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Cumbre Social Granada
Subdelegación de Gobierno vuelve a vulnerar el derecho a manifestarse a la Cumbre Social de Granada
El miércoles 20 de septiembre el TSJA resolvió de forma favorable a las organizaciones que componen la Cumbre Social de Granada a la denuncia que imponían a Subdelegación de Gobierno de Granada por su decisión de prohibir la manifestación convocada para el próximo jueves 5 de octubre.
La sentencia reconocía que la subdelegación de Gobierno con su prohibición había vulnerado el derecho fundamental de reunión de les manifestantes y que debía ofrecer un nuevo recorrido para la celebración de la protesta. A pesar de que la decisión del Tribunal fue recibida con alegría por la organización, la sensación de victoria ha durado poco tiempo. Las organizaciones y colectivos sociales de Granada han vuelto a demandar a Subdelegación de Gobierno al considerar que “tras examinar tanto la sentencia adoptada, así como el itinerario alternativo planteado por la autoridad gubernativa” consideran “que ambas resoluciones vulneran su derecho de manifestación“.
Por un lado, el itinerario propuesto por parte de Subdelegación el pasado 25 de septiembre “sigue vulnerando su derecho de manifestación, puesto que el nuevo recorrido se sitúa a más de 4 kilómetros de distancia del inicialmente previsto”, según comentan desde la Cumbre. Las organizaciones además añaden que de este modo: «se vacía de contenido el derecho de manifestación, ya que un alejamiento radical y excesivo entre la manifestación y los actos políticos contra los que se convoca frustra la finalidad constitucional de protesta».
El próximo 5 de octubre será el día central de la Reunión de la Comunidad Política Europea, que congregará a más de 40 dirigentes de la Comunidad Europea y de su órbita de influencia. El punto álgido de la presidencia europea de España. Por ello, los manifestantes insisten en que las decisiones que está tomando Subdelegación de Gobierno en Granada tienen como objetivo “alejar todo lo posible el recorrido de la manifestación no para garantizar la seguridad, sino porque considera que la celebración de una manifestación en la que se reclama el respeto de los derechos humanos perjudica la imagen del país ante el resto de Estados de la Unión Europea”.
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Por otro lado, les organizadores de la Cumbre Social también consideran que la sentencia del TSJA a pesar de reconocer la vulneración al derecho de huelga, pero que se excede de sus competencias al dar la opción a Subdelegación de Gobierno de proponer a los manifestantes un itinerario alternativo. “La sentencia sólo podía o dar por buena la prohibición acordada por la Subdelegación del Gobierno o bien dejarla sin efecto y permitir la celebración de la manifestación en los términos propuestos por las organizaciones, sostienen desde la Cumbre. Por ello, la defensa de las organizaciones sociales que promueven la manifestación han presentado un incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia dictada por el TSJA. Las demandantes sostienen que “se está sometiendo el ejercicio del derecho a una autorización previa prohibida por la Constitución”.
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