también se impida que lleguen fondos públicos a las formaciones que “atenten contra la unidad y los intereses generales de la Nación”, dejando prácticamente fuera de la vía democrática a los partidos independentistas. Previendo uno de los posibles desenlaces del juicio al Procés, el PP también propone prohibir los indultos para las personas condenadas por delitos de rebelión o sedición.

Vox, en la misma línea pero aún más drástica, directamente pide la ilegalización de partidos, asociaciones o cualquier tipo de organismo que persiga “la destrucción de la unidad territorial de la Nación y su soberanía”, dejando ya totalmente fuera de la vía democrática a cualquier ente que cuestione la forma actual del Estado. También promete la “máxima protección jurídica a los símbolos de la nación, especialmente la Bandera, el Himno y la Corona”. No es casual, y su relación tiene con la intención de no estar atado a la jurisdicción europea, ya que en marzo de 2018, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya condenó a España a indemnizar a dos personas que habían sido condenadas por quemar una foto del rey. El PP también propone crear una ley de símbolos nacionales “que defienda la convivencia y la neutralidad institucional”, además de agravar las sanciones para las autoridades que incumplan el deber de exhibir la bandera de España en los edificios oficiales o de tener una foto del rey que presida el salón de los plenos municipales.

Derecho a hablar… en castellano

Tanto Partido Popular como Vox incluyen en su programa el tema de los derechos lingüísticos, pero acotando este derecho al uso del castellano. El partido de Abascal lo resumen en una escueta frase: “Cumplir estrictamente el mandato constitucional de que todos los españoles tienen derecho a utilizar el español”. Por su parte, el de Casado se extiende más y propone desarrollar el artículo 3 de la Constitución, en el que se declara el castellano, pero también el resto de lenguas del Estado, como oficiales, para garantizar el uso del castellano “en todas las comunicaciones públicas realizadas en cualquier parte del territorio nacional”. “Nadie podrá ser multado o sancionado por utiliza el castellano”, continúa el programa del PP.

Más Ley de Memoria Histórica, o su derogación

La exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, las repetidas negativas de España a extraditar a los imputados en la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo o la polémica por las condecoraciones otorgadas —y que mantienen— varios policías conocidos por las torturas que infringieron a miembros de colectivos antifranquistas durante la dictadura y primeros años de democracia ha reavivado el debate sobre la memoria histórica, convirtiéndolo en otro de los puntos en los que los partidos de la derecha sacan los dientes.

“Somos la excepcionalidad europea en términos de impunidad y de haberle dado la espalda a nuestra historia”, señala el programa de Podemos. El partido morado propone la derogación de la Ley de Amnistía —facilitando así que se juzguen los crímenes de lesa humanidad—, quitar las medallas a los policías torturadores o anular los juicios del franquismo. También hacer una auditoría sobre los bienes que fueron expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares. “Hay que señalar que el régimen franquista no solo fue una maquinaria autoritaria diseñada para la represión, sino que operó también como un mecanismo de saqueo y expolio hacia las familias de la jerarquía franquista”, apunta Podemos en su programa. PSOE propone dar “un nuevo impulso a la Ley de Memoria Histórica y a las políticas de reparación de las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura”, haciendo que sea el Estado la entidad que asuma la gestión de las políticas y actuaciones de búsqueda de verdad, justicia y reparación. Sin embargo, en su programa no hace mención a la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo, cuya investigación el Estado español lleva bloqueando desde 2014.

Por su parte, el Partido Popular promete una Ley de Concordia que sustituya a la Ley de Memoria Histórica, que “incluya a todas las víctimas y que haga del recuerdo de los hechos históricos un alegato en favor de la libertad y paz, la tolerancia y la convivencia, para que nunca más, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, vuelva el odio y la violencia entre españoles. Es decir, continuar con la impunidad de los crímenes franquistas. Vox, de nuevo más escueto, lo deja en la simple “derogación inmediata de la Ley de Memoria Histórica”. Ya a principios de año, Abascal afirmó que en Vox “somos la voz de aquellos que tuvieron padres en el bando nacional y se resisten de tener que hacer una condena de lo que hicieron sus familias”.