Sindicato de inquilinos
El momento es ahora. El problema de la vivienda y la hipótesis sindical en Sevilla

La vivienda es una de las principales preocupaciones de la población en la actualidad. Está presente en todos los programas políticos y en las parrillas informativas. En 2024 hemos visto manifestaciones multitudinarias, llamamientos a una huelga de alquileres y el surgimiento de un gran número de nuevas organizaciones sociales en torno al problema, muy significativamente sindicatos de inquilinos y vivienda.

La coyuntura pone sobre la mesa, de forma ineludible, la cuestión del sindicalismo como forma organizativa por excelencia de la clase trabajadora y su mutación hacia un sindicalismo social, centrado en el ámbito de la reproducción, como respuesta a los desafíos específicos del contexto actual. Por supuesto, los sindicatos de inquilinos no son algo estrictamente novedoso. Tuvieron un peso importante en el primer tercio del siglo XX, donde formulas organizativas similares aparecieron en ciudades europeas y americanas. El contexto en el que reaparecen es muy distinto ¿Hasta qué punto la formula del sindicato se ajusta a las necesidades del problema actual de la vivienda? ¿Qué ofrece el sindicalismo que no tienen otros tipos de formas de acción y organización?

El cambiante problema de la vivienda

Es indudable que nos encontramos ante una nueva fase del problema de la vivienda y un nuevo ciclo de luchas. El problema de la inaccesibilidad de la vivienda no es (ni lo ha sido en el pasado reciente) un problema de producción, a pesar de que una y otra vez se intente pasar por tal. La primera década del siglo XXI estuvo marcada por el crecimiento exorbitado del precio de la vivienda acompañando unos niveles de construcción nunca vistos y la acumulación de un enorme stock de viviendas vacías. Cuanto más se ha construido en este país, más cara se ha hecho la vivienda. Esto es un dato empírico incontestable.

Hace casi medio siglo que el mercado hipotecario y de la vivienda ha adquirido un carácter de estafa piramidal, donde cuantas más inversiones y más deuda se genera, más suben los precios y más se construye, de manera totalmente independiente de la formación de hogares. Desde la liberalización que operaron los primeros gobiernos del PSOE, la vivienda es sobre todo un activo para la inversión y la especulación.

En plena burbuja inmobiliaria, los primeros movimientos de vivienda del siglo XX apuntaban a la incapacidad de las nuevas generaciones de independizarse ante el carácter inflacionario del mercado, al mismo tiempo que el stock de viviendas vacías se acumulaba. Sin embargo, el estallido de la burbuja en 2008 dio lugar a una situación nueva, caracterizada por la parálisis del sector de la construcción y las ejecuciones hipotecarias masivas. La estafa piramidal se derrumbó y los hogares no podían hacer frente a las deudas absurdas que habían contraído durante las dos décadas anteriores. El movimiento de vivienda que surgió en este contexto caracterizado muy significativamente por la problemática de las ejecuciones hipotecarias, que dio lugar al nacimiento de la PAHs.

Las pequeñas victorias de este movimiento provocaron que la conflictividad fuera rebajándose en la medida en que la problemática remitía, especialmente a partir de 2015. Desde esa fecha, el problema de la vivienda vuelve a mutar. Del lugar central que ocupaban los hogares endeudados, pasamos a una multitud de situaciones de precariedad habitacional. Tras el desastre de 2008, el acceso a la propiedad de los nuevos hogares mediante endeudamiento masivo tuvo que frenarse y la vivienda pública ha venido (y sigue) siendo demográficamente irrelevante.

Al mismo tiempo, el alquiler viene de un contexto en el que ha sido un segmento marginal del mercado la vivienda y donde a la falta de propietarios profesionales y a un stock suficiente se suma la problemática específica de las zonas turísticas. La irrupción de los denominados pisos turísticos ha contribuido a crear un mercado del alquiler enormemente disfuncional, con unos precios absurdos y sin relación alguna con los sueldo más frecuentes, además de menguante en cuanto a alquileres de larga duración. La negativa del gobierno español a intervenir sobre esta problemática, así como sobre la de las viviendas vacías, ha implicado una renuncia a tratar la cuestión de la vivienda de una manera mínimamente seria por parte del Estado.

El peso de los hogares inquilinos ha crecido mucho en las ciudades más grandes y dinámicas del estado. En el caso de Andalucía, este crecimiento ha sido menor, también concentrado en las mayores ciudades. El peso de las situaciones de cesión o incluso de irregularidad en la tenencia tiene mucho más peso en nuestras ciudades por la particular debilidad de las economías urbanas, al mismo tiempo que la problemática turística se exacerba. Acceder a un contrato de alquiler hoy día en ciudades como Málaga, Sevilla o Cádiz, puede considerarse prácticamente un privilegio que está fuera del alcance de muchas familias. El alquiler por lo tanto se convierte en un elemento clave en la coyuntura actual, pero no el único.

Además, en Andalucía tenemos un gobierno que legisla directamente en favor de los especuladores y promotores y culpabiliza a los grupos más vulnerables de la situación. Un gobierno que se inventa delitos como el de inquiocupación, que ha hecho todo lo posible porque no haya ningún tipo de regulación de los alquileres turísticos y que sigue apostando a subvencionar a los constructores con el dinero de todos y alimentar la noria especulativa. Es evidente que, en Andalucía, más que en ningún otro sitio, los inquilinos, los habitantes o los vecinos, no cuentan dentro de la política de vivienda. Solo cuentan los promotores, la industria hotelera y las asociaciones de propietarios.

Este es el reto frente al que nos encontramos, construir una subjetividad de las víctimas del problema de la vivienda con una influencia política y social real dentro de Andalucía. Esto solo puede conseguirse con una población organizada y en lucha, no en una manifestación o una acción esporádica, sino dentro de una estrategia que haga factible el objetivo de un cambio radical en la manera en que se gestiona la vivienda.

Lecciones del último ciclo de luchas

Es importante analizar en que se acertó y en que se erró en los anteriores ciclos de lucha por la vivienda. Los análisis que se han hecho del periodo anterior no siempre han sido correctos y eso puede habernos lastrado hasta ahora.

El movimiento en Sevilla fue muy original. Construido en torno a las asambleas del 15M llegó a contar con más de una decena de oficinas de asesoría que organizaban grupos de afectados y un número similar de edificios propiedad de bancos ocupados por familias desalojadas, con su punto álgido en 2012. Un movimiento muy horizontal y orientado a la acción directa, en un contexto de fuerte legitimación social, que pudo estar coordinando en un momento dado a un par de centenares de activistas. Un logro clave de este movimiento fue el servir, de manera masiva, como plataforma para la organización y la acción de las víctimas directas del sistema de provisión de vivienda. Dentro del movimiento existían núcleos activistas muy ideologizados movilizados a raíz del 15M, que trabajaban con hogares de extracción popular y/o empobrecidos por la crisis que se enfrentaban a desahucios. Esta comunión se había dado anteriormente solo de manera muy marginal y anecdótica.

Una de las explicaciones que se dieron al derrumbe del movimiento de vivienda, y del 15M en general, fue la cooptación por los partidos políticos de izquierda. Esta es la explicación clásica al descabezamiento del movimiento obrero en La Transición, pero en este caso es un argumento equivocado. El auge de Podemos y similares llega en un periodo ya de decadencia y reflujo del movimiento en la calle. La mayor parte de las asambleas del 15M en Sevilla entraron en proceso de disolución ya a lo largo de 2012 y en 2013 apenas quedaban ya tres o cuatro asambleas de barrio descoordinadas entre sí. Por su lado, el movimiento de vivienda tuvo su auge precisamente en 2012 y, a partir de ahí, no supo cómo gestionar su propia complejidad. En ningún momento fue capaz de plantear objetivos factibles y estrategias a medio plazo y mucho menos consolidar una estructura organizativa. 

Ya a principios de 2013 había fuertes disputas internas y una sensación creciente de desorientación. Fue un movimiento que se desintegró casi tan rápidamente como se conformó, algo ejemplificado en el caótico final de La Corrala Utopía, principal buque insignia, desembocando en la frustración de los militantes y el sálvese quien pueda de los afectados. Al final, el movimiento generado en Sevilla, con toda su particularidad y radicalidad, se fue disolviendo en la nada, y lo que quedó fue un modelo importado y diseñado desde fuera. La PAH llegó relativamente tarde a Sevilla, pero en el medio plazo logró generar espacios estables y seguros donde organizar a las víctimas del sistema, una identidad común, algo parecido a un tejido organizativo y algunos objetivos asumibles que convertir en victorias.

Otra tesis que se ha venido a establecer en el último tiempo es la idea de que el movimiento fracasó por su carácter asistencialista y por su falta de radicalidad. Por supuesto, en la medida en que el movimiento afrontaba problemas reales de personas concretas, se debía dar una respuesta a los mismos e incluso proporcionar una “asistencia”. Eran estas personas y sus problemas los que daban sentido al movimiento y los que permitieron y protagonizaron las acciones más interesantes. El problema principal que tuvieron los grupos de afectados y los PIVES es que en ningún momento se consiguió superar la separación que existía entre afectados, en situaciones a menudo extremas de necesidad, y activistas hiper-ideologizados. Aunque se era consciente de la necesidad de hacerlo, no se supo transformar esos problemas individuales en cuestiones colectivas a través de una organización popular. No se supo sindicar a la gente, porque no había un proyecto en el que sindicarlos.

Ayudar a una familia a quedarse en su vivienda puede servir para lavar la conciencia del activista, al mismo tiempo que deja esa familia en las mismas condiciones estructurales que crearon el problema en primera instancia. Esto es evidente. Ahora bien, hacer una barricada u ocupar un edificio de un banco, aunque parezca más radical, puede dejar esas condiciones estructurales igual de inmaculadas. Las acciones no son reformistas o revolucionarias en sí mismas, lo son las estrategias, y las acciones sin estrategia no son ni una cosa ni la otra. Hay gente que se siente muy cómoda en la marginalidad y en la impotencia política. Eso explica mucho de lo que sucedió con el movimiento de vivienda de 2012.

Más que la falta de radicalidad, el fracaso del movimiento por la vivienda se debió al exceso de líneas rojas. Había en el 15M (y en los movimientos anteriores) una desconfianza absoluta hacia la creación de estructuras organizativas estables o hacia cualquier tipo de institucionalidad. La estructura totalmente descentralizada hacía difícil y casi imposible negociar con otros agentes o adoptar planteamientos estratégicos más allá de la acción inmediata. La falta de capacidad a la hora de plantear soluciones a los problemas que se fueron planteando, como qué hacer con las corralas, tuvo su causa en el enroque en posiciones maximalistas que permitían mantener la apariencia de radicalidad.

Este tipo de posiciones fueron las que dejaron el camino libre para que organizaciones políticas oportunistas se aprovechasen de los logros de los movimientos. Los partidos institucionales rascaron lo que pudieron, pero de hecho eran los únicos que tenían alguna propuesta o algún proyecto más allá de la acción directa puntual. Ante la incapacidad de plantear estrategias y objetivos y seguir creciendo, el movimiento languideció rápidamente. La irrupción de Podemos fue una tabla de salvación para muchos activistas que veían la extrema volatilidad de los espacios organizativos que habían surgido a partir de 2011.

A por un sindicato

La situación actual es de total desposesión e impotencia del habitante frente los intereses del mercado inmobiliario. Hay múltiples intereses en pugna en el ámbito de la vivienda. Sin embargo, el interés de los inquilinos, de las familias que necesitan un hogar, de los habitantes, no aparece por ningún sitio. Para que este interés aparezca y se haga valer hace falta en primer lugar organizar a las víctimas del actual sistema de provisión de vivienda dentro de una estrategia orientada a su socialización. La idea de sindicato resume bastante bien tanto lo que necesitamos como lo que no.

Un sindicato no es colectivo ideológico. El panorama político del siglo XXI en Andalucía ha visto muchas sectas políticas en torno discusiones bizantinas y pocas organizaciones en torno a intereses de la clase trabajadora. Un sindicato es un espacio en el que la gente se agrega en base a sus necesidades, respondiendo a los conflictos y contradicciones reales de la sociedad en la que vivimos. Puede y debe ser un espacio de politización, pero el punto de partida no puede ser un fino consenso ideológico. El punto de partida son los problemas y las necesidades concretas de personas concretas, que se transforman en el sindicato en problemas y necesidades colectivas y que son el objetivo último de la organización que debe guiar su estrategia.

Un sindicato no es un espacio organizado en torno a activistas profesionalizados que prestan un servicio de asesoría. Esto sin duda nos ayudará a dormir a todos mucho mejor, pero somos conscientes que no supone una solución a los problemas que nos acucian. Un sindicato debe asesorar y debe enfrentar los problemas particulares de sus sindicados. Pero debe hacerlo colectivizando estas las problemáticas individuales. El sindicado se une a la organización a partir de su problemática individual y en el sindicato entiende que esta es una problemática colectiva y que debe afrontarse como tal. Siempre hay distintas capacidades y niveles de implicación, pero un militante sindical no es una persona que acude a un sindicato a ayudar, es un miembro más del colectivo de víctimas del sistema que encuentra en los compañeros la fuerza para revertir la situación.

El sindicato no está para satisfacer las expectativas de radicalidad ni para cumplir con un vago ideal revolucionario. Debe responder a los problemas concretos de la clase trabajadora afectada por el problema de la vivienda con objetivos claros y factibles. En última instancia debe perseguir acumular el poder suficiente como para influir en la manera en la que se gestiona el recurso de la vivienda, a través de su desmercantilización. Son muchas las medidas que se pueden adoptar para dirigirse hacia esa socialización del recurso vivienda. Todas ellas pueden ser válidas y el sindicato debe seleccionarlas y priorizarlas dentro de una evaluación realistas del contexto político y económico.

Un sindicato no es otro pequeño proyecto autogestionario en lo local. Ya hemos perdido demasiado tiempo y esfuerzo en salvar un edificio mientras se derrumbaba el barrio entero. El sindicato debe traducir los conflictos particulares y locales a otros niveles y a otras escalas. El problema de la vivienda no se arregla en un barrio ni en una ciudad. Su causa está en procesos estructurales globales y en marcos regulatorios estatales. La federación en organizaciones de mayor rango es fundamental para afrontar la lucha en esas escalas, que es donde se puede hacer una diferencia. El sindicato y la federación son la mediación entre los conflictos concretos y locales y los cambios estructurales necesarios para hacer que las condiciones que dieron lugar a esos problemas cambien.

Una organización de base, de clase y transformadora, no está para hacer amigos ni para caerle bien a todo el mundo. Un sindicato debe buscar poder. La percepción de impotencia es la fuerza más destructiva que impide el surgimiento de organizaciones transformadoras desde las víctimas del sistema perverso en que vivimos. La impotencia a la hora de afrontar las agresiones del mercado y del estado hacia las clases populares, nos ubica en una situación de indefensión aprendida. Si no creemos que se pueda hacer nada, no haremos nada. Un sindicato debe buscar activamente transformar la realidad y para eso debe buscar poder e influencia decisiva sobre la sociedad. Este poder lo encuentra en la unión, la lucha y la organización colectiva.

Siempre es posible que estemos equivocados, pero eso no lo sabremos si no lo intentamos. Nos encontramos en una coyuntura propicia para que en Sevilla se cree lo que no se ha podido con anterioridad, un movimiento social popular, transformador, organizado y de base amplia. Hay mucha gente esperando a que surjan referentes de este tipo en el ámbito de la vivienda. En otros contextos han existido los mimbres, pero no hemos sabido aprovecharlos. Ahora contamos con las lecciones aprendidas, pero también con la referencia de cómo los sindicatos se están organizando en otras partes del estado, mostrando que es una fórmula que funciona, que permite crecer. El momento es ahora.