Corrupción
El Gobierno de Esperanza Aguirre usó entidades de capital riesgo para desviar fondos a empresas privadas

Más de 60 millones de euros de la Comunidad de Madrid fueron dilapidados durante el gobierno de Esperanza Aguirre a través de dos entidades de capital riesgo. Una parte de este montante se habría malversado a través sociedades cuya actividad era ficticia. Así lo expone la querella presentada hoy por el sindicato CGT y por el Observatorio contra los delitos económicos (CODE).

La querella, que deriva de una investigación realizada por el Observatorio CODE durante más de dos años sobre la actividad de Capital Riesgo Madrid SA (CRM) e INICAP, acusa a cerca de un centenar de personas de delitos de malversación de fondos, corrupción privada, delitos societarios, prevaricación y asociación ilícita. Entre los cerca de cien nombres citados, algunos conocidos, como Percival Manglano —actualmente concejal en el Ayuntamiento de Madrid y consejero de Economía y Hacienda en la Comunidad entre los años 2011 y 2012—, Enrique Matías Ossorio —consejero de Economía y Hacienda entre 2012 y 2015 y actualmente portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid—, Javier López Madrid —yerno de Juan Miguel Villar Mir, y ya condenado por el caso de las Tarjetas Black— y otros cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre.

“Entendemos que hay una trama organizada que, con carácter continuado, en plena época de crisis, realiza una asignación de fondos y de capitales públicos con la excusa del desarrollo del entramado empresarial madrileño y el desarrollo de la investigación y la industria madrileña, una desviación de fondos, que entendemos como una malversación, a través de diferentes mecanismos”, ha explicado hoy en la rueda de prensa Raúl Maillo, abogado del gabinete jurídico de CGT, quien ha destacado entre los posibles delitos cometidos la malversación de caudales públicos y la asociación ilícita. 

Por su parte, Mario Espinoza, del Observatorio CODE, un espacio formado por activistas de la sociedad civil, ha apuntado que han presentado esta querella junto a CGT para “señalar y visibilizar aquello que las propias instituciones del Estado tendrían que haber denunciado hace tiempo”.

En las cerca de 200 páginas de la querella, se detallan dos tramas. La primera, está relacionada con el mundo de la moda. Esta trama implicó a una docena de empresas articuladas en torno a los grupos Nupcial Novissima y Artesanos Camiseros. Estarían implicados los diseñadores Javier Larrainzar, Miguel Palacio y Elio Berhanyer. CRM, con capital mayoritario de la Comunidad de Madrid —y en menor medida de Caja Madrid y la Cámara de Comercio de Madrid—, habría invertido entre 2006 y 2011 cerca de 15 millones de euros. Por su parte, Inicap, con capital mayoritario de la Comunidad de Madrid —y en menor de la Cámara de Comercio de Madrid—, invirtió más de un millón de euros.

“La operativa consistió en la compra de las marcas de sociedades dedicadas a la moda que fueron creadas ex profeso para el desvío de los fondos”, explica el texto de la querella. Varias de las sociedades, que recibieron millones euros, nunca llegaron ni siquiera a tener ingresos. Además, la inversión de las dos entidades gestionadas por la Comunidad de Madrid se hizo a pesar de que las empresas beneficiarias mostraron pérdidas en sus cuentas durante los años que recibieron el dinero público y en los anteriores, e incluso en sociedades que ni tan siquiera habían presentado sus cuentas en el Registro Mercantil. Finalmente, las dos sociedades de inversión perdieron todo el capital invertido en la industria de la moda.

El segundo caso citado, adelantado por Infolibre, es el de Ingesport Health & Spa Consulting, S. L., empresa gestora de los gimnasios GoFit creada en 2005 por José Gabriel Sáez Irigoyen. “Existen numerosos indicios y pruebas de que Ingesport Health & Spa Consulting, S. L. costeó su puesta en marcha con cargo a CRM”, señala la querella, que cifra en 3,5 millones de euros las pérdidas que tuvo CRM en las distintas sociedades del grupo Ingesport en las que participó cuando la empresa aún no había concedido las concesiones de los centros deportivos. “El modelo de negocio de Ingesport Health & Spa Consulting, S. L. estaba supeditado a la obtención de cesiones gratuitas de terrenos por parte de ayuntamientos”, continúa. La querella señala que el modelo de negocio de los gimnasios GoFit, que comenzaría mediante la concesión por parte de un ayuntamiento de una parcela de dominio público a la empresa Ingesport Health & Services, S. L., siendo esta la que debía realizar la inversión para construir el centro deportivo. La concesión suele tener un periodo de cuarenta años. “La empresa controla la gestión del centro durante ese periodo, abonando un canon anual al ayuntamiento, aunque a veces, el ayuntamiento no exige este canon. Por tanto, el beneficio depende en buena medida del precio público que fije el ayuntamiento para el uso de las instalaciones y de la cuantía del canon que decida cobrar. La propiedad de las instalaciones pasaría a ser pública cuando se agota el plazo, es decir, tras cuarenta años”, continúa el texto de la querella.

Según una información publicada en Público en 2009 —y que fue objeto de una demanda por parte de Ignacio González que finalmente quedó en absolución—, la decisión de que CRM invirtiera en Ingesport habría sido tomada por el sucesor de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid.

Actualmente, GoFit tiene seis centros deportivos en la Comunidad de Madrid —en Peñagrande, Vallehermoso, Montecarmelo, en calle Miguel Soriano, en Plaza Elíptica, en Torrejón de Ardoz — y nueve más en Oviedo, Santander, Valladolid, Ciudad Real, Córdoba, Sevilla, Granada, Las Palmas y Málaga —dos en este último municipio—.

CRM, la sociedad que nació con Gallardón y que explotó Esperanza Aguirre

Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid, S.A., S.C.R. (CRM) fue creada en noviembre de 1997, bajo la presidencia de Alberto Ruiz Gallardón en la Comunidad de Madrid. Después pasó a llamarse Participaciones CRM, S.A.. Es una sociedad de capital riesgo participada mayoritariamente por la Comunidad de Madrid y en menor medida, por Caja Madrid y por la Cámara de Comercio de Madrid. Su objeto social consistía en la promoción de empresas no financieras y de naturaleza no inmobiliaria relacionadas con la Comunidad de Madrid. Esta promoción se debía llevar a cabo mediante la toma de participaciones temporales en el capital y mediante préstamos participativos.

El capital de CRM se estableció inicialmente en 24 millones de euros, que se fueron ampliando hasta soportar unas pérdidas superiores a 45 millones de euros. El 49% de estas cantidades fueron aportadas por la Comunidad de Madrid —inicialmente a través del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE)—, el 35,11% por Caja Madrid —después Bankia—, un 15% por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid y el 0,89% restante por la Confederación empresarial de Madrid CEOE. Todas las cantidades resultaron en pérdidas para estas entidades.

Caja Madrid decidía sobre los fondos de CRM

En el año 2000, tres años después de crearse, CRM añadió un nuevo artículo a sus estatutos por el que su gestión se encomendó a una gestora de capital riesgo. La empresa encargada, un año antes de que apareciera en los estatutos, fue Avanza Inversiones Empresariales, creada exclusivamente para ello por Caja Madrid, que dirigió CRM hasta 2012.

Los ingresos de Avanza provenían de una comisión fija del 2% del capital suscrito por CRM y de una comisión por beneficios obtenidos que nunca llegó a cobrar, porque CRM nunca tuvo beneficios. Entre los años 2006 y 2007 cobró 541.000 euros anuales de CRM, y desde 2008 hasta 2010, 801.000 euros anuales más dietas que en algún año rozaron los 60.000 euros por asistencia a los consejos de administración de las sociedades gestionadas.

Al frente de Avanza figuraron un reducido grupo de altos cargos de Caja Madrid. Ejercieron como presidentes Mariano Pérez Claver —hasta 2009— y Matías Amat, ambos condenados por el caso de las Tarjetas Black, siendo Ángel Córdoba quien ejerció como consejero delegado de CRM en nombre de Avanza.

La Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público ordenó la enajenación de las participaciones de la Comunidad de Madrid en capital riesgo, por lo que el Gobierno de Esperanza Aguirre acordó la subasta de CRM, pero esta quedó desierta. Lo volvieron a intentar en varias ocasiones, sin ningún éxito, ya que no compareció ningún interesado.

En 2012, la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas aprobó por unanimidad la disolución y la liquidación de CRM, pero la liquidación, a día de hoy, sigue en trámite, con pérdidas acumuladas por 46 millones de euros.

Inicap, la criatura de Esperanza Aguirre gestionada por López Madrid

La sociedad de capital riesgo Inicap fue creada en abril de 2006 por la Comunidad de Madrid y por la Cámara de Comercio de Madrid. Su objeto social, a día de hoy, sigue siendo la toma de participaciones temporales en el capital de empresas no financieras, que no coticen en el primer mercado de la bolsa de valores, y que tengan como domicilio social o establecimiento permanente la Comunidad de Madrid.

A fecha de 31 de diciembre de 2010, Inicap tenía un capital de 30 millones de euros, pero solamente se desembolsó el 58,67%. El Imade —Comunidad de Madrid— desembolsó dos tercios del capital (11.616.660 euros) y el tercio restante lo aportó la Cámara de Comercio de Madrid (5.808.330 euros), según muestran las cuentas de la entidad mencionadas en la querella.

La gestión de Inicap se derivó, desde su constitución, a la sociedad Mobius Corporate Venture Capital S.G.E. C.R., S. A., empresa liderada por Javier López Madrid, yerno de Juan Miguel Villar Mir y condenado en el caso de las Tarjetas Black., quien finalmente fue su único propietario. Era el personal de esta empresa el que firmaba las cuentas de Inicap, a las que ha tenido acceso el Observatorio CODE. El total pagado por Inicap a Mobius entre 2008 y 2015 suma 4.239.155 euros, cantidad a la que, según señala la querella, habría que añadir lo recibido en 2007, que desde el Observatorio CODE valoran en torno a un millón de euros más. Durante este periodo, Mobius pagó 1,7 millones de euros a Financiera Sia Capital, cuyo único socio es López Madrid.

Entre los años 2011 y 2014, según una información publicada por Infolibre a principios de este año, Sia Capital gestionó directamente Inicap, por lo que el “compi-yoqui” de la reina Letizia habría cobrado 600.000 euros al tiempo que el fondo madrileño perdía 9,2 millones de euros.

Sin embargo, en las cuentas de CRM de 2008 se hace referencia a los miembros que conformaban la comisión supervisora de Inicap, que eran también consejeras de CRM. Entre estas personas estaban Eva Piera, que fue directora y después viceconsejera de economía de la Comunidad de Madrid hasta 2012, y cuya madre, Mercedes Rojo —muy ligada a Esperanza Aguirre— es una de las personas que se sientan en el banquillo de los acusados por la falsificación de las cuentas de Caja Madrid cuando salió a bolsa. Piera fue presidenta del Imade hasta que Percival Manglano asumió el cargo para volver a derivárselo en 2011, según señala la querella. En Imade también ocuparon cargos Manuel José Rodríguez Rodríguez —también condenado por las Tarjetas Black— y Aurelio García de Sola, que fue presidente de Madrid Network, otra sociedad de la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre que también habría desviado fondos públicos a empresas privadas afines, según una investigación realizada por Infolibre, y pariente del marido de Esperanza Aguirre, según publicaba El Plural en 2015. También Alfonso Carcasona, que coincidía con López Madrid en Sia Capital, Mobius, Infoglobal y Madrid Network, y que fue elegido vicepresidente segundo de la Cámara de Comercio en 2006.

A partir de 2010, la Comunidad de Madrid intentó desembarazarse de Inicap, pero, como en el caso de CRM, las subastas organizadas quedaron desiertas.

Como afirma el observatorio CODE, del mismo modo que en CRM, las pérdidas en Inicap fueron reiteradas y continuas en todos los ejercicios. Las sociedades en las que invirtieron estas sociedades acabaron disueltas y con pérdidas, sin haber fomentado la innovación ni la creación de empleo en la Comunidad de Madrid. En este mismo sentido, la querella destaca que las inversiones por parte de CRM e Inicap “resultan inexplicables desde un punto de vista comercial, económico o social”.