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El Salvador
¿Quién se enfrenta a Bukele?
En las laderas del volcán Tecapa, en medio de una espesa vegetación, se elevan masivas columnas de vapor. Aquí se encuentra la central geotérmica Berlín, una de las cuatro con las que cuenta El Salvador. Desde estas alturas de la cordillera volcánica, se divisa a lo lejos la hidroeléctrica y el embalse 15 de septiembre, en el río Lempa, el mayor curso de agua de Centroamérica, que serpentea por todo el país. A la par de estas centrales geotérmicas, fue en los años 1970 cuando el gobierno de El Salvador emprendió la construcción de unos embalses de gran tamaño para la producción hidroeléctrica.
Las reubicaciones masivas de comunidades campesinas agravaron el problema agrario, ya notable debido a la mayor concentración de tierras en manos de unos pocos terratenientes. Se empezaron a organizar a la vez que se intensificó la represión del movimiento campesino, del sindicalismo etc, por parte de un gobierno militar, en el poder desde el levantamiento indígena del 1931 que acabó con la masacre de 30.000 campesinos. Con el golpe de estado militar del 1979 y la formación en el 1980 del FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional), estalló una de las más cruentas guerras civiles que conoció el continente americano. Se cifran en más de 75.000 las víctimas del conflicto y según la comisión de las Naciones Unidas para la verdad y la paz, el 95% de ellas lo fueron a manos de las fuerzas militares y gubernamentales.
Nayib Bukele fue elegido presidente de la República en el 2019, como candidato de un nuevo partido de derecha populista, acabando con la tradición bipartidista que reinaba desde 1992
Huyendo de la guerra, millones de salvadoreños se refugiaron en los Estados Unidos, donde todavía hoy se encuentran dos millones, cuando el pequeño país centroamericano no más cuenta con 6,5 millones de habitantes. Confrontados a la marginalización y a la violencia de los gangs, en los suburbios de las metrópolis estadounidenses, la juventud salvadoreña se organizó en pandillas. Así nacieron en los años 1980, en los suburbios de Los Ángeles, la Mara Barrio 18, y la Mara Salvatrucha MS13.
Con el fin del conflicto y la firma de los acuerdos de Chapultepec en la Ciudad de México en el 1992, se inicia una nueva era democrática en El Salvador. Coincide con un cambio de estrategia en la lucha contra los gangs en California. Estados Unidos expulsa del país a los salvadoreños encarcelados por su implicación en la criminalidad. Y así fue como las maras, nacidas en el país del norte, toman pie y fuerza en Centroamérica, convirtiendo a El Salvador y Honduras en los países con la más alta tasa de homicidios del mundo.
Los mapas de Nelson
A las orillas del embalse del Cerrón Grande, Alberto tiene una empresa de turismo en el pueblo de Suchitoto, un centro turístico ubicado a unos 40 kilómetros de la capital. Oficia como guía. En la alcaldía, lleva a los visitantes ante un mapa de la región, en el que figuran las decenas de masacres y asesinatos que tuvieron lugar aquí a lo largo de la guerra civil. Justo en la otra acera, la Sociedad Democrática de Suchitoto es un espacio exclusivo, en él que los miembros se juntan a charlar en la barra, con café y cigarro, se sientan a jugar cartas o echar un póker, o toman cervezas alrededor de una mesa de billar. En aquel ambiente más informal, opina Alberto sobre la historia reciente de su país. “En 1992, se acabó la guerra pero se inició otra. Con las pandillas. Porque, con los acuerdos de paz, con la nueva Constitución, se introdujeron los derechos humanos, la Corte Suprema, la Fiscalía. Los derechos humanos vulneran a los derechos de la ciudadanía, de la ciudadanía honrada pues”.
En enero de este año, se canceló la conmemoración de los Acuerdos del 1992, que el propio presidente había calificado de “farsa”, en el marco de una amplia operación de revisionismo histórico. Nayib Bukele fue elegido presidente de la República en el 2019, como candidato de un nuevo partido de derecha populista, acabando con la tradición bipartidista que reinaba desde 1992. Anteriormente, había sido alcalde de San Salvador bajo la etiqueta del FMLN. Tras los acuerdos de paz, el antiguo ejército guerrillero pasó a ser un partido político, integrado en el juego institucional y electoral, hasta arrebatarle en el 2009 la presidencia a la derecha del ARENA, partido creado por miembros del ejército durante la guerra civil. Vecino de Suchitoto, el pueblo de Cinquera también pagó un elevado precio por la guerra. En el parque, Enrique, exguerrillero del FMLN ajusta cuentas con los sucesivos gobernantes. “Bukele es un barco sin rumbo. Va por sus empresas no más. Y por el poder. Y en el FMLN, ellos se dicen de izquierda pero no más se han quedado los corruptos allí dentro, los demás nos salimos, los pensantes”.
Bukele se beneficia de un gran apoyo popular, legitimado por la guerra que declaró el gobierno contra las pandillas. Sin embargo, se multiplican las denuncias por las graves violaciones a los derechos humanos y al Estado de derecho que están ocurriendo en el pequeño país centroamericano
Análisis
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Un año tras la llegada al poder de Bukele, en su informe del 2020, desde el Observatorio Universitario de Derechos Humanos alertan. “Existe una retórica peligrosa contraria a los derechos humanos, la armonía social y el Estado de Derecho, por parte del mismo presidente de la República.” En el 2021, Bukele consiguió una mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa tras una victoria histórica en las elecciones, y el mismo OUDH concluye así su informe: ”El nuevo escenario institucional está caracterizado por la cooptación del Estado por parte del Ejecutivo y por una mayor concentración del poder político en manos del presidente de la república“.
Según el ministro de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, en el primer mes del régimen de excepción, el 65% de los detenidos tenía menos de 30 años
En aquel contexto de máxima concentración del poder en mano del presidente y de una lenta difusión de retórica autoritarista en el marco de una supuesta guerra contra las pandillas, llega el 27 de marzo de 2022. El día anterior, un triste récord de 62 homicidios fueron cometidos en el país. Se sabrá posteriormente, con la revelación de unos audios en el marco de una investigación del periódico El Faro, que aquel derrame de sangre fue venganza de las maras luego de que el gobierno de Bukele haya quebrado el pacto que tenían desde hace dos años. Pero el pretexto fue suficiente para decretar un amplio régimen de excepción, dejando suspendidos varios derechos fundamentales, en primer lugar la libertad de asociación y el derecho a la defensa legal.
El Salvador
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Dejando atrás los cafetales de la cordillera volcánica, el 4x4 va volando, en medio de un mar de canales. Al volante, Romeo, se dirige hacia la capital. A los 44 años, es abogado y, lo reconoce él mismo, vive “en una burbujita, social, en la que uno no tiene que lidiar con el problema de las maras ni está afectado por el régimen de excepción”. Como jurista, constata, pragmático, que el derecho a la defensa legal queda afectado. “La detención antes de que abran un proceso, la detención en la policía, que antes era por un máximo de 72 horas, ya no tiene límite en su duración”. También sostiene que ocurren detenciones arbitrarias y se vulnera la libertad de reunión y de asociación. “Hoy, así solo te ven mal parado aquí, y te ven con una cara de maleante, y aunque no lo seas, o si tienes tatuajes, ahí te paran, te registran, y te llevan”. Sin embargo, respalda la medida, que incluso considera como insuficiente. ”Para mí, en lugar de régimen de excepción, deberían de verdad empezar a matar mareros“.
Según el ministro de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, en el primer mes del régimen de excepción, el 65% de los detenidos tenía menos de 30 años. Alexis tiene 24 años, la cara seria, la mirada desilusionada, el tono fatalista. Comenta lo que están viviendo en el país una mayoría de jóvenes humildes, de escasos recursos económicos. “Yo estoy pensando en irme, muchos lo están pensando. Y ya no es por la situación económica, sino por lo que está pasando, la guerra contra las pandillas. A uno ahora lo pueden arrestar no más por andar así con amigos. Lo acusan de agrupación terrorista. O a veces también porque alguien llama y te denuncia, entonces vienen por ti, sin averiguar más. Ya se llevaron a varios conocidos a la cárcel. Está duro. Aquí en este país, se ha puesto muy feo. Ya estaba feo con las pandillas, pero ahora el problema es que pagan personas que no tienen nada que ver”.
Reporta Human Rights Watch el caso del músico Elvis Josué Sánchez Rivera, de 21 años. “Su familia indicó que, al momento de la detención el 3 de abril, se dirigía a jugar fútbol con un amigo. No supieron el paradero de Sánchez Rivera hasta que las autoridades de un hospital les informaron que había fallecido el 19 de abril”.
En el 2021, El Salvador ya contaba con 36.660 reos, lo que convertía al país en el segundo en el mundo con la mayor tasa de personas encarceladas respecto a la población, con 564 presos por cada 100.000 habitantes, según World Prison Brief, solo por debajo de Estados Unidos. Con las detenciones ocurridas en estos tres últimos meses de régimen de excepción, cifradas al 25 de mayo en más de 35.000 según el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, supone que la población encarcelada en El Salvador ha doblado, alcanzando los 1.100 presos por cada 100.000 habitantes. El 19 de abril, la Asamblea Legislativa aprobó una ley para crear nuevos centros penitenciarios.
Por las calles del Puerto de la Libertad, se activan cientos de obreros y pasean soldados del ejército naval. Anuncian los carteles ”Surf City. Under construction“. En los próximos días comenzará aquí una competición internacional de surf, se esperan miles de visitantes y ya se puede sentir la efervescencia que se apodera de la ciudad. Pasa una camioneta de policía. Atrás, dos policías parados con tres adolescentes a sus pies, esposados, cabizbajos. Entretanto, en la capital, San Salvador, el jueves 26 de mayo, se desarrollaba el plenario de la Asamblea Legislativa, para prorrogar por segunda vez el régimen de excepción.
Por el centro histórico de San Salvador, reina un ambiente que recuerda a La Habana. Como en los altos lugares de la capital cubana, aquí, a la par del cha-cha-chá, La Dalia tuvo su época dorada en los años 40 y 50, cuando gobernaban los militares y se juntaban en estos salones las élites, tanto salvadoreñas como estadounidenses, tal y como lo atestiguan las fotos colgadas en la pared. Aquí sentado en una mesa, se encuentra Romeo, el abogado. “Van a aprobar la prórroga, la mayoría de la Asamblea es bukelista, él solo da la orden, lo aprueban y ya. Está servido. Lo tiene todo, Presidencia, asamblea y las alcaldías. Se acabó la oposición, se acabó, y no solo por los resultados electorales sino también porque les abrieron causas judiciales”.
“A este gobierno, le crítico dos cosas”, sigue. “Uno, es que se ha llevado el Estado de Derecho, no hay, no hay. Todos los poderes están en sus manos, se lleva todos los debidos procesos, todos los principios de defensa, todo se lo lleva, puta le vale verga. Y ahora con el régimen de excepción todavía más cabal. Y lo otro, que probablemente es consecuencia de la corrupción aunque a mí no me consta, desde que tomó poder el presidente, en todas las instituciones públicas, no han rendido cuentas, de las finanzas, del uso del presupuesto”. Y efectivamente, desde El Faro reportan que en abril se suspendió la ley LACAP, que regula las contrataciones y compras públicas, al igual que durante la pandemia, cuando un 66 % de las compras tuvo alguna irregularidad, según el entonces Fiscal General de la República, destituido hace un año.
A principios de mayo, la denuncia vino de Human Rights Watch. “Prácticamente no quedan instituciones independientes que puedan fiscalizar al poder ejecutivo en El Salvador. En los últimos meses, la bancada de Bukele en la Asamblea Legislativa cooptó la Corte Suprema, reemplazó al fiscal general con un aliado del gobierno y destituyó a cientos de jueces de tribunales inferiores y fiscales.”
Un mes después del decreto del régimen de excepción, ante su primera prórroga a finales de abril, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, comunicaba: “Durante los últimos 30 días, el gobierno del presidente Bukele ha pisoteado los derechos de la población salvadoreña. Desde reformas legales que vulneran las normas internacionales hasta detenciones arbitrarias masivas y malos tratos a las personas detenidas, las autoridades de El Salvador han creado una tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos que ahora se espera que continúe con la aprobación de la prórroga del estado de excepción”.
De regreso por las laderas del volcán Tecapa, en el Oriente del país, Milton es ingeniero. Lleva un par de décadas trabajando con ONG en varios proyectos de desarrollo, para la construcción de viviendas, escuelas etc. Apoya al presidente Bukele, aunque reconoce que no ha votado a su partido en las legislativas. También respalda el régimen de excepción, y ve las detenciones masivas y arbitrarias como una necesidad para acabar con las pandillas. “Pero a mí, hay una cosa que me tiene preocupado”, dice. “Es que este país no tiene ningún líder. ¿Quién se le va a enfrentar a Nayib?”