Centros de Internamiento de Extranjeros
CIE de Zapadores, prisión privativa de dignidad vacía por primera vez

“Después de muchos años, vi la película de Anna Frank y me di cuenta de que yo había estado en un campo de concentración”, narra Thimbo Samb, que llegó a Valencia en 2006. “Fue muy difícil cuando entendí que yo era uno de esos personajes que veía en la película. Cuando te encierran, te ponen un número. Y, una vez estás en el CIE, ya solo eres un número”. Él era el número 20. Lo recuerda perfectamente. 

Los argumentos en contra de los CIE y a favor de su cierre son de sobra conocidos. El fundamental, la privación de la libertad de personas que no han cometido ningún delito, sino una falta administrativa (no tener su situación regularizada) por ejercer un derecho a migrar que ya quedaba recogido en la declaración de Derechos Humanos. “Aunque la ley no los reconoce como prisiones, cualquier persona a la que le preguntes qué es una prisión te diría que es un lugar donde se priva de libertad de movimiento a las personas”, reivindica la abogada Sara Verdú, miembro de la campaña CIEs No València, que nació en 2010 persiguiendo “el cierre inmediato y sin condiciones, el fin de las deportaciones y el racismo institucional”, tal y como indica Xavier Torregrosa, uno se sus miembros.

De hecho, Adelina Cabrera, abogada del centro jurídico El Rogle Mediació i Advocacia que ha trabajado con esta iniciativa, valora que un CIE puede ser incluso peor que la prisión: “En primer lugar, por las condiciones materiales en que se encuentra, pero en segundo, y más importante, por la falta de garantías legales”. Aunque la Constitución prohíbe que la administración restrinja la libertad de las personas por una infracción administrativa, la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, establecía la dependencia de los CIE a Interior y fijaba su modo de funcionamiento: tiempo máximo de internamiento de 60 días y, si no se consigue deportar a los extranjeros encerrados, pasan a vivir en un “limbo jurídico” con una orden de expulsión todavía vigente y una situación de desamparo legal.

Zapadores: próximo a la ciudad, ajeno a la ciudadanía

En el Estado español hay, en la actualidad, siete CIEs. Uno de ellos se encuentra en la calle Zapadores de València. A pesar de que el centro, ubicado dentro del complejo policial de Zapadores, está solo a veinte minutos del centro de la ciudad, resulta invisible para la mayoría de la opinión pública. “Estos espacios no deberían estar abiertos y nunca tendrían que haberse creado”, afirma Adrián Vives, portavoz de la campaña CIEs No. Por primera vez en treinta años, hay parte de realidad en ese deseo: no hay nadie detrás de la gran puerta azul de la calle Zapadores. 

Sin embargo, el cierre es temporal. Las reiteradas denuncias que, desde que en 2009 el informe Devas denunciara la situación de estos centros llevan realizando diversos colectivos, o las pruebas aportadas de la vulneración de derechos humanos, no han resultado suficiente: ha tenido que llegar una pandemia. El virus ha puesto de relieve las escasas garantías sanitarias que proporcionan los centros, con una asistencia sanitaria muy limitada y condiciones de higiene y salubridad brillan por su ausencia. Tras su visita al centro el pasado 13 de marzo, el juez del control del CIE valenciano, Francisco de Asís Silla, dictó una serie de “disposiciones de carácter preventivo para evitar que la situación de pandemia afectara a la vida o integridad de los internos”. 

El virus ha puesto de relieve las escasas garantías sanitarias que proporcionan los centros, con una asistencia sanitaria muy limitada y condiciones de higiene y salubridad brillan por su ausencia

Las visitas quedaron suspendidas. Se limitó a tres el número máximo de personas por cada celda, pero se continuaban compartiendo los espacios comunes, como el comedor o el patio, y quedó prohibido cualquier nuevo internamiento sin previo test de covid-19. Pero no hubo, contraponen desde CIEs No, mascarillas para los trabajadores e internos, que tampoco podían usar libremente el jabón de manos, que debía dispensar la policía, y había horarios para la desinfección. Unas medidas que el colectivo tachó de “ridículas”.

El Defensor del Pueblo recomendó, al inicio de la crisis sanitaria, que los internos fueran puestos en libertad ya que no había forma de materializar las deportaciones, el objetivo de esos espacios. Sin embargo, “Interior no ha dado en ningún momento una orden de cierre de los CIE y puesta en libertad de las personas encerradas”, remarca Vives; simplemente ha pasado el plazo de los 60 días. Por eso no se percibe como una victoria: “Ahora los CIE están vacíos. No cerrados, sino vacíos”.

Cuando se salude a la “nueva normalidad”, los internos seguirán en la misma situación de desprotección. “Ahora el tiempo se congela, pero cuando se descongele, continuará todo igual. Está todo atado y bien atado”, lamenta Vives, que recuerda que estas personas siguen en situación irregular por lo que, cuando el estado de alarma termine, podrían volver a intentar expulsarles del país. Por ahora, desde el colectivo han abordado los casos de cada interno, que de momento “están donde tienen que estar: en espacios seguros, limpios y con una dignidad que el CIE no tiene”, explica Torregrosa. Pero, recuerdan, una vez finalizado el estado de alarma, se volverá a encerrar a personas migrantes dentro de los CIE.

Adrián Vives: “Exigimos la liberación urgente de los migrantes del CIE de Valencia ante la alarma sanitaria”

Carlos Soledad

Coronavirus

Adrián Vives: “Exigimos la liberación urgente de los migrantes del CIE de Valencia ante la alarma sanitaria”

Carlos Soledad

Adrián Vives, portavoz de la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros y el fin de las deportaciones CIEs NO, explica en profundidad en qué consisten estos espacios y qué está pasando con los internos desde la declaración del estado de alarma.

Nueva normalidad, viejo racismo institucional

Thimbo Samb desconocía la legislación española y no se imaginaba que, en el momento en que la patera donde viajaba llegara a puerto, sería inmediatamente internado en el CIE de Canarias. Era su cuarto intento de abandonar Senegal rumbo a Europa, y solo se había permitido pensar que “o llegaban a España o morían”.

Tenía diecisiete años cuando fue arrestado, a pesar de que la ley prohíbe expresamente el internamiento de menores en los CIE y su deportación forzosa. Como vienen recordando los colectivos en defensa del cierre de CIE, si no hay un documento del país de origen que acredite la edad y existen dudas, se deben realizar a los jóvenes la prueba que confirme cuántos años tiene, algo que a menudo no sucede: 89 menores de dieciocho años fueron encerrados durante el último año. Samb lo confirma: insistió en que era menor de edad, pero no sirvió para nada. “No te explican nada. Cero. Lo único que quieren saber cuando llegas es de dónde vienes, por qué has venido y cómo te llamas”.

“No te explican nada. Cero. Lo único que quieren saber cuando llegas es de dónde vienes, por qué has venido y cómo te llamas”, cuenta un ex interno

Samb ingresó en el CIE de Canarias por una falta administrativa, que conforma el principal motivo de encierro, según el informe de 2018 del Servicio Jesuita a Migrantes, que también indica que siete de cada diez migrantes fueron internados por expedientes de devolución por entrada de patera, como en su caso. Pasó dieciocho días en el complejo: “Fue horrible. Me costaba limpiarme la cara porque sentía muchísimo frío. No teníamos agua caliente y la comida tampoco nos sentaba bien”. El transcurrir de los días para los internos sobreviene una forma rutinaria: las luces de las celdas se encienden entre las 7 y las 8 de la mañana, pero no es hasta las 10.30 cuando los internos tienen permitida la salida al comedor. Hacen cola para recibir la comida. A las 7 de la tarde son encerrados de nuevo en las celdas hasta la hora de cenar. “Su libertad de movimiento está limitada incluso dentro del propio centro de internamiento”, critica Verdú.

Maltrato policial

“Sí. Es contradictorio”, reconoce Adelina Cabrera. El reglamento de funcionamiento de los centros de internamiento exige un trato correcto por parte de los policías en sus relaciones con los internos que garantice la integridad, la dignidad y la imparcialidad. Sin embargo, el mismo texto autoriza a los policías a hacer uso de medios de contención física personal; es decir, hacer uso de la violencia. “La experiencia nos demuestra que en muchos casos la policía se excede en el uso de la violencia y deja de lado el principio de proporcionalidad”, manifiesta la abogada especialista en Derechos Humanos.

El reglamento de funcionamiento de los CIE exige un trato correcto por parte de los policías, pero también les autoriza a hacer uso de la violencia. “Es contradictorio”, reconoce la abogada Adelina Cabrera

“Si los CIE son famosos por alguna cosa, es por el maltrato policial, y la violencia en los centros se practica a muchos niveles”, resume Sara Verdú, que recuerda que la campaña CIEs NO se ha hecho eco de infinidad de agresiones contra la integridad física o moral de los internos. Thimbo Samb reconoce haber sido golpeado por la policía por “levantarse tarde”. Pero demostrar los abusos policiales no parece suficiente para que se depuren responsabilidades: “ni se les castiga, ni se les expedienta, ni se les aparta de sus funciones”, continúa Verdú. Cabrera añade que, además, los internos que se atreven a denunciar cualquier injusticia ven cómo se aceleran los trámites de su expulsión. Fue el caso de Gari Valdivia, un exinterno boliviano del CIE de Zapadores que, en abril de 2014, tras encabezar una huelga de hambre en protesta por la deportación de once internos a Mali fue inmediatamente expulsado. O, el caso de una mujer, que prefiere permanecer en el anonimato, que denunció a un policía por abusar sexualmente de ella en el calabozo de Oriola. Fue deportada y no se le concedió el visado para poder declarar en el juicio.

Pero la violencia policial no es lo único que puede acabar con su integridad física. El miedo, la falta de higiene del sueño, la migraña sostenible o los ataques de ansiedad no son una excepción en estos centros. “No se trata de patologías, sino de una sintomatología que está ligada a la vulneración de derechos”, aclara la abogada Betty Roca. Es lo que se conoce como ‘síndrome de Ulises’, por los viajes del mito griego, y afecta principalmente a las personas que, durante su trayecto migratorio, son expuestas a un gran estrés”. La consecuencia, en algunos casos, es la muerte. El pasado 15 de julio, Marouane Aboubaida, marroquí de veintitrés años, se suicidó en su celda de aislamiento del CIE de València. No había sido el primero. 

Confinamiento, algo nuevo solo para algunos

A las nefastas condiciones de habitabilidad, se suma el corte de las redes familiares y sociales; el CIE no siempre se encuentra en la misma ciudad donde la persona migrada había establecido su nueva vida, y las dificultades para comunicarse con el exterior son múltiples. Roca cita a Einstein para explicar que el tiempo allá dentro se distorsiona. Se dilata. “Si se ralentiza, la percepción del sufrimiento se agrava”, puntualiza. Los internos llenan las horas del día pensando en un futuro incierto. “Ellos saben que una media del 50% de las personas serán deportadas, pero el otro 50%, no”, reconoce el portavoz, “te pasas el día dándole a la cabeza, y la presión psicológica y el sufrimiento son brutales”.

“La gente por fin va a entender qué implican sesenta días de aislamiento; que te arranquen de tu paisaje y te limiten el movimiento”, apunta Roca, en referencia al confinamiento

“La gente por fin va a entender qué implican sesenta días de aislamiento; que te arranquen de tu paisaje y te limiten el movimiento”, se jacta la psicóloga. Sin embargo, recuerda, el encierro en un CIE es mucho más difícil: el estrés se mezcla con el sentimiento de vergüenza y culpabilidad. Dentro del centro de internamiento, es común que las personas se autoacusen por no haber estado a la altura o que piensen que han sido ellas mismas quienes han provocado el encierro.

En algún momento todo volverá a la normalidad. Las fronteras volverán a abrirse, pero solo para algunos. Volar volverá a ser un placer, pero solo para algunos: los “vuelos de la vergüenza”, por los que deportan a los migrantes a su país de origen, también regresarán, y con ellos los ingresos de las compañías que se lucran por ejecutarlas: el Ministerio del Interior firmó un contrato con Air Europa, Aeronova y Swiftair por valor de casi 11 millones de euros para ejecutar las deportaciones desde marzo de 2018 hasta 18 meses después. “No solo las aerolíneas, también hay pseudo empresas escondidas dentro de movimientos sociales o ONGs que sacan partido de estos importes”, recuerda Torregrosa, haciendo alusión también al negocio en la vigilancia fronteriza. 

Aunque el País Valencià y València fueron declarados “territorio libre de CIE”, el CIE de Zapadores aún no ha sido cerrado; solo, de momento, su gran puerta. Una puerta azul oxidada y sin ninguna indicación, por la que se accede a un espacio de deshumanización: la entrada a una prisión privativa de dignidad.  

—Mi nombre real es Abdoullaye y me pusieron Thimbo. Al principio fue divertido; pero después pensé: “joder, me han cambiado el nombre”.

A Thimbo le cambiaron el nombre. Le robaron su identidad. Y eso también es una agresión contra su dignidad.