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Campo de Gibraltar
La Junta de Andalucía aboca al cierre a una de las históricas coordinadoras antidroga del Campo de Gibraltar
“Ojalá el cierre fuese porque nadie nos necesita. Pero cerramos y la administración no se hace cargo de este sector social” lamenta Conchi Álvarez, secretaria de la Coordinadora Despierta. Esta histórica entidad de La Línea (Cádiz), con 30 años de lucha contra las drogodependencias y la exclusión social, echaba el cierre esta semana. Y la culpa no es de los narcos. La causa del cierre es una deuda de 108.000 euros que la Junta de Andalucía tiene con la organización.
Álvarez explica que el problema comienza con el cambio de gobierno, y con un cambio en el criterio de justificar las subvenciones. “2016 y 2017 lo justificamos en su día, y no podemos saber qué han hecho con los papeles. Nos lo pagaron —el anterior gobierno—, pero ahora exigen devolución de parte de ese dinero, cosa que evidentemente no tenemos. Nos dicen que aquello no se justifica como en aquel tiempo. Hemos vuelto a justificarlo todo como nos han dicho y seguimos en las mismas”. Esas nuevas exigencias del ejecutivo de PP y Ciudadanos es lo que impide que la entidad pueda cobrar las ayudas correspondientes a 2018 y 2019. “Hay un texto legal donde te dice cómo hay que justificarlo todo, pero se ve que en la Delegación de Cádiz de Igualdad y Políticas Sociales lo interpretan de otra manera, que no sé hasta qué punto eso puede ser. Y en ese impás llevamos meses. Esos proyectos ya justificados es lo que nos impide avanzar” lamenta Álvarez, que explica que en todo el año 2019 la entidad no ha cobrado nada, salvo 7.000 euros correspondientes a ayudas de 2015. “Que de una cantidad previa de 115.000 euros, pues no es nada”.
No sabemos si es que hay una inquina especial hacia nosotras, pero lo parece, nos sentimos prácticamente atacadas por la administración
Esto ha obligado a Despierta a dejar en impago ocho nóminas a sus nueve trabajadoras y “desarrollar los programas sociales de este año a pulmón, no nos explicamos cómo lo hemos solventado”. Esta situación ha provocado que actualmente la coordinadora tenga una deuda de 50.000 euros con sus trabajadoras y pequeños proveedores, razón última del cierre. “Tenemos una deuda fuera muy fuerte que imposibilita que sigamos trabajando porque no sabemos cuando vamos a cobrar y no podemos seguir aumentando esa deuda”, lamenta la directiva de Despierta, que agradece la paciencia de trabajadores “que no tienen sueldos del otro mundo, no son sueldos de políticos”, y de los proveedores “que nos conocen de mucho tiempo”, así como del Banco de Alimentos.
Despierta se funda en 1990 por las llamadas madres de los pañuelos verdes, mujeres linenses cuyos hijos habían muerto por la droga o eran adictos y que combatían públicamente a los traficantes, en ocasiones incluso a las puertas de sus casas. Por aquella razón y por su labor se ha convertido en una de las organizaciones más respetadas de La Línea y pionera en todo el país. Álvarez relata que la situación a final de los ochenta y en los noventa “era muy desesperante”. “Los chavales se estaban muriendo en los rincones, entonces por la heroína. Y las madres no sabían cómo afrontarlo, ni tampoco la sociedad en general, porque era un problema novedoso. En aquella época era una cosa impresionante ir al cementerio de La Linea y observar las edades de los enterrados. Jóvenes casi todos. Fue una época muy dura, y sobre todo porque no sabíamos. Dábamos palos de ciego” explica. De aquella lucha hasta ahora, Álvarez cree que “llevamos treinta años de un trabajo muy digno, y a la cabeza de lo que se esta haciendo y se conoce sobre la droga”, razón por la cual considera inmerecido el trato recibido por el ejecutivo de Juanma Moreno.
Preguntada si cree que les ha afectado el discurso de los “chiringuitos” de la anterior administración que arguye el actual ejecutivo andaluz y su socio Vox, Conchi Álvarez es prudente. “Asegurarlo no podemos, pero que puede estar influyendo sí. Porque no nos explicamos la actitud que se está teniendo con nosotras”. Pero opina que observan cierta mala fe. “Llegamos a pensar que qué está pasando. ¿Alguien ha dado una orden para que esto no se pague?” y declara que “no sabemos si es que hay una inquina especial hacia nosotras, pero lo parece, nos sentimos prácticamente atacadas por la administración”.
El cierre de Despierta deja a decenas de personas en riesgo de exclusión social sin “un sitio de referencia”
El Salto Andalucía ha contactado con la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y con su delegación en Cádiz para recabar la posición de la administración autonómica. Sin embargo, no han aceptado entrevista con ningún portavoz o cargo público, trasladando a través del Gabinete de Prensa un breve mensaje. En este, se afirma que “la entidad Coordinadora Despierta está pendiente de cobrar por parte de la Delegación Territorial de Cádiz dos subvenciones del ejercicio 2018. Para poder pagarlas, de acuerdo con la Ley de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deben estar justificadas las subvenciones de ejercicios anteriores”. Y mostraba la administración “el compromiso para agilizar los pagos, y que se trabaja para poder abonar las subvenciones, tanto las pendientes de 2018, como las que hubieran presentado para este año y les fuesen concedidas”.
El cierre deja a decenas de personas en riesgo de exclusión social sin “un sitio de referencia”, explican a El Salto Andalucía Inma y Joana, dos de las trabajadoras de Despierta. Ellas se ven en el paro, pero su preocupación son los usuarios. “Nosotras antes o después algo encontraremos, pero a ellos nadie les cubre. No es solo la comida, es un sitio donde acudir para centrarse, intentar organizar la situación por la que están pasando, es un acompañamiento en sus vidas. A algunos nosotros les administramos la medicación, y sabemos que sin nosotras están tirados en la calle. Y a la administración les da absolutamente igual que en la comarca se quede tanta gente sin atención”.
Álvarez explica que además de los programas de prevención de drogodependencias y hábitos no saludables en varios colegios e institutos de La Línea, las campañas informativas en salud sexual y drogas y la atención psicológica y asistencial individualizada, la Coordinadora Despierta proporciona desayunos y meriendas-cenas, aseo personal y de ropa y un ropero con nuevas prendas a más de medio centenar de personas excluidas. “Todo eso desaparece de un plumazo” denuncia la directiva de Despierta, que se indigna ante la escasa atención de las administraciones a este sector vulnerable de la población. “Todos estos problemas sociales, es la administración la que tendría que encargarse, no las asociaciones. Ojalá no tuviésemos que existir”. Según la Coordinadora Despierta, la Junta de Andalucía no ha previsto ningún mecanismo para suplir el vacío asistencial que deja su cierre.
Pese al cierre y el desánimo inicial, la Coordinadora Despierta promete dar la batalla. “Pararemos actividades, con todo el dolor de nuestro corazón pero no vamos a quedarnos con los brazos cruzados”, asegura Conchi Álvarez. La entidad ha recibido el apoyo del Ayuntamiento linense y de multitud de colectivos locales y Adelante Andalucía ha denunciado su situación en el Parlamento andaluz.
Los partidos de izquierda, los sindicatos de clase, las federaciones vecinales y las coordinadoras antidroga como Despierta del Campo de Gibraltar llevan años reclamando que la respuesta institucional al problema del narcotráfico no sea solo en términos policiales. El cierre de Despierta se produce, paradójicamente, tras varios meses de intensificar la lucha policial contra el narco. En abril de este año, el ministro del Interior Grande Marlaska reconocía el papel de las coordinadoras antidroga del Campo de Gibraltar afirmando que “forman un colectivo que hace que todos nos pongamos las pilas, que todas las instituciones seamos conscientes de la problemática existente y de la necesidad de abordarla desde un punto de vista transversal”.
Justamente, la coordinadora comarcal Alternativas, donde se integra Despierta, presentó en agosto de 2018 una propuesta de plan integral para el Campo de Gibraltar con hasta quince apartados de medidas. Reclamaban entonces mejoras en infraestructuras básicas, vivienda pública, integración social, educación, políticas activas de empleo, juventud o mujer. Hoy, el Campo de Gibraltar tiene más policias. Pero una coordinadora antidroga menos y las mismas políticas sociales.