Educación pública
Extremadura: miles de niños y niñas sin comedor escolar

El inicio del curso en Extremadura arranca bajo el signo del caos y la descoordinación. El nuevo gobierno de PP y Vox nombró a la nueva dirección de EPESEC (Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios) a finales de agosto, perdiendo un tiempo fundamental, de acuerdo con todas las fuentes consultadas, y provocando el descontento en las direcciones de los centros, carentes de orientación en torno a cuestiones básicas de organización de las actividades en los mismos, habida cuenta de que se trata del organismo responsable de comedores, residencias y transporte. El nuevo titular del servicio, con rango de director general, es Eduardo Villaverde Torrecilla, cuyo nombramiento, efectivamente, se publicó con fecha 23 de agosto.

A este retraso en la conformación de la consejería se sumaría, como denunció Marisol Mateos (secretaria de Organización del PSOE extremeño), el retraso en la adjudicación de las plazas docentes a escasas fechas del inicio de las clases, lo que, en su opinión, mostraría un gobierno “absolutamente desbordado” tras “un mes de vacaciones” y que, además, habría “desandado todo lo que se había dejado resuelto”, cometiendo una cadena de “errores intolerables”.

La barbarie llama a la puerta: la des-política educativa en tiempos de neoliberalismo

Raúl Gijón

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Educación

Análisis La barbarie llama a la puerta: la des-política educativa en tiempos de neoliberalismo

Raúl Gijón

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Arranca el curso escolar y se hace necesario diseccionar políticas educativas y resistencias necesarias. Análisis desde una Extremadura en manos de PP-Vox y mirando a Madrid.

Pero, sin duda, la medida más polémica está resultando la eliminación sorpresiva de más de 2.100 plazas gratuitas de comedor escolar, lo que ha llevado a que muchas familias vieran afectada seriamente su conciliación familiar, además de ver sus economías severamente golpeadas. 

En este sentido, y haciendo referencia también a las rebajas fiscales recientemente aprobadas por el ejecutivo extremeño, se ha expresado Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura.

La portavoz ha querido señalar, en declaraciones a El Salto Extremadura, cómo “nos parece lamentable la situación de caos que se está viviendo con los comedores escolares y, también, nos parece muy elocuente que a la vez que se está negando la gratuidad a más de 2.000 familias extremeñas de los primeros escolares se plantea una reforma fiscal que va a sustraer de las arcas públicas 40 millones de euros”.

Irene de Miguel: “Cuando tu política fiscal en vez de ser progresiva es regresiva y solo beneficia a los ricos, al final hay que recortar en servicios públicos y este recorte ha empezado por los comedores escolares”

En relación a este último extremo ha subrayado De Miguel que dicha reforma se haya efectuado “haciendo que esa rebaja fiscal beneficie más a los más privilegiados, en este caso con la eliminación del Impuesto de Patrimonio [...] cuando tu política fiscal en vez de ser progresiva es regresiva y solo beneficia a los ricos, al final hay que recortar en servicios públicos y este recorte ha empezado por los comedores escolares eliminando la posibilidad de que todas las familias que lo soliciten puedan acceder a este servicio de manera gratuita”, a lo que se sumaría “que aquellas familias que se ven obligadas a pagar van a hacerlo con un importe mucho más elevado que el año anterior y lo van a hacer directamente a la empresa adjudicataria, con lo cual esto es una privatización ya del servicio en toda regla. Ya no se va a tener que rellenar el modelo 50 sino que se las van a tener que ver directamente con la empresa. Este es el modelo del Partido Popular: privilegiar a unos pocos en detrimento de las familias trabajadoras que van a tener que cargar sobre sus espaldas, y en este caso también sobre sus bolsillos, servicios que deberían ser gratuitos”.

La rebaja fiscal en Extremadura afecta a los dos primeros tramos del IRPF, pasando del 12,5% actual a, respectivamente, el 8% y el 10%, según declaraciones de la propia presidenta María Guardiola. El decreto ley de medidas urgentes que recoge estas reformas, y cuyo efecto será retroactivo desde el 1 de enero de 2023, fue aprobado el martes pasado por el Consejo de Gobierno. En el mismo, además, se suprimen tanto el Impuesto de Patrimonio como el impuesto a viviendas vacías de grandes tenedores.