Derechos reproductivos
Andorra mantiene el aborto en su Código Penal pero deriva a las mujeres a los países vecinos

El sábado 29 de septiembre, por primera vez en la historia de Andorra, un grupo de mujeres salió a la calle para pedir que se despenalice el aborto en el país. “Salimos unas 40 y se fue sumando gente; estamos satisfechas porque es la primera marcha pública por el aborto en Andorra, que tiene fama de ser un lugar en el que la gente no se mueve”, explica Vanessa M. Cortés, psicóloga social especializada en violencia sexual y una de las integrantes de Stop Violènces.

Stop Violènces, la asociación feminista de base que promovió la marcha y el hashtag #Avortarem en Twitter, es la responsable de esta manifestación pública por la despenalización del derecho a la interrupción el embarazo en un país es el que abortar está castigado con penas de hasta cuatro años de cárcel en el Código Penal.

Los artículos 107, 108 y 109, referidos al aborto consentido, no consentido e imprudente y agrupados en el título “delitos contra la vida prenatal”, son los responsable de estas penas. Pese a ellos, las mujeres andorranas abortan. “El problema no es tanto si es legal o no, sino que tenemos que pagarlo y cuesta entre 300 y 1.000 euros —que se pueden convertir en una cantidad mayor si te acompaña alguien o si hay alguna complicación—, además del transporte y la carga que supone”.

En 2017, un total de 107 mujeres de Andorra abortaron en hospitales públicos catalanes. La cifra, sin embargo, no ofrece una panorámica completa de la dimensión de los abortos de mujeres de Andorra, ya que pueden ser muchas más las que lo hacen en hospitales franceses o en clínicas privadas.

No solo eso. “Estamos encontrando que el modus operandi de algunas ginecólogas es hacer escuchar el latido fetal a las mujeres que quieren abortar, e incluso se les enseña el feto, como si no fueran conscientes de lo que van a hacer”, sigue Cortés. “Y no solo les pasa a las mujeres pérfidas que son libres sexualmente, y estoy ironizando, sino también a las que han sido violadas, y a las que se encuentran de golpe con que el feto tiene algún problema y no va sobrevivir, por no hablar de cuántas mujeres han sido abusadas sexualmente y luego obligadas a parir”.

La situación de Andorra no se entiende, explica esta psicóloga, sin su contexto histórico. “En la Constitución de 1993, y ya como antecedente en los pariatges de 1278, queda claro que Andorra es católica y sigue los preceptos de la Iglesia católica, sobre todo ante lo que llaman la defensa de la vida”, cuenta. “Porque no somos una democracia parlamentaria sino un coprincipado parlamentario, es decir, hay dos jefes de Estado que nos gobiernan y esto es grave”, explica Cortés para especificar cómo los copríncipes del Principado de Andorra —el Presidente de la República francesa y el obispo de Urgel— pueden influir en la decisiones del país negándose a firmar acuerdos.

Abortar sin que se note

Ante preguntas de la consellera Rosa Gili, del Partido Socialdemócrata de Andorra, el Ministro de Asuntos Sociales, Justicia e Interior, Xavier Espot, explicó este martes que los médicos del sistema público del país “pueden orientar a las mujeres que requieran un aborto e informarles de que es una práctica no autorizada, así como explicarles que pueden hacerlo en los países vecinos”. Según Espot, existe una red de acompañamiento en Andorra para las mujeres que soliciten un aborto y también existen servicios de planificación familiar.

Para este ministro —cuyo partido, Demócratas por Andorra, gobierna con mayoría absoluta—, las defensoras de la despenalización del aborto pretenden dar una visión “caricaturizada y arcaica” de Andorra, como indicó este martes en la sesión del Consell d’Andorra en sus argumentaciones ante las preguntas de la consellera, que ha llevado en múltiples ocasiones el tema de los derechos reproductivos al Consell General, el parlamento andorrano.

Pese a que Espot aseguró que actualmente no existe ninguna persona condenada por los delitos relacionados con el aborto del código penal, Gili considera que el hecho de que puedan ser condenados pone los profesionales sanitarios en una situación de inseguridad jurídica, cuando, por ejemplo, la línea entre “inducir” al aborto e informar es difusa. 

“Lo que queda claro es que el tema les incomoda”, explica Gili a El Salto. “El Gobierno tendría que asesorar a las mujeres andorranas de una manera clara, pero como se ha podido ver en las respuestas a mis preguntas por escrito dejan claras ciertas limitaciones, mientras que en unas declaraciones el ministro dice que se acompaña a las mujeres que quieren abortar; se están contradiciendo”. Por ejemplo, explica la consellera, ellos dicen que no se reembolsan abortos que se realicen fuera, pero sí existe en el sistema de salud una nomenclatura referida a las coberturas que da nuestra seguridad social que puede dar cobijo a que esto sí esté ocurriendo.

El doctor Eric Sylvestre, médico del sistema público andorrano, explica cómo esa indefinición perjudica a los profesionales médicos, y sobre todo, subraya, a las pacientes. “El problema principal es que no hay normativa clara sobre el tema; tenemos una ley que prohíbe abortar en todas las situaciones, pero sin mencionar si el hecho de someterse a un aborto fuera del país se delictivo o no”, explica a El Salto. En la actualidad, dice, un médico no tiene claro qué hacer en caso de urgencia: “Se ha dado a entender siempre que, como es lógico, se debe salvar la vida materna, pero nunca se ha dicho claramente y tampoco se entiende claramente en qué consiste ‘inducir’ un aborto”, describe Sylvestre. 

En la práctica, no se muestra oposición a practicar abortos fuera de Andorra, pero la legislación deja la puerta abierta a todas las interpretaciones, como explica el doctor. Sylvestre cuenta cómo, cuando pidió consejo al Colegio de Médicos de Andorra sobre un caso, le contestaron que debería valorarlo en función de aviso del especialista, “pero sin decirme qué hacer en el caso de que el especialista recomiende un aborto terapéutico”. “La situación se resume en hacer lo que pensamos que es correcto, pero sin que sea visible”, zanja. 

Andorra se rompe 

“No veo razones para forzar a una mujer a asumir un embarazo no deseado, sea cual sea la razón, como médicos no estamos aquí para establecer un juicio”, explica el médico, que cree que no existe interés por abrir un debate sobre el tema. Pese al poco interés de los partidos conservadores, con amplia representación, por abrir el debate, ya una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en 2015 obligó a los diputados a posicionarse. La propuesta fue tumbada, pero la marcha de este año, las voces críticas o el trabajo de la consellera Rosa Gili continúan favoreciendo el debate para que el Gobierno de un país que ha ratificado el Convenio de Estambul asuma su responsabilidad con los derechos reproductivos de las mujeres. 

“Quienes se oponen al debate se refugian en un supuesto peligro para las instituciones, alegando que el Artículo 8 de la Constitución protege la vida de las personas en todas sus fases; yo he argumentado que esta vida no comienza en la fecundación y, por tanto, el Artículo 8 no es incompatible con los abortos”, explica Sylvestre.

“Creo en la sociedad andorrana la penalización del aborto se ve como una anormalidad, aunque es cierto que si tienes recursos es fácil recurrir a los países vecinos; pero los jóvenes lo tienen clarísimo y esto se va a tener que abordar”, dice Gili. “Juegan a meter miedo con que se va a ir el copríncipe, lo cual desestabilizaría el equilibrio institucional”, explica. Pero añade que, si bien el obispo de Urgel está utilizando su poder para frenar este debate, “tenemos también como copríncipe el presidente de la República francesa, y existen antecedentes de que un copríncipe haya apretado en algún sentido; nos preguntamos si el copríncipe francés está cómodo con esta situación”, lanza. Al contexto, añade, hay que sumar el hecho de que en Andorra hay muchos residentes que o no tienen derecho a voto o no lo ejercen (con una población de unos 78.000 habitantes, menos de 25.000 tienen derecho a voto). Con el asunto en la mesa del debate europeo, como ha mostrado el referéndum en Irlanda, “vamos a tener que enfrentarlo, no queda otra”.

Cortés también denuncia la frontal oposición que encuentran para abrir el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo y recuerda que la amenazado del copríncipe episcopal no es nueva. “Esa es amenaza ya la hizo cuando se quiso quitar la pena de muerte del Código Penal y cuando se quisieron aprobar las uniones civiles entre parejas del mismo sexo; lo cierto es que él puede ausentarse en la firma como ha hecho en otras ocasiones, pero la misoginia está más enquistada que la homofobia”.