Cárceles
CC OO denuncia a Instituciones Penitenciarias por sobresueldos irregulares a directivos

Una paga discrecional de hasta 2.400 euros para directores, subdirectores y administradores de todos los centros penitenciarios, autorizada el pasado 29 de diciembre por orden del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha llevado al sindicato Comisiones Obreras a elevar una denuncia al Tribunal de Cuentas.

El monto distribuido entre los altos cargos de Instituciones Penitenciarias, como ocurre todos los años, se deriva de excedentes en la partida presupuestaria destinada a incentivos al rendimiento, fruto de jubilaciones, fallecimientos y otras situaciones que la administración penitenciaria reparte “sin seguir unos criterios objetivos y que aprovecha para dotar de un sobresueldo al personal de la dirección”, denuncia CC OO en un comunicado.

La medida no es nueva, sino que este es el tercer año consecutivo, según este sindicato, en que los remanentes de productividad “se usan para crear una retribución nueva no amparada en la normativa y al margen de los programas de productividad establecidos”.

Desde CC OO denuncian que estos “repartos arbitrarios” no sirven para “mejorar la calidad de la prestación del servicio público” en un contexto donde los gestores de los centros penitenciarios se muestran “incapaces de atajar las numerosas muertes de internos en prisión, el aumento de las agresiones al personal penitenciario o el desmantelamiento de la sanidad penitenciaria”.

La administración, acusa el sindicato, ha “desnaturalizado la finalidad de estos incentivos” al destinarlos de forma “regular y periódica” a los altos cargos en vez de destinarlos, como defienden desde CC OO, a recuperar el recorte del 5% que se produjo en el años 2010 en todos los programas de productividad que tiene Instituciones penitenciarias. “Durante la crisis, el esfuerzo ha sido soportado por todo el colectivo penitenciario, que trabaja en unas condiciones laborales muy precarizadas debido a la política de desmantelamiento que sigue el Ministerio del Interior”, señalan en el escrito.

Ahora corresponde la Tribunal de Cuentas fiscalizar la “presunta responsabilidad contable” en la que podría haber incurrido el secretario general de Instituciones Penitenciarias en el manejo de fondos públicos.