COP29
La COP29 encara su última jornada con un final agónico sin acuerdo en los temas clave

Estrés, prisas y carreras en el Estadio Olímpico de Bakú (Azerbaiyán), sede de la XXIX Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29), cuya agenda oficial termina este viernes 22 de noviembre, aunque, como suele ser habitual en estos encuentros, podría alargarse algún día más para intentar lograr sus objetivos principales. Las negociaciones se intensifican a medida que el reloj corre y la presidencia azerí busca encajar las piezas y las posiciones encontradas para conseguir acuerdos en las materias clave sobre las que versa la cumbre: financiación de la adaptación y mitigación del cambio climático, un flujo que va principalmente de los países desarrollados hacia el Sur Global, y, en menor medida en esta Cumbre, ambición climática, un apartado sobre el que versará más la próxima COP30 de Belém (Brasil). El objetivo, según las propias palabras del equipo de una presidencia que ha estado en el punto de mira por ser la de un país petrolero y poco amigo de los derechos humanos, es “cerrar a tiempo y con un resultado ambicioso”.

La riada de documentos de negociación publicados a lo largo del jueves ha sido basta: desde el borrador relativo al punto considerado más importante de esta cumbre, el New Collective Quantied Goal (NCQG) —que establecerá la financiación en materia de adaptación y mitigación a partir de 2026 del Norte al Sur global— hasta los concernientes a las metas globales sobre adaptación o a la implementación del nuevo Balance Global de Emisiones, este último instrumento crítico por el que se monitorean los esfuerzos realizados por las naciones en materia de ambición climática y reducción de emisiones.

Semejante actividad, no obstante, no significa un triunfo global que vaya a acercar un freno al cambio climático. De hecho, si nos ceñimos al análisis de los actores de la sociedad civil presentes en Bakú para monitorear las negociaciones y presionar para conseguir un final feliz —o menos traumático para el planeta—, la cosa no va bien. En su opinión, los textos ni concretan demasiado, ni amplían su ambición respecto a lo acordado antes de esta COP.

Un objetivo económico sin cifras concretas

“El último borrador del texto del NCQG sigue siendo claramente insuficiente mientras no tenga las cifras concretas para el objetivo financiero, la piedra angular de cualquier acuerdo en la COP29 y la demanda inquebrantable de los países en desarrollo a lo largo de esta cumbre”, denunciaba este jueves Tasneem Essop, directora ejecutiva de Climate Action Network International, la red de organizaciones por el clima más amplia del mundo, con 1.900 colectivos de 130 países afiliados.

La falta de un objetivo concreto de financiación climática es la principal crítica a los borradores sobre la mesa. Si el acuerdo hasta ahora era dotar el Fondo Verde para el Clima con 100.000 millones de dólares anuales entre 2020 y 2025 (algo que por otra parte no se consiguió hasta 2023), Bakú es el foro de donde debe salir la nueva cifra, cuyo montante ha de multiplicarse exponencialmente para ser efectiva, según el consenso internacional, y ascender a billones de dólares. 

Desde las organizaciones de la sociedad civil se recuerda que el montante que piden supondría el 1,43% del PIB de los países ricos, un porcentaje inferior, por ejemplo, al gasto militar del 2% del PIB que exige la OTAN

En el texto presentado se mantienen un amplio rango de opciones, lo que para los activistas sobre el terreno muestra lo alejadas que siguen las posiciones de los países. Desde el G77 —el grupo donde se incluyen los países en desarrollo— y China, se habla de la necesidad de entre cuatro y seis billones de dólares anuales. “Nada menos que un billón de dólares en subvenciones por año será suficiente para que los más afectados por el cambio climático hagan una transición justa hacia un futuro seguro y equitativo”, señalaba por su parte Joseph Sikulu, director de 350.org para el Pacífico, ante las raquíticas propuestas que llegan desde el Norte.

Una de las informaciones que más ha preocupado ha sido la relativa a la contribución de la UE, que aún no ha puesto una cifra sobre la mesa. El diario europeo Político publicó este lunes que los número que barajan los 27 se mueven entre los 200.000 y 300.000 millones anuales. Al respecto, Essop no se ha cortado en su juicio y ha acusado a los países desarrollados de “manipular y socavar estas negociaciones críticas, jugando con las vidas de las personas que están en la primera línea del desastre climático”.

Desde las organizaciones de la sociedad civil se recuerda que el montante que piden supondría el 1,43% del PIB de los países ricos, un porcentaje inferior, por ejemplo, al gasto militar del 2% del PIB que exige la OTAN para sus miembros. En el contexto español, para el Estado esto supondría dedicar a la lucha contra el cambio climático dos veces lo que va a dedicar a paliar los daños de la DANA de Valencia. No obstante, el texto sobre el NCQG mantiene la referencia explícita a que la financiación necesaria estaría entre los cinco y los seis billones de dólares anuales ad infinitum.

Financiación pública vs privada

Otra de las principales luchas es sobre el tipo de financiación: mientras gran parte del Norte aboga por incorporar numerosas y variadas fuentes de financiación —lo que abre la puerta a la privada, puesta en cuestión por su obvio interés en el lucro— el Sur global exige que esta se base en fondos públicos para asegurarla. “Nuestra mayor preocupación es que este texto intenta explícitamente erosionar todas las referencias a la obligación de pagar de los contaminadores históricos en virtud del Acuerdo de París, y es un intento de preparar el terreno para un objetivo financiero global liderado por el sector privado con una mínima responsabilidad por parte de los países desarrollados”, apuntaba Sanjay Vashist, director de Climate Action Network South Asia.

Por último, en lo referente a la mitigación del cambio climático —reducción de emisiones de gases de efecto invernadero— los borradores sobre la mesa tampoco se acercan a lo que deberían ser para estar en la línea del consenso científico, capitaneado por los informes del Panel Internacional de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

“Nuestra mayor preocupación es que este texto intenta explícitamente erosionar todas las referencias a la obligación de pagar de los contaminadores históricos”, apunta Sanjay Vashist

Si bien el punto de agenda sobre las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, los esfuerzos de cada país para mitigar los efectos de la crisis climática) debía definir “algunas orientaciones adicionales sobre las características que estos documentos deben tener para ser efectivos”, señalan desde la delegación de Ecologistas en Acción en Bakú, “una vez más no se ha podido llegar a un acuerdo y, como pronto, se hablará en junio de 2025 en la cumbre de Bonn”. Eso preocupa a las ONG, pues abre la puerta a retrasar dicho debate para  2027, lo que añadiría nuevos retrasos a la acción climática cuando los márgenes temporales para actuar se estrechan peligrosamente.

Tampoco parece avanzar sustancialmente el Mitigation Work Programme, un instrumento que pretende complementar el proceso del Balance Mundial de Emisiones para aumentar la ambición de los países en términos de mitigación. “Tras el bloqueo de la primera semana, el éxito ha sido poder seguir negociando, pero en la última propuesta de texto se han eliminado la mayor parte de los elementos sustanciales”, lamentan desde la confederación ecologista”.

No obstante, Javier Andaluz, coordinador de Energía y Clima de Ecologistas en Acción, remarca: “Todos estos textos que han salido no son textos que estén cerrados, sino que van a marcar las últimas horas y sobre ellos trabajaremos. Todavía nos quedan muchas horas para cerrar la Cumbre, mucho trabajo por hacer y no podemos sacar conclusiones muy definitivas de qué está pasando”. Como señalaba este jueves el secretario general de las Naciones Unidas en Bakú: “El fracaso no es una opción”.