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Carro de combate
¿Puede exportar fresas un país de secano?
Como hiciera ya en los prolegómenos de las elecciones autonómicas de 2022, Juanma Moreno, presidente de la Junta andaluza, se encuentra cada vez más cerca de su propósito de amnistiar a los regantes de Huelva, que vienen extrayendo agua sin licencia de acuíferos que afectan al Parque Nacional de Doñana, un humedal que agoniza por la presión de la agroindustria y por una sequía que, para los expertos, ya es más estructural que coyuntural.
Aunque la propuesta aún no se ha puesto en marcha —por ahora— debido a la oposición de la Unión Europea y de un sinfín de organismos que vienen anunciando la situación límite que vive el humedal, los titulares que copó en la prensa le sirvieron para instalar su discurso, compartido no solo por las derechas sino por buena parte del centro-izquierda. A saber: que la escasez de agua se combate con “progreso”, esto es, con soluciones tecnológicas: más regadíos, más trasvases, más desaladoras con las que tapar la evidencia de que no hay agua para tanto invernadero.
Importamos del norte de América el 90% de los garbanzos que consumimos, cuando se trata de un cultivo tradicional de nuestro país que se adapta mucho mejor a condiciones de escasez de agua
Si no llueve, seguirá sin haber agua por más pantanos que hagamos. Nuestra soberbia prometeica parece habernos alejado tanto de la realidad como para olvidar que dependemos de la lluvia, sobre todo cuando, en las últimas décadas, los tradicionales cultivos de secano se han sustituido por un modelo agrícola intensivo en su uso de agua y de agroquímicos. Un modelo, por cierto, que produce no para alimentar a la población local, sino fundamentalmente para exportar a los países del norte de Europa.
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El problema va mucho más allá de Doñana, pero tal vez el carácter emblemático del parque nacional ayude a entender que territorios en los que el agua es un recurso escaso no pueden basar su economía en la exportación de productos que requieren una enorme cantidad de agua para su producción. Es urgente una transición alimentaria, una transformación radical, pero paulatina del modelo agrícola que combine las nuevas tecnologías —imprescindibles a estas alturas para protegernos de las consecuencias del cambio climático que ese mismo modelo económico ha provocado— con la recuperación de tradiciones que fueron dejadas de lado cuando se impuso la llamada “modernización del campo” entre los años 70 y 90 del siglo pasado.
Es tiempo de entender que ya no hay margen para sostener el delirio de privilegiar el beneficio monetario sobre la evidencia de los límites ecosistémicos
Un simple ejemplo que evidencia el absurdo de un modelo que se vende como el más racional y eficiente: importamos del norte de América el 90% de los garbanzos que consumimos, cuando se trata de un cultivo tradicional de nuestro país que se adapta mucho mejor a condiciones de escasez de agua. Sustituimos el cultivo de garbanzo por otros que requieren regadío intensivo porque así lo dictaban las leyes del mercado. Es tiempo de entender que ya no hay margen para sostener el delirio de privilegiar el beneficio monetario sobre la evidencia de los límites ecosistémicos.
Con todo, como decíamos, los cambios deben ser paulatinos y asegurar un futuro económico y un bienestar a las personas que hoy dependen del trabajo en los invernaderos. Las Jornaleras de Huelva en Lucha, que han visibilizado las durísimas condiciones que afrontan las temporeras de la fresa, también advierten de que el boicot no es una solución mientras no haya una alternativa económica. Construirla no es tan difícil como nos dicen: movimientos alimentarios de diverso bagaje llevan décadas trabajando la cuestión y elaborando propuestas que combinan novedosas formas de cultivo agroecológico con tradiciones campesinas respetuosas con los ciclos de la naturaleza así como con la justicia social. Lo que falta no son soluciones técnicas, sino voluntad política.
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Vivimos en el contexto de una sequía histórica; los expertos coinciden en que la escasez de agua es un elemento estructural que, como consecuencia del cambio climático, llega para quedarse. Es momento de movilizarnos para elevar la protección de nuestros territorios, del agua sin el que no hay vida ni economía posible, al lugar prioritario que merece.
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Es cierto que el problema es nacional y de muy dif>cil solución, pero en Andalucía se dan algunas particularidades que lo acrecientan. La falta de lluvias, la titularidad de la tierra, que pertenece en buena parte a corporaciones agro industriales, un modelo de gobernanza político franquista, sustentado por activa o por pasiva por buena parte de la población, un modelo turístico también insostenible, etc, etc. En conjunto, un desastre irresoluble llevará a la emigración a miles de personas en pocas décadas.
Un artículo claro y conciso. ¡Magnífico!
Me hace pensar en mis islas, pero no en cuanto a problemas con el sector primario, sino al uso de la poquita agua que tenemos para el turismo. Las barbaridades que se cometen van desde campos de golf y hoteles-todo-incluido hasta la casa rural en un pueblecito que usa el agua potable, en vez de la de riego, para mantener verdes los alrededores para los visitantes, mientras que las personas locales sufrimos cortes y escasez.
Dos problemáticas que son dos caras de la misma moneda, supongo.