Castilla y León
Tenemos que hablar de Castilla y León

“De Teruel Existe solo te puedo decir que siento una enorme envidia por todo lo que están consiguiendo para su tierra”. Así habla Luis Mariano Santos Reyero, único diputado de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en la Junta de Castilla y León. Santos Reyero es un firme defensor de la idea de una separación de las provincias de León, Zamora y Salamanca de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

El leonesismo propugna la formación de una nueva entidad autonómica con estas tres provincias, coincidente con la histórica región leonesa consagrada por la división del ministro Javier de Burgos en 1833, durante la regencia de María Cristina de Borbón. Para el diputado de UPL, la comunidad autónoma creada en 1983 únicamente ha beneficiado a Valladolid y a Burgos, en detrimento de León, Zamora y Salamanca. La formación de esa nueva comunidad autónoma del llamado País Llionés “podría defender mejor los intereses de nuestra tierra en temas como el reparto de los fondos europeos para la transición energética, o realizar una gestión más apegada a los problemas de la ciudadanía”, señala Santos.

UPL existe desde 1986, cuenta con 152 concejales, la mayoría de ellos en la provincia de León y algunos pocos en la de Zamora, y ha experimentado un notable crecimiento en las últimas elecciones, aunque aún se ha quedado lejos de conseguir representación en el Congreso madrileño. Sin embargo, para Luis Mariano Santos el objetivo de UPL no es solo el crecimiento del partido, sino sobre todo el crecimiento de un leonesismo transversal, por encima de ideologías y de fronteras partidarias.

En opinión de David Rivas, la reaparición del leonesismo es algo que “tarde o temprano se iba a dar, ya que Valladolid ejerce una dominación muy fuerte sobre el conjunto de la comunidad”

El diputado considera un éxito que gracias a los votos de concejales de PSOE, PP, Ciudadanos, IU y Podemos hayan prosperado ya en diez ayuntamientos leoneses mociones en favor de la nueva autonomía. Una reivindicación que según una encuesta del diario digital Ileón ya apoyan el 50% de los leoneses, y que sería la preferencia mayoritaria entre los votantes no solo del leonesismo, sino también de la mayoría de votantes de PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos. 

El leonesismo cultural y la cuestión del Bierzo

Junto a este leonesismo político convive desde hace años en la provincia otro leonesismo de tipo cultural, que reivindica una identidad y un patrimonio que a menudo ha pasado inadvertido dentro de un conjunto castellano, que desde fuera se percibe como homogéneo y uniforme. Se trata de un movimiento de reivindicación lingüística y cultural asentado en las zonas de León colindantes con Asturies, y donde las relaciones siempre han sido muy estrechas entre vecinos y vecinas de uno y otro lado de las montañas.

En Palacios del Sil, en la montaña leonesa, personas como Ana Álvarez llevan tiempo trabajando en la recuperación del pachuezo o asturleonés, lengua que históricamente comparten las comarcas leonesas de Laciana, el Alto Sil y Babia, con los concejos de la montaña occidental asturiana: Degaña, Cangas del Narcea y Somiedo.

Ana, como otras muchas personas jóvenes de su comarca, vive fuera, pero sigue manteniendo vínculos muy estrechos con sus pueblo, al que va con frecuencia: “Tenemos un grupo de Whatsapp y nos juntamos todos los años en vacaciones para hacer cursos y actividades”. Este movimiento cultural y lingüístico se expresa a través de una creciente producción literaria, obras de teatro y grupos de folk que empiezan a tener cierta proyección, como D´Urria, originarios del valle de Laciana, y que usan la lengua local en sus composiciones.

El Bierzo es ahora mismo uno de los eslabones débiles del leonesismo, que cuenta con menos apoyo en esta comarca que en otras partes de la provincia

A pesar de que la protección de la lengua asturleonesa está recogida en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León de 1983, en opinión de Ana Álvarez, el apoyo institucional es muy escaso, por debajo de Asturies, donde el asturiano aún no goza de la oficialidad, pese a décadas de reivindicación de un reconocimiento lingüístico pleno. No obstante, como ella misma reconoce, la creación en 2017 de la Cátedra de Estudios Llioneses en la Universidad de León “ha supuesto un paso muy importante para la recuperación de nuestra cultura”.

La reivindicación del llionés o pachuezo no es la única reclamación lingüística existente en la provincia. En El Bierzo, la comarca leonesa que limita con Asturies y con la provincia gallega de Ourense, existe también un movimiento social en defensa del berciano, la variedad dialectal del gallego en esa zona fronteriza. Esta lengua también está reconocida en el Estatuto de Autonomía, pero su protección jurídica ha quedado a medias en opinión del colectivo Fala Ceibe do Bierzo, que defiende su oficialidad en la comarca, de manera que se favorezca “su uso institucional en las administraciones locales, el Consejo Comarcal, concejos y juntas vecinales”.

En la actualidad el gallego es una asignatura optativa que se oferta en algunos centros educativos del Bierzo y Sanabria (Zamora) a través de un acuerdo entre la Junta de Castilla y León y la Xunta de Galicia, ambas gobernadas por el PP. El programa, implantado hace tres años, ha vuelto a crecer en el curso 2019-2020, con 1.146 matriculados. Sin embargo, el bercianismo no se ha limitado a ser un movimiento cultural o lingüístico, desde la Transición ha tenido una expresión política, comarcalista, que reivindica la singularidad de esta comarca. En las elecciones de 2019 la Coalición por el Bierzo obtuvo 25 concejales, dos de ellos en el ayuntamiento de la capital, Ponferrada, donde gobierna con PSOE y Podemos, así como dos asientos en el Consejo Comarcal del Bierzo.

El Bierzo es ahora mismo uno de los eslabones débiles del leonesismo, que cuenta con menos apoyo en esta comarca que en otras partes de la provincia. Para muchos habitantes del Bierzo, la comarca sufre tanto el centralismo autonómico de Valladolid, como el provincial, de León. Cualquier proyecto autonomista leonés deberá tratar de seducir a los habitantes de la comarca si quiere ganar apoyos para la causa llionesista.

Una identidad regional cogida con pinzas

Un 31% de los habitantes de Castilla y León se sienten más españoles que castellano-leoneses. La comunidad tiene uno de los porcentajes de identificación con la autonomía más bajos de España, sólo superado por Castilla-La Mancha y Madrid, las comunidades con menor sentimiento autonómico. Los datos son de 2019 y están elaborados por la Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión.

Castilla y León, con un Estatuto en 1983, fue la última comunidad española en constituirse como autonomía. No es casual. Su composición territorial fue objeto de grandes discusiones. David Rivas, profesor jubilado de estructura económica de la Universidad Autónoma de Madrid, señala como las pulsiones centrífugas no se dieron en la Transición únicamente en León, donde se celebraron grandes movilizaciones contra la integración en Castilla, sino también en otras provincias, como Segovia, donde también una parte de la opinión pública apostaba por una comunidad uniprovincial, así como en Santander y Logroño, presentes en el plan de Rodolfo Martín Villa y la UCD para crear una macro comunidad autónoma que sirviera de contrapeso a Catalunya y Euskadi.

Finalmente Segovia y León se quedarían en la Comunidad castellano-leonesa, mientras que Logroño y Santander se segregarían dando lugar a las comunidades uniprovinciales de La Rioja y Cantabria. Para Rivas, estas tensiones territoriales se solapaban con otra pugna soterrada entre las burguesías burgalesa y vallisoletana para albergar la capitalidad de la futura entidad regional. Ganaría Valladolid, la capital industrial de un territorio mayoritariamente especializado en el sector agropecuario de un capitalismo español que ha tendido a concentrar las industrias en las periferias litorales.

A finales de 2018 la fábrica de aerogeneradores Vestas, en Villadangos del Páramo (León), con 370 empleados, echaba el cierre para trasladar su producción a China después de haber recibido 15 millones de euros de fondos públicos para la reindustrialización

En opinión de David Rivas, la reaparición del leonesismo es algo que “tarde o temprano se iba a dar, ya que Valladolid ejerce una dominación muy fuerte sobre el conjunto de la comunidad, que es probablemente la más centralista de España”. Sobre la otra hipótesis que se barajó en la Transición, la creación de una comunidad astur-leonesa, Rivas considera que habría podido tener ventajas, “como la creación de un campo muy fuerte o la unificación de dos territorios históricamente mineros”. También habría dado más peso político a Asturies, que, “con una población similar a la de Aragón tiene la mitad de diputados al ser una comunidad uniprovincial”.

Para Rivas esta opción tenía más defensores en León que en Asturies, donde despertaba menos entusiasmo, tanto por razones políticas —la amenaza del voto del León rural y conservador para la hegemonía social-comunista asturiana—, como por razones lingüísticas —el temor entre los sectores asturianistas, a priori los más sensibles a una recreación del histórico reino medieval, a una profundización en la castellanización de Asturies, donde el idioma asturiano lleva al menos un siglo perdiendo hablantes—. En León, sin embargo, la hipótesis astur-leonesa sigue teniendo defensores. Todavía hoy un 18% de los leoneses no verían con malos ojos la fusión con los vecinos del norte, según los datos de la encuesta de Ileón.

Los intentos desde mediados de los años 80 por parte de militantes de la antigua izquierda radical por impulsar un castellanismo de izquierdas también han sido poco fructíferos, al menos desde el punto de vista electoral

El profesor de filosofía de la Universidad de Salamanca y ex diputado autonómico de IU, José Sarrión, reconoce que, pese a los empeños de la izquierda, la identidad castellano-leonesa no ha llegado a “cuajar” y que, por el contrario, “en León buena parte de la izquierda está asumiendo el discurso leonesista, que está subiendo mucho en la provincia, aunque resulte exótico en Zamora y en Salamanca”.

Sarrión señala que fueron el PCE y la izquierda radical los que más fuertemente apostaron por la creación de un sentimiento castellano-leonés en la Transición. Serían precisamente unas cuantas personalidades de la oposición antifranquista las que en marzo de 1976 constiturían en Lerma (Burgos) el Instituto Regional Castellano-Leonés, una entidad orientada a promocionar la identidad regional, pensar y proyectar una futura autonomía, también abierta a la incorporación de las provincias de Logroño y Santander, y diseñar un modelo económico capaz de paliar los grandes males estructurales de la región: falta de industria, desequilibrios internos, emigración y despoblamiento...

El Instituto sería el impulsor de la celebración el 23 de abril de 1976 del primer día de Castilla y León, aún ilegal, y que acabaría con la intervención de la Guardia Civil, en la localidad vallisoletana de Villalar de Comuneros. La fecha y el lugar escogidos para la “Diada castellana”, eran un homenaje a la histórica batalla que acabó con la decapitación de los tres líderes comuneros, Padilla, Bravo y Maldonado, y puso punto final a la rebelión burguesa y campesina de 1520 contra el centralismo de Carlos V.

Los intentos de consolidar un regionalismo castellano-leonés en la Transición fracasarían en un territorio que está marcado desde el punto de vista de la identidad por la fortaleza de lo nacional español y lo particular provincial, y la debilidad de lo regional. Ya en la primera década del siglo XX, como ha investigado el historiador italiano Steven Forti, el errático socialista vallisoletano Óscar Pérez Solís llegó a mantener contactos con la Lliga Regionalista catalana de cara a la puesta en marcha una operación política de signo regionalista en Castilla. Fracasarían, a pesar del gran interés que los catalanistas tenían en promover fuera de Catalunya, y muy especialmente en Castilla, otros movimientos regionalistas que apoyasen la descentralización del sistema político español.

El modelo de los castellanistas toma como ejemplo las diputaciones forales vascas, “las administraciones más eficientes y eficaces entre todas las existentes en el Estado español”, señalan desde IZCA

Los intentos desde mediados de los años 80 por parte de militantes de la antigua izquierda radical por impulsar un castellanismo de izquierdas también han sido poco fructíferos, al menos desde el punto de vista electoral. Si bien Izquierda Castellana (IZCA) es un partido muy activo a nivel social en todo tipo de movilizaciones, plataformas y movimientos, los resultados en las elecciones en las que se han presentado en solitario han sido siempre testimoniales.

Desde el partido, que considera a Castilla-León, como “una auténtica colonia interior del capitalismo español”,  se considera que los problemas que denuncia el leonesismo son comunes al resto de la comunidad, y que el proceso autonómico no ha corregido, sino agravado cuestiones como el despoblamiento, la emigración y el envejecimiento. En todo caso, desde IZCA también se aboga por una descentralización de las competencias autonómicas a las provincias, dada la “la larga tradición de identificación con la provincia”, así como a las comarcas.

El modelo de los castellanistas toma como ejemplo las diputaciones forales vascas, “las administraciones más eficientes y eficaces entre todas las existentes en el Estado español”, y propone una democratización y modernización de las actuales diputaciones provinciales para convertirlas en herramientas que reviertan “la tendencia involucionista demográfica y socieconómica que sufrimos”.

¿Un problema administrativo o un problema económico? 

Para Paula Moreno, economista salmantina emigrada en Madrid, los grandes problemas de la región “no se resuelven con una nueva comunidad”. Paula es representativa de un perfil de jóvenes licenciados que una vez terminados sus estudios en alguna de las universidades públicas de la comunidad tienen que hacer las maletas para buscar empleo fuera de su región. La falta de empleo cualificado supone que Castilla y León gasta mucho dinero en formar talento que luego es incapaz de retener.

La oportunidad de estudiar una carrera ha crecido mucho más rápido que la posibilidad de encontrar empleo relacionado con ella en la región. El 35% de los licenciados castellano-leoneses de entre 25 y 39 años trabajan fuera de la comunidad, según datos del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona.

“Simplemente con que ayuntamientos, diputaciones y Junta prioricen los productos y servicios locales, por ejemplo en los comedores de los colegios, ya estamos poniendo a funcionar la economía circular”, señala Moreno

En opinión de Moreno, revertir todos estos indicadores desfavorables es imposible sin una financiación pública suficiente. “La Agenda para la Población de Castilla y León 2010-2020 es un buen documento que contiene ideas interesantes, pero sin fondos para implementarlo se queda en nada”, apunta Moreno, quien considera imprescindible la intervención del sector público con una gran inyección de fondos autonómicos, estatales y de la UE: “Revertir el envejecimiento y la despoblación son cuestiones demasiado ambiciosas como para dejarlas únicamente en manos del sector privado”. 

En opinión de Moreno una política de compra pública por parte de las administraciones que priorizase la producción local sería un gran avance. “Simplemente con que ayuntamientos, diputaciones y Junta prioricen los productos y servicios locales, por ejemplo en los comedores de los colegios, ya estamos poniendo a funcionar la economía circular”, señala.

Algo parecido pide Rosa Encinas, vallisoletana afincada en Zamora que se dedica al teatro infantil en una de las provincias más envejecidas de España. Encinas eñala el contraste entre la calidad de los festivales de teatro y títeres de Castilla y León, con tres certámenes muy potentes en Valladolid, Segovia y Ávila, pero “muy poca programación de grupos locales, sobre todo de los más pequeños”.

Para Sarrión existe un problema con la concentración de industria en Burgos y Valladolid y la falta de actividades industriales en el resto de la comunidad. A finales de 2018 la fábrica de aerogeneradores Vestas, en Villadangos del Páramo (León), con 370 empleados, echaba el cierre para trasladar su producción a China después de haber recibido 15 millones de euros de fondos públicos para la reindustrialización de una provincia que aún no se ha recuperado del fin de la minería. La propuesta de IU para nacionalizar la empresa no saldría adelante. Tampoco los leonesistas la apoyarían por considerarla desfasada y falta de realismo. Hoy el futuro de la plantilla depende de la inversión que finalmente se haga desde la empresa Network Steel, que ha comprado la fábrica.

En opinión de Sarrión se trata de luchar contra la lógica capitalista que empuja a un desarrollo económico que prima “la concentración de actividad y de riqueza en las grandes ciudades y en las regiones del litoral”. Para el exjuntero, Castilla y León podría aprovechar mejor su enorme masa forestal desarrollando una industria de la madera más moderna y diversificada. El año pasado el sector forestal generó en el conjunto de Castilla más de 14.000 empleos. Sarrión pone otro ejemplo de sector con potencial de desarrollo, el turismo idiomático: “El número de estudiantes que vienen a Castilla a aprender castellano es relativamente bajo si lo comparamos con el de Barcelona”.

Para Paula Moreno la agricultura ecológica puede generar riqueza y contribuir a asentar población en las zonas rurales, pero también “un buen sistema de cuidados y ayuda a la dependencia, descentralizado, de calidad y a la medida de una comunidad rural y muy envejecida, que demanda mucho ese servicio”

El campesino y ganadero palentino Jeromo Aguado es un veterano de la producción ecológica. Este ganadero de Villoldo lleva años dedicado a la producción ecológica de carne de pollo y cordero que distribuye a través de circuitos de consumo alternativos que ponen en contacto directo a “productores que queremos producir buenos alimentos y consumidores que quieren comerlos y pagar por ellos un precio justo”. También participó en la experiencia de ecoaldea de Amayuelas, forma parte de la red Tú Haces Comarca, y ha sido candidato al senado por Unidas Podemos. Según él, el problema de Castilla y León no es administrativo, sino de modelo económico: “La Política Agraria Común fomenta un modelo agrícola basado en el productivismo, la agricultura sin agricultores y el acaparamiento de la tierra, que destruye empleo y fomenta el abandono del campo”, señala hablando de un auténtico “etnocidio” desde los años 60, acompañado de un gran desprestigio de la cultura rural.

En su opinión es una “buena noticia” que se esté hablando de la España vaciada y que haya gente que quiera vivir en el campo “para producir de otra manera, cuidando de la tierra, consumiendo menos energía, o dedicándose a hacer otro tipo de turismo”, pero para eso hacen falta también servicios “no solo buena conexión internet, como se dice mucho, sino también transporte público y colegios”. “Cuando una pareja joven está pensando en instalarse lo primero que te pregunta es ¿donde está la escuela? Hay que reabrir escuelas y líneas de autobús y tren”, señala Aguado.

La cuestión leonesa ha servido para volver a poner sobre la mesa el malestar de una España interior que, con la entrada de Teruel Existe en el Congreso, comienza a visibilizar que hay problema territorial más allá de Catalunya

Para Paula Moreno la agricultura ecológica puede generar riqueza y contribuir a asentar población en las zonas rurales, pero también “un buen sistema de cuidados y ayuda a la dependencia, descentralizado, de calidad y a la medida de una comunidad rural y muy envejecida, que demanda mucho ese servicio”. Según Moreno la comunidad tiene pequeñas industrias como la del vino, los embutidos o el aceite que podrían aún crecer más y generar mayor valor añadido.

Un ejemplo de esa industria alimentaria que funciona es la de las galletas. España es el tercer productor de la UE. El 44% de ellas se produce en Castilla y León y, más concretamente, en las localidades palentinas de Venta de Baños y Aguilar de Campoo. En el polo opuesto de estas industrias se encuentra la minería. Elena Solís, de Ecologistas en Acción, advierte del peligro que suponen muchos de los nuevos proyectos mineros que se están impulsando en la región, como la mina de uranio en Salamanca. En su opinión, “hay una apuesta muy fuerte de la comunidad autónoma por la minería y se está poniendo muchas ayudas públicas y facilidades a empresas que solo piensan en especular con esos títulos mineros”. A pesar del escaso empleo que muchas de estas minas a cielo abierto pueden generar si finalmente llegan a abrirse, la esperanza de un puesto de trabajo resulta suficientemente atractiva en una comunidad sin grandes expectativas de futuro.

Pese a su centralidad geográfica, histórica y cultural, Castilla y León es hoy uno de los territorios más invisibles de una España que en las últimas cuatro décadas se ha descentralizado en lo administrativo, pero se ha concentrado en lo económico y en lo demográfico. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 72% de la población española vive en el 1% del territorio, y solo las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona concentran el 23% de la población nacional. La cuestión leonesa ha servido para volver a poner sobre la mesa el malestar de una España interior que, con la entrada de Teruel Existe en el Congreso, comienza a visibilizar que hay problema territorial más allá de Catalunya.