Desahucios
Desahucian a una mujer y a su hija tras una falsa suspensión de la orden judicial

Marimar y su hija menor de edad han salido de casa esta mañana y no han podido volver a entrar. Mientras se encontraban fuera, la vecina del bar de al lado las ha advertido por teléfono que un puñado de coches de policía habían llegado a la puerta de su finca de la calle Bello, en el Grau de València. Rápidamente han subido a su vivienda, han sacado al perro y han cambiado el cerrojo de la puerta. Cuando Marimar ha llegado, no quedaba nadie. Solo su vecina con el animal, que se ha salvado de acabar en la perrera municipal gracias a ella.

La ejecución del desahucio llega solo tres días después de que supuestamente se parara la orden judicial para echarlas. La última notificación indicaba que el lunes a las 11.30h llegaría la comitiva judicial para expulsarlas, y así fue. A pesar de esto, la movilización vecinal, que juntó a decenas de personas a la puerta de la casa, evitó que se ejecutara el desahucio. La comitiva habló con la policía, quién transmitió Marimar que se suspendía la orden judicial, pero sin una acta que lo acreditara.

Desde Espai Veïnal Cabanyal, el colectivo que ha movilizado la oposición al desahucio después de agotar la vía judicial, aseguran que el mismo juzgado les había confirmado por teléfono que la orden de desahucio había sido suspendida. El siguiente paso era recibir otra notificación con una nueva fecha para el desalojo, notificación que no ha llegado. En cambio, la policía ha ejecutado la expulsión tres días después sin previo aviso.

Según explican los portavoces de Espai Veïnal Cabanyal, se trata de una dinámica de “fechas abiertas” que la autoridad judicial está aplicando, sobre todo, para los casos de ocupación. En lugar de cerrar el acta para el desahucio, la dejan abierta para que se pueda ejecutar cualquier día y en cualquier hora, para evitar que el vecindario pueda concentrarse en las viviendas de los afectados e impedir que les echen. La diferencia en este caso es que se había informado la familia que el acta de desahucio se había cerrado, por lo cual era necesaria una nueva notificación para reiniciar el proceso.

En una situación similar se encuentran Paquita y Abraham, una familia que vive en la calle Vicent Brull del Cabanyal y que se encuentra con fecha abierta para la expulsión desde hace casi tres semanas. Desde el colectivo denuncian esta práctica como “un mecanismo judicial de indefensión” cada vez más extendido que, además, se está aplicando con más dureza en el País Valencià. En Catalunya, en cambio, el desahucio durante la fecha abierta solo se puede producir dentro de un plazo en el cual avisan a la familia afectada.

Marimar y su hija ocupaban un piso de Divarian en uno de los edificios de la calle Bello del Grao, barrio donde su familia ha residido siempre. Se trata de la única vivienda de la finca que tenía en propiedad la entidad inmobiliaria, participada por el BBVA y el fondo buitre Cerberus. Desde Divarian se han negado reiteradamente a negociar un alquiler social con familias que se encuentran en situación de ocupación. Por otro lado, desde la Conselleria de Vivienda, junto con los Servicios Sociales de València, se está buscando una alternativa para Marimar que todavía no ha llegado.