Chile
Caso Luchsinger/Mackay: una familia de terratenientes contra la comunidad mapuche

Cada año hay nuevos escándalos por abuso de instituciones públicas chilenas contra la población originaria mapuche. No obstante, el caso de mayor revuelo es el que busca a los responsables de la muerte del matrimonio conformado por el empresario agrícola Werner Luchsinger (75 años) y Vivianne Mackay (69) en 2013, calcinados tras un ataque incendiario a su casa en la comarca araucana de Vilcún. Una larga batalla legal que aún no acaba y que se ha convertido en un símbolo del enfrentamiento entre el Estado y el pueblo originario que comprende al 10% de la población del país. 

Luchsinger y Mackay son apellidos ampliamente conocidos en la zona y también a nivel nacional. Y no sólo por su prominencia como colonos latifundistas: exactamente cinco años antes de su muerte, Matías Catrileo, un joven mapuche, había sido baleado por la espalda en los terrenos del primo de Werner Luchsinger, Jorge Luchsinger. Catrileo murió a manos de uno de los tantos carabineros encargados de resguardar la seguridad de los agricultores de la zona.

La prueba central del proceso es un testimonio firmado bajo tortura, según argumenta la defensa 

La justicia militar —una institución creada por Pinochet para los casos en que están involucradas las Fuerzas Armadas o la policía— condenó al carabinero que le mató a tres años de libertad vigilada por el delito de “violencia innecesaria con resultado de muerte”, y recién en 2013 fue dado de baja de la institución. Con Catrileo ya eran 8 los mapuche asesinados en democracia, sin que sus asesinos cumplieran un día en la cárcel. Pero la muerte de los Luchsinger Mackay activó todas las fuerzas del Estado para encontrar a los culpables, y demostrar que éstos eran mapuche.

Por el caso han pasado huelgas de hambre, campañas mediáticas, personas en prisión preventiva, tres juicios y cinco años, hasta que este 11 de junio de 2018 se leyó una condena que absolvió a siete imputados, dio cadena perpetua a dos de ellos, José y Luis Tralcal, por delito de “incendio con resultado de muerte con carácter terrorista”, y cinco años de libertad vigilada a otro, José Peralino Huinca, por el mismo delito, pero compensado por su colaboración con el caso. Hoy esta condena es criticada por los principales organismos de derechos humanos y será recurrida ante la Corte Suprema por una larga lista de irregularidades que la invalidan.

La prueba central del proceso es un testimonio firmado por José Peralino en el cual describe cómo, junto a diez otros mapuche del sector, organizaron el incendio y lo llevaron a cabo. Sin embargo, desde el estrado, Peralino acusa a los policías de haberle acosado y torturado durante un año hasta conseguir que firmara un documento escrito por ellos “lleno de mentiras”, en un encuentro en el que no le fueron leídos sus derechos ni contó con la presencia de un abogado. Luego, un peritaje psicológico demostró que el acusado además tiene problemas cognitivos y apenas sabe leer.

Otra situación que alza las dudas sobre la condena es la curiosa salida de la jueza Ximena Saldivia, que fue integrante del tribunal durante todo el juicio pero que, en plenos alegatos de clausura, presentó una licencia médica que le impidió continuar. La jueza Saldivia había presentado de forma paralela una denuncia por acoso laboral y presiones indebidas en contra del presidente del tribunal Germán Varas. Estas presiones podrían haber afectado a la independencia del proceso.

A esto se suma que los jueces Germán Varas y Mauricio Poblete se estaban postulando para cargos dentro del Poder Judicial que son designados por el Gobierno de turno. Este hecho abrió inmediatamente la polémica, pues la actual administración es querellante en el caso Luchsinger Mackay. Esto significa que una de las partes del juicio va a decidir si dos de sus jueces reciben un ascenso laboral.

¿Quiénes son los condenados? Luis Tralcal Quidel es un activo dirigente en la demanda de restitución territorial que ha sido absuelto en las nueve ocasiones en las que el mismo equipo de fiscales ha intentado inculparlo por hechos en los que, pese a ser definitivamente absuelto, le han significado años de prisión preventiva.

José Tralcal por su parte lleva más de 20 años de activismo ecologista, luchando porque 700 familias del sector Padre Las Casas recuperen el acceso al agua, luego de que la familia Luchsinger Mackay se apropiara del canal que les proveía del vital elemento. “El proyecto por el que trabaja José Tralcal contempla abastos de agua basados en la instalación de torres para que las familias no dependan de los camiones aljibes”, explica la periodista Catalina Manque, autora de una investigación sobre el expolio de tierras y recursos a la población mapuche.

Las polémicas por abuso de instituciones públicas al pueblo mapuche se acumulan cada año. Este 2018 empezó con la segunda autopsia a la activista Macarena Valdés, encontrada colgada de una viga de su casa, que demuestra que no fue un suicidio. Y con la resolución judicial que indica que la Operación Huracán, un operativo de investigaciones que detuvo a ocho dirigentes mapuche por asociación terrorista, fue un montaje realizado mediante la intervención fraudulenta de mensajes en teléfonos celulares.

Las explicaciones de estas cuestionadas resoluciones judiciales llegan hasta el gobierno central. En marzo de este año el derechista Sebastián Piñera asumió la presidencia de Chile, e instaló a su primo Andrés Chadwick como Ministro de Interior y Seguridad Pública, y a Hernán Larraín como ministro de Justicia. Ambos ministros recibieron formación política en su juventud en Colonia Dignidad, una secta fundada por un ex militar nazi muy cerca de la Araucanía, donde se comprobó que durante la dictadura se llevaron a cabo torturas, tráfico de armas, secuestro de niños, pedofilia y esclavitud. 

En abril Larraín dijo literalmente a la prensa que en Chile “la mayoría de los jueces son de izquierda” y que el gobierno preparaba un cambio para “netear” y “nombrar buenos jueces”. La Asociación Nacional de Magistrados de Chile denunció este hecho ante la ONU, considerándolo una amenaza a la independencia del Poder Judicial.

Los tres condenados del caso Luchsinger Mackay ya han recurrido a la Corte Suprema para anular el último juicio. La defensa además ha publicado videos en los que Peralino relata su versión de los hechos  y anuncia que testificará contra su propio testimonio nuevamente, en esta próxima instancia final.

Hoy se espera la admisibilidad del recurso de nulidad en la Corte Suprema.Esta última revisión de los hechos en el máximo tribunal podría definir hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno de Piñera por dominar a un pueblo que ha resistido a los imperios más feroces del continente, y que no parece bajar la guardia.