Desahucios
Más de 200 personas frenan el desahucio de una madre y sus cinco hijos en Burlata

Se quedan. Esta familia de seis, una mujer y sus cinco hijos, tres de ellos menores, se queda en su casa de Burlata (Navarra). Al menos por el momento. El pasado jueves 30 de enero estaba fijada la fecha para el desahucio, pero la movilización vecinal y la organización del Sindicato Socialista de Vivienda de Iruñerria ha dado sus frutos, obligando a posponer el proceso judicial en marcha. Decenas de paraguas en alto, y una hora y media después de las 9 de la mañana, simbolizaban la victoria temporal. 

Esta madre de familia numerosa lleva años haciéndose cargo del alquiler. Víctima de violencia machista, como ha informado el sindicato, es la familia de su agresor y exmarido la que quiere expulsarla de la vivienda para venderla. 

A pesar de la prórroga de la moratoria de los alquileres para personas vulnerables aprobada por el Gobierno, su caso no se halla amparado. Andoni Burguete, del Sindicato Socialista de Vivienda de Iruñerria, explica que no se le puede aplicar tal moratoria porque en el artículo 1 bis del Real Decreto-Ley 9/2024, por el que se regulan, entre otras cuestiones, los denominados “desahucios por precario”, establece que debe probarse la relación legal de arrendamiento. En este caso, los pagos del alquiler no figuran en tal relación, por lo que la ley es más estricta: “Debe demostrarse una situación de extrema necesidad, debe tratarse de un gran propietario –con más de 10 viviendas en propiedad–, debe ser un caso en el que la entrada en la vivienda sea anterior a la entrada en vigor de la moratoria, etcétera”, explica Burguete.

La moratoria del ‘escudo social’ no ha servido para impedir tres de cada cuatro desahucios

Martín Cúneo

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Derecho a la vivienda

Derecho a la vivienda La moratoria del ‘escudo social’ no ha servido para impedir tres de cada cuatro desahucios

Martín Cúneo

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Un redactado poco claro, que deja libertad a los jueces para saltarse la moratoria, limita su alcance. A pocas semanas de su fin, organizaciones de vivienda piden que sea mejorada, ampliada y convertida en permanente.

Burguete critica que exista esta “brecha legal hace que un supuesto escudo social termine convirtiéndose, con relativa facilidad, en un arma de doble filo”, pues se trata de “una medida excluyente que da cobertura a la impunidad propietaria y hace depender de la discrecionalidad del juez de turno la posibilidad de que una familia pueda terminar en la calle en pleno invierno”.

Ante el riesgo de deshaucio, el Ayuntamiento de Burlata propuso a la familia irse a un hotel haciéndose cargo de parte de gran parte del coste.

El Ayuntamiento de Burlata propuso a la familia irse a un hotel haciéndose cargo de parte de gran parte del coste. El vecindario no se explica que esta sea la respuesta ante una urgencia habitacional como la que se presenta. 

Una familia entera iba a quedarse en la calle y, según el sindicato, las instituciones “permanecen pasivas” y los servicios sociales “no ofrecen alternativas estables ni de calidad”. La comitiva judicial, al toparse con la respuesta solidaria de más de 200 personas, ha decidido posponer el desahucio. El sindicato reconoce que es “una victoria temporal de la lucha colectiva".