Editorial
Se agota el tiempo

Descomunales barcos bloqueados en el puerto de Los Ángeles y en las más grandes terminales marítimas del mundo. Apagones y racionamiento de energía en 21 provincias de China, siderúrgicas paradas en España por el coste de la electricidad y peleas por la gasolina en las estaciones de servicio del Reino Unido. Escasez de madera, hormigón y prácticamente todo lo que se necesita para construir una vivienda, incluida la mano de obra. Falta de aluminio, titanio, chips, entre un larguísimo etcétera de productos básicos para la industria que han visto reducida su disponibilidad y disparado su precio. Los cereales y otros alimentos por las nubes y las cadenas de suministros averiadas por tierra —faltan 400.000 camioneros en Europa— y por mar —enviar un contenedor es ahora diez veces más caro que hace un año—.

La recuperación que comenzó a dibujarse después de más de un año de pandemia está gravemente comprometida por una batería de desbarajustes en el mercado global que no parece tener una rápida solución. La crisis energética ha llevado a Europa a enfrentarse al frío con las menores reservas de gas en décadas. El alza de los precios del gas —también de la gasolina, el diésel y el carbón— se ha trasladado a todo lo demás y la inflación está pulverizando el nivel adquisitivo de la población más vulnerable y ensanchando la pobreza energética.

En España, un IPC anual en octubre del 5,5% ha convertido en insignificante la reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional, también el aumento pactado con funcionarios y en la mayoría de convenios colectivos. El aumento del precio del gas ha transformado el plan de choque del Gobierno en un gesto audaz, pero inútil para contener el precio de la electricidad que pagan las familias y las empresas.

La época en la que se podía invertir en gasto social y eludir recortes impopulares está cerca de terminar

El contexto de gran vulnerabilidad e incertidumbre mundial, donde cosas que antes parecían imposibles llenan titulares semana tras semana, no ayuda a poner las cosas fáciles al Gobierno de coalición. Cuando se acerca el final de año se le acumulan los desafíos al Ejecutivo de Pedro Sánchez, presionado por Bruselas, que quiere saber a qué se refiere cuando habla de derogar la reforma laboral.

La Comisión Europea, al igual que la patronal y el área económica del Gobierno, no está dispuesta a aceptar fórmulas que quiten flexibilidad al mercado laboral y pondrá muy difícil que se cumplan las expectativas de Unidas Podemos y de los sindicatos, que quieren recuperar el poder de la negociación colectiva y limitar la subcontratación y la temporalidad.

La Comisión también quiere saber antes de fin de año qué principio reemplazará al derogado factor de sostenibilidad, es decir cómo se recortarán las futuras pensiones públicas, y cómo el Gobierno va a potenciar los planes privados de pensiones en un país que hasta ahora no los ha necesitado ni se los ha podido permitir. Y los tiempos parecen cambiar rápidamente: a finales de octubre la Comisión daba el primer paso para reactivar en 2023 las reglas fiscales que rigen los objetivos de déficit y deuda de los países de la Unión después del paréntesis de la pandemia.

Dicho de otra forma, la época en la que se podía invertir en gasto social y eludir recortes impopulares está cerca de terminar. Los terremotos políticos y económicos que pueden venir en este otoño-invierno pueden ser determinantes para el capitalismo global, y también para el futuro del Gobierno de coalición si no está a la altura de las circunstancias.