Casas de apuestas
Extremadura aleja 300 metros de los colegios las casas de apuestas

El Consejo de Gobierno de hoy martes 5 de febrero ha aprobado el Decreto-Ley de Medidas Urgentes para el Fomento del Juego Responsable en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Como Decreto-Ley, entra en vigor el día siguiente a su publicación en el DOE, aunque queda condicionado a su convalidación por la Asamblea de Extremadura en el plazo improrrogable de un mes, algo que se estima muy probable al haberse aprobado la propuesta de impulso de la que deriva por unanimidad.

La urgencia en la adopción del Decreto-Ley lo justifica la Junta por la insuficiente regulación de nuevas modalidades de juegos y apuestas, así como por la proliferación de establecimientos y el grado de participación en las mismas, que ha causado alarma social.

La urgencia en la adopción del Decreto-Ley lo justifica la Junta por la insuficiente regulación de nuevas modalidades de juegos y apuestas

Como se afirma en la exposición de motivos, “la ludopatía es uno de los problemas sanitarios y sociales que más se está incrementando. La creciente influencia y popularidad de las casas de apuesta y de los juegos en plataformas on line está favoreciendo el desarrollo de estas graves patologías, singularmente entre los jóvenes”. En esta misma, se resalta que la necesidad de esta regulación “cuenta con el respaldo de los grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura, que aprobó por unanimidad la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Podemos”, cuyo contenido y aprobación contamos hace unas semanas en en este medio.

El Decreto-Ley modifica la Ley del Juego de Extremadura, que estaba vigente desde el año 1998 y necesitaba una urgente revisión en materia de casas de apuestas. Los aspectos más destacados de esta nueva regulación los detallamos a continuación.

DISTANCIA MÍNIMAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS

En la Ley del Juego de Extremadura se estableció que no se podían establecer locales de casinos, juegos y apuestas en zonas de influencia de enseñanza, pero se dejó a expensas de que esto se concretase y desarrollase por vía reglamentaria. Sin embargo, no se ha producido este desarrollo, con lo cual se ha generado un vacío normativo. Según la Asociación Extremeña de Jugadores de Azar en Rehabilitación, casi todas las casas de apuestas deportivas que se han abierto en la región en el último año están cerca de un centro de Secundaria, Bachillerato o Formación Profesional.

En otra comunidades autónomas se estableció hace tiempo que la distancia de una casa de apuestas o juego a un centro docente debía ser de 100 metros (en Castilla y León, Asturias y Cataluña), 150 metros (en Galicia) o 300 metros (en Canarias). En Extremadura, finalmente, se ha regulado estableciendo que en ningún caso se podrán otorgar autorizaciones para instalar establecimientos específicos de juego a menor distancia de 300 metros de los accesos normales de entrada o salida a centros públicos o privados de educación preescolar, centros públicos o privados que impartan enseñanzas oficiales.

Según la Asociación Extremeña de Jugadores de Azar en Rehabilitación, casi todas las casas de apuestas deportivas que se han abierto en la región en el último año están cerca de un centro de Secundaria, Bachillerato o Formación Profesional

Respecto a las distancia entre los establecimientos de juegos ya existentes, la normativa extremeña establecía que no se podía autorizar la apertura y funcionamiento de locales específicos de apuestas que se encontraran ubicados en un radio inferior a 100 metros de otros locales específicos de apuestas, salones de juego, casinos o salas de bingo en funcionamiento. Ahora esta distancia pasa a ser de 250 metros.

Sin embargo, al no poder establecerse con carácter retroactivo la ley, quedan exentos los establecimientos de juego autorizados que a la entrada en vigor de esta norma no se ajusten a las distancias mínimas respecto de otros locales de juego y de los centros de enseñanza.

CONTROL DE ADMISIÓN EN LOS LOCALES

Con el fin de proteger a los colectivos más vulnerables, se establece que los establecimientos autorizados para la práctica de juegos y apuestas deberán tener obligatoriamente a la entrada del local un servicio de admisión que controlará el acceso al local. Y con respecto al juego practicado a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos, la comprobación se realizará cada vez que el jugador se identifique en el sistema de juego.

Con este fin, se concreta en la nueva normativa que no podrán entrar en los locales de juegos, entre otro colectivos, las personas menores de edad y las que figuren en el Registro de Limitaciones de Acceso, en el que se inscribirán las que derive de resolución judicial o administrativa o las que voluntariamente lo soliciten.

Se incorporan como infracciones muy graves y graves en materia de juego todas aquellas conductas relacionadas con la deficiencia o ausencia de sistemas de control y vigilancia de acceso al juego

Además, se incorporan como infracciones muy graves y graves en materia de juego todas aquellas conductas relacionadas con la deficiencia o ausencia de sistemas de control y vigilancia de acceso al juego, bien sea electrónico o presencial, cuya multa puede ascender hasta los 600.000 euros, aparte de la suspensión o revocación de la licencia de apertura.

De este modo, se mejora y endurece la normativa hasta ahora existente, pues como puso en evidencia UCE en Extremadura, "las casas de apuestas, en ocasiones, no cumplen con la ley y no siempre piden el DNI", cosa que probaron mediante un estudio-investigación en el que acompañaron a un chico de 17 años en la visita a varios establecimientos de casas de apuestas. Aunque en todos los casos le pidieron el DNI, si pudo apostar en el 25 por ciento de los establecimientos visitados, puesto que le acompañaba un adulto.

Se establece también como novedad que además de los funcionarios inspectores y la policía nacional, los policías municipales tendrán las potestades de inspección, vigilancia y control de las actividades de juego.

RECAUDACIÓN PARA COMBATIR LA LUDOPATÍA

Se incorpora en esta Ley la previsión de que la recaudación que se obtenga por las sanciones que se impongan reviertan en la prevención, asistencia y demás actuaciones que se desarrollen en materia de juego patológico por parte de la Consejería competente en materia de adicciones.

Se incorpora en esta Ley la previsión de que la recaudación que se obtenga por las sanciones que se impongan reviertan en la prevención, asistencia y demás actuaciones que se desarrollen en materia de juego patológico

Hay que comentar que a nivel estatal, según consta en el acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos sobre Presupuestos Generales del Estado para 2019, se acuerda que de la tasa por la gestión administrativa del juego que pagan los operadores online se destine un porcentaje a iniciativas preventivas, de sensibilización, de intervención y de control, así como de reparación de los efectos negativos producidos por la actividad del juego.

PUBLICIDAD DEL JUEGO

A este respecto, hay que precisar que al Estado le corresponde la regulación de las actividades de juego que se realizan a través de canales electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos cuando afecte a más de una Comunidad Autónoma y, según el acuerdo entre PSOE y Unidos Podemos, se está desarrollando esta normativa a nivel estatal.

Así, con respeto a las competencias que le son propias a la Comunidad extremeña, se regula la publicidad, promoción, patrocinio e información comercial de las actividades del juego. Esta regulación pone especial énfasis en la obligación de respetar los principios básicos sobre juego responsable y en la necesidad de advertir de que la práctica de los juegos puede producir ludopatía, así como de la prohibición de dicha práctica a las personas menores de edad.

La publicidad sobre juego tampoco podrá contener gráficos, textos o imágenes xenófobas, sexistas, que fomenten comportamientos compulsivos o cualquier trato discriminatorio o contrario a la Constitución o al Estatuto de Autonomía.
También es destacable la regulación sobre la política de juego responsable, sin relevancia jurídica en la legislación anterior en materia de juego. Se incorporan, por primera vez, los principios de juego responsable, con el mandato legal a la Administración y a las empresas de juego de velar por la aplicación de tales principios.

Más en concreto, se establecen medidas como la de prohibición de las empresas de juego de conceder préstamos ni cualquier otra modalidad de crédito o asistencia financiera a las personas participantes ni conceder bonificaciones, partidas gratuitas, o elementos canjeables por dinero a las personas usuarias del juego, la colaboración en la prevención del blanqueo de capitales, fomento del empleo estable y de calidad en el sector, atención debida a los grupos de riesgo o proporcionar al público la información necesaria para realizar un juego moderado y responsable. 

Además, se prohíben las apuestas sobre cuestiones que atenten contra la dignidad de las personas, el derecho a la intimidad, el honor y la propia imagen, o acontecimientos políticos o religiosos.

Por último, se contempla en el Decreto-Ley la publicación de los datos de los sujetos que han cometido infracciones graves en materia de juego, como medida para luchar contra las malas prácticas en este sector.